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El 8 de febrero de 2004 en la vereda La Fortuna de Mutatá-Antioquia, fue asesinada la lideresa social Martha Cecilia Aguirre Ríos.
La señora Martha fue vicepresidenta y luego presidenta de ASOCODEA, una fundación de desplazados por la violencia.
Al momento de su deceso tenía 36 años, cuatro hijos menores de edad y era madre cabeza de familia. Habían sido desterrados de Córdoba, su departamento natal, en el año 2000.
Sus labores se centraban con la comunidad en la defensa de los derechos humanos, atendiendo y denunciando casos de víctimas de desplazamiento forzado.
Casi 8 millones de personas viven esta tragedia en nuestro país (7.7 millones, según la ONU), siendo el de mayor número de desplazados internos del mundo, por encima de países como Siria (en guerra internacional), el Congo, Somalia o Yemen.
A Martha la asesinaron paramilitares del bloque Bananero de las AUC que dominaban (dominan) esa región desde hace tres décadas, ya que la zona del Urabá es un corredor estratégico para la salida de la droga hacia el pacífico con conexión a Centroamérica y de ahí a su destino final: los Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del planeta.
Sus denuncias sobre desplazamiento de campesinos y usurpación de sus tierras para establecer laboratorios de cocaína que financian el accionar de estos grupos, escribió su sentencia de muerte.
En 2008, en pleno escándalo de la parapolítica, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se veía cercado por la opinión pública nacional y extranjera, así como por las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho episodio, encabezadas por el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez.
Con ayuda del DAS, en el marco de las llamadas “Chuza-DAS”, se hicieron varios montajes y campañas de desprestigio en contra del magistrado Velásquez y de otros de sus colegas.
Una de ellas fue la de José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, un paramilitar que purgaba 14 años de cárcel.
Tasmania aseguró que el magistrado Velásquez le ofreció altas sumas de dinero por involucrar al presidente Uribe con paramilitares y con la orden de cometer asesinatos.
Luego de ese testimonio, a Tasmania se le brindó muchos privilegios dentro del penal, tenía acceso a computador, teléfono, visitas de su familia, entre otras inexplicables ventajas para un criminal de su envergadura.
La fiscalía logró demostrar que quienes hacían los montajes era la cúpula del gobierno en contra de la Corte Suprema, y que esas solo eran un pequeño porcentaje del total de actuaciones criminales para desprestigiar a los investigadores de la parapolítica que tenían los expedientes de muchos allegados al gobierno, como el del entonces presidente del senado, Mario de Jesús Uribe Escobar, primo del presidente de la república. Uribe Escobar terminó condenado a ocho años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo.
Después de las pesquisas y casi al final del proceso de recabación de evidencias, Tasmania confesó que era falso lo que había dicho y contó la verdad: Que el gobierno lo sobornó para que desprestigie a Velásquez y que a cambio de eso recibiría los beneficios carcelarios que llegó a tener, pero que el dinero que le prometieron nunca le llegó.
A Tasmania se le intentó matar en dos oportunidades después de su confesión, y pocos días después de salir del penal de Palogordo en Girón, Santander, hombres armados penetraron en su casa con el fin de eliminarlo, aunque Tasmania ya no se encontraba allí y hasta hoy nada se sabe de su paradero.
Había advertido en una entrevista con noticias UNO que lo iba a matar por contar la verdad.
Aparte del falso testimonio de Tasmania, por el que fue condenado su abogado Sergio Augusto González, el montaje incluía los de otros paramilitares como el de Ferney Suaza Marín, comandante desmovilizado del bloque Bananeros de las AUC.
En abril de 2008, cuando se desarrollaba un foro de desmovilizados en Apartadó, Urabá, al que asistieron altos funcionarios del gobierno, entre ellos varios ministros, Suaza tomó la palabra y acusó al magistrado Velásquez y a otras personas de intentar sobornarlo con 200 millones de pesos y con asilo en el exterior a través de unas ONG´s, para que involucre al presidente Uribe con paramilitares de la región.
Inmediatamente, las cámaras del canal institucional que transmitía en directo captaron al paramilitar y la noticia fue replicada por toda la prensa nacional y extranjera, implicando en un grave delito al togado y dejando por el piso la reputación del denominado “investigador estrella de la parapolítica”, al tiempo que Uribe quedaba como víctima de una terrible conspiración.
Las investigaciones se iniciaron por pedido del propio gobierno, pero el mismo Suaza terminó confesando que mintió porque Job y altos funcionarios de Palacio le habían prometido una serie de beneficios a cambio de enlodar a Velásquez, entre ellos, una casa para su familia.
Job era el alias de Antonio López Jiménez, mano derecha de Diego Murillo Bejarano "Don Berna" y quien entraba asiduamente por el sótano del Palacio para reunirse con altos funcionarios del gobierno Uribe con el fin de planificar montajes contra los opositores del presidente, especialmente contra los investigadores de la parapolítica, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Job fue asesinado días antes que se destapara en la prensa que él, otros paramilitares y los secretarios de Uribe se reunían en Palacio; episodio conocido como la "Casa de Nari".
Otro falso testimonio contra Velásquez también se cayó: el del Sargento del Ejército Edwin Guzmán, quien había dado declaraciones extrañamente similares a las del exparamilitar Suaza.
El sargento Guzmán también acabó por confesar que su testimonio era parte de un complot contra el magistrado Velásquez a cambio de ayudas para su familia, pero como el gobierno le había hecho “conejo” con las promesas, decidió no seguir con el plan.
Muchos otros testigos confesaron y la justicia determinó que los montajes no eran de la Corte al gobierno sino del gobierno a la Corte.
Ferney Suaza Marín, el paramilitar del bloque Bananeros que se prestó para el montaje contra la Corte y para defender a Uribe, es el mismo asesino de la líder social Martha Cecilia Aguirre Ríos, condenado a 40 años de prisión por este hecho y que hoy goza de todo tipo de privilegios en la cárcel como acceso a computador y equipos de tecnología, celular, redes sociales, cómoda celda, entre otros, como se denunció en el diario "Urabá al día".
¿Por qué este desplazador, engranaje de mucha importancia en los montajes contra opositores de Uribe y asesino de líderes sociales, goza de privilegios en la cárcel?
¿Quién lo favorece?
¿Por qué, con el retorno de Uribe al poder, se han incrementado exponencialmente los desplazamientos y asesinatos de líderes y lideresas sociales, especialmente en zonas de dominio paramilitar, de los carteles del narcotráfico y de empresas dedicadas al cultivo extensivo de palma aceitera, de inmensas haciendas ganaderas, de proyectos ecoturísticos como en la zona de la sierra nevada de Santa Marta, entre otros, muchos, casualmente, de militantes o allegados al uribismo?
¿Por qué la fiscalía y demás instituciones del estado, obligadas por mandato constitucional a investigar este genocidio, han mostrado pocos o nulos resultados?
Como este deben existir más casos que ponen de manifiesto la presunta relación entre Uribe, paramilitares y el genocidio de líderes sociales. ¿La justicia colombiana estará dispuesta a investigar estas probables conexiones? Los indicios existen.
Fuentes
