El procurador en materia de derechos humanos Apolonio Tobar advirtió que esto pone al país centroamericano vulnerable a “volver a 1970, cuando reinaba el autoritarismo”.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, José Apolonio Tobar, lamentó este lunes que el presidente Nayib Bukele se escude en su popularidad para desafiar órdenes judiciales y no procurar por las garantías individuales ante la reciente ola de violencia en el país centroamericano y la situación de inseguridad que priva en las cárceles locales.
La instancia que él dirige acumula 778 denuncias de violaciones a derechos fundamentales desde que inició la crisis actual.
De estas, 172 tienen que ver únicamente con detenciones automáticas a quienes han violado presuntamente la cuarentena. Asimismo, se reportan actos de violencia y crueldad.
Tobar asegura que el presidente tiene “corresponsabilidad” en estos abusos. Afirma que un policía les ha dicho —a la procuraduría— que “tienen un escudo”, en alusión a las órdenes de Bukele; y un soldado les indicó que estaban “listos para obedecer al presidente, hacer lo que él les dijera y no tenían miedo de terminar presos por esto”.
Además de las violaciones a derechos fundamentales, el procurador ha recibido denuncias de negligencia y malos tratos en los centros de contención.
En estos espacios, existe falta de alimentación y bebida adecuada, las personas se encuentran hacinadas en condiciones que elevan el riesgo de contagios.
Por otra parte, el 25 de abril Bukele estableció emergencia carcelaria como medida represiva a la ola de violencia que sucedió en el país durante el fin de semana.
Más de 50 asesinatos ocurrieron en ese período, según el Gobierno, por órdenes de pandilleros recluidos.
Para enfrentar lo sucedido, el presidente le garantizó a policías y militares que serían respaldados legalmente ante cualquier tipo de señalamientos “injustificado” por su actuar. “El Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada”, expresó Bukele.
Mientras, pidió a la Fiscalía procesar a los “aliados de las pandillas”. No obstante, aprovechó la oportunidad para aportar matices políticos:
“Instamos a la oposición a que se ponga del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo”, dijo.
Como respuesta, el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, cuestionó la gran cantidad de fondos que el actual mandatario destinara a supuestos trabajos de enfrentamiento a la criminalidad.
“Grave repunte de homicidios evidencia el lamentable fracaso del Plan Control Territorial, para el que se aprobaron decenas de millones de dólares. ¿Hubo Plan?”.
“Es triste constatarlo, pero todo indica que se trata del final de una tregua pactada desde el GOES con las mafias criminales llamadas pandillas”, expresó el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, también el exdirigente del FMLN.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que con ello se "pone en riesgo los derechos de las personas privadas de libertad".
También insta a la administración de Bukele a "adoptar medidas que garanticen la vida e integridad" de los reos, puesto que "las consecuencias de la pandemia representan un mayor riesgo para esta población".
El procurador Apolonio Tobar aseveró que cuando la crisis termine, se activarán los mecanismos legales para castigar a quien ordene, consienta y ejecute órdenes ilegales.
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