Es claro que no acuerdo con Santiago Cafiero respecto de que en la Argentina no hay presos políticos. Porque los hay.
Y añado, también aquellos presos que lo están por pobres, son presos de una política judicial que no les reconoce a los pobres el derecho a defensa, ni el derecho a un juicio justo ni mucho menos el estado de inocencia.
Nunca encontré la cláusula de la Constitución que excluyese a los pobres de las garantías procesales. Pero no haberla encontrado en forma expresa no evita que, desde hace años, vea cómo se aplica inexorablemente.
Que no esté de acuerdo con Santiago Cafiero no quiere decir que vaya a salir a defenestrarlo. Lo vi una vez en mi vida, hace casi un año, cuando me lo crucé en un programa de TV.
Recuerdo que me pareció buen mozo y su mujer, con quien charlé mientras él daba la entrevista, me pareció muy amable. No tengo obligación ni compromiso alguno por el cual defenderlo.
Distinto me pasa con Alberto Fernández, su jefe y Presidente de la Nación. Y mi amigo, además. No soy su exégeta ni pretendo serlo. Yo creo entender por qué Alberto no puede llamar presos políticos a los presos políticos.
Básicamente porque Alberto es el Presidente de la Nación y no puede decir que en su gobierno hay presos políticos.
Cierto es que él no los puso presos, ni los persiguió ni mucho menos presionó a jueces y fiscales para que hubiese gente presa por motivos políticos.
Llegó a Presidente y había presos por motivos políticos. Algunos en prisión preventiva, otros por condenas que no están firmes.
La enorme mayoría de quienes ya cuentan con condena –aun no firme, reitero— fueron condenados en procesos que están sospechados de vicios tan severos y jueces tan arreglados que, si fuesen revisados por un tribunal medianamente ecuánime, serían anulados y se ordenaría un nuevo juicio. Pero, estando en instancia de revisión sus sentencias, es decir no estando firmes sus sentencias, esas personas están en prisión.
Detenidos por opositores
Es precisamente lo que señala Alberto Fernández. En particular, como hizo en enero de este año en la reunión con organismos de Derechos Humanos: “Un preso político es una persona que fue detenida sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores”.
Mi amigo Lao mandó un mensaje que comparto y que dice algo que me pareció sensato: “Si el Poder Ejecutivo llegara a sostener, sin probar judicialmente, que los compañeros presos políticos son presos políticos, estaría obligado a actuar en el marco de sus competencias. Esto es, utilizando la herramienta constitucional del indulto.
Esto, sin dudas, pondría fin a una injusticia brutal sufrida por varios compañeros.
Sin embargo, traería consigo la paradoja de la culpa (el indulto perdona, no prueba inocencia) para quienes sean inocentes con lo que se enfrentan, entonces, el honor y la libertad, la alegría de ver a nuestros compañeros con sus familias y la afrenta de dar por cierto aquello de que nuestro gobierno fue una asociación ilícita de 12 años».
«Además el Presidente faltaría a su palabra. Él sostuvo en campaña que el indulto era una rémora monárquica que no pensaba utilizar».
«Por ello, el Poder Ejecutivo no puede sostener que son presos políticos. Por eso sostiene que están detenidos arbitrariamente. Yo pienso que hace bien».
«Sostener que son detenciones arbitrarias no es correrle el cuerpo».
De más está decir que yo creo y afirmo sin espacio para dudar o titubear, que son presos políticos, porque esos procesos están viciados de modo que ninguno de los mismos podría ser calificado como un proceso legítimo.
Tengo además clarísimo, al menos en el caso de Amado Boudou, de quien soy abogada defensora, que Amado no quiere ni de casualidad que lo indulten.
Lo que quiere Amado es que se revise su juicio y se le permita ejercer el derecho a defensa y que no le paguen desde el Estado a los testigos para que declaren contra él. Quiere un juicio justo. Eso que le negó el Poder Judicial bajo las órdenes de Mauricio Macri.
También tengo clarísimo que no es el Presidente de la Nación quien debe dictaminar sobre los procesos, sino esos señores tan raros que llamamos jueces. Y que hasta ahora han permanecido en su habitual, irritante e injusto silencio.
Y creo que estaría siendo tiempo que dejemos de presionar al Poder Ejecutivo con cosas que no puede hacer el Poder Ejecutivo y miremos y reclamemos a los que deben hacer lo que no hacen.
A los jueces y al Poder Judicial. ¡A ver si van moviendo el culo, Vuestras Señorías! Y no es que quiera ser irrespetuosa, es que estoy harta y cansada de que no hagan nada. Hubo gente que se murió sin que ustedes dijeran una palabra, como Héctor Timerman. Hay gente presa arbitrariamente y ustedes siguen sin decir una palabra.
También sé que Alberto Fernández acompañó a Milagro Sala en su injusta detención, mucho antes de ser siquiera candidato a Presidente. Como lo hizo Alberto Rodríguez Saá.
Y he sostenido hasta el cansancio que la situación de Milagro Sala es y fue una línea divisoria en términos éticos y políticos. No es que no pueda hablar con dirigentes que no se manifestaron en contra de una situación de tan evidente injusticia, pero asumo que considero especialmente valientes y buenas personas a quienes, en épocas de pocas garantías elevaron su voz para decir NO. Pese al macrismo.
Y pese a lo poco redituable en términos mediáticos que eso resultaba en el apogeo del gobierno de Macri.
Lo que ya ha hecho en materia de Justicia
Conozco además lo que ha hecho, en materia de Justicia, Alberto Fernández como Presidente, en apenas dos meses de haber asumido como tal. Intervino la AFI y puso a una de las mejores fiscales que conocí nunca a conducir esa intervención. Casi todos los días tenemos novedades sobre los desaguisados que se descubren.
Y como abogada he sufrido, junto con mis defendidos, los efectos de esos desaguisados. Pero a una semana de haber concluido la feria judicial de enero, tal vez lo más dramático que he visto es precisamente lo que no he visto. Hay caras que no se ven más en los pasillos de Comodoro Py.
No sé si es como una lluvia de verano, si concurren a los despachos en otros horarios o se juntan en otros lugares, pero hay caras que yo sabía lo que implicaban cuando los veías salir de los despachos y que ya no veo más.
Me reía hoy con un colega, cuando a las 13.30 me iba de Comodoro Py y comenzaba la desinfección por el hallazgo de murciélagos en ese edificio y le decía: “Bueno, ahora van por los vampiros sin traje”. Casi que quiero interpretarlo como un presagio favorable.
También ha propuesto a Daniel Rafecas como procurador. Yo estoy contenta y conforme con eso. Espero que los votos lo acompañen, porque cuando nadie hacia valer las garantías constitucionales, Daniel Rafecas como juez sí lo hizo.
Y yo que lo vi tres veces en mi vida, una de ellas en un ascensor, nunca tuve la valentía de pararlo y agradecerle, porque leía en los diarios los costos que pagó por hacer lo que ordena la ley y no lo que ordenaba la mesa judicial del macrismo.
Y aunque nunca pude agradecérselo, nunca olvidé quiénes fueron las poquitísimas personas que no se olvidaron de la ley en estos años. Daniel Rafecas fue una de ellas y me alegra, por justo, el reconocimiento.
También ha retirado los pliegos que había enviado Mauricio Macri para las designaciones de jueces. Muchos de esos pliegos son de personas que sin lugar a dudas serán buenos jueces. Pero correspondía la revisión de las propuestas, para corregir aquellas donde la mano invisible –para nada invisible, a decir verdad— hubiese intervenido.
Y para qué negarlo, estoy que me muerdo los codos de intriga y ansiedad por el proyecto de reforma del Poder Judicial.
Voy a confesar desde mi ego herido que, si había dos cosas que quería hacer el día después de la asunción de nuevas autoridades era a) irme de vacaciones (las últimas vacaciones que tuve fueron en enero de 2013 y las pase mayormente en un hospital con una infección renal) y b) trabajar en el proyecto de reforma del Poder Judicial. Verán que la concreción de lo que quiero no parece el espacio más feliz del mundo ni el más satisfactorio.
Pero más allá de mis frustraciones, estoy emocionada y mucho con la idea de esa reforma. ¡Es tan necesario hacerla!
Pero mientras muchos se peleaban con el Cafiero junior y buen mozo, a mí me sacudía de un golpe una nota de Ari Lijalad que salió publicada en El Destape y que se reproduce en esta edición del Cohete. En esa nota, Ari publicaba la información sobre el legajo como testigo protegido de Alejandro Vandenbroele.
En ella se daba cuenta del dinero que le había pagado el Estado Nacional conducido por Mauricio Macri a este señor, para declarar como testigo en contra de Amado Boudou en la causa por la compra de Ciccone Calcográfica. Condena que NO está firme, pero pese a ello ha implicado la prisión de Amado hasta el día de la fecha.
La historia es bastante simple. Acusaron a Amado Boudou de una serie de delitos vinculados a la compra de esa empresa.
Lo llevaron a juicio oral conforme un cronograma electoral. Antes de eso, buscaron la famosa foto de Amado con Vandenbroele para probar que se conocían. Pero pese incluso a la denuncia de periodistas que constan en el expediente, respecto a que en tal o cual hotel había un video que daba cuenta de una reunión entre ambos, al final nunca apareció. Y miren que lo intentaron.
Como no apareció la foto fueron por Vandenbroele en persona. Y lo presionaron para que declarase conforme el régimen de testigo arrepentido.
Pero mientras Patricia Bullrich y sus asesores le ofrecían arrepentirse, Vandenbroele parecía más interesado en no ir a la cárcel y en recibir dinero a cambio de poner su cara en una foto. Cuestión de prioridades, imagino.
El gobierno de Macri quería a Boudou preso y Vandenbroele no quería ir preso. Negociaron muchísimo tiempo, con idas y venidas. Tanto tiempo insumió la negociación que, para cumplir el cronograma electoral, tuvieron que elevar la causa Ciccone a juicio, aunque la mitad de la causa no se elevó. Lo cual, claro, era un absurdo jurídico, pero salvo para unos pocos, el detalle les pareció irrelevante.
Por ejemplo, le pareció irrelevante al Poder Judicial, ante la premura del gobierno macrista por tenerlo sentado a Boudou en el banquillo de los acusados.
Porque entre cumplir la ley y complacer al macrismo, en esas épocas a Comodoro Py le resultaba mucho mejor inversión complacer a Mauricio. Cuestión de prioridades, imagino. Por ahí se asesoraban con Dujovne.
Operación Vandenbullrich.
Con todo el tiempo que perdió Patricia Bullrich, con su habitual ineficiencia de malos modales, no consiguió que Vandenbroele se arrepintiese a tiempo en la causa Ciccone.
Y para cuando Vandenbroele se arrepintió, habiendo conseguido todo lo que le había pedido a Patricia, esto es libertad y dinero –que por cierto demostró ser una negociadora peor que los que negociaron con los buitres y les dieron todo y más—, ya era muy tarde para que Vandenbroele declarase como arrepentido en la causa Ciccone, porque como la causa ya estaba elevada a juicio, la ley no lo permitía.
Pero ya sabemos lo que le importaba la ley al macrismo –y a Patricia Bullrich— y por dónde se las pasaban –pobrecitas las leyes de mi país—, así que hicieron que Vandenbroele se arrepintiese igual en otra causa. Y lo mandaron a declarar de nuevo en la causa Ciccone.
Fue tan absurdo todo el episodio que quien oficiaba de defensor de Vandenbroele comenzó el pedido de declaración pidiendo disculpas. Cosas que vimos en Py estos años, que cuando las contás no te las creen.
Por supuesto que protestamos y pataleamos, sin que nos dieran ni un poquito de atención los tribunales. Condenaron a Boudou y lo metieron en cana ese mismo día. Y por supuesto dejaron en libertad a Vandenbroele.
Durante el juicio, la defensa de Boudou –o sea nosotros, Alejandro Rúa y yo— reclamamos los antecedentes del “arrepentimiento” de Vandenbroele. Nos dijeron que NO. Fuimos a Casación con el mismo reclamo. Nos dieron solo una parte y omitieron los antecedentes que pedimos específicamente sobre el proceso de “arrepentimiento” de Vandenbroele y lo que estuviese en agencias del Poder Ejecutivo Nacional.
Le contamos esta situación donde no nos daban los antecedentes que necesitábamos para ejercer la defensa al mejor procesalista que tiene la Argentina, el doctor Julio Maier. Quien además de ser brillante y sabio, es una bella persona.
Y se conmovió y nos dijo: Yo me presento y le explico a esos jueces que eso está mal y que ustedes como abogados tienen el derecho a acceder a esa documentación y que, si no se las dan, esa sentencia debe ser dejada sin efecto, porque es nula.
Nunca puede ser válida una sentencia donde el acusado no tuvo acceso a todos los elementos para su defensa y donde no sabemos cómo alguien llegó a ser arrepentido. Así lo hizo Julio Maier. ¿Y adivinen qué? También le dijeron que NO.
Presentamos un recurso extraordinario pidiendo esos antecedentes. Nos rechazaron el recurso. Y entonces fuimos en queja a la Corte Suprema… que nunca nos contestó, hasta la fecha.
Pero el primer día hábil judicial de este año, el 3 de febrero, Ari Lijalad publicó una nota con la información a la que no habíamos podido acceder, pese a reclamarlo insistentemente.
Y en esa información apareció una nota oficial del responsable por la custodia del testigo protegido Alejandro Vandenbroele.
En esa nota, Carlos Linsalata, entonces responsable por Vandenbroele en el programa, el 24 de agosto de 2018 decía: “Solicito al Sr. Director Nacional del Programa de Protección a Testigos e Imputados, se otorgue al protegido de marras la suma de pesos un millón y medio ($1.500.000) para dar cumplimiento al proyecto laboral que le brinde al protegido la posibilidad de una relocalización definitiva y autosustentarse.
Y señalaba: “Cabe destacar que el día 07 de agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou. Confirmada la prisión de los nombrados, por ante la Cámara de Casación Penal, Sala IV, en el día de ayer”.
En pocas palabras, lo que decía Linsalata es que ya habiendo obtenido la condena y la prisión de Amado Boudou, había que pagarle a Vandenbroele $ 1.500.000. Lo curioso del tema —y lo trágico— es que NO fue en la causa donde condenaron a Boudou donde Vandenbroele declaró como arrepentido. Le estaban pagando por una causa donde Vandenbroele también había sido condenado, como Amado, aun cuando no ordenada su prisión.
El Ministerio de Justicia, que entonces conducía el inefable German Garavano, autorizó e hizo el pago.
En pocas palabras, Vandenbroele había obtenido lo que siempre pidió: no ir a prisión y, que le pagaran por declarar. Y Patricia Bullrich había fracasado en su misión de conseguir un arrepentido de verdad. Consiguió un falso arrepentido y encima carísimo.
El jueves 6 de febrero, el juez que había admitido a Vandenbroele como arrepentido en una causa distinta a la que determinó la condena de Boudou, ordenó la extracción de testimonio de esas actuaciones y junto con la nota de Ari Lijalad, envió la causa a sorteo. Pareciera que, junto con «los horribles», como los llama Tato Young, y los murciélagos, también estaría desapareciendo ese hábito, bastante ilegal, de no cumplir con las leyes.
Paradojas de la vida, se ve que aún no actualizaron el servidor de sorteos fraudulentos de Comodoro Py y sigue funcionando como cuando gobernaba Macri. Salió sorteado el juzgado que pertenecía a Claudio Bonadío.
Como Bonadío había solicitado licencia por el mes de febrero, ya habían sorteado el juez que lo reemplazaría. Era Sebastián Casanello. Un juez insospechado de ser influenciado por el macrismo.
La última vez que Comodoro Py se olvidó de “actualizar el sistema” fue cuando se sorteó la causa de la muerte de Nisman. Se hizo el sorteo y de pronto el monitor se puso negro. Había salido sorteado Sebastián Casanello. Nunca nadie explicó cómo ni por qué se le terminó asignando la causa a Julián Ercolini.
Frente a la súbita certeza de que Bonadío no regresará a su juzgado, alguien debe haberse golpeado la cabeza diciendo: “Maldición, olvidamos actualizar el sistema”.
La Cámara de Apelaciones de Py, lenta en actualizar sistemas pero rápida en reaccionar, ordenó un nuevo sorteo para que otro juez cubra el juzgado de Bonadío.
Será quien investigue el curioso caso de cómo un gobierno le pagó a un arrepentido para que declarase y adjuntó la prueba de dicho pago a un expediente. Al menos en la causa del encubrimiento del Atentado de la AMIA, el menemismo tuvo el decoro de pagar en negro.
Sospecho y temo que, para entonces, ya habrán actualizado el sistema. El domingo que viene les cuento.
POR GRACIANA PEÑAFORT
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