Desde hace semanas el mundo mira la heroica lucha del pueblo chileno. La juventud sin miedo, los trabajadores, los sectores castigados por una economía implementada a sangre y fuego por la dictadura, despertaron.
La dictadura en Chile perduró por varios años, desde 1973 hasta 1990. Durante los años 70 en Chile, como en muchos países de América Latina, la lucha por cambiarlo todo de raíz estaba a la orden el día y las grandes mayorías lo veían como una posibilidad al alcance de la mano.
La dictadura de Pinochet derrotó ese proceso. Para eso contó con el apoyo del empresariado, dispuesto a los peores crímenes ante la amenaza de perder sus privilegios de clase.
Las dictaduras en Latinoamérica fueron tuteladas por Estados Unidos, que a través de la CIA controlaba el plan represivo a nivel continental, implementando el Plan Cóndor, incluso desde antes que los golpes militares sean instaurados en los distintos países.
En Argentina durante el gobierno de Isabel Perón, ya funcionaban centros clandestinos donde eran secuestradas y detenidas personas de distintas nacionalidades, uruguayos, chilenos, argentinos.
Negocios de empresarios y el estado terrorista
Muchos de los empresarios chilenos que fueron parte del golpe continúan haciendo negocios al día de hoy. Son parte de una clase parasitaria que, mientras por un lado manifiestan “odiar” la injerencia del Estado en la economía y tienen como programa la baja constante del “gasto público” (menos salud, menos educación, menos vivienda), por otro lado se dedicaron a meterse de lleno en las instituciones estatales para, a través de políticas neoliberales, trasladar infinidad de recursos públicos a las arcas de un puñado de grupos empresarios.
Uno de ellos es José Piñera, hermano del Presidente. Fue Ministro del Trabajo y Previsión Social y de Minería en el gobierno de facto de Pinochet y uno de los más férreos partidarios de la Constitución de 1980.
Durante su ejercicio implementó el sistema privado de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una de las razones de la actual lucha, así como la infame reforma laboral que atomizó la organización de los trabajadores y pulverizó sus derechos.
Otro de estos personajes es Hernán Büchi, fundador de todas las privatizaciones del país. Reglamentó el sistema privado de salud conocido como "Isapre" cuando fue subsecretario en 1979.
Como ministro de Hacienda de la dictadura colaboró con las reformas laboral y previsional pinochetista y desde 1985 a 1989 vendió cuanta empresa nacional pudo: dirigió la privatización del sector eléctrico, de aceros, del azúcar, de los metales, entre otras.
Luego pasó al mundo privado con el grupo económico Lucksic, uno de los más poderosos de la región, aunque también formó parte de directorios de empresas en áreas que había privatizado: Soquimich y AFP, entre otras.
Actualmente es el presidente del consejo directivo de la Universidad del Desarrollo y como no podía ser de otra manera, es un férreo opositor de la educación gratuita.
El programa de reactivación llevado a cabo por el ministro Hernán Büchi, estuvo centrada en las devaluaciones periódicas; en alzas temporales de tarifas arancelarias; en una regulación más estricta del sistema financiero; en las estatizaciones de la deuda privada; en la reducción de la tributación; en la renegociación de los créditos externos con los acreedores bancarios; en la ayuda financiera masiva al sector privado y en establecer un tipo de cambio favorable que fomentara las importaciones.
Privatizaciones impuestas por la dictadura
En 1985 se reanudó la política de privatizaciones que desde 1974 se había llevado a cabo mediante la devolución a sus antiguos dueños de bancos, empresas comerciales e industriales y predios agrícolas que fueron intervenidos, requisados o expropiados bajo el régimen de la Unidad Popular.
Durante la década de 1980 y 1990 fueron transferidas al sector particular cerca de 400 empresas, principalmente a los inversionistas españoles, entre ellas: ENDESA, CHILECTRA, ENTEL, IANSA y CAP. En cambio, las llamadas empresas estratégicas continuaron en poder del Estado, tales como CODELCO, ENAP, ENAMI, el Banco del Estado y Ferrocarriles del Estado.
Otro de los empresarios partícipes del régimen de Pinochet es Sergio Melnick.
Fue gerente general de varias empresas, además de director de distintos canales de televisión, ex Ministro de Estado durante la dictadura y actualmente, panelista de televisión y de radio, columnista de La Segunda.
Fue ministro de Planificación de Pinochet y trabajó en el entonces Canal 11 de la Universidad de Chile. El Colegio de Periodistas denunció tiempo atrás a Canal 13 ante el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, por tener entre sus integrantes a un ex integrante de la dictadura como Melnick. La presidenta del Colegio de Periodistas señaló que era impresentable que una persona así tenga tribuna pública.
Entre los empresarios cómplices de la dictadura se encuentran altos funcionarios y administrativos de la CMPC (Celulosa) y agricultores de la zona.
El caso es importante porque es la primera vez se procesó a civiles que fueron cómplices de la dictadura. Se los acusa de haber colaborado con los carabineros y militares en el caso de la ejecución de 19 personas, en el mes de septiembre de 1973 en la zona de Laja.
La privatización de empresas durante la dictadura Cívico-Militar de Augusto Pinochet, provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares, según el informe final elaborado por una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de ese país.
Pero esa comisión no investigó las privatizaciones realizadas por los gobiernos de la Concertación, que incluyen las empresas de agua potable y la privatización o extranjerización de la empresa estatal ENDESA, por la que el grupo español, durante el gobierno de Ricardo Lagos, pagó 500 millones de dólares por el control de un patrimonio equivalente a unos 10 mil millones.
Tampoco investigó la entrega del control y propiedad con contratos leoninos de Emos; ESSBIO y otras empresas de suministro de agua potable; ni la semi privatización de los ferrocarriles; las carreteras y hasta las cárceles, además de otras realizadas en los distintos gobiernos de la Concertación.
El periodista chileno Javier Rebolledo realizó varias investigaciones respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en su país y sobre el rol de sectores civiles y empresariales en esos crímenes.
En su libro “A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura” el periodista explica cómo distintos empresarios fueron parte de las privatizaciones.
Entre ellos Eliodoro Matte Larraín, que colaboró en la privatización de empresas del Estado y obtuvo beneficios a través de un decreto ley que catapultó con dinero público el imperio forestal de su familia.
Meses después del golpe militar, en 1974, el segundo hijo de Eliodoro Matte Ossa, también llamado Eliodoro -ingeniero civil de la Universidad de Chile-, volvió a su país desde la Universidad de Chicago. Recién llegado recibió una propuesta para integrarse al gobierno de Pinochet.
Quien se lo proponía era el coronel de Aviación y médico Alberto Spoerer, en ese entonces ministro de Salud y cercano a la familia Matte, quien le pedía incorporarse a esa cartera. Eliodoro, que en ese momento tenía veintinueve años, aceptó la propuesta e ingresó a la Sociedad Constructora de Recintos Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS). Más tarde sería destinado a Laboratorios Chile, en ese entonces estatal, donde inició un reordenamiento que prepararía a la firma para ser privatizada, como ocurrió en los años ochenta.
De acuerdo con el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990, la enajenación del Laboratorio Chile a manos de particulares significó al fisco una pérdida de 2.032 millones de pesos de la época.
Como retribución, la dictadura comenzó a entregarle a los Matte dividendos inmediatos. El Decreto Ley 701 de 1974, cuyo objetivo exclusivo fue ayudar a las plantaciones forestales con bonificaciones monetarias e incentivos tributarios, parecía hecho a la medida del grupo empresarial.
En sus primeros diez años de funcionamiento, el cuerpo legal habría hecho crecer la masa silvícola en un millón de hectáreas, siendo esa la base de la riqueza de grupos forestales como los Angelini y Matte, según lo señala el propio diario El Mercurio, socio estratégico desde antiguos tiempos del clan Matte debido a la interdependencia de ambos negocios .
Según antecedentes publicados por el diario La Tercera el 18 de julio de 2015, el decreto, hoy en estado de prórroga, entre 1974 y 1997, benefició en un 95 % a las grandes y medianas empresas, con unos 365 millones de dólares, y solo en un 5 % a los pequeños propietarios.
Julio Ponce Lerou fue uno de los que operó para ayudar a la Papelera luego de los "duros" años que había enfrentado durante la Unidad Popular y que habían mermado su producción.
Era el indicado: había trabajado para la familia Matte a principio de los setenta en la ciudad de Concepción. Para el año 74 fue nombrado director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Como director de la Conaf, Ponce Lerou presidió el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Ubicado en la precordillera de Valdivia, administraba cerca de 360.000 hectáreas, con unos 3.500 quinientos trabajadores.
A cargo del Ministerio de Economía asumió Fernando Léniz Cerda, uno de los primeros civiles que transitaba desde el sector empresarial a cargos públicos de la dictadura. Al igual que Ponce Lerou, Léniz era ex funcionario de la Papelera.
Entre 1963 y 1965 trabajó ahí, llegando a ser gerente de producción. De modo paralelo había sido presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), organización gremial desde donde participó en la redacción de un proyecto de ley considerado el predecesor del DL 701, que no prosperó.
Ya en dictadura, fue Léniz, en conjunto con la Junta militar y el ministro de Hacienda, Jorge Cauas, quienes firmaron el cuerpo legal hecho a la medida de las grandes empresas forestales.
Según el libro "El mapa actual de la extrema riqueza", el Decreto Ley 701 "subsidió hasta el 75 % de los costos de forestación, a lo que se añadieron rebajas tributarias y líneas crediticias preferentes.
Así, el fisco corría con el mayor costo de las nuevas plantaciones, mientras las utilidades posteriores quedaban en poder de los intereses privados.
De esta manera, las plantaciones forestales experimentaron una fuerte expansión. Al 31 de diciembre de 1996, el valor libro de las plantaciones forestales de empresas CMPC sumaba 1.142,7 millones de dólares, equivalente al 42,7 % de su patrimonio total" (página 165).
El decreto 701 entregaba a la Conaf, presidida por Ponce Lerou, amplias atribuciones para operativizar y fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Además, tenía bajo su tutela los terrenos que la Corporación de Reforma Agraria (Cora) había expropiado durante el gobierno de Salvador Allende a diversos latifundistas con el objetivo de entregarlos a campesinos y pequeños agricultores como una forma de redistribuir los medios de producción.
Con el golpe militar, la Conaf sumaba cientos de miles de hectáreas bajo su tutela -una vez que las nuevas autoridades revirtieron el proceso de la reforma-, con un alto costo para los campesinos y comunidades mapuches.
Desde ahí, Ponce Lerou lideró el proceso de "contrarreforma agraria". Según el libro "Conflictos entre la agricultura empresarial y la agricultura campesina en Chile", un 28 % de los predios expropiados por la administración anterior fue devuelto a sus "dueños originales", muchos de ellos latifundistas, un 32 % fue licitado y el resto quedó en manos de los campesinos, quienes debieron repostular a la tenencia de las tierras mediante un sistema de puntajes (página 166).
Aquellos que habían ocupado predios rústicos durante el gobierno anterior quedaron imposibilitados por ley para postular en este sistema.
Como director de la Conaf, Ponce Lerou presidió el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, propiedad de Corfo. Ubicado en la precordillera de Valdivia, administraba cerca de 360.000 hectáreas, con unos 3.500 quinientos trabajadores.
Estaba destinado a transformarse, como el cobre, en otro "sueldo" de Chile. Comenzó su privatización a partir de 1986. También fue el encargado de liquidar la hacienda Rupanco, de unas 47.000 hectáreas, pasada a manos de privados en un proceso que involucró directamente al ex yerno de Pinochet.
Según el informe de la Cámara de Diputados sobre las privatizaciones de empresas del Estado, Ponce Lerou en Conaf, además de enriquecerse personalmente, y salir del cargo como propietario de numerosos y valiosos fundos, "remató cientos de miles de hectáreas expropiadas por la Reforma Agraria" (página 170), durante el gobierno de la Unidad Popular.
Pero Ponce fue más allá. En julio de 1979, recién salido de Conaf, fue nombrado gerente de empresas de la Corfo. En julio de 1983, recién asumido como gerente general, debió renunciar a su cargo producto de una serie de denuncias.
Consecuencias en el presente
Londres 38 fue un centro de represión, tortura y exterminio de la dictadura liderada por Augusto Pinochet.
Actualmente es un sitio de memoria recuperado que ha investigado la participación de civiles y empresarios durante la dictadura y sus consecuencias. Denuncian que las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales producidas en dictadura generaron altos índices de desigualdad.
Algunos de los datos que publican son contundentes:
De 24 países mineros, Chile es uno de los cinco países con legislación tributaria menos efectiva y con mayor ganancia para los privados. El cobre en manos del Estado, que ayer fuera el "sueldo de Chile", hoy solo representa el 29 % de la producción.
El Plan Laboral fue la más relevante "modernización" de la dictadura, cuyas bases y estructura no se han modificado, impidiendo la negociación por ramas y el derecho efectivo a huelga.
En ese contexto, la represión siguió siendo necesaria: un verdadero Estado penal se fortaleció en democracia. El encarcelamiento se convirtió en un sistema de control y gestión de la pobreza junto a un discurso populista punitivo, donde el aumento de las cárceles no se condice con los índices de delincuencia.
También se desarrolló lo que definen como un urbanismo represivo con el objetivo de remodelar las ciudades en vistas a la segregación y mercantilización del espacio urbano, o para intensificar la explotación de los recursos básicos como sucede en el territorio mapuche, a través de la militarización y ocupación de la zona.
El elemento común a esos procesos ha sido la continuidad de los mismos actores políticos y económicos quienes, no solo han conservado su poder construido en dictadura, sino que lo han acrecentado y transversalizado.
"Esa es la herencia aceptada con gusto por la clase política desde 1990 en adelante", (Del libro "Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza", Santiago 2019).
Contra esa herencia el pueblo de Chile despertó, desplegando una lucha y una resistencia de la juventud sin miedo, de los trabajadores y los castigados contra la herencia de ese régimen.
http://www.laizquierdadiario.com/Dictadura-chilena-los-empresarios-responsables-siguen-impunes-y-manejando-la-economia-del-pais?fbclid=IwAR2ptUEo9wgLG1uEq4UkEsrVW79D4VsWkmynjffTmkfXD7cBYPCM0FCJPd8
