El aumento del pasaje en el metro en Santiago de Chile fue tan sólo la gota que rebasó el vaso de agua, en una sociedad que viene escuchando hablar cada vez con mayor frecuencia de corrupción gubernamental.
De hecho si algo ha quedado al descubierto es que uno de los principales favorecidos por el alza del pasaje es el ingeniero Andrés Navarro, amigo íntimo del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y socio en varios negocios, por lo menos hasta buena parte de la primera década del 2000.
La medida fue anunciada el pasado 6 de octubre, en momentos en que los chilenos vienen formulando quejas por los bajos salarios que perciben, así como por las alzas en las tarifas de electricidad, la gasolina y los medicamentos, entre otros.
En esa ocasión el Metro de Santiago aumentó en 30 pesos el precio del ticket en hora pico, hasta situarse en 830 pesos (cerca de 1,17 dólares).
El incremento vino a sumarse a un alza general de 20 pesos en las tarifas que ya se había implementado el pasado mes de enero y fue fijado por un famoso “panel de expertos”.
Este panel habría tomado en cuenta indicadores como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, pero no el bolsillo de los trabajadores chilenos.
Todo el tema del transporte pareciera ser el paradigma de los guisos y la corrupción en Chile. El sistema integra el Metro, que administra el Estado, y el transporte superficial, donde operan varias líneas de autobuses privadas que fueron designadas en procesos no del todo transparentes.
El sistema de transporte del gran Santiago se divide entre el administrador financiero de Transantiago (AFT) y las empresas operadoras, que son las dueñas de los buses y que obtienen ganancias por pasajes validados, así como por distancias recorridas.
Estamos hablando de aproximadamente tres millones de viajes diarios, que al ser multiplicados por 830 pesos, arroja una ganancia de unos 2.490.000.000 pesos.
Tras el aumento del 6 de octubre los estudiantes llaman a la evasión como respuesta y posteriormente se suman los trabajadores. Cientos de personas comenzaron a saltar los vallados (torniquetes) y pasaban al metro sin pagar y luego abordaban los buses, como si hubiesen pagado.
La respuesta oficial no se hizo esperar. Decenas de policías tomaron las estaciones del Metro y comenzaron a “cazar” a los usuarios que no pagaban y de esta forma pasaron a criminalizar la protesta.
Los usuarios fueron hostigados y perseguidos como delincuentes. Los carabineros paraban los buses y chequeaban a cada uno de los pasajeros y al que detectaban que no había pagado, lo multaban.
De no cancelar la multa se exponía a variadas sanciones, por lo que se puede deducir que la violencia de los últimos días fue el detonante de un nivel de arrinconamiento al que el estado chileno había sometido a la población.
En agosto de 2018 el portal El Mostrador señaló: Chile también tiene “su” mecanismo de corrupción. Pero como se trata de un país legalista, donde las leyes se vocean en las calles, la corrupción siempre tendrá una aparente forma de legalidad, en la que se diluyen las penas.
“Así, el desfalco sistemático a las arcas fiscales, sobre todo aquel que esconden las licitaciones millonarias del Estado, se hace con ayuda de normas y procedimientos que dan la apariencia de legalidad, pero que tienen disposiciones internas que bien interpretadas facilitan la trampa y transforman las competencias funcionarias en discrecionalidad, generalmente de los jefes de servicio, para favorecer a un proveedor específico, cobrar sobreprecios o, directamente, cohecho”.
Pero el portal va mucho más allá y refiere que “Todo indica que a partir del año 2011, primer Gobierno de Sebastián Piñera, se dispararon las estadísticas de discrecionalidad y corrupción en el aparato público chileno.
Uno de los últimos casos que coloca como ejemplo es el de la prórroga sin licitación alguna a la empresa Sonda, controlada por Andrés Navarro, que suministra los servicios tecnológicos para el Transantiago.
La excusa esgrimida por la autoridad de Transportes en que se necesitaba mantener una continuidad de servicios.
Esta empresa Sonda, junto a cinco bancos nacionales, conforman el llamado Administrador Financiero del Transantiago (AFT) que es la entidad encargada de la tarjeta bip y la tecnología de pago
La AFT se queda con el 2% del dinero cargado a las tarjetas bip, y le reparten el dinero a las empresas operadoras según las validaciones, en un proceso llamado clearing.
Pero resulta que el principal accionista de Sonda es la empresa Indico y el dueño de Indico y presidente de Sonda es Andrés Navarro Haeussler, amigo íntimo del presidente Sebastián Piñera desde que ambos estudiaban ingeniería en la Universidad y han sido socios en varios negocios desde hace años.
El portal Piensa Chile escribió en octubre de 2006 que Navarro y Piñera Comparten la propiedad de un helicóptero, la Constructora Aconcagua y la Clínica Las Condes.
Cinco años después, el portal El Mostrador describió que Piñera y Navarro han compartido sueños desde muy jóvenes y que también adquirieron otro helicóptero en 2005 y otro en 2008.
Y afirma que desde que Piñera asumió el nuevo gobierno, Sonda y su filial Novis tienen contratos con distintas entidades del aparato fiscal, como Indap, la Subsecretaría de Salud y Corfo que suman aproximadamente $696 millones, según los datos de Chilecompra.
Sonda además tiene una serie de contratos con el Estado originados en gobiernos de la Concertación y posee un 9,5% del Administrador Financiero de Transantiago (AFT) como proveedor de servicios tecnológicos para el sistema de transporte.
En enero de este año Transparencia Internacional ubicó a Chile “en su peor momento en materia de corrupción”
De acuerdo a lo expuesto por Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, esta situación responde “a los casos de corrupción y falta de probidad que hemos visto en el último tiempo, que se han manifestado en diversas instituciones y órganos del Estado”, detalló el portal La Tercera.
Dos meses después el mismo portal reseñó los resultados de un estudio realizado un año antes (X Estudio Nacional de Transparencia 2018) que arrojó “un alto nivel de desconfianza hacia las entidades del Estado”.
Un 79% de los consultados respondió que los organismos públicos de Chile son “corruptos” o “muy corruptos”. Es decir, 8 de cada 10 personas consultadas advierte corrupción en estas instituciones.
“Lo que llamamos crisis de confianza y que emergió hace algunos años tras hechos de corrupción sigue instalada en el país”, dijo el director del CPLT, Marcelo Drago.
https://la-tabla.blogspot.com/2019/10/alza-del-pasaje-en-chile-habria.html
