A la cabeza del grupo de presión «ruralista», conformado en realidad por las grandes empresas del negocio agrario, Tereza Cristina Correa da Costa Dias desempeñó un papel importante en la elección del presidente brasileño Jair Bolsonaro… quien la designó después para ser su ministro de Agricultura.
Aliados de ayer y enemigos de hoy, eso son los países que ayer invirtieron en Brasil y que favorecieron la explotación indiscriminada de las riquezas de ese país pero que ahora denuncian las consecuencias desastrosas del modelo económico que ellos mismos predican.
Ante la propagación de los incendios en la región amazónica, la cumbre del G7 modificó su orden del día para «enfrentar la urgencia».
Los países miembros del G7 –Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos– se disfrazaron, junto a la Unión Europea, de bomberos del planeta.
El presidente francés Emmanuel Macron, en el papel de jefe de esos bomberos, proclamó la alerta: «nuestra casa está en llamas».
El presidente estadounidense Donald Trump prometió que Estados Unidos se implicaría a fondo en las labores de extinción del incendio.
Las luces de los grandes medios de difusión se concentran sobre los incendios en Brasil, dejando en la sombra todo lo demás, sobre todo el hecho que la destrucción no afecta sólo la jungla amazónica –cuyas dos terceras partes están en suelo brasileño y que entre 2010 y 2015 se redujo en casi 10 000 kilómetros² al año– sino también las selvas tropicales del África Ecuatorial y del Asia sudoriental.
Las selvas tropicales han perdido, como promedio anual, una superficie equivalente a la suma de las regiones italianas de Piemonte [25 402 kilómetros²], Lombardía [23 863 km²] y Véneto [18 399 km²].
Las condiciones de la jungla amazónica y las de las selvas tropicales son diferentes pero la causa fundamental de los incendios es la misma: la explotación intensiva y destructiva de los recursos naturales para sacarles las mayores ganancias.
En la Amazonia se cortan los árboles para explotar las maderas preciosas, que se destinan a la exportación.
Esas tierras se vuelven entonces muy frágiles y son abandonadas mientras que se deforestan otras zonas.
Se utilizan métodos muy destructivos, que dañan gravemente el medioambiente, para explotar los yacimientos amazónicos de oro, de diamantes, de bauxita, zinc, manganeso, hierro, petróleo y carbón.
La construcción de inmensas hidroeléctricas para producir la energía destinada a la actividad industrial también es otra de las causas de la destrucción de la jungla amazónica.
La explotación intensiva y destructiva de la Amazonia está en manos de compañías brasileñas, pero estas están a su vez bajo el control –a través de la compra de acciones, de diversos mecanismos financieros y de redes comerciales– de las principales transnacionales de las potencias miembros del G7 y de otros países.
Por ejemplo, la empresa brasileña JBS –que posee en Brasil 35 instalaciones para la producción de carne, donde se sacrifican cada día 80 000 ejemplares de especies bovinas– tiene sedes en Estados Unidos, Canadá y Australia, pero se halla bajo el control de los grupos financieros que tiene como acreedores: el estadounidense JP Morgan, el británico Barclays (GB) y los grupos financieros alemanes de Volkswagen y Daimler.
El grupo brasileño Marfrig, en segundo lugar en importancia después de JBS, se halla en 93% bajo el control de inversionistas estadounidenses, franceses, italianos y de otros países europeos así como canadienses.
Noruega amenaza a Brasil con la adopción de presiones económicas por la destrucción de la Amazonia mientras que la transnacional noruega Hydro –perteneciente al Estado noruego en un 50%– provoca en el territorio amazónico graves daños medioambientales para explotar yacimientos de bauxita, destinada a la producción de aluminio, al extremo que su actividad está siendo investigada por la justicia brasileña.
Los gobiernos de las potencias del G7 y de otros países que hoy critican públicamente al presidente brasileño Jair Bolsonaro para redorar su imagen ante la reacción de la opinión pública, son precisamente los mismos que favorecieron el ascenso de Bolsonaro al poder para que sus transnacionales tuvieran las manos libres en la explotación de la Amazonia.
Las comunidades indígenas, en cuyos territorios se concentran las actividades ilegales de deforestación, son objeto de ataques.
Y eso sucede bajo la mirada impasible de la ministro de Agricultura de Bolsonaro, la señora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, proveniente ella misma de una familia de latifundistas con un largo historial de ocupaciones fraudulentas y violentas de tierras pertenecientes a comunidades indígenas.
Fuente
Traducido al español por Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio
https://www.voltairenet.org/article207528.html
