La presidencia de la República Francesa ha utilizado el incendio de la catedral Notre-Dame de París para poner en marcha un proyecto hasta ahora pospuesto.
Y lo hace imponiendo reglas inéditas, saltándose las normas vigentes en materia de licitación y de protección del patrimonio cultural. Su objetivo no es restaurar la catedral sino convertir su entorno –la Isla de la Cité– en el primer lugar turístico de Europa antes de los Juegos Olímpicos de 2024.
Para evitar las limitaciones judiciales, la presidencia de Francia está imponiendo arbitrariamente la hipótesis del incendio accidental.
Cuando comenzó el incendio de Notre-Dame, en la tarde del 15 de abril de 2019, todos los medios de prensa franceses, y muchos medios extranjeros, concentraron su atención en la catedral en llamas. Numerosas televisoras extranjeras abrieron sus espacios noticiosos con esa información. Pero France 2 no lo hizo.
Ese canal de televisión, propiedad del Estado francés, tenía programado dedicar su espacio noticioso al discurso, previamente anunciado, del presidente Emmanuel Macron, colofón del «Gran Debate Nacional».
Totalmente aturdida por el inesperado drama, la redacción le dedicó finalmente su espacio noticioso, después de expresar su sorpresa ante la posposición sine die del discurso presidencial, que France 2 creía mucho más importante.
La frialdad de la mayoría de los periodistas y la estupidez de los comentarios espontáneos de los políticos pusieron bruscamente de relieve el enorme abismo que separa el universo mental de esas personas del de los demás franceses.
Para la clase dirigente, la belleza de Notre-Dame no puede hacer olvidar que se trata de un monumento de la superstición cristiana.
Para el público, por el contrario, es el lugar donde los franceses se reúnen como pueblo como muestra de recogimiento o para dar gracias a Dios.
En términos de comunicación, probablemente habrá un antes y un después del incendio de Notre-Dame porque una mayoría de franceses quedó tan conmocionada por el siniestro como indignada por la indiferencia arrogante de su clase dirigente.
La Isla de la Cité y la industria del turismo
Inmediatamente, el presidente de la República, Emmanuel Macron, tomó una decisión que no es reconstruir Notre-Dame sino realizar un difícil proyecto que se había mantenido en espera desde hace 2 años y medio.
En diciembre de 2015, el entonces presidente de la República, Francois Hollande, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, creaban una misión que trabajó durante todo un año, cuando Emmanuel Macron era ministro de Economía, de Industria y de Actividad Numérica.
Entre las numerosas personalidades que participaron en esa misión estuvieron Audrey Azoulay, entonces ministra de Cultura y actual directora general de la UNESCO [1], y el prefecto Patrick Strzoda, en aquel entonces director del equipo de trabajo del ministro del Interior y hoy director del equipo de trabajo del presidente Macron.
Aquella misión estaba bajo la dirección del presidente del Centro de Monumentos Nacionales, Philippe Belaval, y del arquitecto Dominique Perrault.
Luego de señalar que, desde la renovación realizada en el siglo XIX por el barón Haussmann, la Isla de la Cité es un complejo administrativo cerrado al público –complejo que abarca la Sainte-Chapelle y la catedral de Notre-Dame–, aquella misión propuso transformarla en «isla monumento».
El traslado del Palacio de Justicia así como la reorganización de la Prefectura de Policía y del hospital Hôtel Dieu abren las puertas a la realización de ese proyecto, que implica una reorganización casi total del espacio de la Isla de la Cité.
La misión elaboró una lista de 35 obras coordinadas, como la creación de vías subterráneas de circulación y la construcción de cubiertas acristaladas que cerrarían los espacios internos abiertos de numerosos edificios, para convertir la Isla de la Cité en lugar de visita obligado para 14 millones de turistas extranjeros al año.
El informe de aquella misión [2] menciona el increíble valor comercial de ese proyecto… sin decir ni una palabra del valor patrimonial, particularmente espiritual, de la Sainte-Chapelle y de Notre-Dame, lugares que el informe enfoca exclusivamente como sitios turísticos, fuentes potenciales de ingresos.
Según los autores del informe, ese ambicioso proyecto no podía realizarse rápidamente, no por falta de financiamiento sino más bien debido a complicadas cuestiones administrativas y enormes obligaciones jurídicas.
Aunque la Isla de la Cité cuenta pocos habitantes, todo trámite de expropiación puede prolongarse por décadas.
Más inquietante aún es que el director del Centro de Monumentos Nacionales parecía deplorar que fuera imposible destruir una parte del patrimonio para dar realce a otra. El proyecto de la misión Belaval/Perrault
Las decisiones de la Presidencia
Después del incendio, se hizo evidente en pocas horas que diversos donantes –desde simples ciudadanos a poseedores de grandes fortunas– aportarían grandes cantidades de fondos. El objetivo de la Presidencia de la República fue entonces instaurar una autoridad capaz de realizar simultáneamente la reconstrucción de Notre-Dame y el proyecto de transformación de la Isla de la Cité.
Al día siguiente, el 16 de abril de 2019, el presidente Macron declaraba ante las cámaras de televisión: «Sí, reconstruiremos la catedral Notre-Dame todavía más bella y quiero que se haga en 5 años.» [3].
Dejemos de lado el «yo quiero», más característico de un empresario que de un responsable político electo para servir a la República. Cinco años es un plazo extremadamente corto para reconstruir una catedral cuyo construcción duró siglo y medio.
Pero es el plazo justo para que los trabajos estén terminados a tiempo para los turistas atraídos por los Juegos Olímpicos de 2024. Esa era la fecha prevista por la misión Belaval-Perrault.
El 17 de abril, el Consejo de Ministros se dedicó enteramente a las consecuencias del incendio y se adoptaron 3 decisiones importantes:
Nombrar al ex jefe del estado mayor de las fuerzas armadas, el general Jean-Louis Georgelin, para dirigir desde la Presidencia de la República una misión especial «para velar por el avance de los procedimientos y trabajos que serán iniciados»; hacer que la Asamblea Nacional adopte un proyecto de ley [4] que regirá la recogida de fondos, regularizará la nominación del general Georgelin –quien ha alcanzado la edad límite– y, sobre todo, que dispensará la misión a su cargo de seguir los procedimientos normales en materia de licitación, además de dispensarla también de tener que respetar las leyes de protección del patrimonio y de todas las disposiciones y reglas que puedan obstaculizar sus fines; organizar un concurso internacional de arquitectura para la reconstrucción de Notre-Dame.
Pero también se tomó otra decisión en ese Consejo de Ministros: acallar todo debate sobre las causas del incendio de Notre-Dame para evitar que se inicie una investigación judicial que vendría perturbar el montaje ya descrito.
La mentira de Estado
El nuevo fiscal de París, Remy Heitz, nombrado gracias a una intervención personal del presidente Emmanuel Macron, aseguró inmediatamente que no es la pista criminal la principal hipótesis y que el incendio fue resultado de un accidente vinculado a los trabajos de restauración que estaba realizándose en Notre-Dame.
Esa afirmación provoca rechazo entre expertos, bomberos, artesanos y arquitectos, quienes estiman que ningún elemento de los trabajos que estaban realizándose podía haber provocado un incendio de tales proporciones en ese lugar ni tan rápidamente.
La insistencia del fiscal y del prefecto de París, Didier Lallement, en pronunciarse sobre ese tema en el lugar mismo del incendio demuestra la elaboración de una versión oficial que no exija la realización de largas investigaciones, las cuales obligarían a preservar el lugar de los hechos.
También alimenta interrogantes sobre la pista arbitrariamente descartada de la realización de un acto anticristiano o antirreligioso, en un contexto marcado por los actos de vandalismo contra las iglesias (878 profanaciones en 2017), por el incendio intencional registrado en la parisina Iglesia de San Sulpicio –el 17 de marzo– y el incendio de la mezquita Al-Marwani en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén.
Además, sabiendo que la mayoría de los grandes incendios que han abierto el camino a la realización de proyectos inmobiliarios han sido incendios provocados, se impone un análisis serio de la hipótesis de un acto premeditado tendiente a permitir la transformación de la Isla de la Cité.
Todas esas interrogantes son perfectamente legítimas y quedarán sin respuesta si no se abre una investigación.
Claro, el objetivo del presidente Macron es digno de elogio, pero resulta muy extraña su manera de llevarlo a cabo. La realización del proyecto descrito no es posible sin modificar las reglas del derecho, pero la designación de un general –aunque puede ser una garantía de eficacia– ciertamente no garantiza que se respete el Derecho.
[1] Audrey Azoulay fue elegida directora general de la UNESCO como resultado de las presiones de Francia y a pesar de que tradicionalmente un ciudadano del país sede de una institución internacional no debe dirigir esa institución, además de que existía un compromiso previo para que la dirección general de la UNESCO pasara a manos de una personalidad del mundo árabe.
Fue como directora general de la UNESCO que Audrey Azouley publicó un comunicado sobre el siniestro: «Comunicado de la UNESCO sobre el incendio de Notre-Dame de París», Red Voltaire, 16 de abril de 2019.
[2] Mission île de la Cité. Le cœur du cœur, Philippe Bélaval y Dominique Perrault, La Documentation française, 2016.
[3] «Discours d’Emmanuel Macron sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris», por Emmanuel Macron, Réseau Voltaire, 16 de abril de 2019.
[4] «Projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet», Assemblée nationale, N° 1881, proyecto de ley registrado el 24 de abril de 2019.
https://www.voltairenet.org/article206339.html
