Pedro Sánchez se opuso en el Congreso de los Diputados a detener la venta de armas españolas a los criminales saudíes como pedían las principales organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
El cólera está de regreso en Yemen. Es la prueba de que la tremenda crisis humanitaria provocada por la guerra sigue viva a pesar de las negociaciones de paz. Médicos sin Fronteras ha denunciado que los casos de cólera se han multiplicado en las últimas semanas.
Más de 200 personas han muerto debido a un nuevo brote, muchos de ellos niños menores de cinco años.
Pero no es solo eso. Los bombardeos saudíes contra infraestructuras y hospitales que podrían ayudar a contener la epidemia continúan.
El último, un ataque a finales de marzo a un hospital apoyado por Save the Children en la provincia de Sadaa. Cuatro niños y tres adultos murieron.
Hace dos años más de un millón de yemeníes se infectaron de cólera debido a que la coalición bombardeó deliberadamente depuradoras y plantas de tratamiento de agua.
Miles de personas murieron. Ahora estamos de nuevo a las puertas de una nueva epidemia. ¿De qué han servido la ayuda humanitaria y las resoluciones del Consejo de Seguridad?
Naciones Unidas dice que Yemen sigue sufriendo la peor hambruna en décadas. La peor crisis humanitaria de la época. Estamos hablando de un promedio de 60 niños muertos cada día a causa del hambre. Esto ocurre desde que empezó la guerra hace cuatro años y es muy posible que su número aumente en los próximos meses.
Hace ya unos meses que las cinco organizaciones humanitarias más importantes advirtieron que la única manera de acabar con la mayor hambruna en décadas era acabar la guerra. La ayuda humanitaria, por grande que fuese, dijeron, nunca podrá detener esta horrenda crisis causada por el hombre.
Su posición fue tan tajante que responsabilizaron de este monstruoso crimen a los países que estaban vendiendo armas a Arabia Saudí. Pedro Sánchez, el Presidente del PSOE, no se libra de ello. España está entre los cuatro primeros países –después de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia– que venden armas a Arabia Saudí.
Lo mismo ha dicho la alianza de ONGs españolas preocupadas por la situación humanitaria en Yemen, “cualquier medida que pretenda aliviar el conflicto debe pasar por detener la venta de armas para detener la guerra”, ha dicho al diario Público su portavoz, Alberto Estévez.
Estos países cínicamente aprovechan que Arabia Saudí se ha convertido en el país que importa más armas de todo el mundo, acapara el 12% de importaciones del mercado mundial. A pesar de su riqueza, los saudíes no pueden ganar la guerra contra Yemen por ellos mismos y necesitan ayuda militar llegada de afuera.
El canal 4, un canal de televisión inglés, emitió la semana pasada un programa sobre la venta de armas de Londres a Ryad. Cinco partidos de oposición, entre ellos el Laborista, habían llamado a terminar con la venta de armas a Arabia Saudí coincidiendo con el cuarto aniversario de la guerra. Un técnico británico, que residía hasta hace poco en Arabia Saudí, dijo en el programa que si Gran Bretaña suspendiera su ayuda militar en “entre siete y catorce días Arabia Saudí dejaría de tener un solo avión en el aire”.
La conducta de Arabia Saudí en Yemen ha sido definida por varias organizaciones como indiferente a las leyes humanitarias. Amnistía Internacional la ha acusado de cometer crímenes de guerra. Nuestras leyes prohíben exportar armas a países que se comportan de esta manera.
En estas páginas se ha denunciado cómo han bombardeado funerales, bodas, mercados y escuelas. En agosto los saudíes llegaron a justificar el asesinato en Sadaa de 40 niños en un viaje escolar. Con todo esto, resulta difícil entender que el Presidente Pedro Sánchez siga colocando a España en la coalición del terror. Sánchez se ha situado en el lado perverso de la historia.
El cruel asesinato del periodista saudí –crítico con Mohammed bin Salman y la guerra de Yemen– Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul podía haber sido un parteaguas en nuestra indecente política exterior.
La de hacer prevalecer los intereses particulares de accionistas de las empresas de armamento sobre nuestro compromiso común con las leyes humanitarias y los derechos humanos. Fue un crimen que traspasó cualquier línea de convivencia internacional. El forense militar saudí, Salah al-Tubaigy, miembro del equipo de sicarios que acabó con la vida de Khashoggi, desangró con jeringas el cuerpo del periodista antes de trocearlo para hacer desaparecer el cadáver.
Pero Pedro Sánchez se opuso esos mismos días de octubre en el Congreso de los Diputados a detener la venta de armas españolas a estos criminales saudíes como pedían las principales organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
La actitud pusilánime de Sánchez contrastó con la de la socialdemocracia alemana, que forzó a la coalición de gobierno a detener la venta de armas a Arabia Saudí. La razón dada fue la brutalidad de la monarquía saudí contra la población del Yemen y contra sus propios disidentes saudíes. Una prohibición que acaba de ser extendida otros seis meses más.
Ellos sí que pudieron “convertir los ideales en realidad”, cosa que Sánchez no ha podido hacer, como él mismo reconoció en el Congreso. Quizá fuera porque ellos son una República Federal y no una Monarquía borbónica enriquecida por sus lazos con Mohammed bin Salman, el príncipe a cargo de Ryad, quien según la CIA mandó asesinar a Jamal Khashoggi. Una monarquía que Pedro Sánchez protege activamente.
El pasado jueves 4 de abril la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución bajo el Acta de Poderes de Guerra de 1973, que quita poder al ejecutivo para declarar la guerra (primera vez en la historia) exigiendo que se detenga la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Yemen, incluida cualquier ayuda a Arabia Saudí.
El Senado, a propuesta de Bernie Sanders, había aprobado una resolución similar. Es posible que Trump vete la ley poniendo a Sánchez junto a la derecha radical de Estados Unidos. No sería la primera vez que ocurre, como vimos en su política hacia Venezuela, alineado con Mike Pence, el ultraconservador vicepresidente de los Estados Unidos tras la crisis creada por Guaidó.
La industria armamentista española ha encontrado una mina de oro en la guerra de Yemen. “España” (los accionistas de las empresas) gana 20 euros por segundo con la venta de armas destinadas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, según un estudio hecho por la alianza de cinco ONGs (Amnistía Internacional, Greenpeace, Save the Children, Oxfam y FundiPau) que pide detener la venta de armas destinadas a la guerra de Yemen. España ocupa la séptima posición exportadora de grandes armas del mundo. Las ventas a Arabia Saudí han sido la catapulta.
Desde que comenzó la guerra de Yemen, España ha vendido armas a Arabia Saudí por casi mil millones de euros. Solo en 2017, España vendió a los saudíes un avión de transporte, drones, municiones… por valor de 270,2 millones de euros.
Los argumentos que dio Sánchez para continuar vendiendo estas armas a criminales de guerra era que con su política de Estado “defendía los intereses de los españoles”, en particular “el drama del desempleo”.
Pero a uno le cuesta creer que el capitalismo español, por débil que sea, necesite 60 niños muertos cada día para funcionar de la misma manera que los aztecas creían que necesitaban corazones puros palpitando fuera del cuerpo para que su mundo siguiese reproduciéndose.
¿El capitalismo ha llegado a ser tan obsoleto como la sociedad agraria azteca?
¿Sus gestores tan ignorantes? ¿Será que la corrupción de políticos y empresarios españoles, esos de las puertas giratorias, necesita la venta de armas por sangre para seguir engordando sus cuentas? ¿O serán todas esas cosas a la vez?
