En 2016, el compañero Iván Leszno, junto a 11 trabajadores y estudiantes con los que formaba el colectivo La Insurgencia, fue abordado por la policía en plena calle. Les robaron los móviles y los aparatos electrónicos que llevaban encima y les entregaron una citación para declarar en la Audiencia Nacional 9 días después.
Les imputaron tres cargos: enaltecimiento del “terrorismo”, incitación al odio contra las instituciones del Estado y asociación ilícita.
¿Su delito? Organizarse para hacer música revolucionaria, por denunciar la explotación laboral, el desempleo, el imperialismo, la monarquía, la falta de derechos sociales, libertades políticas y la existencia de presos políticos, llamando a las clases populares a levantarse contra esta situación de injusticia.
Para el Ministerio Fiscal lo que es motivo de persecución es la denuncia de esta violencia, pero no las causas que la provocan.
Todos ellos fueron juzgados en la Audiencia Nacional en Noviembre de 2017 mediante un montaje político en el que quedó de manifiesto que defender ideas contrarias al sistema capitalista es la peor de las delincuencias.
Un mes después fueron condenados a 2 años y un día de prisión, 4800 euros de multa, 9 años de inhabilitación para ejercer trabajos públicos, el pago de las costas del juicio y la eliminación de su trabajo.
Todo esto a cada uno de los 12 miembros procesados.
Desde entonces, Iván empezó a cumplir la condena, ya que recientemente le prohibieron celebrar un acto por la libertad de expresión en Málaga cuyo objetivo era denunciar esta ausencia de libertades e intentaron prohibirle otro acto más por el mismo motivo, además de estar recibiendo una constante vigilancia y persecución policial por el mero hecho de seguir denunciando su situación.
Recientemente, la Audiencia Nacional les redujo la pena de prisión a 6 meses y un día de prisión y la multa a 1200 euros.
Actualmente, nuestro compañero se encuentra a la espera del resultado de un recurso en el Tribunal Supremo.
Nos parece oportuno indicar que este cambio en su situación no ha sido producto del cambio de gobierno.
Esto ha sido consecuencia de la lucha organizada por el compañero y el resto de los procesados de La Insurgencia a lo largo y ancho de todo el Estado para denunciar esta situación de represión desmedida, en conjunto con el resto de represaliados.
Ante este panorama, nosotros queremos señalar que la solución no vendrá traída ni por un cambio de gobierno ni de leyes y que tampoco dependerá de la decisión de ninguna institución política, sino que lo hará a través de la lucha en la calle, organizando la solidaridad con los compañeros represaliados. Esta no es una cuestión individual.
Esta es una lucha por los derechos y las libertades de todos nosotros.
Esa lucha es el único camino.
¡Por la derogación de las leyes represivas!
¡Sin libertades políticas no hay democracia!
¡Amnistía total!
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