Lanzada bajo los proyectores desde mediados de abril, la tierra natal de Sandino aún enfrenta una intensa crisis política.
A partir de ahora, parece estar acercándose a su resolución final.
Por un lado, el pueblo nicaragüense se está movilizando cada vez más junto con las autoridades para ayudarlas a desmantelar las barricadas en los hogares insurgentes.
Y, por otro lado, en una semana tuvieron lugar dos grandes marchas por la paz.
Contra los deseos de sectores opositores y voceros de la administración estadounidense, el mensaje de Daniel Ortega durante la marcha por la paz del 7 de julio en Managua fue claro y límpido:
“Aquí el que establece las reglas es la Constitución de la República a través del pueblo.
No se cambiarán de la noche a la mañana por voluntad de algunos golpistas. Si los golpistas quieren llegar al gobierno, que busquen el voto del pueblo en las próximas elecciones. Con toda la destrucción que han provocado, veremos qué apoyo tendrán”.
Pero estos hechos son minimizados por los medios privados y las principales agencias de noticias, que continúan ocultando la evolución sobre el terreno y soplan en las brasas de la disputa.
¿De qué lado se inclinará finalmente la balanza?
Un esquema temible de propaganda
En un artículo reciente, examiné una serie de contradicciones en el tratamiento de los medios internacionales sobre Nicaragua.
Ahí se trata uno de los principios de la propaganda de guerra, que es invertir al agresor y la víctima.
El esquema es el siguiente: primero, un sector de la oposición, que rechaza el diálogo con el gobierno, planea controlar algunas partes de la capital y otras ciudades por medio de barricadas.
Estas áreas se consideran “liberadas de la tiranía” y representan los focos de la insurgencia que deben reproducirse en todo el país para derrotar las operaciones de “represión” de las fuerzas policiales.
Esta táctica de desplegar barricadas ha sido teorizada como un medio eficaz para impedir que las autoridades ganen el control del territorio nacional, porque es “imposible que el gobierno disponga de suficiente personal para controlar cada centímetro del país”.
La primera evidencia que hay que destacar es que no se trata de una crisis completamente espontánea que surge de una movilización popular masiva, sino que existe un plan insurreccional bien establecido, capaz de enfrentar a las autoridades durante meses.
Nos enfrentamos a la primera fase en el desarrollo de una guerra no convencional para derrocar a un gobierno elegido democráticamente.
Luego, se producen un cierto número de enfrentamientos en esas áreas “liberadas” por la oposición.
En este punto, no está de más observar que los activistas que defienden esas barricadas ya no son los manifestantes pacíficos que los medios de comunicación nos presentaron.
Las imágenes de jóvenes encapuchados que manejan morteros caseros y otros artefactos explosivos son imposibles de ocultar.
De hecho, incluso contribuyen a crear una dimensión “romántica” de resistencia popular en el contexto de un cara a cara con el cuerpo policial profesional.
Aquí es donde entra en juego la segunda fase de la guerra no convencional, es decir, el papel decisivo de las corporaciones de medios que contribuyen a la producción de una narrativa dominante y unilateral de la crisis.
Es más fácil identificarse con un joven manifestante que se está rebelando que con un joven oficial de policía obligado a usar la fuerza para hacer cumplir la ley.
Por lo tanto, cuando ha habido muertes alrededor de las barricadas, se vuelve complicado para un observador externo saber la verdad de lo que pasó.
¿Quién no quiere saber nada de estas víctimas?
Sin embargo, a cualquiera le basta con hacer un recorrido rápido por las noticias de los medios privados para darse cuenta de que esa dimensión idealizada solo sirve para deslegitimar la acción gubernamental.
Nadie se plantea esta elemental pregunta:
“¿Fue la víctima un sandinista progubernamental que ayudaba a la policía a desmantelar las barricadas, o un oponente que las defendía?”
Muchos testimonios a favor de la primera versión ¡han sido sistemáticamente desechados! De hecho, el papel de los medios privados es fundamental para dar la máxima credibilidad a la versión de la oposición.
¿Estaría esta última manipulando la memoria de las víctimas con la complicidad de algunos medios privados en Nicaragua?
Esto nos interroga fuertemente: ¿qué pasa con los numerosos casos de víctimas cuya pertenencia al campo progubernamental ha sido probada?
En el marco de las conversaciones de paz, el gobierno nicaragüense primero aceptó que la CIDH dirigiera una misión de observación de los derechos humanos.
Pero luego denunció que su informe no incluyera la descripción de muchos casos de ataques contra víctimas civiles, inclusive funcionarios públicos, como resultado de la violencia desatada por la oposición.
¿Se habrían trucado los dados en la partida?
Aquí tienen algunos ejemplos recientes que ilustran una situación con muchos más matices que la descrita por algunos medios:
– El 19 de junio, las autoridades lanzaron una operación en Masaya para liberar al subdirector de la Policía Nacional Ramón Avellan y sus agentes, que estaban atrincherados en la estación de policía, rodeados de barricadas desde el 2 de junio.
Todas las noches, los manifestantes disparaban tiros de mortero a la estación de policía, acompañados de amenazas:
“¿Qué pensabas? ¿Que solo hay “güevones” en esta lucha?
Toma otra vez, aquí tienes mi hermanita… ” Luego, los tiros de mortero se reanudaban cerca de la estación de policía…
Con el pretexto de una acción lúdica, un video muestra también cómo los manifestantes apostados detrás de una barricada entonan canciones amenazantes contra el general Avellan, acompañados de disparos de armas de fuego de gran calibre.
Según la organización ANPDH, como resultado de la operación de rescate policial, seis personas, incluidas tres cuya identidad aún no se ha verificado, fueron asesinadas en varios barrios aledaños.
– El 30 de junio, en el contexto de una marcha de oposición, un manifestante fue asesinado a tiros.
Un video grabado unos minutos antes de la tragedia por un periodista que estaba allí, muestra cómo los oponentes rodean a un oficial de policía y le piden que entregue su arma, simulando que fue hecho rehén para justificar eso.
Luego, las imágenes muestran a una persona que se acerca detrás del policía, le apunta con una pistola a su sien y le roba su rifle.
Más tarde, los manifestantes atribuirán la muerte a la represión del gobierno.
-El 3 de julio, dos personas fueron secuestradas en Jinotepe por un grupo de encapuchados armados: el mayor de policía Erlin García Cortez y el trabajador de Enacal Erasmo Palacios.
Tres días después, Bismarck de Jesús Martínez Sánchez, un trabajador del Ayuntamiento de Managua, también fue secuestrado. Una semana después, los parientes aún no habían recibido ningún signo de vida de ellos.
– El 5 de julio, el cuerpo sin vida de la oficial de la Policía Nacional Yadira Ramos fue encontrado en Jinotepe. Había sido secuestrada, violada y torturada.
Se vio forzada a bajarse de su vehículo y su marido fue asesinado en el acto.
– El 6 de julio, el miembro del FSLN Roberto Castillo Cruz es asesinado por matones de la oposición que pusieron barricadas en Jinotepe. Su hijo, Christopher Castillo Rosales había sido asesinado solo una semana antes que él.
En un video publicado poco antes de su propio asesinato, Castillo Cruz denunció a los asesinos: “Esta banda criminal de la derecha ha matado a mi hijo, solo pido justicia y que la paz prevalezca para que nuestros hijos no pierdan sus vidas”.
– El 8 de julio, durante un enfrentamiento nocturno en Matagalpa, un hombre de 55 años llamado Aran Molina fue asesinado mientras rescataba a Lalo Soza, un activista sandinista que estaba siendo atacado. .
Al día siguiente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional le rindió homenaje a través de una procesión.
El mismo día, otras dos personas fueron asesinadas: el asistente social Tirzo Ramón Mendoza, ejecutado por encapuchados después de haber sido secuestrado, y una tercera víctima cuya identidad permanece desconocida.
-El 9 de julio, las autoridades desmantelaron las barricadas que impedían la libre circulación en las ciudades de Diriamba y Jinotepe.
Muchos residentes luego dieron su testimonio sobre las muchas acciones violentas de la oposición, incluida la tortura contra los sandinistas.
Al mismo tiempo, llegaron representantes de la Conferencia Episcopal. Entonces, los ciudadanos de Jinotepe ingresaron a la iglesia, donde encontraron oponentes disfrazados de religiosos.
Los residentes acusaron a los funcionarios de la Iglesia de protegerlos y de no haber dicho ni hecho nada, para detener la violencia desatada en los últimos dos meses.
En Diriamba, los habitantes también descubrieron un arsenal de morteros y armas de fuego escondidos en la iglesia de San Sebastián.
– El 12 de julio, una banda criminal ataca el Ayuntamiento de Morrito en Río San Juan.
Un luchador histórico del sandinismo, Carlos Hernández, está secuestrado allí. Gravemente heridos e incapaces de escapar, un joven activista sandinista, dos policías y su superior son asesinados.
Un activista sandinista recibe una bala en el abdomen.
Más tarde, el maestro de escuela Marvin Ugarte Campos sucumbirá a sus lesiones.
¿La versión de la oposición? Afirma que la masacre fue un ¡”autoataque de los paramilitares”!
Parece como si algunas muertes y actos violentos no tienen ningún valor, mientras que otras se erigen al rango de mártires por una causa sagrada.
Finalmente, ¿todo dependería de las lentes a través de las cuales miramos la realidad?
¿Ya nos habrán situado en uno de los bandos de un conflicto sin saberlo, ni tan solo sospecharlo?
En ese caso, ¿sería una pérdida de tiempo intentar formarse nuestra propia opinión a partir del análisis de los hechos?
La búsqueda de la paz y la verdad nos impide caer en ese tipo de resignación.
En un notable trabajo de 46 páginas titulado “El monopolio de la muerte, de cómo inflar las cifras para asignarlas al gobierno”, Enrique Hendrix identificó las numerosas incoherencias en los diversos informes presentados por las tres principales organizaciones de derechos humanos, el CNIDH, la CIDH y la ANPDH.
Comparando los diversos informes desde el comienzo de la crisis hasta la fecha de los últimos informes presentados (del 18 de abril al 25 de junio), concluyó que las tres organizaciones registraron un total de 293 muertes.
En el 26% de los casos (77 ciudadanos), la información sobre las muertes está incompleta y aún no se ha verificado.
En el 21% de los casos (60 ciudadanos), los muertos son personas asesinadas por la oposición, ya sean funcionarios públicos o militantes sandinistas que fueron asesinados por ayudar a las autoridades a desmantelar las barricadas.
En el 20% de los casos (59 ciudadanos), los muertos fueron manifestantes, opositores o personas que levantaron barricadas.
En el 17% de los casos (51 ciudadanos), los muertos no tienen una relación directa con las manifestaciones.
Finalmente, en el 16% de los casos (46 ciudadanos), los muertos fueron transeúntes que no participaron en los enfrentamientos.
Como se puede constatar en ese estudio, los balances de estas organizaciones carecen de rigor y mezclan todo tipo de víctimas (peleas entre pandillas, accidentes de tráfico, asesinatos en el contexto de robo de vehículos, conflictos entre propietarios de fincas, oficiales de policía, mujer embarazada en una ambulancia bloqueada por barricadas…).
Conclusión: si tomamos en cuenta las circunstancias exactas de cada muerte, es obvio que no podemos atribuir la responsabilidad solo al gobierno.
A la luz de estos elementos, tenemos el derecho de interpelar a los medios internacionales sobre su falta de objetividad.
¿Por qué semejante alineamiento con un sector de la oposición que se ha declarado ferozmente hostil a cualquier diálogo?
¿Quién no quiere saber nada del diálogo?
Ese mecanismo de propaganda se completa con el “apagón” de otras informaciones que no se consideran relevantes.
Sin embargo, mientras que los medios se enfocan en los enfrentamientos, otros sectores de la oposición continúan participando en las diversas sesiones de las “mesas de diálogo para la verdad, la paz y la justicia”, organizadas para escuchar los diferentes puntos de vista y tratar de establecer la responsabilidad en la ola de violencia que asola el país.
Además, las conclusiones finales de las diversas misiones de observación de derechos humanos en el país aún no se habían entregado, para poder debatir sobre la base de los nuevos elementos.
Pero, ¿qué hay que esperar del diálogo entre las dos partes, cuando unos cuantos observadores ya han decidido de antemano que el único responsable de la violencia es el gobierno?
En todo el mundo, el papel de la policía es reprimir en caso de “perturbación del orden público”.
Pero cuesta entender por qué las autoridades de Nicaragua le ordenarían atacar a civiles de manera salvaje y arbitraria al mismo tiempo que se llevaba a cabo el diálogo de paz.
Por otro lado, uno podría esperar tal actitud de aquellos que, negándose a participar en las mesas de diálogo, tratarían de sabotearlas, viendo un interés en descarrilar el proceso.
En este caso, no es improbable que en varias ocasiones unos matones encapuchados hayan podido hacerse pasar como fuerzas parapoliciales.
Sea como fuere, ¡no es menos creíble que la versión de esos mismos encapuchados, que dicen que el gobierno de Daniel Ortega habría dado luz verde a civiles camuflados para destruir infraestructuras públicas y matar a otros civiles!
Aún así, el gobierno no negó que al comienzo de la crisis algunos agentes de policía a veces actuaran usando una violencia desproporcionada, y respondió que la justicia tendrá que determinar la responsabilidad en acciones punibles por la ley.
La Asamblea Nacional, por su parte, ha lanzado una iniciativa para crear una “Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz” con el objetivo de informar sobre las responsabilidades de las violaciones de los derechos humanos en un plazo de tres meses.
Pero en el cuento de hadas que los principales medios fabrican de noche a la mañana y en Internet las 24 horas del día, ni siquiera es concebible que el gobierno de Nicaragua se enfrente a dificultades cuyas causas serían complejas y múltiples.
¡La exageración de los medios y las posiciones de figuras políticas extranjeras sirven como prueba irrefutable y se sustituyen a la justicia!
Como ha sido el caso en Venezuela en los últimos años, tomar al público como rehén de esta manera es un insulto a su inteligencia.
Por supuesto, no todo se explica por los tentáculos del pulpo imperialista.
Pero para quienes se interesen un chiquitín en la historia de las relaciones interamericanas durante los últimos dos siglos, no es serio olvidar su peso y considerar que esta influencia es algo del pasado.
Cómo exportar la democracia con dólares
Parece que pocos observadores estén realmente conmocionados por la rápida progresión de estos acontecimientos, que se enredan a modo de un hilo de Ariadna, hacia un único fin: condenar al gobierno de Ortega y exigir elecciones anticipadas…
Ahí es donde está el problema: hay países latinos donde los asesinatos de sindicalistas, campesinos y líderes sociales han sido algo común durante años, donde los esfuerzos de paz de los gobiernos son considerados en el mejor de los casos como totalmente ineficaces, en el peor de los casos inexistentes, como Colombia, Honduras o México…que no están para nada preocupados por la imagen de sus “democracias”. Hay algo que no cuadra, ¿no?
Para aclarar este misterio, vale la pena un recordatorio de la historia del siglo XX.
Los golpes de estado y desestabilizaciones fomentados desde el exterior, como en República Dominicana o Guatemala, muestran que en la segunda mitad del siglo XX el contexto latinoamericano seguía estando marcado por el intervencionismo militar de la Doctrina Monroe y el “destino manifiesto” de Estados Unidos, que no era otra cosa que una política imperialista de control de los recursos y materias primas de América Latina, ahora presentada como una “cruzada” anticomunista en el contexto de la Guerra Fría.
Pero la dominación de Estados Unidos no se limitaría únicamente a una demostración de fuerza basada en el “cambio de régimen” y el envío de tropas, sino que revistió formas de dominación cultural, en particular mediante las llamadas políticas de “ayuda al desarrollo”.
En su discurso de enero de 1949, el presidente de Estados Unidos Harry Truman denominó por primera vez a los países no industrializados como países “subdesarrollados”.
Así, en 1950 el Congreso de EEUU aprobó una Ley para el Desarrollo Internacional (AID, Act for International Development).
En 1961 una ley del Congreso de Estados Unidos sustituyó el AID por la USAID, que implementaría una nueva visión, más integral, de la ayuda al desarrollo dirigida a cualquier lugar del planeta.
Como se pudo constatar en el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, la lucha anticomunista era solo un pretexto.
La principal preocupación del gobierno de Estados Unidos era evitar el desarrollo de la conciencia nacional dentro de los ejércitos y la policía de los “países subdesarrollados”.
Por eso, de 1950 a 1967, “el gobierno de Estados Unidos gastó más de $ 1,500 millones en ayuda militar a países latinoamericanos”. (1)
Tras la victoria de la revolución cubana en 1959, en 1961 John Keneddy lanzó la Alianza para el Progreso. Era una iniciativa similar al Plan Marshall en Europa.
Entre 1961 y 1970, la Alianza para el Progreso proporcionó $ 20 mil millones en asistencia económica a América Latina.
Uno de los objetivos era la estabilización de los regímenes que lucharon contra el comunismo por la influencia de Cuba.
“John F. Kennedy y sus asesores diseñan un plan de intervención de área, la Alianza para el Progreso, que consiste en una inversión de $ 20 mil millones para el desarrollo económico y una asistencia militar masiva.
La década de los sesenta está marcada por la formación de una nueva generación de militares latinoamericanos y la transferencia de capital y tecnología del ejército estadounidense a América Latina.
El Pentágono y la CIA elaboran su estrategia para frenar el avance del socialismo: la Escuela de Panamá del Ejército de EE. UU., que entrena a los cuadros de las fuerzas armadas latinoamericanas”. (2)
Bajo el concepto falaz de “políticas de ayuda al desarrollo”, la “creación de ejércitos y policías fuertes” y “las ayudas militares a los regímenes reaccionarios y pro imperialistas”, servian para ofrecer a los monopolios “las condiciones más favorable para la explotación de los países subdesarrollados “.
En otras palabras, aquellas “ayudas” representaban ante todo un arma política a favor de interés económicos de los países del Norte.
Estos formaban la OCDE (Organización de Comercio y Desarrollo), fundada en 1961 y también conocida como el “club de países ricos”.
La formaban 27 países, esencialmente los de Norteamérica, Europa occidental y Japón.
Tarde o temprano, las resistencias emergen
Pero la nueva realidad resultante de la descolonización en Asia y Africa también representaba una toma de conciencia: la fuerza de los países liberados ahora residía en su unidad.
Esto les permitiría ejercer cierta orientación en la agenda de la Asamblea de las Naciones Unidas y defender el “derecho al desarrollo autónomo.
Así, en los años 70, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED) jugaría un papel importante en la defensa de los intereses del Grupo 77. Creada en 1964, en una declaración conjunta de los 77 países, la CNUCED fue calificada de giro histórico.
La invasión y ocupación militar de Nicaragua por parte de Estados Unidos permite una mejor apreciación del valor histórico de la Revolución Popular Sandinista y la resistencia a la injerencia en la década de 1980.
El escándalo del financiamiento de la Contra por parte de la CIA a través del narcotráfico en Centroamérica fue la prueba de que esos planes no son infalibles. A pesar de las numerosas injerencias y desestabilizaciones sufridas a lo largo de la historia, los pueblos del Sur tienen una ventaja sobre los poderosos: la memoria y la inteligencia colectiva.
Tras la represión de las dictaduras, la crisis de la deuda y el reinado del FMI en los años setenta y ochenta, América Latina experimentaría muchas revueltas sociales en los años noventa, allanando el camino para la llegada de nuevos gobiernos progresistas en Brasil, Ecuador, Venezuela o Bolivia.
El siguiente paso fue lanzar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un organismo de cooperación regional creado en 2004 para derrotar el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de Estados Unidos.
¿Qué queda hoy de las injerencias de ayer?
Desde la década de 1990, al final de la Guerra Fría, la “ayuda” estadounidense ya no tenía el pretexto de contener mundialmente el comunismo.
Entonces adoptó la forma del “antiterrorismo” o “políticas de seguridad y antidrogas”.
Estos son los principales destinatarios de la ayuda estadounidense en América Latina: $ 9’5 mil millones para Colombia; $ 2’9 mil millones para México; y desde 2016, la ayuda a todos los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) ha superado la de los dos primeros. (4)
Lo que explica por qué se condena sistemáticamente a algunos países y no a otros… en detrimento de la realidad y el grado de violencia.
Sin embargo, la guerra fría no ha terminado en la mente de algunos.
Así, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera necesario en 2018 plegarse a las exigencias de la Casa Blanca, y acosar noche y día países como Nicaragua o Venezuela, a riesgo de parecer grotesco.
Efectivamente, cuando en una sesión especial de la OEA el vocero estadounidense ha criticado la violencia en Nicaragua y la ha atribuido exclusivamente al gobierno, ¿podemos tomar su palabra como la biblia?
Sería mejor recordarle que su país no tiene ninguna legitimidad para hablar de Nicaragua, ya que la invadió y ocupó militarmente durante 21 años, y luego apoyó al clan del dictador Somoza ¡durante otros 43 años!
La “restauración conservadora” de los últimos años, con los “golpes de Estado suaves” para derrocar a Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, Rousseff en Brasil; el fracaso del proceso de paz en Colombia, la persecución judicial contra Jorge Glas, Lula Da Silva y ahora Rafael Correa, es el contexto perfecto para que la OEA, esa organización obsoleta, intente acabar incluso con la memoria de las conquistas sociales de los años recientes.
Como EE.UU. no ha inventado la rueda, para alcanzar sus fines deben usar los medios a su alcance. No sorprende entonces que, Freedom House, financiado entre otros por USAID y el National Endowment for Democracy (NED), decidiera crear un grupo de trabajo especial para luchar contra el FSLN en Nicaragua ya en 1988.
Siempre es oportuno escuchar al cofundador de NED Allen Weinstein, quien dijo: “Muchas de las actividades que estamos haciendo hoy las manejaba la CIA hace veinticinco años.
La gran diferencia es que cuando estas actividades se llevan a cabo abiertamente, el fracaso potencial es cero. La apertura es su propia (garantía de) protección “. (5)
Hoy, la injerencia continúa pasando por financiar movimientos de oposición, supervisados en programas de capacitación para “jóvenes líderes” dispuestos a defender con uñas y dientes los valores de la sacrosanta “democracia” y derrocar a las “dictaduras” de sus países de origen.
Es así como desde 2014 a 2017, NED ha financiado con $ 4’2 millones a organizaciones nicaragüenses como IEEPP, CPDHN, Invermedia, Hagamos Democracia y Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
Y claro, cuando se les recuerda esto a los jóvenes opositores y a sus simpatizantes, hacen como si no entendieran …
Si bien puede haber sido extremadamente eficaz en algunos países como Ucrania en 2014, el patrón que hemos descrito debe ser confrontado con la realidad y las tradiciones políticas de cada país.
En Nicaragua, el FSLN es la fuerza política dominante que ha ganado democráticamente en las últimas tres elecciones.
Es significativo que los sectores de la oposición que dependen del apoyo de EE.UU., la derecha y la patronal se vean obligados a utilizar referencias al sandinismo en un intento de ganar credibilidad.
Sin embargo, esta práctica va demasiado lejos cuando tratan de comparar al gobierno sandinista y la dictadura de Somoza, diabolizando así a Daniel Ortega.
La marcha por la paz convocada por el FSLN el 13 de julio, en homenaje al 39º aniversario del histórico “retiro táctico” del sandinismo en Masaya, es una nueva demostración de la fortaleza del pueblo nicaragüense y su disposición a vencer la estrategia violenta de la oposición.
¿Los pueblos del mundo estarán a la altura de la solidaridad que exige este momento?
Notas :
1) Yves Fuchs; La coopération. Aide ou néo-colonialisme? Editions Sociales. Paris, 1973, pp. 55
2) Claude Lacaille ; En Mission dans la Tourmente des Dictatures. Haiti, Equateur, Chili: 1965-1986. Novalis, Montreal, 2014. p 23.
3) Gustavo Esteva, “Desarrollo” en SachsWolfgang (coord.) Diccionario del Desarrollo, Lima, PRATEC, 1996. p. 52.
5)Washington Post, 22 septembre 1991.
Fuente / Journal Notre Amérique
