El 2 de enero de 2018 Donald Trump comenzó el año con estos dos tuits amenazando al pueblo palestino por su “falta de respeto” a EEUU y no querer volver al “proceso de Paz” a pesar del dinero que este país aporta a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados Palestinos (UNRWA).
Quince días después EEUU cumplía la amenaza en una carta enviada a la UNRWA en la que comunicaba un recorte del 50% sobre los 125 millones de dólares previstos a aportar, reteniendo la otra mitad en función de unas condiciones no especificadas en la carta, pero que obviamente son las que ha exigido Trump a Abbas estos meses en una larga lista de extorsiones.
Entre ellas, renunciar al derecho de retorno de los refugiados palestinos o aceptar la apropiación/ocupación por Israel de Cisjordania y Gaza.
Esta coacción mafiosa contraria al derecho internacional es lo que para occidente en boca de políticos ignorantes o cómplices se denomina “Plan de Paz” instando a los palestinos a “regresar a la mesa de negociación”. Y en medio de esto, sí, EEUU es el mayor donante de la UNRWA, e incluso en 2017 aportó con una sospechosa generosidad el doble de lo presupuestado. España figura en el puesto 20º de donantes con 7 millones de dólares.
La UNRWA sigue existiendo porque occidente no ha querido aplicar la legalidad internacional
Hay que recordar que la UNRWA se creó en 1950 como algo temporal en la previsión de que las personas palestinas desplazadas en la limpieza étnica cometida por Israel en 1948 regresarían a sus tierras y hogares, ya fueran de Tel Aviv o Haifa, por ejemplo. Exactamente tal como ocurre después de todo conflicto bélico en que los civiles desplazados regresan a su lugares originales (Yugoslavia, Ruanda, etc). Este retorno a sus hogares de los refugiados palestinos y su compensación está mandatado por la resolución 194 de la ONU y por más legislación internacional (art. 13 Declaración Universal DDHH, art.49 IV Convenio de Ginebra, Convención de las personas refugiadas o desplazadas y otras).
Así, la UNRWA comenzó hace 70 años con 800.000 refugiados palestinos a los que atender hasta el regreso a sus domicilios, y hoy da servicio a más de 5 millones, dado que los descendientes de aquellos siguen manteniendo el estatus y el legítimo derecho de retorno que les otorgan las resoluciones internacionales. Esos millones de palestinos y palestinas pueden comer, estudiar, ir al médico o recibir un salario a cambio de su trabajo gracias a la UNRWA. Además, hay otros dos millones de refugiados palestinos posteriores a la creación de la UNRWA (en la máquina de generar refugiados que es Israel hasta la actualidad) que no están registrados en la agencia por la rígida normativa interna con que se creó este organismo, aunque algunos reciben sus servicios. De esta forma, el total de población refugiada y desplazada palestina está cerca de 8 millones, tal como señala el observatorio para los refugiados palestinos BADIL. Esto la convierte en la población desplazada forzosa más grande y antigua del mundo.
Y esos millones de personas palestinas deberían estar legalmente viviendo desde hace décadas en su Palestina pre-1948, lo que hoy se llama Israel. Este derecho inalienable de que regresen a sus hogares en Israel lo reconoce hasta Human Rights Watch, que a veces no es de las ONG más críticas con EEUU. Esta es la piedra angular, la cuestión demográfica palestina que aterra a Tel Aviv y Washington y que obstaculiza su pretensión de un racista y puro estado religioso judío.
Dado que el régimen de Israel se ha negado desde entonces a acatar la legislación internacional bajo total impunidad al no aceptar el retorno de los millones de refugiados palestinos a su territorio, la UNRWA ha tenido que ser prorrogada en sus funciones por la Asamblea General de la ONU durante estas décadas, y estar obligada a mendigar anualmente su financiación a los países donantes, que voluntariamente acceden, o no. Con el transcurso de las décadas, la cuestión palestina para mucha gente se ha convertido en un sinónimo de “refugiados perennes” de los que no se conocen muy bien los motivos de su situación, pues esos motivos de legalidad internacional incumplida están escondidos en la ocultación de la historia por la narrativa dominante israelí en los medios de comunicación y gobiernos occidentales.
El enorme peso de las ONG sustituye al derecho internacional y distorsiona la política palestina
En estos 70 años se ha pasado de la pasividad occidental en la exigencia a Israel, a directamente intentar borrar de la memoria cuál fue el origen de los refugiados palestinos, de la propia UNRWA o de la legalidad incumplida que les ampara. Esto ha ido distorsionando la solución del problema, pasando de una cuestión puramente política a un falso marco exclusivamente humanitario en el que la UNRWA y multitud de ONG’s (con los objetivos y programas que deciden sus donantes) provocan una situación de dependencia que debilita las perspectivas políticas palestinas e intentan desactivar la resistencia en su tierra frente al ocupante israelí.
Porque este lavado de la mala conciencia occidental por medio del dinero no se hace inocentemente. Por un lado, la permanente carga económica sin querer recordar las causas de la situación hace que los países europeos y EEUU poco a poco intentan quitarse de encima su culpa en la catástrofe de la partición de Palestina y traspasar la responsabilidad de la atención humanitaria a los países árabes, especialmente a las ricas monarquías feudales. Por otro lado, otras organizaciones de ayuda que operan en Palestina, como USAID, exigen cláusulas políticas a los palestinos para poder acceder a sus programas o directamente sus fondos sirven para asfaltar carreteras de las colonias ilegales israelíes. Por último, desde la firma 25 años atrás de los Acuerdos de Oslo -hace tiempo muertos- y la creación de una virtualidad de Autoridad Palestina también subvencionada por occidente, se presiona para que sea este órgano palestino el que asuma la atención a los refugiados y refugiadas.
La población palestina es muy agradecida, pero no necesita la caridad impuesta por occidente, una caridad que a su vez llega acompañada de reproches o coacciones políticas por los países donantes, como el “Plan de Paz” o de claudicación descrito más arriba. A Palestina y sus personas refugiadas les basta con la aplicación del derecho internacional que las potencias no han querido o no se han atrevido a ejecutar por no enfrentarse al poder de Israel en la sombra de los gobiernos occidentales.
Borrar las pruebas: la existencia de la UNRWA es un permanente recuerdo de la limpieza étnica por Israel hace 70 años
La posición de Israel no se ha limitado al desacato a la ley internacional. Su objetivo histórico ha sido hacer desaparecer físicamente la UNRWA por distintas vías para intentar borrar una de las pruebas de los crímenes contra la humanidad cometidos en su limpieza étnica de Palestina en 1948: la “Nakba” en su término palestino.
Los registros de la UNRWA de cada persona refugiada son una prueba de cargo, o los mapas de las ONG como la israelí Zochrot, así que para Israel sería una gran noticia que los refugiados palestinos pasaran a depender de ACNUR, como si un terremoto o un huracán los hubiera generado en lugar de la ejecución hace 70 años de una acción contraria al derecho internacional por las fuerzas sionistas.
Dado que Israel no ha conseguido hacer desaparecer la UNRWA, ha buscado otras estrategias. Desde obstaculizar su trabajo, bombardear sus escuelas y hospitales, o conseguir por ley que el Senado de EEUU sólo considere refugiados palestinos a los supervivientes de 1948 y no a sus descendientes, de tal forma que la cuestión desaparezca con el fallecimiento de esas personas. El recorte financiero de Trump, con el gobierno norteamericano más sionista de la historia, no sólo busca doblegar a Palestina, sino también apoyar el objetivo israelí de hacer desaparecer la UNRWA.
El castigo colectivo a la población palestina no la doblegará en la exigencia de sus derechos
Y mientras Israel sigue desplegando sus discursos victimistas en la propia ONU, apelando incluso a los Derechos Humanos, sobre el terreno tenemos la ejecución de un permanente castigo colectivo a la población palestina que sí es una violación de los Derechos Humanos. El 75% de los 2 millones de habitantes de Gaza es refugiada y depende de la UNRWA. Gaza, como el campo de concentración más grande de la historia, ya es inhabitable con cuatro horas de electricidad al día y el 90% del agua contaminada. Imaginemos que además 1,5 millones de personas dentro del campo de confinamiento de Gaza no reciban a partir de ahora alimentos o medicinas por la falta de fondos de UNRWA.
Por el contrario, desde el lado palestino, siempre se han manifestado las carencias en el funcionamiento de la agencia y se ha exigido que se reforme la UNRWA, ampliando sus capacidades a la protección legal y protección de seguridad, la expansión de su asistencia a otros países en los que también hay refugiados más allá de las zonas que tiene asignadas (Cisjordania, Gaza, Libano, Siria y Jordania), la ampliación a desplazados palestinos dentro de Israel (400.000) y la asignación de presupuestos fijos anuales y no voluntarios.
La población palestina lleva 70 años soportando castigos colectivos. Uno más no va a doblegar su exigencia de justicia. Y lo que desea Palestina de verdad es que la UNRWA finalice su misión de forma natural porque se dé cumplimiento al mandato internacional: que la población refugiada palestina regrese a sus hogares en su tierra. Es un derecho irrenunciable que se cumplirá antes o después.
Daniel Lobato, Activista por Palestina y Oriente Medio
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=237881
