En la serie de asesinatos de líderes sociales en Colombia han comenzado a destacarse, cada vez con más frecuencia, los líderes ambientales.
El último caso fue el de María Yolanda Maturana, defensora ambiental asesinada el pasado 1 de febrero en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), fronterizo con Chocó.
El caso lo denunció la misma Defensoría del Pueblo, pues el trabajo de Maturana era reconocido tanto en las entidades regionales como en organizaciones ambientales importantes como el Instituto Humboldt.
Con el caso de Maturana ya son 74 los líderes sociales asesinados desde la implementación del Acuerdo de paz con las Farc –diciembre de 2016 –. Aunque por la campaña electoral se ha hecho más visible la violencia contra los líderes políticos en las regiones, lo cierto es que las comunidades que habitan en zonas rurales codiciadas por grupos armados temen que justamente en este periodo la violencia se extienda en contra de los defensores ambientales.
Este temor es justificado si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el último reporte de Global Witness, organización que reporta la violencia contra líderes ambientales en el mundo, en el transcurso de 2017 fueron asesinadas 197 personas que defendían el medio ambiente.
De ese total de casos, 32 ocurrieron en Colombia, lo que ubica al país como el tercer país más peligroso para defender las causas ambientales, detrás de Brasil, con 46 asesinatos, y Filipinas, con 41.
En la historia de Yolanda Maturana se pueden leer diferentes elementos que demuestran que ser defensora ambiental en Colombia, en efecto, representa un riesgo.
Durante los últimas tres décadas, su voz fue una de las más fuertes en Pueblo Rico, Risaralda.
Por un lado, como nos comentó Jaime Gutiérrez, risaraldense y presidente de las juntas de acción comunal de Colombia, “ella pertenecía a la Junta de Acción Comunal (JAC) desde muy joven, siempre al servicio de las necesidades de las comunidades, por eso denunciaba la destrucción del medio ambiente y el crecimiento de las sustancias psicoactivas en la región”.
En diciembre pasado, Gutiérrez habló telefónicamente con Maturana: “Ella me contó que su vida estaba en riesgo por amenazas.
Yo le expliqué el camino a seguir, aunque ella, como muchos de nosotros, no confiaba en las instituciones del Estado.
Es muy difícil saber quién estaba detrás de estas amenazas, pues en la región se ha visto presencia tanto del Clan del Golfo como de la guerrilla del ELN”.
Aunque el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, dijo que la mujer no había recibido amenazas y que el territorio donde ella trabajaba no estaba en riesgo, Fredy Plaza, exdefensor regional del Pueblo, nos contó que en la zona denuncian constantemente la presencia de grupos al margen de la Ley: “
Allá hay grupos que intimidan a la comunidad, las autoridades lo niegan, pero los indígenas y los afros llevan años advirtiendo sobre personas encapuchadas que están causando daño.
Grupos que se dedican a la extorsión y al microtráfico, por ejemplo .
Mal haría yo en decirle qué grupo es porque no sé, pero lo cierto es que son personas encapuchadas que se dedican a las actividades ilícitas.
En esa zona es predominante la minería ilegal”.
Una persona que conoció de cerca el trabajo de Maturana –nos pidió mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad – nos contó que el trabajo de ella como defensora ambiental comenzó a ser visible entre los años 1995 y 1996.
“Ella representaba un grupo muy interesado en proteger la fauna.
Cuando el Alto Murrapá fue declarado como área protegida, ella recibió capacitaciones en protección de fauna, como monitoreo de especies, uso de GPS, etc.
Después trabajó entregando cartillas ambientales en las escuelas y como guía investigadora.
La verdad es muy raro lo de su asesinato, pues para ella lo más importante era sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la fauna en el corregimiento de Santa Cecilia, donde vivía”.
Generar conciencia ambiental en los límites fronterizos entre Risaralda y Chocó no es una tarea fácil.
Así lo explica Ernesto Ramírez, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba): “Ser defensor ambiental en estas zonas es supremamente difícil porque implica trabajar en medio de los actores armados ilegales, de los terratenientes y los traficantes de drogas.
Tanto la minería ilegal como los monocultivos y la extracción de madera son fuente de ingresos para esos grupos.
Grupos armados como paramilitares y ELN están en la zona y claro, persiguen a la población civil.
Cada uno quiere un beneficio en particular, y el defensor ambiental queda en el medio”.
El posconflicto: una guerra por la tierra Uno de los puntos que desarrolla el informe de Global Witness es el posconflicto en Colombia y el riesgo que este puede representar para los líderes ambientales.
“Colombia sufrió 32 asesinatos, en buena medida por un incremento en los conflictos de tierra después de que se firmara el Acuerdo de la Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, grupo que dejó un vacío de poder en zonas ambientalmente estratégicas”.
Incluso, en el informe aparece destacado el caso de Emilsen Manyoma, asesinada el 17 de enero de 2017. Monyoma fue asesinada en Buenaventura, donde dirigía la red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz), una organización que defiende los derechos de indígenas, campesinos y afrodescendientes.
En 2005, por ejemplo, denunció la incursión paramilitar en el puerto.
Existen otros casos, como el de Alberto Suárez Osorio, líder ambiental de la Fundación Colibrí, en Antioquia, asesinado el 24 de enero de 2017 en el municipio de Jardín.
En el transcurso de 2017, como ha sido documentado, varias regiones del país en donde las Farc impartían normas ambientales han venido sufriendo un proceso acelerado de degradación.
Tales son los casos de deforestación en Caquetá, Meta, Guaviare y Chocó, por ejemplo.
Existen algunos ejemplos específicos, como la protección en la región del río Duda, Meta o el avance en la deforestación que hoy se registra en el municipio San Vicente del Caguán, Caquetá.
En Colombia, como en el mundo, la situación sigue siendo crítica.
Según Ben Leather, defensor senior de Global Witness,“ solo hasta que las comunidades sean genuinamente incluidasen las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, aquellos que hablen y denuncien, continuarán enfrentandose con acoso, encarcelamiento y amenaza de muerte”.
