Con 19% de pobreza endémica, 10% de desempleo abierto y 40% de empleo informal, y una economía estancada que soporta las tarifas eléctricas más altas de la región, Costa Rica rechaza $1.000 millones en inversiones en proyectos de energías limpias.
Mientras tanto, la burocracia de las empresas estatales se sigue recetando remuneraciones de primer mundo, y continúa resguardando sus privilegios tras conceptos desarrollistas cepalinos de mitad del siglo pasado, tan fuera de lugar hoy día.
Porque Costa Rica no tiene la capacidad de inversión ni el know how necesario para el desarrollo propio de proyectos de energía renovable de última generación, aun cuando tiene todas las condiciones primarias necesarias: sol, viento, energía termal.
La empresa estatal que detenta el monopolio de la producción de energía, el instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se jacta de que la energía que consume el país proviene en su mayor porcentaje de fuentes renovables, lo que apuntala la imagen de Costa Rica como líder en protección del ambiente, pero no pregona -por supuesto- que el precio al consumidor de esa energía limpia es el más caro de Centroamérica.
Y la paradoja medioambiental es que el peso de tan altas tarifas no solo afecta directamente la competitividad de la economía costarricense al aumentar los costos de producción, sino que desfavorece la sustitución de la energía proveniente del petróleo por las limpias, tanto en el parque automotor como en el sector industrial.
Así como la ruptura en 2010 del monopolio en telecomunicaciones impulsó notablemente el desarrollo de ese sector -que estaba estancado- la liberalización del mercado de la energía significaría un fuerte impulso para la economía costarricense, a atraer las fuertes inversiones necesarias, con la generación consiguiente de empleo genuino, y finalmente, con el aumento de la competitividad país por disminución de costos de producción.
Lo dice la misma agencia de promoción de inversiones de Costa Rica, CINDE: "En los últimos cinco años, Costa Rica dejó de recibir más de $1.000 millones en inversión extranjera directa de parte de empresas interesadas en instalar plantas de electricidad renovables (fuentes eólica y solar) por límites legales al tamaño de esas instalaciones.
El modelo actual no permite que un inversionista venga y gaste $100 millones en una planta solar y vender energía a clientes.
La ley se lo impide. En Costa Rica se impide a inversores privados construir plantas de generación con fuentes limpias de más de 50 Megavatios (MW) de capacidad."
https://www.centralamericadata.com/es/article/main/Costa_Rica_El_lujo_de_la_miseria?u=707cf5a9a12fe8804a30cf93223e15f7&s=n&e=2&mid=[MESSAGEID]
