Inició una política de desmantelamiento del agro, que se profundiza con la política económica neoliberal
Desde el inicio de la República se plantea la tesis del desigual crecimiento de los sectores económicos, donde los sectores productivos son marginados, producto de la promoción del papel de tránsito asignada por la economía mundial a nuestro país.
En reiteradas ocasiones he manifestado que, a partir de la década del setenta, inició una política de desmantelamiento del agro, que se profundiza con la política económica neoliberal que pregona el aperturismo económico, favoreciendo a los sectores transnacionales.
Es decir, para entender por qué el campo panameño está en este escenario actual de precariedad, hay que remitirse al cambio de modelo de crecimiento económico por el que optaron los Gobiernos desde 1979 a la fecha, aceptando la imposición de los organismos de crédito internacional (FMI y BM).
Hoy, el campo panameño enfrenta una severa crisis.
Por lo menos desde hace varias décadas y en el marco de los cambios políticos y económicos relacionados a la inserción de Panamá en la globalización neoliberal, en el campo ha aumento de manera constante la pobreza (de la población rural el 54 % vive en situación de pobreza y uno de cada cinco en extrema pobreza), hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales (el 30 % de la población panameña vive en el área rural, con una tendencia decreciente).
Así mismo se observa un severo decaimiento de la producción de alimentos y de forma paralela una disminución sostenida de la cantidad de empleos agropecuario (en este sector el salario mínimo es inferior al costo de la canasta básica de alimentos).
Con la incorporación de Panamá a la OMC y la firma de tratados de libre comercio que favorecen a las grandes multinacionales, a los comerciantes y perjudican a los productores nacionales, se incrementa la exclusión social.
Prefieren importar los alimentos a producirlos en el país.
El área de producción agropecuaria disminuyó en la última década en 71 mil hectáreas, no hay política de estímulo a la producción. Es decir, se compromete la seguridad y soberanía alimentaria.
Una política dirigida a la destrucción del agro, avalada por los Gobiernos, la partidocracia y sectores empresariales.
Derivado de un proceso de abandono oficial del agro, ya con un severo y estructural deterioro, este sector productivo no aportaba mucho al producto interno bruto (su contribución es menor al 10 %).
Dado este panorama, no resultan sorprendentes las declaraciones de la FAO en torno a su preocupación en cuanto a que ‘si no se desarrollan las zonas rurales de Panamá la migración hacia la capital va a seguir creciendo, los campos se van a quedar vacíos y se va a comprometer la seguridad alimentaria del país’.
Tal como señala la FAO, la migración rural en Panamá es forzada, en su mayoría obedece a causas económicas.
Ello lo advertimos cuando evidenciamos que la edad promedio de los productores panameños sobrepasa los 45 años de edad. Igualmente, indicamos que el 25 % de los bienes que conforman la canasta básica de alimentos es importado.
No obstante, frente a esta situación de clara adversidad, diversas organizaciones de campesinos e indígenas han hecho y hacen frente a estos embates mediante diversas estrategias como la acción social y la protesta en defensa del territorio y sus propios modos de vida.
Para el Frente Amplio por la Democracia es necesario incentivar la producción agropecuaria y de alimentos, a través de una política integral, que permita bajas tasas de interés de los préstamos, asesoría técnica, suministro de insumos (incluyendo semillas) y de apoyo en equipamiento, principalmente al pequeño y mediano productor, entre otras.
Igualmente, es indispensable adoptar medidas para disminuir el costo de los insumos agropecuarios.
Genaro López
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
