Las 5 horas y 10 minutos que duraron las interrogaciones realizadas por el juez Sergio Moro a Lula, más allá de significar casi el doble de tiempo promedio utilizado para otros convocados, terminó evidenciado de forma clara la naturaleza del objetivo perseguido: desmoralizar ao vivo a quien por primera vez tenía frente a frente, con una lista llamativamente extensa de preguntas, vinculadas en su mayoría con cuestiones que no tenían que ver con el objeto de la acusación –como la numerosa serie de interrogaciones referidas al Partido dos Trabalhadores- o bien insistiendo con la mención hacia su reciente fallecida esposa –“beneficiada por ser la esposa del presidente”, como se le escapó en un momento al Juez- lo que motivó en más de una oportunidad la queja formal de los abogados y, llegado el caso, cierto tono severo del propio Lula.
Una interrogación completamente desvirtuada, en sintonía con una Investigación Lava-Jato repleta de desviaciones procedimentales y alteraciones a un debido proceso; como afirmó el propio Lula ese día: “un juzgamiento hecho por y para la prensa”.
Lula y la investigación Lava Jato
La investigación Lava Jato, comenzada en el 2014, constituye uno de los principales capítulos de la historia judicial brasileña y la más impactante desde el punto de vista de la cobertura mediática. Todos los días surge una nueva escena para su novelización
. E incluso si el acto no rinde suficientes efectos – como lo fue precisamente la declaración de Lula de la semana pasada, de la que no pudieron desprenderse demasiados elementos- debe aparecer rápido un elemento que lo sustituya, como la declaración del ex publicista del Partido dos Trabalhadores, Joao Santana, del día siguiente.
Los medios de comunicación como parte de la investigación, con intereses propios en el escenario creado por sus efectos.
Una “presencia” de los medios de comunicación que figura, inclusive, desde un punto de vista conceptual, en la opción punitiva que dice seguir el Juez Sergio Moro –absorbida, dicho sea de paso, en los numerosos viajes de “formación” en EEUU, tal como constan en el pasaporte del magistrado-.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que la investigación Lava Jato –en esa combinación entre Poder Judicial y medios de comunicación hegemónicos– ya ha logrado algunos resultados importantes: por un lado, generó la atmósfera social para que la autoridad presidencial de Dilma Rousseff se deshidratara en pocos meses, creando las condiciones para que prosperara un ilegítimo e ilegal juicio político en su contra; por otro lado, afectó la dinámica económica del país, por ejemplo, al devaluar como era de esperar a la propia compañía Petrobrás (que inició, ya en el Gobierno Temer, un desprendimiento nada despreciable de activos, reservas y otros recursos) o bien suspendiendo la actuación de las mega constructoras civiles (de peso y proyección regional), dejando el mapa económico a merced del ingreso de nuevos actores – extranjeros- en esos rubros sensibles.
Lo que llama la atención es la fijación con Lula de la investigación Lava Jato. Siendo que, hasta el momento, fueron realizados 1434 procedimientos judiciales, con 767 búsquedas y capturas; se dictaron 94 prisiones preventivas; se establecieron 183 pedidos de cooperación internacional –actualmente hay 130 pedidos activos en 33 países-; se hicieron 155 acuerdos de colaboración de arrepentidos firmados con personas físicas, y 10 acuerdos con empresas; se establecieron 61 acusaciones delictivas contra 269 personas; hubo 139 condenados; hay 10,3 mil millones de Reales que son objeto de recuperación por acuerdos de colaboración; etc.
Y sin embargo, frente a todo este volumen, lo único que importa es Lula; es lo único que cubren con gran detalle, precisión e insistencia los medios de comunicación.
El resto pareciera merecer destaque de segundo orden.
Una fijación que ha quedado muy evidente durante estas últimas semanas.
En ninguna de las 5 acciones penales en la que es investigado –tres correspondientes a Lava Jato y otras dos por tráfico de influencias (Zelotes y Janus)- la situación de Lula está comprometida desde un punto de vista de las pericias probatorias.
Pero lo que no estaba en el cálculo golpista es que el calendario electoral del 2018 se va acercando y la campaña desmoralizadora sobre Lula no estaría logrando marginalizarlo de la competencia, todo lo contrario.
Consecuencia ésta de dos trayectorias que se complementan: por un parte, la prácticamente nula aprobación que recibe el gobierno de M. Temer y sus círculos de sustentabilidad política; por la otra, una oxigenación de la consciencia de las clases trabajadoras brasileñas, perceptible en las masivas movilizaciones contra las reformas laborales y jubilatoria y en la huelga general de abril.
Consciencia política popular que se expresa, también, en un posicionamiento más definido del propio Lula: por ejemplo, de aquella aproximación armoniosa hacia la familia Marinho durante los primeros años de su primer mandato a este actual “quiero competir contra el candidato que O Globo coloque” hay un salto histórico bastante claro.
Es el que alimenta un poco la esperanza de las clases populares brasileñas, aturdidas como están entre tanta austeridad económica golpista y desfederalización política desordenada.
Es también el salto que lo transforma en el principal delincuente mediático.
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