20 de marzo de 2017

Argentina: Atentado a la embajada de Israel (1992)


A 25 años siguen mintiendo el número de muertos. 

¿Dónde están los siete que supuestamente faltan?

Desde un primer momento, los servicios secretos de Israel (y particularmente el de contrainteligencia, el Shin Beth, encargado de la seguridad del edificio) desviaron las investigaciones, apuntalando contra toda evidencia la falsa pista de la camioneta-bomba. Como cinco días antes se había sabido que el Gobierno tenía como huésped a Monzer al Kassar (que por entonces era el criminal más buscado por Interpol en todo el ancho mundo) el presidente Menem entró en pánico y se avino a todo lo que dichos servicios le pidieron. Hasta el punto de que, so pretexto de que la embajada era territorio israelí, le dejaron a sus agentes rescatar de entre los escombros y sacar del país en valija diplomática lo que les diera la gana, perdiéndose así evidencias irreemplazables. Sin embargo, no parece posible que entre las cosas que salieron así del país hayan estado cadáveres a cajón cerrado a los que no se les practicó autopsia. Y menos que menos, no un muerto sino siete. Es obvio que si hubiera habido 29 muertos y los de nacionalidad israelí hubieran sido 11 en lugar de haber sido apenas cuatro (todos empleados de nivel medio para abajo) Israel lo hubiera publicitado (además, difícilmente una cosa así pueda mantenerse en secreto). Conclusión, los muertos fueron solo 22, siendo la cifra 29 un mito urbano. Por cierto, muy exitoso: si lo gugleamos, veremos que las menciones a 29 muertos superan entre tres y cuatro veces a las que correctamente consignan 22. Y no se trata sólo de que hasta se haya hecho meter la pata hasta a la presidenta CFK, sino que hasta la propia Embajada de Israel se ha intoxicado con esa mentira surgida de las entrañas de sus propios servicios, y en la gacetilla en la que anunció los hipócritas actos que tendrán lugar mañana al conmemorarse un cuarto de siglo de la voladura, afirmó que los muertos fueron 29, pero que hay siete sin identificar. Una enormidad que debe ser aclarada oficialmente, puesto que si fuera así se trataría de cuerpos de presuntos ciudadanos israelíes que el propio Estado de Israel no habría identificado por motivos hasta ahora incomprensibles.

Yo tengo una hipótesis de por qué el Shin Beth infló desde un principio el número de muertos. Resulta que por la mañana de aquel aciago martes 17 de marzo de 1992, había en la embajada más de cien personas, acaso hasta 150. Pero pasado el mediodía el edificio comenzó a vaciarse, siendo los primeros en irse quienes debían custodiarlo, el servicio de bitajom (seguridad) a cargo de Roni Gorni, oficial del Shin Beth, que so pretexto de una reunión regional de agentes de ese servicio, se fueron al hotel Sheraton, dejándolo desguarnecido. Hasta el embajado Shefi fue llamado de urgencia para que se fuera a su casa. En un primer momento Shefi, ajeno a todo, estimó que los muertos no podían ser menos que cuarenta. Con el correr de las horas, la cifra descendió drásticamente. Al sostener que habían sido 29 y no 22 se intentó disimular que el edificio había sido vaciado adrede de todas las personas a las que el Shin Beth decidió conservarles la vida.

Les dejo primero el recorte de lo publicado ayer en la edición internacional de El País. Puse una fotografía y no el link, porque en la edición electrónica el dato destacado (“El número de víctimas fue confirmado por el tribunal en 1999, pero la embajada israelí habla de 29 muertos…”) fue extirpado.

Después lo publicado en http;//memoria.telam.com.ar anteayer.




El viernes habrá un acto por los 25 años del atentado a la Embajada de Israel 
Embajada de Israel: informan que hubo un total de 29 víctimas fatales, 7 sin identificar


TÉLAM, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA



Yuval Rotem

Con motivo de cumplirse 25 años del atentado aún impune contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y con la consigna #PazSinTerror, el próximo viernes se realizará un acto recordatorio en Arroyo y Suipacha, donde hasta el 17 de marzo de 1992 funcionó la sede diplomática israelí. Dicha campaña contra el terrorismo también formará parte de una muestra que será inaugurada el miércoles por la tarde en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Si bien los oradores todavía no fueron anunciados oficialmente, la conmemoración contará con la presencia de Yuval Rotem, director General de la Cancillería israelí y virtual segundo de Benjamín Netanyahu, quien además de primer ministro es canciller de su país. 

La información provista por la Embajada de Israel señala sorprendentemente que “hubo un total de 29 víctimas fatales, siete de las cuales no fueron identificadas”. Un misterio, puesto que tales cuerpos, de haber existido, habrían sido remitidos sin autopsia y a cajón cerrado hacia Israel, sin intervención de la Corte Suprema argentina, encargada de la investigación.

Yuval Rotem –informó la Embajada de Israel– fue el portavoz principal de la Misión Permanente de Israel ante las Naciones Unidas; asesor principal de políticas para el Proceso de Paz; jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores; Cónsul General de Israel en Los Ángeles; embajador de Israel en Australia y no residente en Nueva Zelanda, así como Director General Adjunto del Departamento de Diplomacia Pública. En octubre de 2016, después de su servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, fue nombrado director General de la Cancillería israelí.

El atentado que sigue impune y sin detenidos, provocó la muerte de al menos 22 personas en el barrio porteño de Retiro, según consta en la placa de homenaje situada en la plaza seca que se encuentra en el lugar dónde se erigía la bella casona dinamitada en la que se realizará el homenaje principal.

La mayoría de los familiares de víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, nucleadas en tres agrupaciones, Memoria Activa, Apemia y 18-J discrepan con el enfoque con que se realizan estos actos, en los que no participan.

Y es que la causa, declarada crimen de lesa humanidad por haber estado los asesinos supuestamente impulsados por el odio racial está virtualmente paralizada desde que la Corte Suprema de Justicia puso al secretario Esteban Canevari al frente de las investigaciones en agosto de 1997.

Hasta el punto de que a comienzos de marzo de 2015 el presidente de la Corte Suprema declaró erróneamente que “Hubo sentencia y es cosa juzgada”, de lo cual debió luego rectificarse.

La conmemoración comenzará el jueves 16 a las 19.30, cuando la juventud de la AMIA iniciará una vigilia para “mantener vivo el reclamo de justicia y transmitirlo a las nuevas generaciones”.

Continuará el viernes por la mañana con un encuentro en la Legislatura porteña por el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del atentado.

Posteriormente, a las 14, tendrá lugar el acto central del que participarán autoridades, heridos por el bombazo, familiares de algunas víctimas mortales, tanto argentinas como israelíes. Éstos viajarán especialmente para participar del homenaje.

Para recordar el luctuoso hecho contra la legación diplomática pero que también afectó un hogar de ancianos, una escuela y edificios vecinos como la Parroquia Madre Admirable, el gobierno israelí lanzó una campaña que incluye un material multimedia, bajo el lema de “25 años después, todos decimos #PazSinTerror”.

Se trata de un video producido por la agencia Basevich Crea, quien pidió a los participantes que pongan una mano con la típica señal de freno y la otra haciendo la “V” de la victoria.

Entre las figuras que participan están el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; artistas como Oscar Martínez, Adrián Suar; periodistas como Luis Novaresio, Gonzalo Bonadeo, Débora Pláger, Jonathan Viale, Gerardo Rozín; Raúl Lavié; Florencia Otero, German Tripel y Ana María Cores.

La embajada de Israel en Buenos Aires dio a conocer un comunicado en el que indica que el argumento del video “no sólo representa una posición de aval a la paz y rechazo al terrorismo, sino que obra como una referencia al número dos y cinco, por los 25 años transcurridos desde el salvaje atentado”.

Asimismo, la Embajada de Israel y la Legislatura porteña editaron en forma conjunta el libro “Paz Sin Terror”, que tiene como destino las escuelas públicas primarias y secundarias de toda la Ciudad.

El libro cuenta con textos de diversas personalidades pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, la política, la iglesia, la diplomacia y el periodismo.


1. Bisordi y Fayt se dieron cuenta de cual era la treta

La hipocresía de la ceremonia de conmemoración del bombazo que destruyó la Embajada de Israel en 1992, hace 24 años, me resulta insoportable.

Identificar y detener a los autores de la voladura y asesinos de veintidós personas hubiera sido muy fácil si no hubieran metido la cola los servicios secretos de Israel, Argentina y los Estados Unidos.

Transcribiré en cuatro entregas sucesivas un capítulo de mi libro “Caso Nisman: Secretos inconfesables”.

Como verán, cualquiera, hasta el más distraído, puede colegir cómo se puso la bomba. Descubrirlo, se me antoja, es más fácil no digo que la tabla del dos, pero sí que la del tres. JS
La Treta 


Facho Bisordi, un papel inesperado.

Veintiocho meses antes que lo de la AMIA, una bomba demolió la Embajada de Israel, en la calle Arroyo 910-16. El embajador Isaac Shafi, que se había ido a su casa una hora y cuarto antes calculó a ojo que deberían haber muerto más de cuarenta personas.

El número iría disminuyendo con el correr de las horas hasta fijarse en 29 muertos, cifra que todavía suele darse hoy.

A ojos vista –la fachada se había derrumbado sobre la calle– la sede diplomática parecía haber sufrido una explosión interna, lo que lo medios llamaron inapropiadamente “implosión”, pero el embajador, aleccionado por el jefe de seguridad de la Embajada –que a la hora del atentado se encontraba con la mayoría de sus hombres en el Hotel Sheraton– lanzaron las campanas al vuelo esa misma tarde: se había tratado del ataque de un vehículo-bomba, aseguraron sin decir por qué, casi al mismo tiempo que los Bomberos de la Policía Federal comenzaron a aportar algunas piezas de vehículos que aunque no quedaba claro cómo y dónde las habían encontrado -ya que no se habían confeccionado la preceptivas actas con testigos ajenos a la repartición–, rápidamente pudo establecerse que habían integrado un móvil de la marca Ford, aunque no estaba claro si se había tratado de un Falcon, un Fairlane –como dijo primeramente un dubitativo ministro (del Interior, José Luis) Manzano, o ambos modelos, hasta que por fin los propios bomberos, gracias al hallazgo diríase que casi milagroso del block del motor, revelaron que se trataba de una camioneta F-100.

Como se trataba formalmente de un territorio extranjero, la causa quedó automáticamente a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por el anciano Ricardo Levene (h), quien encargó de las diligencias sobre el terreno a la Gendarmería Nacional y la investigación propiamente dicha al secretario Alfredo Bisordi. Con el correr de los días, las víctimas mortales fueron reduciéndose hasta 22, de los que sólo 4 tenían la nacionalidad israelí, siendo las demás argentinas, bolivianas, y también hubo un paraguayo, un uruguayo y un italiano.

Israel no dejó que la Corte, no digamos ya que ordenara la autopsia de los cadáveres de sus nacionales, sino siquiera que los fotografiaran, evacuándolos rápidamente rumbo a su país, como quien dice “en valija diplomática”.

Al inagurar formalmente las sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le reprochó ácidamente a Israel (y, de rebote, a los dirigentes de la kehilá) su absoluta inacción en esta causa a la par que vertían lágrimas de cocodrilo, quejándose por el empantanamiento de la misma.

 En esta ocasión, CFK cifró la cantidad de muertos nuevamente en 29. No es de extrañar, porque lo mismo hicieron medios sionistas (Itongadol/AJN) al convocar a los actos de conmemoración del 23º aniversario del bombazo: “El próximo martes 17 de marzo será el 23er aniversario del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina (foto), en el cual murieron 29 personas -solo 22 de ellas fueron identificadas- y más de 200 resultaron heridas…”.

¿Qué puede esperarse de la investigación de un acto terrorista que ni siquiera pudo establecer una mínima certeza acerca de cuantas personas murieron?

El hecho de que hayan muerto sólo cuatro israelíes, y ninguno con un cargo relevante, no deja de sorprender. La bomba explotó el martes 17 de marzo de 1992 a eso de las 14:46 y esa mañana el coqueto petit hotel que servía de sede legación diplomática estaba repleto de gentes bulliciosas.

Aquel martes era un hermoso día de fines de verano. Hacía cinco días que la embajada de Gran Bretaña había hecho pública la presencia en Argentina del traficante sirio Monzer Al Kassar, entonces el hombre más requerido por Interpol en todo el planeta, quien, sintiéndose en casa, igualmente ofreció esa noche luctuosa una festiva recepción a sus amigos en el piso que tenía en la Avenida del Libertador.

La presencia de Al Kassar había hecho recrudecer las presiones de la Embajada de los Estados Unidos sobre el gobierno argentino por las condiciones de seguridad (es decir, por el control) del aeropuerto de Ezeiza, que estaba en manos del todavía muy misterioso Alfredo Yabrán, conocido como “El Amarillo” por el color distintivo de la única empresa que reconocía como propia, OCASA.

De todas las crónicas de aquel día, hubo una sobresaliente, hecha por José Antonio Díaz y publicada en las dos últimas dos páginas del número especial de la revista Gente aparecido el jueves 19 de marzo, dedicado enteramente al atentado. Llevó el título de “¿Qué pasó?

¿Por qué? ¿Quién fue?” y la siguiente bajada:”De los peritos policiales: ‘El cráter de la explosión está dentro de la embajada’. Lo que dijo el presidente Menem. Las hipótesis de la CIA. El misteriosos almuerzo con tres enviados israelíes. Las tesis contradictorias.”.

Arrancó así: “ltzhak Shefi se apresuró en afirmar la teoría del coche bomba, apenas una hora y media después del atentado… Eran aproximadamente las 16 y 10”. Díaz dijo que el ministro José Luis Manzano y el jefe de la Policía Federal, Jorge Luis Passero, miraban a Shefi con estupor, asombrados por “esta casi instantánea versión”. No era para menos, Passero acababa de decirle a los periodistas, que de acuerdo a lo que le había informado el jefe de los bomberos, la explosíon se había producido en el interior de la embajada. Y Manzano, como se verá, ya había ordenado que se identificara y detuviera a quienes esa mañana habían ingresado materiales de construcción al edificio.

Díaz lo narró así: “El cráter causado por la explosión estaba en el interior de la embajada, a unos metros de la acera. Presuntamente, el efecto expansivo de un coche-bomba hecho detonar frente a la casa no podría a ‘agujerear’ de tal modo el interior de la sede.

“Shefi había sido alertado, según él, por el personal de la propia representación diplomática. Se retiró a la una y media de la tarde anunciando que no regresaría. Ni siquiera para participar en los postres de un almuerzo… ofrecido… a tres enviados importantes vinculados al conflicto palestino-israelí (que) abandonaron el edificio de la embajada cerca de las 14 y 30. Unos quince minutos antes del feroz estallido”, siguió narrando.

“Junto con las hipótesis de un estallido interno, mediante una filtración en el sistema de seguridad de la embajada de Israel en Buenos Aires, y la del coche-bomba, una tercera fue lanzada por hombres de inteligencia de la Policía Federal que intentaban demostrar que nada se sabrá sobre los autores y móviles del atentado: “Los autores son conocidos, y si se quiere los pueden capturar. Son argentinos, nazis, vinculados a una campaña internacional de atentados terroristas, bajo las órdenes del extranjero: cobraron 250 mil dólares…”, continuó escribiendo febrilmente contrarreloj Díaz.
Versiones

Desde un primer momento hubo quienes echaron a rodar versiones maliciosas, como que lo que había estallado había sido un arsenal que se guardaba en los sótanos del edificio e incluso, por más descabellado que parezca, la cabeza de uno de los misiles Cóndor II desactivados bajo intensa presión de los Estados Unidos e Israel. “Dadme una pizca de jabón y os haré una montaña de espuma”, parece ser el principio rector de los fabricantes de bulos. En este caso la pizca de jabón es que no cabe duda de que en la Embajada se negociaba todo tipo de venta de armamentos. Sin ir más lejos, la misma mañana del 17-M el general israelí Jehuda Duvdevani recibió en su despacho de la sede diplomática al comisario general (R) Jorge Silvio Adeodato Colotto para cerrar una operación. Colotto había sido el segundo del asesinado (en 1975) comisario general Alberto Villar, simultáneamente jefe de la Policía Federal y de escuadras nocturnas de sicarios de la Triple A (la llamada Alianza Anticomunista Argentina que mató a cerca de mil opositores antes del golpe cívico-militar-eclesiástico de marzo de 1976) y fue luego amigo y socio del ex almirante Emilio Eduardo Massera en sus negocios de armas. (1)

No sólo Colotto, también Dudvevani se fue oportunamente de la sede diplomática al mediodía, con lo que salvó la vida.

Tres meses más tarde, el subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Mario Cándido Díaz, prendería en la pechera del uniforme de Dudvevani la Orden de Mayo, la más alta condecoración que otorga el Ejército argentino a extranjeros.
En primera persona: Bisordi

Cuando en 2002 murió quien había sido hasta 1995 el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Levene (h), Clarín recordó que “Las críticas de la comunidad judía por la falta de resultados en la investigación sobre el atentado contra la Embajada de Israel, que estaba a su cargo, precipitaron su salida del tribunal”.

Levene había dejado la investigación del atentado en manos del secretario penal de la Corte, Alfredo Bisordi, un confeso partidario de la dictadura en general y del general Jorge Rafael Videla en particular, quien en 1987 se había prestado a secundar al fiscal Juan Martín “El Potro” Romero Victorica en un intento de persecución judicial a quien escribe. ¿El motivo? Que había puesto en evidencia que Romero Victorica había utilizado cartas supuestamente escritas por un detenido-desaparecido (que obviamente no podía desmentir su autenticidad) y en realidad pergeñadas por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) para incriminar a un sobreviviente de la ESMA, Alberto Eduardo “Mateo” Girondo.

Con el concurso del juez Carlos Luft, Romero Victorica y Bisordi pretendían nada menos que vincularme… con el secuestro de los hermanos Born.

Viene a cuento esta digresión para dejar sentado que no tengo ningún punto de contacto con la ideología de Bisordi. No obstante y a pesar de su talante reaccionario, Bisordi, justo es decir, también tenía la reputación de ser incorruptible.

El 5 de marzo de 2002, Bisordi declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación y cuatro días después la revista Noticias publicó una entrevista que probablemente hubiera dado ese mismo día.

Bisordi dejó la investigación del atentado el 22 de diciembre de 1992, cuando lo ascendieron a miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, quitándolo del medio. Antes había tenido una serie de encontronazos con la Policía Federal (y en menor medida, con la SIDE) y había sufrido una intensa campaña de Clarín y sus aliados pidiendo su remoción.

A Noticias, Bisordi le recordó tanto las maratónicas reuniones entre Levene, los ministros del Interior, José Luis Manzano, y de Justicia, León Arslanian, con el secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, y como a todos les quemaba la investigación (“Levene se reunía con ellos y después venía y me decía como debía ‘proyectar los escritos”), así como que desde abril lo habían entornado nombrándole dos colaboradores de turbios antecedentes: “Vinieron a colaborar con la investigación los doctores (Diego Ignacio) Richards y (Esteban) Canevari porque habían tenido un incidente con la doctora (María Romilda) Servini de Cubría, que los había echado de su juzgado”.

Ante los diputados, Bisordi recordó que “intervino la comisaría 15ª a cargo del comisario (Alberto) Meni Battaglia, quien me dijo que le había llamado la atención la presencia de un boina verde (comandos especiales de la US Army) de la Embajada de los Estados Unidos que le había ido a decir que en función de su experiencia en Medio Oriente estimaba que la explosión había sido adentro. Más tarde el comisario desmintió esos dichos, pero yo puedo carearme con él porque eso me lo dijo en la cara”.

El comisario Meni Battaglia recién sería citado a declarar por la Corte ¡en 1996! Al igual que los oficiales de la comisaría 15ª que habrían sido los primeros en llegar al lugar de la tragedia, Leopoldo Oyhambure y Guillermo Seartscini.

Bisordi también le dijo al semanario que además de boinas verdes (asi, en plural, lo escribió su entrevistador) también había habido marines entre quienes ayudaron a rescatar a los heridos, pero que nunca se los pudo identificar.

“Tomé contacto con las autoridades de la seccional policial y éstas me dijeron que el ministro del Interior, el doctor Manzano, había ordenado la detención de todas las personas vinculadas con la entrega de material de construcción (unos 90 m2 de cerámica, varios mingitorios y otros) en la sede diplomática (porque) tenía interés en saber si con los materiales habían ingresado los explosivos”. Estas directivas de Manzano iban a ser prontamente contrarrestadas cuando “a las 21.30 se hizo presente en la comisaría el jefe de seguridad de la Embajada, quien dijo llamarse Roni Gorni”. Bisordi le dijo a la revista que Gorni se negó a declarar, al igual que el restante personal sobreviviente de la embajada, alegando que gozaba de inmunidad diplomática (lo que para la mayoría de sus subordinados no era cierto).

El secretario de la Corte puntualizó frente a los diputados que en las listas de diplomáticos israelíes acreditados en el Ministerio de Relaciones Exteriores no figuraba prácticamente ninguna de las personas que realmente trabajaban en la Embajada. También les dijo que Roni Gorni “demostraba tener muy fluido contacto con las autoridades de la comisaría” y que fue él quien introdujo la teoría de que el atentado no debía ser investigado por el lado del ingreso de los materiales, sino por la hipótesis de la existencia de un coche-bomba. A partir de entonces, recordó, esa hipótesis también empezó a ser tenida en cuenta e investigada.

Uno de los que cambió de posición fue el ministro Manzano, que antes de que acabase aquel martes terrible dijo: “Apareció el cráter dejado por el coche-bomba en la calle, frente a la puerta de la Embajada”. Antes que él, ya lo dijimos, el embajador Shefi había proclamado su certeza de que el ataque había sido consumado con un vehículo-bomba.

Bisordi recordó que el secuestro del motor de una camioneta F-100 (de la que pedazos o partes se encontraron diseminados hasta a más de 200 metros del hieco de lo que había sido la Embajada, según los peritajes de la PFA y de la Gendarmería) se produjo en circunstancias que distaron de ser prístinas.

“En ese momento yo me encontraba presente en la comisaría y podía haber sido informado del secuestro de ese motor, cosa que no ocurrió. No existe acta del secuestro, solamente una fotografía dónde aparece el motor cortado a la altura del sexto cilindro, con la numeración completa. Luego hay un acta firmada solamente por los bomberos. Lamentablemente, pudieron haberme convocado para secuestrar el motor, pero no lo hicieron. Ignoro hasta el día de hoy por qué se procedió de esa manera… Por cierto, el vehículo no fue visto por nadie.”

Agregó seguidamente Bisordi que cuando le planteó esta situación a Levene, éste –tras reunirse con Anzorreguy, Manzano y Arslanian– decidió privilegiar la hipótesis de la pickup bomba.

En ese momento, el diputado Enrique Tanoni (PJ) le preguntó: “¿Dentro de la tecnología de seguridad del edificio ¿había algún sistema de grabación de video?”

— Sí, doctor. Ése es otro de los puntos…-, respondió Bisordi.

— ¿Se recuperó ese material?

— Eso se le preguntó expresamente (a la gente de la Embajada, es decir, a Roni Gorni y subordinados) y nos dijeron que lo único que hacían era filmar (sic) pero no grabar. A nosotros nos interesaba sobremanera, porque había cámaras que apuntaban hacia la parte externa… y debían haber grabado la camioneta F-100…

El periodista de Noticias le preguntó a Bisordi si los servicios de inteligencia extranjeros habían hecho algún aporte. “Nada. Ninguna prueba, ninguna pista. Recuerdo que me visitó un grupo del FBI. Uno de ellos me dijo: ‘Doctor, recuerde el asesinato de Kennedy: no me gustaría estar en sus zapatos…’. Lo tomé como una advertencia sobre cómo debía manejarme si aparecía una pista de una intervención militar encubierta de algún servicio de inteligencia internacional.”

Ante la Comisión, Bisordi quiso ilustrar con una anécdota, la índole de sus pleitos con la policía

–Un día llegué de improviso a la comisaría y me dijeron: ‘El comisario está tomándole declaración a un testigo clave”.

–Qué lástima que no me han avisado… Bueno, lléveme adonde está declarando– le dije al oficial.

El testigo estaba declarando que era taxista y que y que había llevado a unos pakistaníes desde la avenida Córdoba a un departamento de Boedo.

Le pregunté:

— ¿Cómo se llama usted?

— Israel Man.

— No me joda.

— ¿Por qué, doctor?

— ¿Así que se llama usted “el hombre de Israel” y es taxista? ¿En que guerra participó?

Se puso muy nervioso y me reconoció:

— Fui coronel en la Guerra de los Seis días.

Entonces yo le dije al comisario (Meni Battaglia):

— Mire comisario, yo esta clase de porquerías no las quiero.

Bisordi siguió explicando: “Ese señor ni era taxista ni había visto nada. Esta es una anécdota que muestra por qué en este asunto me he tenido que comer muchos injustos garrones; se dijo que no se hizo nada, se me acusó de nazi, etc.”.

Israel Man no estuvo solo. En mi libro “AMIA, El Atentado. Quienes son los autores y por qué no están presos” (Planeta, 1997) me referí a la falsa pista de los pakistaníes. Un taxista, julio Alberto Gallardo, había acudido al aeropuerto de Ezeiza para denunciar a dos “extranjeros con características similares a los naturales del Medio Oriente”.

Dijo que el 25 de febrero los había llevado hasta el edificio de la calle Bulnes 260 y agregó que estaba seguro de que iban al departamento del segundo piso “A” porque los morochos, que no hablaban una palabra en castellano, le habían dado un papel con la indicación de la calle, el número y dónde también constaba el departamento. ¡Curiosos terroristas los que dejan su destino por escrito!

Gallardo, ya que estaba en la faena de denunciar, y viendo en las oficinas de la Policía Aeronáutica afiches de “buscados” con los retratos de los alemanes Andrea Martina Klump y Thomas Simon, dos miembros de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), dijo también haber llevado a éstos hasta el centro de la ciudad. ¡Su taxi era como un imán para los terroristas!

Los pakistaníes fueron detenidos. Pero, como era de prever, esa pista no llevó a nada.

Por cierto, después del atentado a la AMIA, también los servicios secretos de Israel sembrarían pistas falsas, cortinas de humo para evitar que se pudiera establecer quiénes y cómo habían volado la mutual. En “El tercer atentado” (Sudamericana, 1996) Walter Goobar sugirió que el Mossad sabía perfectamente quienes habían sido: lo habrían averiguado luego de que el Mossad secuestrara, interrogara y al parecer ejecutara a “un ex alto oficial de la Brigada de Explosivos” de la policía de Córdoba apodado “El Loco de la bomba”, quién se habría perfeccionado en el oficio en un curso del Ejército de los Estados Unidos. Resultó obvio, como el mismo Goobar habría de reconocer, que su fuente eran los propios servicios secretos israelíes.

“Bisordi dice que hubo muchas desinteligencias con la Policía Federal y la SIDE”, copeteó Noticias antes de concederle la palabra: “Cuando secuestraron el motor de la camioneta F-100 lo hicieron sin acta de secuestro y con testigos de la misma policía. Yo les daba órdenes y ellos no las cumplían. De más está decir que ningún testigo vio esa supuesta camioneta. Pero, claro, había que seguir la pista que querían los funcionarios de la Embajada de Israel”, desgranó Bisordi.

Y ante los diputados, remató: “Los problemas que tuve con la policía están en los diarios… Toda esta campaña aparecía en el diario Clarín, no sé por qué pero siempre aparecía en el Clarín. Decían que había que echarme, pedir mi sustitución como secretario”.
El continuador




Carlos S. Fayt fue el miembro de la Corte Suprema más veterano y al mismo tiempo el más anciano que la haya integrado (fue ministro desde 1983 y tiene 98 años) y se encargó de la investigación del atentado desde la jubilación del presidente Ricardo Levene (h) en 1993, hasta el informe de 1999, un informe prácticamente final, en el que la Corte se doblegó a las dictados de la SIDE y de los servicios extranjeros de los que ésta hacía de franquicia, particularmente de la CIA y el Mossad, pero también del FBI (que repartía sus preferencia con la PFA) y en una simple acordada (que no en un fallo) atribuyó el ataque a una supuesta camioneta bomba tripulada por un miembro de una fantasmagórica “Yihad Islámica” que porque así loo decía un informe de la CIA, identificó con el Hezbolá libanés. Sin embargo, La Corte se resistió a acusar de instigación a la República Islámica de Irán.

Nada dijo tampoco acerca de que el supuesto comunicado de la “Yihad Islámica” difundido por un pequeño medio de Beirut había aseverado que en el ataque había muerto un kamikaze argentino convertido al Islam. Ni de que Hezbolá nunca había actuado fuera de Medio Oriente, ni reivindicado aquel nombre.

Desde entonces, nadie sabe que hizo el secretario especial nombrado por la Corte para proseguir las investigaciones, Esteban Canevari (que se sepa, nada), ni que revisión de la causa hizo otro secretario, José Luis Mandalunis, que en agosto de 2010 pasó a desempeñarse como secretario en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Misterio.

Consultado Mandalunis, respondió que “el informe que realicé para la Corte lo elevé a principios del 2006 a cada uno de los siete jueces que integraban el Tribunal. Como dejé de trabajar para la Corte en el año 2010 no tengo ningún ejemplar en mi poder pero entiendo que no se trata de un documento secreto y podrías pedirlo. No tengo ninguna información extra que la que dejé documentada en el informe referido y, por esa razón, además del tiempo transcurrido, y por no pertenecer ya a la Corte, no quiero ser entrevistado.”

Fayt llevó el peso de la investigación hasta que, luego de que expertos de que la Academia Nacional de Ingeniería dictaminaran que la explosión se había producido dentro del edificio y que el embajador Isaac Avirán lo acusara insólitamente de “antisemita”, la DAIA y la AMIA presentaron un supuesto testigo de la existencia de un cráter anegado de agua frente al lugar dónde había estado la puerta de la Embajada, contradiciendo a decenas de testigos de que tal cráter, al menos durante la tarde del aciago martes 17 de marzo y todo el miércoles 18, no había existido.

Tras discutir acremente con el arquitecto Mauricio Saúl, un técnico de Obras Sanitarias que muy tardíamente dijo haber acudido de inmediato al lugar de la tragedia, visto el cráter y cortado el flujo de agua que lo anegaba por rotura de un caño maestro, y todo indica que amenazado por la Embajada de Israel y los dirigentes de la DAIA con recusarlo, Fayt, de lejanos origenes socialistas y dispuesto a casi cualquier cosa con tal de no tener que dejar la Corte (pero del que casi nadie sabía que era hijo de mader judía) dio un giro de 180º.

A partir de entonces Fayt escribió todo un libro con el objetivo explícito de reconciliarse con los dirigentes de la colectividad. En el mismo, les recordó que el Congreso Judío Latinoamericano, con el consenso de veinte comunidades judías de la región, le había otorgado un premio por su labor en derechos humanos. Por si quedase alguna duda, Fayt tituló su libro, publicado por la Editorial Universitaria de La Plata a fines de 2001 “Criminalidad del terrorismo Sagrado. El Atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Informe a las veinte comunidades judías que autorizaron al Congreso Judío Latinoamericano a conferirme el Premio Derechos Humanos 1983”.

Sin embargo, pillo, Fayt se las ingenió en este texto para dejarles meridianamente claro a quienes lo objetaban y amenazaban que no eran ellos los que le perdonaban la vida, sino él quien se la perdonaba a ellos.

En el prólogo del libro, que lleva el título de “Crítica anticipada de la presente edición”, Jorge Naveiro, director de la Editorial Atlántida (campeona en materia de complicidad con la dictadura) arrancó señalando que “El atentado a la Embajada de Israel en la Argentina sembró y sigue sembrando multitud de preguntas, sospechas, suspicacias., hipótesis, acusaciones de todo tipo” particularmente la de “pasividad y/o inoperancia de la Corte” por lo que resultaba “muy oportuno” que uno de sus miembros presentara “un abundante informe de todo lo actuado por ese organismo”.

¿Con que objetivo? Para dejar claro, explicó Naveiro, que “hemos llegado hasta dónde es posible en este tipo de atentados. En todo el mundo libre (sic) las agencias de inteligencia y los gobiernos confiesan que ante el terrorismo internacional resulta dificilísimo, casi siempre imposible, llegar a esclarecer totalmente la verdad”.

Es decir, dijo que Fayt escribió el libro para justificar que no se haya identificado a los autores materiales del atentado, a todas luces locales.

En su afán de echar la pelota afuera, Naveiro señaló que “las 40 mil fojas que integran la causa no hacen sino demostrar el origen básicamente extremo (sic) del atentado y sus casi seguros (sic) inspiradores”.

Entiendo que el prologuista quiso decir “externo” y que admitió indirectamente que si no se determinó cómo y quienes demolieron el bello petit hotel en el que funcionaban la embajada y el consulado de Israel, menos se pueden tener certezas sobre quienes fueron los instigadores.

Al respecto, Fayt había sido secundado en todo momento por otro ministro de la Corte, Adolfo Vázquez, y ambos tenían cada vez más claro que la explosión había sido interna, y poco a poco iban convenciendo a sus compañeros.

Así lo advirtió el abogado de la DAIA, Rogelio Cichowolski, al presentar a fines de febrero de 1996 su “Segundo informe sobre el estado de las actuaciones judiciales por el atentado contra la Embajada de Israel”, un material inédito hasta la fecha.

“Estamos en condiciones de afirmar que la segunda tesis, la de la ‘implosión’, viene ganando importantes adhesiones, tanto entre los jueces como entre los funcionarios intervinientes en la Corte”, advirtió.

También señaló allí Cichowolsky que “Entre los múltiples hechos pendientes de dilucidación se encuentra el concerniente a la falta de guardia policial en el momento en que tuvo lugar el atentado. Recordemos que ninguno de los dos policías asignados a esa tarea se encontraban presentes en ese momento. No se han aportado a la causa razones fehacientes que permitan justificar esa ausencia, La Policía Federal no ha atendido el requerimiento judicial efectuado para que se acompañe a la causa los sumarios administrativos que sus autoridades manifiestan haber instruido”.

En marzo de 1997, Vazquéz habría dicho en una reunión del cuerpo que estaba claro que la Embajada había sufrido una explosión interna y que no podía descartarse a priori que el atentado no hubiese sido cometido por sectores de los servicios secretos de Israel opuestos a los acuerdos de Paz que estaban fraguándose en Madrid y en virtud de los cuáles el jefe de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, había dejado su exilio y fijado la sede de su protogobierno en la pequeña ciudad cisjordana de Ramalá.

Ya fuera porque había colocados micrófonos en la sala o porque hubo un infidente, los dichos de Vázquez trascendieron, lo que motivo un tremendo revuelo.

El embajador Avirán calificó rápidamente a Vázquez y quienes sustentaran su posición de “antisemitas”, hubo protestas de la cancillería israelí y de la DAIA cuyo presidente, Ruben Beraja, se ofreció a declarar, y una intensa campaña de los medios concentrados.

Bajo esta presión, la Corte terminó convocando a una reunión de peritos para absolver posiciones y procurar acuerdos entre quienes decían que la explosión se había producido afuera (los peritos de la PFA y de Gendarmería) versus otros como el arquietecto Armando López León –un vecino de la Embajada- que “desde un primer momento señaló que la destrucción de la embajada se debió a un explosivo colocado en su interior”, como dijo Julio Nazareno, que había reemplazado a Levene como presidente de la Corte y prestado oídos a los tres miembros del panel de la Academia de Ingenieria que habían dictaminado como “indubitable” (9.999 posibilidades sobre 10.000) que la explosión había sido interna.

Esta audiencia, convocada como pública, pasaría a ser reservada y, en los hechos, secreta, y a ella, sorprendentemente, no asistirían ni Fayt ni el experto enviado por el gobierno de Israel a las pocas horas del ataque. Cuando un sitio de internet vinculado al neonazi Alejandro Biondini (“Libre opinión”) revelara el 9 de julio de 1997 su desarrollo y la parte sustancial de las 77 fojas que lo reflejaban, ardería Troya. Y Fayt retrocedería en chancletas aunque blandiendo su mejor arma: las sorprendentes cosas que había descubierto.

En primera persona: Fayt

Despejemos pues la hojarasca y vayamos al grano, es decir la segunda parte el libro, el “Informe sobre el atentado a la Embajada de Israel”.

A partir de ahora, y a menos que se indique lo contrario, todas las citas entrecomilladas pertenecen al insigne ministro de la Corte.

Fayt destacó que el edificio “se encontraba en remodelación, lo que originaba un intenso movimiento de personas” y que aquella mañana “se llevó a cabo una importante reunión que contó con la asistencia de numerosas personalidades de la colectividad.”

Efectivamente, esa mañana tuvo lugar en la Embajada una reunión de embajadores israelíes en países suramericanos en la que también participó Víctor Harel (nacido uruguayo y emigrado a Israel a los 18 años) quien había sido estrecho colaborador del primer ministro Isaac Rabin y uno de los voceros de la Conferencia de Paz de Madrid el año anterior.

Destacó luego Fayt las diferencias entre las pericias hechas por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, ya que mientras la primera “sostuvo que la carga había sido de aproximadamente de 55 a 60 kilos de hexógeno (los que los estadounidenses denominan C-4) el Departamento (sic) de Bomberos de la PFA expresó que se trató de 110 kilos de trotyl y pentrita”.

Respecto a la hipótesis de que se habría utilizado un coche-bomba señaló que “el mismo día del atentado personal policial secuestró, en el subsuelo del edificio ubicado en Arroyo 881 (a unos 42 metros de la puerta de la demolida legación diplomática) un block de motor con numeración incompleta… correspondiente a una camioneta Ford F-100 modelo 1985” cuyo dueño registrado era José Antonio Galbucera, quien, oh casualidad, trabajaba para la PFA como fotógrafo de vehículos siniestrados.

A pesar de que La Corte ordenó que las pericias las hiciera Gendarmería, los efectivos de ésta, a las órdenes del segundo comandante Osvaldo Laborda, se vieron impedidos durante dos días por efectivos de la PFA de acceder al epicentro de la explosión. Lo que estuvo a punto de provocar un grave enfrentamiento, según reveló el propio Laborda, un experto en explosivos, en el programa Día D, de Jorge Lanata.

A pesar de sus muchas diferencias, señaló Fayt, federales y gendarmes (a los que aquellos solamente dejaron ingresar al lugar donde había estado el edificio el jueves 19, dos días después de cometido el atentado) terminaron coincidiendo en “que el hecho había tenido su origen en un coche-bomba” que habría subido sobre la acera antes de explotar.

Dijo Fayt que se logró establecer que Galbucera le había vendido la F-100 a Roberto Barlassina, quien a su vez la habría vendido a un brasileño que le presentó un DNI a nombre de “Elías Ribeiro (o Gribeiro) Da Luz”. Éste la había pagado al contado y con billetes de cien dólares, cinco de los cuales tenían inscripciones, por lo que Barlassina pidió que se los cambiara, cosa que el comprador le dijo que haría al día siguiente, cuando regresara a completar la documentación, lo que jamás hizo. (continuará)

Nota

1) La Armada estaba muy involucrada en el tráfico de armas hacia Croacia y Bosnia, a través del capitán de navío (R) Horacio Pedro Estrada, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura y factotum del “desvío” de armas argentinas hacia un Ecuador en guerra con Perú. Estrada era un erotómano que siendo diestro se las ingenió para “suicidarse” con un tiro en la sien izquierda ataviado con una bata mientras veía un video porno y tenía una botella de champagne en un balde con hielo. 

La puerta de su departamento estaba abierta, por lo que se supone que le franqueó el paso a una mujer.

2. El protagonismo de policías federales, la complicidad del Shin Beth.

En esta segunda parte podrá verse con nitidez como el atentado fue un asunto interno de la Policía Federal (a pesar de estar claro que su jefe, el comisario Jorge Luis Passero, era totalmente ajeno al mismo) y como los jefes del bitajom (seguridad) de la Embajada, es decir el Shin Beth, fueron cómplices cuando menos en el desvío de las investigaciones.

El Telleldín de la Embajada

El nombre de Elías Ribeiro Da Luz parecía calcado del de un piloto brasileño de autos de carrera de Fórmula 3. La PFA había llegado primero al compañero Galbucera -con estudio y vivienda en la calle California, barrio de Barracas- y gracias a la información proporcionada por éste, al local de venta de autos usados ubicado en la avenida Juan B. Justo 7537, cuyo dueño, Roberto Barlassina, admitió haber tenido la F-100 –de color verde y techo gris- hasta tres semanas antes del atentado.

Los policías dijeron que Barlassina les exhibió documentación que probaría que la pick-up había sido comprada el lunes 24 de febrero de 1992 al mediodía por el supuesto brasileño que había llegado inesperadamente, con gorra de visera y anteojos oscuros, y le había pagado 20.500 dólares al contado en billetes de cien dólares… pidiéndole que en la factura figurasen 21.000… lo que parece indicar que, de haber sido cierta la venta, el comprador, más que un inminente suicida, era un avispado intermediario.

También diría Barlassina (no está claro si aquella vez o bastante después) que entre los billetes de cien dólares que le dio el supuesto brasileño, había cinco que tenían anotaciones y sellos; que él le dijo que no los quería, pero que supuesto brazuca le dijo que se los cambiaría al día siguiente cuando regresara a completar los trámites, lo que nunca hizo.

Pero si se habría llevado la camioneta esa misma tarde, aseguró Barlassina.

Una tardía pericia encarga por la Corte determinó que si las cosas habían sido tal como Barlassina y su empleado Carlos A. Llorens decían, el extranjero había pagado un precio 50 por ciento superior al de mercado, ya que en esas fechas una F-100 de esa antigüedad costaba alrededor de 14.000 dólares.

“Un indicio de que Da Luz no gozaba de la confianza de los organizadores del ataque sería el hecho de que una tercera persona llamó al agenciero para chequear el precio pagado”, escribió el periodista cortesano Adrián Ventura. Pero, claro, la versión debía provenir del propio Barlassina, que ocupó en el esquema del atentado a la embajada, el mismo papel que iba a ocupar en el de la AMIA Carlos Alberto Telleldín, pero que a diferencia de éste y muy sorprendentemente, nunca fue molestado. Hasta el punto de que su foto jamás salió en los diarios. Y eso a pesar de que el supuesto comprador, Da Luz, sólo tuvo una existencia virtual, pues Itamaratí informó que el documento, nº 34.031.567, era falso.

Tanto Barlassina como Llorens dijeron que el hombre hablaba muy mal castellano y Llorens que aventuró que acaso tuviera acento “oriental” (?) y que le había dicho que vivía en la localidad bonaerense de “Piñac” (?), así como que compraba la camioneta “para un tío que quería conocer Mar del Plata”.

Otro de los empleados de Barlassina, al parecer más cándido, dijo que la venta había sido una afortunada casualidad, ya que el negocio estaba cerrado por vacaciones: El supuesto brasileño, dijo, llegó cerca del mediodía, tan pronto Barlassina levantó las persianas para pintar y hacer unos arreglos menores en el local. Y se llevó la pick-up ese mismo día por la tarde, sin completar la transferencia.

Resultaba obvio que Barlassina había mentido, y con el correr de los años, la Corte habría de determinar que “la F-100 fue reservada tres meses antes, es decir que (el supuesto) brasileño concretó una transacción ya convenida 90 días atrás”, según reveló el periodista Raúl Kollman en Página/12 el 23 de agosto de 1998. Lo que acabó con la historia de que el ataque a la Embajada había sido una venganza por la muerte del jeque Musawi, mujer e hijo.
Barlassina fue invitado a colaborar en la hechura de un identikit que según el comentario de un veterano periodista de noticias policiales, es “el más inexpresivo que haya visto en mi vida”.

Cuando la Corte ordenó allanar la agencia R.B. y los domicilios particulares de Barlassina, su cuñado Francisco Isoba y Llorens (quien había confeccionado la documentación por la supuesta venta y el recibo por los dólares con que se pagó) encontró que la agencia estaba cerrada y que Llorens, cuya casa estaba en refacciones, dijo que ya no trabajaba porque estaba muy enfermo y vivía de lo que le daban sus hijos: Sin embargo el personal comisionado dejó constancia de que lo que alegaba era inverosímil teniendo en cuenta la magnitud de las obras que se estaban realizando.

Barlassina aportó los cinco billetes de cien dólares con inscripciones que dijo que le había dado el supuesto brasileño antes de evaporarse. Fotocopias de los mismos le fueron enseñadas al ex embajador en Líbano Juan Ángel Faraldo y a un ex cónsul en ese país, de apellido Cerdá (posiblemente también agente de la SIDE). Éste dijo que en dos de ellos había un pequeño sello correspondiente a una casa de cambios de Biblos, a 20 km. de Beirut. Faraldo, menos jugado, dijo que sellar o marcar los billetes a mano era una arraigada costumbre en el Líbano, de manera de responsabilizarse ante la proliferación de billetes falsos de 100 dólares . Pero al mostrársele al perito traductor en lengua árabe fotografías ampliadas de esos billetes, dijo que aunque los caracteres eran árabes, no entendía lo que decían… Por fin pudo determinarse que estaban garabateados en urdú, el principal idioma de Pakistán.

De acuerdo a la documentación secuestrada en la agencia R.B., había compras y ventas que no estaban debidamente respaldadas con la documentación correspondiente.

Roberto Barlassina tenía un hermano mellizo, llamado Ricardo, quien tenía o había tenido una agencia de venta de automotores en Lope de Vega al 1500 y vivía o había vivido en Virgilio 2053.

Según allegados a Alejandro Monjo, quien se dedicaba a la industria de “mellizar” vehículos en aparente sociedad con la subjefatura de la Policía Federal y con clamorosa protección de la División Sustracción de Automotores de la misma y que sería brevemente detenido luego de la voladura de la AMIA, los hermanos Barlassina eran agradecidos eslabones menores de la lucrativa cadena.
Un cráter movedizo

Respecto al cráter que habría dejado la presunta camioneta-bomba, Fayt dejó constancia de “que se reflejan una variedad de tiempos, origen, ubicación, forma y dimensiones” de lo que “podría inferirse que el mismo habría sido elaborado ex profeso con pala y pico” o, en el mejor de los casos, por “el peso de las maquinarias retroexcavadoras” utilizadas para la remoción de escombros.

“En este sentido, José A. Herrera, que se desempeñaba como encargado de las cocheras del edificio de Arroyo 897, días posteriores al atentado observó que la vereda, frente al lugar donde había estado la fachada, el frente de la Embajada, “había un pequeño cráter que después había sido ‘agrandado’, esto es, que observó a personal policial que trabajaba con picos y palas sobre dicho pozo.”

“Mario Borghi, a dos días del hecho, vio como personal que cree era de bomberos o policial, con un martillo neumático perforaba el pavimento frente a (lo que había sido) la puerta principal de la Embajada.

En el mismo sentido, describió Fayt, Mario Luis Pereyra Iraola refirió que “desde el balcón de su departamento observó que el ‘hueco’ iba cambiando de forma a medida en que se llevaban a cabo las tareas de remoción de escombros; Teodoro Paz y Héctor Rago afirmaron que el cráter pudo haberse agrandado en razón de las pericias que se realizaron sobre el mismo; (el oficial de la PFA) Guillermo Scartascini admitió que luego del descubrimiento del cráter se hicieron excavaciones en el lugar dónde éste estaba; y el testigo Alberto Velardita observó, al tercer día del atentado, que una máquina niveladora tipo Caterpiller realizaba trabajos en el frente de la legación, y que cuando la misma se retiró, vio una hendidura que abarcaba parte de la calle y de la vereda”.

Por su parte, el abogado Enrique Hahn relató que “unos días después de la explosión observó la presencia de personas vestidas con uniformes aparentemente de bomberos, que se encontraban ‘practicando una perforación’ sobre la vereda de la Embajada”. Hahn comentó que no le dio importancia “hasta que unos días después vio una fotografía en el diario que reproducía un presunto cráter cubierto de agua en ese mismo lugar” y aclaró “que esos días estuvo lloviendo, razón por la cual el cráter estaba cubierto de agua”.

Hahn había comentado el fenómeno en distintos ámbitos, a partir de lo cual, dijo, muy preocupado, había comenzado a sufrir una serie de “hechos anormales” como que hubiera “numerosos automóviles estacionados en lugares prohibidos y con sus balizas encendidas” en los itinerarios que habitualmente realizaba a pie, y que cuando se desplazaba en su auto o en taxi, se le cruzaran vehículos en forma “evidentemente intencional”, ambulancias y patrulleros que al pasar frente a su estudio jurídico disminuían ostensiblemente su velocidad, hechos todos estos que registraron “un evidente agravamiento” cuando, luego de denunciarlos en sede judicial, recibió un telegrama de citación del juzgado.

Fue “personal del Departamento de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos” el que informó del “hallazgo de partes del vehículo que habría sido utilizado como coche-bomba dentro del cráter” y “peritos de la PFA quienes afirmaron que ‘sobre la calle Arroyo, cruzando Suipacha, en un jardincito que hay en el subsuelo, encontramos el bloque de un motor que… correspondía una camioneta Ford F-100’”.

“Presumimos que… salió desplazado, se elevó –mínimo hasta 3 metros de altura– e impactó en la columna” para luego caer “en el jardín que está al pie de la columna”, continuaba, consignó Fayt, el informe de la Brigada de Explosivos.

Según la PFA, el cráter era de 4,20 x 2,80 metros y tenía 1,5.0 metros de profundidad, lo que contrastó mucho con lo informado por la Gendarmería (que era de 3,90 x 2,70 con 60 cm. de profundidad) y la SIDE (3 x 2,10 y 90 cm).

La razón por la que la PFA midió más del doble de profundidad que la Gendarmería y también mucho más que la SIDE se explicó en su informe: “… pasados unos días pasamos a buscar la oquedad, que se anegaba constantemente porque se había roto un caño de agua potable… como consecuencia de la explosión… (a causa de lo que) tuvimos que esperar el corte del suministro del fluido, desagotarlo y recién iniciar las tareas, buscando más elemento de juicio. Entonces, al comenzar a cavar en el pozo, encontramos aproximadamente a 1,50 metros de altura (sic, léase bajura) a todo el tren trasero enterrado”. El informe concluyó señalando que “hubiera sido imposible que el tren trasero se encontrara, con una explosión interna, hundido fuera del edificio…”.

Al presentar su informe, la Gendarmería, el decir, el segundo comandante Laborda, abrió el paraguas y explicó que “cada fuerza estudió el cráter por cuerda separada” pero, de todas maneras opinó que “no hay máquina… que pueda afectar el pavimento como fue afectado… No hay ninguna pala que pueda hacer ese trabajo… Ninguna de las máquinas… tiene capacidad para hacer el trabajo que se hizo en el pavimento…”.

Tras descartar “la presencia de un terrorista suicida”, el informe de Laborda justificó la enorme diferencia de su medición de la profundidad del cráter respecto a la publicitada por la PFA, alegando confusamente que ésta “requirió más profundidad para obtener otros elementos de juicio y para ellos esa fue la profundidad del cráter…”.

Por alguna razón inexplicada, Fayt omitió consignar que el experto israelí Yacob Levi (o Jacob Levy) que hizo pericias sobre el terreno 40 horas después de la explosión y que él mismo presentó en su libro como “superintendente de la Policía de Israel y jefe del Laboratorio de Terrorismo de Tel Aviv” había escrito en su informe que “el foco de la explosión fue cubierto y vuelto a excavar después de algunos días” de modo que el cráter al que se hacía mención en las pericias de ambas fuerzas “no fue resultado de la explosión, sino que fue excavado en distintos lugares y más de una vez”.

“No fueron pocos los periodistas que buscaron frente a la embajada israelí el tan meneado cráter que habría dejado el estallido del auto-bomba, tal como se informó oficialmente. Esta huella del horror… se convirtió en un interrogante que trató de explicar en el lugar un bombero. ‘Esta allí, donde empieza lo que fue el cordón, y sigue en la vereda’. Lo único que se observaba eran escombros y polvo a nivel del piso ¿Estaría debajo de todo eso?”, sintetizó Página/12 en una nota titulada “¿Cráter?”.

“Ninguno de los cronistas de La Nación que estuvieron en la calle Arroyo –casi una decena- pudieron encontrar el cráter que según el titular de la cartera política, José Luis Manzano, provocó la explosión”, insistió al día siguiente el periodista Rafael Saralegui (h) en La Nación..

El cráter sólo fue visible a partir del 26 de marzo, nueve días después del ataque cuando “fue despejado el sector donde se presume que estuvo el vehículo. En el lugar, un pozo de dos metros de diámetro, cubierto de agua, está en un sitio que antes permanecía tapado por los escombros”, destacó el periodista Juan Carlos Larrarte también en La Nación.
Ingresos sin control

“Innumerables testigos hicieron referencia a la falta, disminución o ineficiencia de la seguridad en la sede diplomática y a la ausencia del personal policial o de seguridad israelí el día del atentado”, consignó el ministro Fayt. Hasta el punto de que una vecina, Alicia Perednik, contó que como por entonces su departamento también estaba en refacciones, le pidió permiso al personal de seguridad de la Embajada para arrojar escombros en el volquete, y se lo dieron. Entonces ella bromeó diciéndoles que como sabían que en esas bolsas no había explosivos, a lo que le contestaron que “sabían muy bien quién vivía en la cuadra”.

Perednik agregó que una vez fue a pedir prestada una carretilla y entró a la Embajada como Pancho por su casa. Y Walter Janiszewskli dijo que le había llamado mucho la atención que no se controlara el ingreso de materiales de construcción; Héctor Álvarez dijo que cuando le preguntó a los custodios porque no revisaban esos materiales le dijeron que conocían a quienes los bajaban; Guillermo del Sel vio como en febrero se bajaban y metían materiales a una Embajada que tenía sus puertas abiertas de par en par y le dijo a los custodios que tuvieran cuidado, pero que éstos le respondieron que estaba todo bajo control, y Franco Fernández que en los días previos al bombazo hubo muchas descargas de materiales y que lo sorprendió tanto la falta de medidas de seguridad como que dichos materiales no fueran transportados por camiones que llevaran el logo de alguna empresa “sino por un camión colorado tipo volquete (sic), cubierto por una lona”.
Área libre

Fayt señaló que “en el momento en que se produjo la explosión, la Embajada carecía de custodia policial”, según habían acreditado varios testigos.
Curiosamente, uno de ellos, Ivo Cicaré, dijo que como los conocía “de vista”, los policías le dejaban estacionar en la vereda de la Embajada, pero que aquel martes 17 le dijeron que “hoy no se puede” sin darle más explicaciones.

Respecto a las cámaras de video precisó que eran seis –dos sobre la calle Arroyo, dos sobre Suipacha y otras dos en la terraza- y que el personal de la Embajada manifestó que no grababan, pero que Leonardo Romero, un agente de policía que custodiaba la Embajada habitualmente por las noches, de 22 a 6, declaró que el personal de seguridad le había dicho que registraban todo.

Las guardias policiales de 6 a 14 estaban cubiertas por personal de la comisaría del Ministerio de Economía; de 14 a 22 –la que más nos interesa- por el cuerpo de Policía Montada y de 22 a 6 por la Guardia de Infantería. Además, la Embajada pagaba “horas adicionales” para que un policía cuidara del embajador Shefi todos los días de 9 a 17. Este policía era el suboficial escribiente José Carlos Carracelas, de la División Custodias.

El día del ataque, la Embajada estuvo custodiada hasta las 6 por el mencionado Romero, y de las 6 a las 14 por el sargento José Antonio Ojeda, de la comisaría del Ministerio de Economía. Ojeda debía haber sido reemplazado por el suboficial Oscar Horacio Chiochio, de la Policía Montad, pero Chiochio nunca llegó y Ojeda se fue a las 14:15.

Al ser interrogado, Ojeda dijo que después de haber cumplido con sus ocho horas de servicio no tenía obligación de quedarse si su relevo no llegaba; que bastaba que le avisara Roni (Gorni)… pero lo cierto es que ese día Roni no estaba allí sino el Sheraton, por lo que mal pudo haberle avisado. En cuanto a Chiochio, dijo que no había podido ir a la Embajada porque se había quedado haciendo trabajos de carpintería en la Policía Montada; que normalmente el que estaba de guardia lo esperaba aunque él tardase en llegar, que nunca tardaba, y que si por alguna razón su compañero no podía esperarlo tenía que avisar a la comisaría (la 15ª) para que le enviaran un relevo.

Dijo también Chiochio que lo habían castigado con un arresto de 20 días por no haber ido a la Embajada, pero a la hora de la verdad ello resultaría incomprobable ya que no se le instruyó sumario alguno.

Llega el camión, se va el patrullero

Tampoco hay constancia de que haya sido detenido, tal como ordenó en un primer momento el ministro Manzano, el camionero Juan José Dorronsoro, que descargó cerámicos y bolsas supuestamente de Klaukol en la Embajada esa mañana.

 Dorronsoro dijo que llegó a la Embajada a las 8.30; que estacionó equivocadamente sobre la mano izquierda; que conversó con un policía, y que cambió de vereda, estacionando sobre la derecha donde un numeroso grupo de trabajadores uniformados descargaron y pusieron sobre la vereda las cajas de cerámicos herméticamente cerradas de los cerámicos y las bolsas de Klaukol.

El policía al que se refirió Dorronsoro debió haber sido necesariamente Ojeda, quien dijo que el camión había llegado aproximadamente a las 8; que él lo había retenido media hora “a la espera del personal que lo debía recibir”, y que todas las cajas habían sido abiertas, una por una, para verificar su contenido.

Chiochio y Ojeda fueron careados y se mantuvieron en sus posiciones. Ojeda dijo que Chiochio llegaba habitualmente tarde y que él solía irse sin esperarlo, luego de avisarle a Roni Gorni. Chiochio dijo que a él le controlaban el horario que cumplía en la Montada, que nunca llegaba tarde y que en cualquier caso, para poder irse, Ojeda tenía que haber avisado a la Comisaría 15ª.

Usualmente permanecía apostado frente a la Embajada un patrullero de la Comisaría 15ª. Sin embargo, al momento de perpetrarse el atentado, tampoco estaba.

El patrullero 115 estaba ese día a cargo del oficial Gabriel Soto, el chofer era el cabo 1º Miguel Ángel Laciar, y el ametralladorista, el sargento Jorge Alberto Acha.

Soto dijo que tomó servicio a las 14, que salieron de la comisaria en el patrullero llevando a su casa a una persona que vivía en Cerrito y Avenida del Libertador a resolver una incidencia, y que una vez que terminó esta tarea, le informaron que debía ir urgente al Palacio San Martín “a los efectos de formular o recibir una denuncia”, que tomaron por la calle Arroyo y que a poco de pasar por la puerta de la Embajada se produjo la explosión.

Ni esa incidencia estaba asentada en el libro de la comisaría, ni el pedido de que fuera al Palacio San Martín –sede histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores– fue registrado por el Comando Radioeléctrico.

Morcilleos

La persona a la que supuestamente había llevado el patrullero hasta su casa fue Brígida Hofmann, que días antes había hecho una denuncia para pedir el desalojo de unas personas del interior de su vivienda.

Dijo que ese martes fue a la comisaría a pedir que agilizaran el trámite, que regresó caminando a su domicilio, que en el trayecto escuchó la explosión, y que al llegar a su domicilio “en la puerta de su departamento había un policía uniformado, quién después que la dicente ingresara y tomara conocimiento de lo ocurrido, se retiró del lugar, suponiendo que habría ido al lugar del siniestro”.

En síntesis, Hofmann negó tanto haber estado a bordo de un patrullero como haberse entrevistado con ningún policía uniformado antes de la explosión.

Careados ambos, Soto se rectificó. Dijo que si bien “creía haber salido con una persona civil a bordo del móvil, debido al tiempo trascurrido, no estaba en condiciones de afirmarlo” ya que, tuvo que reconocer, esa era la primera vez que veía a la señora Brígida.

El sargento Jorge Alberto Acha dijo que recordaba haber estado en un departamento con Soto en el momento en que el chofer les había avisado que los llamaban del Palacio San Martín, y que habían pasado por la puerta de la Embajada unos instantes antes de la explosión, que los sorprendió cuando circulaban por Suipacha entre Juncal y Arenales.

 Acha reconoció que la función del patrullero era fiscalizar que la custodia se cumpliera correctamente, y que en caso de verificar que el policía no estaba en su lugar, debía quedarse el ametralladorista (es decir, él mismo) y dar aviso a la comisaría, esperando hasta que la situación se subsanara, pero agregó que ese día, yendo hacia el Palacio San Martín, no se habían percatado de su ausencia.

Sin audios

Para investigar por qué motivo no había constancia en el Comando Radioeléctrico de que se le hubiera ordenado al patrullero ir al Palacio San Martín se interrogó a su jefe, el comisario Rodolfo Segovia quien, tras explicar que si se hubiera recibido un llamado desde una repartición pública (como el Palacio San Martín) debía constar en los listados “toda vez que luego se verificaba el resultado de la diligencia” y ya tratando de explicar la ausencia de ese registro argumentó que era “posible que personas ajenas a la Policía Federal se introdujeran en la frecuencia del Comando”, es decir sugirió que el patrullero podía haber sido enviado a la Cancillería por los terroristas.

Tampoco se pudo comprobar en la Cancillería que ese día se hubiera reportado a la Comisaría 15ª algún robo. El jefe de Seguridad de la misma, Daniel Omar Rinaldi, recordó que por esas fechas funcionarios del Ministerio de RR.EE. habían denunciado en dicha seccional “el hurto de un equipo de computación”, incidencia que habría de aparecer datada aquel martes infausto, pero anotada recién el viernes 20, tres días más tarde.

El jefe de la División Bases de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, el comisario Ricardo A. Tello declaró que entre las funciones de aquella está “la de grabar todas las frecuencias en las que opera” la PFA, tarea que se realiza “todo el año, las 24 horas” mediante un grabador Assman (sic) 200, pero que “las cintas se reutilizan, se desgraban (en realidad, se regrababan) pasados los 30 días” si no mediaba algún pedido judicial en sentido contrario.

Su segundo, el también comisario Eduardo J. Martino, ratificó sus dichos y explicó que en el caso de que una comisaría quisiera ordenar el desplazamiento de un patrullero tenía que comunicarse con el Comando Radioeléctrico para que este trasmitiera la orden. Se utilizaban dos frecuencias UHF pero ninguna secreta como para que no quedara registro de la comunicación.

En este contexto, la aparición ¡pasados siete años! de un casette con la grabación de la orden impartida por el Comando Radioeléctrico al patrullero para que fuese de inmediato al Palacio San Martín, causó enorme impacto.

La cinta milagrosa

Sucedió el 4 de mayo de 1999 cuando la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA interrogaba a Laciar, que para entonces había ascendido a sargento.

El chofer del patrullero que había abandonado raudo la zona de peligro les dijo a los legisladores que Soto tenía un casette con la grabación de la orden que habían recibido.

Según Clarín, la secuencia fue así: convocado Soto –para entonces ascendido a comisario inspector– confirmó que tenía el casette. Los legisladores lo escucharon y convocaron de urgencia a los jefes de la PFA y al ministro del Interior –y jefe de aquellos- Carlos Corach.

 Los comisarios generales Baltazar Garcia y Héctor Mario Data, jefe y subjefe de la PFA, acudieron junto a otros dos comisarios. En cambio, Corach, que se encontraba en Salta, se excusó. También fue a la cita el secretario especial de la Corte Esteban Canevari, el equivalente a Nisman en la causa de la Embajada.

Tras la audición, sobrevino un momento de estupefacción. No sólo porque la PFA había negado haber ordenado el desplazamiento del patrullero 115 o de cualquier otro sino porque lo había hecho argumentando que ese y otros patrulleros estaban abocados a esa hora a “contener supuestos incidentes callejeros que se estaban produciendo en el lugar, tres minutos antes de la explosión”, según narró La Nación.

¿Dónde habían quedado los robos reales o supuestos de estilográficas o computadoras en el Palacio San Martín? La primera, la de la estilográfica, había sido la versión echada a rodar después del atentado por la propia tripulación del patrullero y la segunda, como hemos visto, la aportada por la comisaría del Ministerio de RR.EE.

Los supuestos “incidentes callejeros” que se habrían producido en el Palacio San Martín terminarían siendo las airadas protestas (nadie sabe por qué) de una única mujer paraguaya que Soto y sus compañeros se habrían llevado detenida… dos horas antes de la explosión, afirmó el experto informático Ariel Garbarz al ser entrevistado para el documental “El tercero en camino”, del periodista israelí-argentino Shlomo Slutzky. “Son pruebas testimoniales que tiran abajo la coartada del jefe de la Policía Federal”, remató Garbarz.

“Tenemos pruebas importantísimas de la complicidad de efectivos policiales. Hay una grabación en la que comando radioeléctrico le ordenó al patrullero que debía comprobar si estaba o no el agente de consigna en la puerta de la Embajada que se desviara de su ruta y se dirigiera a la Cancillería. Dejaron la calle liberada y después de siete años se arrepienten”, dijo exultante el diputado Carlos Soria (PJ-Río Negro), presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y la AMIA el martes 4 de mayo por la noche, media hora antes de reunirse con los comisarios García y Data.

Al día siguiente, el único en mostrarse arrepentido fue el mismo Soria, un hombre tan íntimamente vinculado a la SIDE que llegaría a secretario de Inteligencia de la Nación en el 2002. Dando un giro de 180º a lo que había dicho en la víspera llamó a una rueda de prensa junto al comisario Baltazar García con el único propósito de tratar de “héroes” a los tripulantes del patrullero 115.

García dijo que en el audio se escuchaba claramente la voz de alguien que ordenaba al patrullero dirigirse a la Cancillería y también la voz de Laciar; poco después, el sonido de una detonación y la voz de Laciar pidiendo el envío de ambulancias.

Soto explicó que del casette se había hecho su sobrino Yago Uriel Soto en 1994, mientras cursaba como cadete de segundo año en la escuela de oficiales de la PFA (llamada entonces “Coronel Ramón L. Falcón” y hoy “Comisario General Juan Ángel Pirker”) donde el audio había sido parte de una cinta utilizada en la instrucción de los alumnos como ejemplo de procedimiento en caso de grandes catástrofes.

Dijo que su sobrino Yago le explicó que le habían hecho escuchar esa cinta, “que contenía diversos desplazamientos ordenados por la Dirección General de Operaciones”, que había reconocido “la voz de su tío, modulando en prioridad al comando” al que le pedía ambulancias (¿no había sido Laciar quien las había pedido?) y que entonces le había pedido a sus profesores que le hicieran una copia de la cinta original archivada en la escuela.

Todos los oficiales superiores de la PFA consultados, los comisarios García, Data, Tello y Segovia, así como quien fuera el segundo jefe del Comando Radioeléctrico en 1992, el comisario Jorge Oscar Capeci, coincidieron en apreciar que el audio era auténtico… a pesar de que tanto Segovia como Capeci, ratificaron que las modulaciones emitida por la frecuencia policial no se grababan.

No se explicaba como esa cinta se había grabado, conservado y llegado a la Escuela de cadetes. ¿La habrían grabado clandestinamente desde la DGO? ¿No habría sido grabada con posteridad? Qué misterio.
Reticencias

El sargento Ojeda había dicho que la seguridad (bitajon) de la Embajada se componía de alrededor de quince personas al mando de Roni Gorni y varios testigos mencionaron a Dany Biran (es de presumir que ambos pertenecían al Shin Beth, el servicio de contrainteligencia de Israel, encargado de la custodia de todas las sedes diplomáticas hebreas). Fuentes del consulado israelí aseguraron que en el momento del atentado había entre “cuatro a seis personas más” abocadas a “la vigilancia en general, pero no con rango diplomático”.

Luego de apuntar que aparentemente también formaba parte de ese dispositivo el agregado Eli Ben Zeev, fallecido en el ataque, el ministro Fayt puntualizó que fueron tan reiterados como infructuosos los pedidos hechos a través de la Cancillería para que la Embajada de Israel “remitiera la nómina del personal de seguridad que prestaba servicios en su sede al momento del atentado, con especificación de sus destinos”, así como “la identidad y el domicilio” de quienes controlaban los monitores.

No era sólo Fayt quien destacó estas reticencias. Al presentar a mediados de 1997 su “Tercer informe sobre el estado de las actuaciones judiciales por el atentado contra la Embajada de Israel”, Rogelio Cichowolsky sostuvo que se había instalado “en la opinión pública la duda sobre la conducta del personal diplomático israelí” y recordó que cuando la Corte le pidió a la Embajada de Israel que ubicara a una de sus funcionarias sobrevivientes, Susana Poch, la Embajada le contestó que no conocía su paradero. “Sin embargo, de la declaración testimonial prestada hace pocas semanas por el rabino Mario Rojzman surge que Susana Poch se desempeña como funcionaria en la Embajada en Uruguay… circunstancia que me fue señalada por el secretario penal de la Corte (Jorge) Morán como una nueva muestra de falta de colaboración”.

La única respuesta que se obtuvo de la Embajada fue que comunicara, vía la Cancillería israelí, “la invitación que la Corte efectuara al Sr. Roni Gorni” a participar en la audiencia de peritos.

Corría 1997. Gorni, bueno es aclarar, nunca había declarado antes. Cuando lo hizo dijo que la seguridad a su cargo estaba compuesta por dos personas llegadas desde Israel (en aparente referencia a Ben Zeev y Biran) y otras cuatro personas residentes en Buenos Aires, Iosi Boiarsky, Aviv Iaalomi, un tal Sajar y Ari Maimon, y que también contaban con dos custodios de la División Asuntos Extranjeros de la PFA.

Gorni dijo que antes de las refacciones, el vacum se utilizaba como “filtro” y allí dos empleados, Víctor Manuel Nisembaum y Martín Goldberg, revisaban a quienes entraban al edificio.

Ojeda y Gorni fueron careados, ya que Ojeda había dicho que se había ido a su casa tras comunicarlo a Gorni, ya que dependía de él. Gorni lo negó enfáticamente, diciendo que era motivo habitual de conversaciones suyas con el comisario de la 15ª los desajustes y llegadas tarde de los policías que hacían la custodia externa.

 Y subrayó que los policías dependían de dicha seccional para todo lo concerniente a sus relevos..

Gorni también dijo que había ido al Hotel Sheraton 20 minutos antes de la explosión para preparar una visita del Canciller de su país, y que se había enterado de lo sucedido allí cuando estaba conversando con el jefe de seguridad del hotel, del que dijo no recordar el nombre; que Ben Zeev estaba afuera del edificio realizando una ronda rutinaria cuando resultó herido de muerte, y que el que había quedado a cargo era el tal Sajar (que no figura en la nómina de muertos).

Requerido el Hotel Sheraton para que informase quien era el jefe de seguridad en marzo de 1992, respondió que el jefe-gerente era entonces Carlos Gómez Losada, ya fallecido.

Poco antes de que se produjera el atentado a la AMIA el canciller Guido Di Tella le dijo a un periodista de La Nación que la práctica totalidad del grupo encargado de la seguridad de la Embajada se encontraba en el Hotel Sheraton al momento de la explosión ya que se realizaba una reunión regional (sudamericana) del Shin Beth.

Dicha reunión estaba programa para realizarse en la Embajada, pero a último momento, so pretexto de que los participantes eran muchos, se había pasado al hotel, explicó Di Tella.

El custodio del embajador Shefi, José Carlos Carracelas, dijo que éste se había retirado a las 13;30 sin intención de regresar; que no creía posible de ningún modo que Gorni hubiera autorizado a Ojeda a retirarse, y que tenía entendido que poco antes de la explosión también el intendente del edificio, Alberto Kupresmid, se había retirado.

Sorprendentemente –o no tanto– quien le tiró un cable al desertor Ojeda fue Víctor Nisembaum, uno de los encargados de revisar a las personas y materiales que ingresaban al edificio demolido. Posiblemente hubiera sido él quien la infausta mañana del 17 de marzo tuvo a su cargo revisar los materiales descargados bajo la mirada de Ojeda, e introducidos al “vacum” por los albañiles.

 Lo cierto es que Nisembaum dijo que aunque no estaba en condiciones de asegurar que al hacer la ronda de las 14 Ojeda estuviera en la garita, tal como correspondía, sabía “que había problemas… porque… los policías se demoraban… algunas veces más de una hora”, ocasiones en que “era el personal israelí el que manejaba todo”.

Personal que NO estaba en la Embajada, la que estaba totalmente desguarnecida, como puede atestiguar el escribano Dario Gabriel Minskas, quien le contó al autor que en la mañana del día fatídico estuvo en ella no una sino dos veces, alrededor de las 9 y alrededor de las 11 y que quedó consternado porque toda la seguridad era un único joven, sentado delante de una gran caldera oscura, a quien le mostró su documento.

“Me extrañó mucho y recuerdo haber pensado que cualquiera podía meter una bomba ahí adentro”, rememoró, conmovido, veintitrés años después.

3. El claro, terminante dictamen de la Academia Nacional de Ingeniería sobre el atentado.

Se acerca un nuevo aniversario del bombazo que demolió el palacete de Arroyo y Suipacha que servía de sede de la Embajada de Israel, el cálido martes 17 de marzo de 1992, con un saldo de entre 22 (los efectivamente contabilizados) y 29 (los que casi siempre se citan sin mayor respaldo) muertos, que por no saberse, ni siquiera eso se sabe. 

Hace un año comencé a publicar el largo capítulo dedicado a este acto terrorista en mi libro El Caso Nisman. Secretos inconfesables / 1. Dije que iba a publicarlo aquí en cuatro entregas, pero no cumplí: sólo subí dos, desanimado por la falta de interlocutores. 

Dije entonces y repito ahora que ver quienes, como y dónde pusieron la bomba para cualquier lector atento y ecuánime sería muy fácil, y que también podía apreciarse con claridad que fue el propio Shin Beth, es decir el servicio de contrainteligencia de Israel, también conocido como Shabak (que tiene a su cargo tanto el interior de Israel como los territorios ocupados, y que se encarga de la seguridad de todas las embajadas del estado judío) quien piloteó el desvío de las investigaciones hacia una supuesta Ford F-100 que habría sido utilizada como vehículo-bomba cuando absolutamente todas las evidencias confluían en que la explosión había sido interna. 

Y que esta certeza hacía imposible desechar la hipótesis de que los ejecutores materiales del ataque (el principal sospechoso, con mucho, era el traficante sirio Monzer Al Kassar, el hombre más buscado del planeta por interpol, cuya presencia en Buenos Aires –protegido por su lejano primo, el presidente Carlos Menem-se había hecho pública días atrás y que esa misma noche ofreció una pequeña fiesta a sus amigos de las colectividades sirias de Buenos Aires y Mendoza en su piso de la Avenida del Libertador) hubieran contado con su permiso y luz verde.

Los instó a leer con atención. La pasarán también como con Ataúdes tallados a mano, esa magistral nouvelle de Truman Capote, y no por mi mérito personal sino porque se trata de una gran historia.




Parte del edificio quedó en pie.

Dudas y certezas

Lo referido por (el ministro de la Corte Suprema Carlos) Fayt acerca del informe presentado por el experto artificiero de la policía de Tel Aviv, Yacob Levi difiere notablemente de lo que anoté cuando accedí al mismo en calidad de colaborador del Dr. Luis Dobniewski, abogado de la AMIA, entidad que pagaba mis honorarios. Cito lo publicado en “AMIA, El Atentado…”:

“‘En total fueron interrogados unos 300 ciudadanos, y no hay ninguno que recuerde que hubiera aparcado vehículo alguno en el frente de la embajada en el período inmediatamente previo a la explosión’, escribió (el jefe del departamento de Explosivos de la policía de Tel Aviv, Jacob) Levi, que insistió en que ‘numerosos testimonios certifican que durante el lapso de unos de 3 a 5 minutos (e incluso menos aún) antes de la explosión no estacionó en el frente de la Embajada ningún vehículo’”.

“En obvia refutación del informe inicial de la PFA el experto israelí recordó que ‘en Argentina no es en absoluto común estacionar sobre la vereda, y menos aún en el frente de la Embajada, donde hay letreros que indican la prohibición de hacerlo’ y añadió que ‘incluso los vehículos de la propia Embajada estacionaban del lado opuesto, debido a las refacciones que se efectuaban en ella’. Acerca del supuesto estacionamiento de un vehículo-bomba, Levi concluyó: ‘Nos parece que la ejecución de una acción tan irregular debía haber atraído una atención inmediata, lo que no hubiese permitido una retirada ordenada” de quién lo condujera.

“De lo que, de paso, dejó tácitamente establecido que no había la menor evidencia que apuntalara a la posibilidad de que hubiera existido un conductor suicida. Mal podía haberlo, pues ni siquiera había habido allí alguna camioneta.

“Levi comenzó su informe manifestando su asombro por el hecho de que la embajada de Israel no hubiera aportado un solo video en el que se viera el supuesto vehículo-bomba. Tras consignar que ‘frente al edificio de la Embajada en la calle Arroyo hay una Iglesia y un asilo de ancianos, así como varios edificios altos desde los que se controla a la embajada’, agregó: ‘¿Por qué la Embajada no entregó las constancias o los testimonios de lo observado inmediatamente antes y después del atentado?’.

Recuerdo que por entonces se decía que la Embajada contaba con seis cámaras de seguridad. Que se sepa, Levi nunca obtuvo respuesta. A no ser que se la haya dado en privado el ministro Carlos Corach, que habría de visitarlo en Tel Aviv.

Volviendo a la seguridad interna de la Embajada: el informe de la SIDE señaló que su “falta de reacción… pese a su alto grado de entrenamiento’ sólo encontraba explicación en la sorpresa y celeridad que caracterizaron el ataque”, cubriéndoles las espaldas ya que, como se verá, todos los miembros del Shin Beth encargados de esa tarea menos Ben Zeev –si es que en verdad la integraba– se habían ido al hotel Sheraton.

Servicial, la SIDE también señaló que “todas las investigaciones, indicios y modus operandi… indican la presencia en este acto terrorista del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbolá” así como que “la existencia de un suicida” no era ilógica ya que “dentro de sus filas (de Hezbolá) hay grupos como el denominado Comando Suicida de Hussein Musawi de dónde provienen los elementos que llevan a cabo este tipo de hechos” (sic). La SIDE se atrevía así a poner en circulación dentro del expediente bulos susurrados por los agentes israelíes.

A pesar de las diferencias entre el tipo de explosivos (Pentrita y TNT para la PFA; hexógeno para la Gendarmería) el teniente coronel de artillería e ingeniero químico Gabriel Oscar Cordero, de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Azul, destacó que los tres explosivos se producían en Argentina, tanto en FM como en varias industrias privadas. Lo que no evitó que los medios se pusieran a especular acerca de dónde podían haber provenido los utilizados.

La supuesta existencia de una camioneta-bomba fue refutada por los testigos presenciales. Rosa Cantanavera había pasado hacia como mucho un minuto por la puerta de la Embajada rumbo a Carlos Pellegrini y se encontraba a unos 50 metros de ella cuando se produjo la explosión. 

Dijo que iba acompañada por un joven que iba del lado de afuera de la vereda al que la explosión había empujado al medio de la calle; que frente a la Embajada la vereda era muy angosta y que solo podían pasar a la vez dos personas, y que estaba segura de que no había ningún auto estacionado. Subrayó por último que “la explosión había sido adentro porque en el lugar no había auto alguno”.

El arquitecto Juan Carlos Peirano Klein declaró que le llamó la atención que en el centro del terreno (dónde había estado la Embajada) hubiese un foso, y que la mampostería hubiese sido arrojada hacia afuera, hacia la calle Arroyo. Expresó al respecto que “el foso denotaba un hundimiento en el terreno, siendo sus dimensiones aproximadas de un 1,40 x 60 cm, no pudiendo precisar su profundidad pues lo había observado desde el noveno piso” desde su departamento, frente a la embajada. 

Al ampliar su testimonio; Peirano manifestó su sorpresa porque ese día “el personal de vigilancia no lo hubiese dejado estacionar” como hacía habitualmente; que aquel foso parecía originado en una explosión interna, lo que podía explicar porque toda la mampostería se había derrumbado hacia la calle y no hacia el interior, como debería haber ocurrido si hubiera existido una camioneta-bomba, y enfatizó que “el foso interior se tapó durante la semana y luego apareció el foso exterior”, que le parecía “simulado”.

Por su parte Leonardo César Azorín dijo que a tres días del atentado pudo ver “un hueco en el centro del predio dónde se encontraba la Embajada, el cual posteriormente fue tapado con una plancha de cemento”, razón por la cual concluyó que la explosión había tenido su epicentro en ese lugar, y agregó que había llegado al lugar unos 25 minutos después de la explosión cuando pudo er que frente al número 920 de Arroyo había, destruído, un Volvo con patente diplomática. Si la explosión hubiera sido ocasionada por un coche-bomba, hizo notar, ese Volvo debería haber sido desplazado hacia Carlos Pellegrini”.

Del mismo modo, el testigo Juan Guillermo Díaz “insistió en que ‘estoy dispuesto a decir, les guste o no, que la explosión fue adentro de la Embajada”. Dijo que que estaba seguro de ello en función de “lo que había observado antes y después de la explosión”.

Fayt destacó que “un importante número de testigos expresó no haber observado rastros visibles de los daños que debería haber producido una explosión en el exterior de la Embajada” ni ningún cráter, puntualizando que varios “incluso dudan de su verdadera existencia, pues observaron el lugar cuando los escombros ya habían sido retirados y la zona no presentaba ninguna irregularidad” y “tampoco advirtieron la presencia de agua surgente del pavimento que debió avistarse en razón de la fractura de un conducto maestro de alimentación que pasaba, precisamente, por el lugar que fuera indicado como epicentro del estallido”.



Las máximas autoridades de la Nación


“Vemos que se produce un gran derrame de escombros hacia el lado exterior… esto lleva como primera idea a pensar… que hubo un empuje de las paredes hacia el lado de afuera… Por eso cayeron… hacia afuera… para producir este tipo de desplazamiento es necesaria una enorme presión de adentro hacia afuera, que solamente pudo haber tenido lugar si efectivamente la explosión ocurrió en el interior de la Embajada (por lo que) la ubicación más probable que consideramos es dentro de la Embajada, y en el ambiente llamado vacum…”. 

Tal fue la principal conclusión a la que arribó un panel de expertos de la Academia Nacional de Ingeniería, vale decir, las máximas autoridades del país en la materia.

Una pericia que, bueno es recordar, la Corte había ordenado a pedido de las querellas.

“… en la posición que da para el cráter el informe de Gendarmería Nacional tenemos ubicada una grúa, con un peso de muchas toneladas, sobre un pavimento que está totalmente liso (…) además, el perito de la Gendarmería dice que la carga estaba guiada con una dirección, apuntando hacia el frente de la Embajada, sin embargo el cráter es al revés… tiene el diámetro mayor de la elipse en la dirección longitudinal de la calle Arroyo… con un pico y una pala es perfectamente posible hacer un cráter en unos pocos minutos… por la muy baja resistencia que tiene el hormigón en esa zona”, destacaron.

Entre que se dieran a conocer los resultados de la pericia hecha por los máximos expertos de la Academia Nacional de Ingeniería y que el embajador (Itzhak) Avirán y la DAIA saltaran a la yugular de los peritos y de los ministros de la Corte que los habían convocado fue cosa de escasos minutos. Su intempestiva reacción, respaldada por el gobierno de Israel, consiguió que Fayt diera acrobático giro de 180º. Pero antes de adentrarnos en las artes de birlibirloque propias de los saltimbanquis expliquemos los pormenores del hecho que determinó, en la práctica, el fin de las investigaciones.

De púbico a secreto

Ante la virulenta reacción de Israel y la DAIA, la Corte convocó para el 15 de mayo de 1997 a una reunión de todoss los perito que habían intervenido en la causa, a fin de escuchar los fundamentos de las posturas opuestas acerca de un asunto básico: dónde habían sido colocados los explosivos. Los peritos de la PFA y Gendarmería, no sin diferencias, sostenían la teoría del coche-bomba y una explosión externa- y los profesionales de la Academia Nacional de Ingeniería (y antes, el arquitecto Armando López León, un vecino) afirmaban que la carga explosiva había detonado adentro del edificio.

En principio la audiencia iba a tener un carácter público pero las insistentes y sugestivas presentaciones de la delegación israelí y del representante de la DAIA, Rubén Beraja, hicieron que la Corte decidiera darle un carácter reservado, que terminó siendo, en la práctica, secreto. Israel, a través de embajador Avirán, y la DAIA, a través de Beraja, llegaron a calificar de “antisemitas” a los miembros del panel de la Academia Nacional de Ingeniería que, a través de dos métodos radicalmente distintos habían llegado a la conclusión de que el bombazo había tenido epicentro en el “vacum” dónde se habían depositado esa mañana cerámicos y bolsas supuestamente de Klaukol, el pegamento para fijarlos.

Las actas oficiales de dicha reunión reservada abarcan 77 folios que, oh bochorno, fueron dadas a conocer no por la Corte sino por un sitio neonazi. Comprobada su autenticidad, ofrecemos seguidamente una apretada síntesis:

Siendo las 9.15 del 15 de mayo de 1997, se hicieron presentes en la Sala de Audiencias de la Corte los miembros de la misma encabezados por su presidente, el Dr. Julio Salvador Nazareno (con la excepción del Dr. Fayt, que argumentó razones de salud), otras autoridades judiciales, querellantes, peritos de Gendarmería Nacional, encabezados por el segundo comandante retirado Osvaldo Laborda; el ingeniero químico Osvaldo Farré; el licenciado en química Mario Alfredo Galia; los peritos de la PFA, comisario Carlos Néstor López, subcomisario Raúl Arbor y principal Daniel Roberto Seara, y los ingenieros Rodolfo Danesi, Alberto Hugo Puppo y Arturo Bignol, de la Academia Nacional de Ingeniería.

Nazareno destacó la ausencia, pese a haber sido especialmente invitado, del experto israelí, Yacob Levi.

Luego de una extensa exposición de los peritos de PFA y Gendarmería (folios 2 a 37), cuyo contenido obviamos pues es la repetición de los argumentos reproducidos hasta el cansancio durante más de dos décadas por la práctica totalidad de los medios, se le dio la palabra a los ingenieros civiles.




Arturo Bignoli

Arturo Bignoli dijo que “La Corte Suprema nos propuso un problema… sabemos que la causa es una explosión, pero se nos pidió que investigáramos o estudiásemos algunas cualidades de ella; concretamente, el centro de la explosión, es decir, el lugar en donde probablemente se produjo…. 

No es un problema fácil… hoy no es posible observar efectos finales en forma material directa pues todo fue removido y demolido… lo que nos queda hoy como documentación de esos efectos es lo que se puede ver en las fotografías. 

Esta situación hizo que las fotografías fueran analizadas usando recursos especiales… tales como programas de computación especialmente preparados para tal fin… pero no todo se basó en programas especiales que nosotros mismos hicimos, sino también en programas que reconocen como autores al Ejército de los Estados Unidos y una firma especializada en la fabricación de vidrios, a la que tuvimos acceso gracias a una nota de presentación de este Tribunal.”

Con toda claridad

“Todos saben que en esta pericia nosotros sustentamos con toda claridad la idea de que la explosión se produjo adentro del edificio.”

“El problema era tan complicado y tan delicado que merecía resolverse por dos caminos diferentes…Afortunadamente, los dos caminos nos llevaron al mismo resultado.”

“La primera forma fue: partir de los efectos conocidos por la documentación fotográfica y cuidadosamente evaluados e interpretados. Voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto que las fotografías deforman las imágenes.

“En este mismo caso, una fotografía del edificio de Arroyo y Suipacha, el edificio alto de veintisiete pisos, ustedes lo habrán visto con un aspecto terrible de banana. Esto no es porque el edificio haya hecho una reverencia con motivo del atentado, sino que es una deformación propia de los lentes de las cámaras fotográficas. 

Entonces, con un sistema de computación que se llama CAD logramos interpretar esa foto, corrigiendo esa parte. Esta es una de las cosas que hicimos… (Se muestran múltiples transparencias)…

“Fíjense entonces cómo trabajamos. Para cada efecto indicador de un evento se adoptaron probabilidades y posibilidades de su producción suponiendo que el centro de la explosión estuviese adentro o afuera del edificio de la Embajada. Pongo un ejemplo a sólo título de tal: la pared del frente, se ve claramente en la fotografía que cayó sobre la calle. Cayó hacia afuera.

 Ese es un efecto. Ahí nosotros dijimos: partamos de la hipótesis sin compromiso de 50 por ciento de probabilidad de que eso se produjo porque la explosión fue adentro y 50 por ciento porque fue afuera. Pero al ver la pared caída sobre la calle, naturalmente, la probabilidad que le asignamos a que la explosión hubiese ocurrido adentro es mayor que la de que hubiese ocurrido afuera…

“Esto, en el fondo es un problema de Dinámica, capítulo importantísimo de la Física… de todas formas… Para ordenar el manejo de todas esas apreciaciones subjetivas, usamos un teorema de Bayes, que era un monje que vivió en siglo XVII… 

Este teorema permite, sobre la base de esas apreciaciones subjetivas, ir corrigiendo la probabilidad inicial… A priori partimos de 50 y 50. Luego fuimos agregando ésta, y se van obteniendo probabilidades a posteriori. Esto es una operación matemática que tiene sustento, que ordena el pensamiento, me impide confundirme… Así se obtuvieron las probabilidades de que el centro estuviera dentro o fuera.

“Un camino similar recorrimos con las posibilidades. Claro, las posibilidades no se pueden manejar con el teorema de Bayes… Normalmente, las posibilidades se manejan con la teoría de los conjuntos borrosos. Se obtuvieron así posibilidades de que el hecho hubiese ocurrido dentro o fuera. Esas posibilidades sirvieron para corregir las probabilidades.”

Certeza

“Esas probabilidades, ponderadas con las posibilidades, nos permitieron llegar a la conclusión de que la probabilidad, que es lo que nos preguntó la Corte, de que el centro de la explosión estuviese dentro del edificio es tan alta que los peritos tienen la certeza de que así ocurrió.”

“Hubo una segunda forma de resolver el problema… en vez de actuar sobre los efectos y calificar la probabilidad de que cada efecto respondiera adentro o afuera para la explosión inicial, se hizo otra cosa. Se hizo un modelo del edificio y de toda su zona circundante. 

Esto fue un trabajo de titanes… Ese modelo permite obtener los efectos, que ya habían sido elegidos como efectos indicadores de la cosa, a partir de varias ubicaciones y potencias del explosivo.

 El ingeniero Danesi lo va a explicar después…También por este camino se llega a la conclusión de que el centro de la explosión estuvo dentro del edificio”.




Rodolfo Danesi

A su turno, dijo el ingeniero Rodolfo Danesi: “Como ya indicó el ingeniero Bignoli, lo que voy a exponer es el Procedimiento B, que estuvo a mi cargo y que implica el análisis teórico computacional para determinar la ubicación y magnitud más probable de la explosión… Para la realización de este análisis se contó con la colaboración del Laboratorio de Estructuras de la Universidad de Tucumán. En este laboratorio, que es un centro de investigación y postgrado, existe un grupo que trabaja en mecánica computacional, que está integrado por un grupo de investigadores que no sólo son ingenieros civiles sino que también tienen estudios de postgrado realizados en el país y en el extranjero, con grados académicos de master en ingeniería estructural y doctor en ingeniería. Este grupo está encabezado por el doctor Guillermo Etse, que me acompaña en estos momentos.

“Haré una breve reseña o explicación de cada una de las etapas de trabajo. El análisis estructural de los edificios. Cuando digo edificios, si bien tuvimos en cuenta todos los edificios a 200 metros a la redonda, nos concentramos en el edificio de la Embajada, Consulado y complejo Santa Bernardina, que implicaba el asilo de ancianos –el geriátrico–, el colegio y la Iglesia. Había que determinar la verdadera distribución de planta y altura de muros y entrepisos. Había que hacer un reconocimiento de materiales constitutivos. Se necesitaba un estudio de tipología constitutiva, una clasificación en muros estructurales y no estructurales; implicaba conocer los espesores de los muros y la disposición de aperturas en cada edificio y en cada planta de ellos, y determinar la dirección de armado de los entrepisos… Esta información fue procesada y conducente a la elaboración de planos de arquitectura y estructura. Toda esta documentación está en los informes que hemos entregado. Se formó también un banco de datos en el que están la geometría, los materiales, las coordenadas, las cargas gravitatorias y las aberturas de muros y entrepisos… Con toda esta información y un sistema de CAD, Auto CAD y similares, se llegó a esa representación de los muros y entrepisos en planos verticales y horizontales”, dijo Danesi quien según las actas en ese avto exhibió varias transparencias.

“La otra información muy importante que había que conseguir era el reconocimiento de los daños reales acontecidos… Con toda esa información se realizó la evaluación de los daños directos e indirectos, tanto en muros como en entrepisos de cada edificio. Se elaboraron planos de cada planta, indicando el sector dañado (se exhiben distintas transparencias)… Por otro lado había que estudiar el problema de la carga explosiva y su propagación… Había que considerar ahora la rotura de los materiales… de modo que ya teníamos modelado y en un programa computacional la acción y el material sobre el cual iba a actuar la acción… Tenemos, pues ya, todo: la carga, material, la transmisión. Ahora, había que englobar todo eso en un programa para analizar la evolución del daño. Cada edificio fue estudiado bajo dos variables o tres, que eran: la ubicación del explosivo… en esta transparencia están indicadas las posiciones que se estudiaron en particular: la carga explosiva frente a la entrada; en la vereda; en la posición que sugerían los peritajes de la Policía y Gendarmería; una ubicación en el acceso; una ubicación en el primer piso y, finalmente, una en el vacum.”

Por qué fue ahí y no en otra parte

“Ahora voy a mostrar algunas imágenes de la pantalla de computadora… Esta es la Embajada, este el edificio San Bernardino, para una carga explosiva de 100 kilos de TNT. Y tenemos esto: la carga explosiva exterior, para un tiempo de 3,88 milésimas de segundo de la iniciación de la explosión. Llega a un radio de 6,5 metros, con una presión de 5,6 megaPascal, que son unos 560 kilonewton por metro cuadrado. ¿Cuál es el daño que hace? Rompe estas paredes del frente, llega a romper una pared del segundo nivel y paredes transversales. En el edificio San Bernardino todavía no hay ninguna señal de daño. Esto para carga exterior… Para la misma carga, para el mismo instante de tiempo, ubicamos la carga explosiva en el vacum. La intensidad del daño, evidentemente, es mucho mayor.

“Se avanza en amplitud… Otra vez la comparación… Acá es más evidente que de haber estado la carga explosiva ubicada en el exterior, hubiera hecho desaparecer el edificio de enfrente… No estaría existiendo como lo está ahora… Por el contrario cuando la carga explosiva se ubica en el vacum, para esa carga de 100 kilos, la predicción del daño es prácticamente igual al daño registrado.”

“Para concluir, entonces, el trabajo realizado implica primero un estudio exhaustivo del edificio antes de la explosión. En segundo lugar, un estudio de los daños acontecidos. En tercer término, la simulación o modelación de la carga y de los materiales y, lo que es más importante, capaz de reproducir el procedimiento de transmisión de la acción a los edificios. Con ese programa de computación fuimos capaces de reproducir y encontrar la ubicación más probable que consideramos es dentro de la Embajada, en el ambiente llamado vacum, para una magnitud de carga entre 100 y 120.”

Cráteres porteños

Por fin, habló el ingeniero Alberto Hugo Puppo: “Acá se nos dice que ha habido un cráter en la vereda, abarcando parte de la calzada. Nosotros no hemos encontrado, en nuestros análisis de las fotografías, que han sido muy meticulosos, indicios de ese cráter. Realmente, en el análisis de las fotografías tomadas desde el momento de la explosión hasta el anochecer del mismo día, el 17 de marzo de 1992, en todas las fotografías que hemos considerado, que son muchas, yo diría que más de 1.000, no hemos encontrado la presencia del cráter.”

“Yo he mostrado acá dos fotografías donde aparece una grúa que entró en el lugar al anochecer de ese primer día. Allí vemos que en la posición que da para el cráter el informe de Gendarmería Nacional tenemos ubicada una grúa, con un peso de muchas toneladas, sobre un pavimento que está totalmente liso…”.

“Además, tenemos otra cosa más. Nosotros hemos pedido un informe a Aguas Argentinas. Mejor dicho: lo pidió la Corte por solicitud nuestra. Y nos han informado que con 80 centímetros de tapada y 80 centímetros hacia afuera de la línea municipal -la tapada es del plano de la vereda hacia abajo- tenemos ubicado un caño de un material frágil, de hierro fundido… Entonces, de acuerdo con la posición del cráter, no es admisible que ese caño no se haya destruido completamente en el momento de la explosión…”.




Gendarme Laborda. Se hizo rico.

“Además, el perito de la Gendarmería (es decir, el segundo comandante Osvaldo Laborda) dice que la carga explosiva estaba guiada en una dirección, apuntando hacia el frente de la Embajada. Sin embargo, el cráter es al revés. El cráter que aparece allí es uno que tiene el diámetro mayor de la elipse en la dirección longitudinal de la calle Arroyo. Eso es otra cosa que llama la atención.”

“También tenemos, con respecto a esto del cráter, otra cosa que es sugestiva. Quisiera hacer un comentario particular sobre una apreciación del señor perito de la Gendarmería, que dice que no se puede hacer un cráter si no es con una explosión. La ciudad de Buenos Aires está llena de cráteres y no hay explosiones todos los días. Entonces, eso desvirtúa totalmente esa hipótesis. Con un pico es perfectamente posible hacer un cráter en unos minutos… Por otra parte, esto está avalado por la muy baja resistencia que tiene el hormigón en esa zona, de acuerdo con los mismos ensayos que presentaron esta mañana, que en algunos casos no alcanzan los 10 megapascales”.

“Estos son los elementos que nosotros encontramos para pensar que en los primeros momentos, es decir, en esa tarde, el cráter no estaba allí.”
Sótano y conclusiones

Más adelante el Presidente de la Corte inquirió cuál era la posición de los peritos en relación a “lo que ha informado el perito de Gendarmería respecto de que se mantuvo indemne el sótano de la Embajada, que estaba abajo -supuestamente -o hubiera estado abajo, de donde se produjo la explosión.”

Contestó el ingeniero Puppo:

“Le agradezco que me lo recuerde, porque era un tema que quería exponer y lo había dejado de lado. El sótano está ubicado en la parte posterior de la Embajada, en una zona cercana más al Consulado. Es decir, donde empieza el techo a dos aguas, en la parte de atrás está el sótano. O sea, que no hay sótano donde presumimos que estaba el centro de la explosión. En realidad, no lo había, para decirlo en términos más reales.”

Los párrafos transcriptos de las actas escamoteadas al público son muy elocuentes. Eran de esperar consecuencias jurídicas y políticas una vez que la Corte Suprema hubiera ponderado el conjunto de los datos expuestos.

Pero eso no sucedió.

“La Corte hizo públicos los resultados de las pericias encargadas a pedido de la querella a la Academia Nacional de Ingeniería con el propósito de reorientar y relenzar la investigación. ¡Ardió Troya!. Israel y los sionistas criollos rechazaron los resultados alegando ¡cuándo no! que los supremos y los ingenieros peritos “eran antisemitas que querían culpar a las víctimas” e iniciaron una furibunda campaña para que la Corte se desprendiera de la instrucción y se la pasara … ¡al juez Galeano!. Entonces la Corte, para zafar de las presiones, convocó a una Audiencia Pública de Compatibilización de Pericias en la cual participaran todos los que habían opinado sobre el tema, incluidos los “peritos” israelíes y yanquis que, aunque fueron especialmente invitados, finalmente no concurrieron”, describe José Petrosino, uno de los escasos estudiosos de la causa.

“La crucial audiencia, que por presión de los sionistas se convirtió en ‘reservada’ (…) a los periodistas no los dejaron acercar a menos de cien metros, duró doce horas, y los ingenieros civiles demolieron los argumentos de Laborda y López, demostrando que el hoyo que, pretendían, era ‘el cráter’ de la explosión de un coche-bomba, no existió hasta días después”, continuó Petrosino.

“Fue el fin de toda investigación”, sintetizó. “La Audiencia de Compatibilización de Pericias se convirtió en secreta (aunque sus actas se filtraron a la web, están en http/www.tsunamipolitico.com/explosion702.htm) , y la Corte fue obligada a dejar la instrucción en una Secretaría Especial tan encubridora como la UIF del suicida Nisman, secretaría especial que sólo siguió las pistas plantadas que por su truchez ostensible no habían sido consideradas. Y cuando Menem dejó el gobierno, su mayoría automática + Fayt con un inicuo “fallo” (que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, pretendió ‘cosa juzgada’) virtualmente cerraron la causa, que no ha vuelto a avanzar un ápice”.

Hace más de una década, el 11 de septiembre de 2004, escribí en el semanario Poder una nota en la que describí una ya añeja situación que desde entonces no ha variado:

“La publicidad de la pericia de la Academia Nacional de Ingeniería desató una insólita campaña contra la Corte Suprema. Sin explicitar por qué, el embajador Avirán, el jefe de la DAIA Rubén Beraja, y muchos otros declararon que cualquiera que considerase la hipótesis de la explosión interna mal llamada implosión era… antisemita.

“… La presión para que la Corte se aviniera a respaldar el consenso alcanzado por la CIA y el Mossad acerca de que el atentado había sido instigado por Irán y cometido por un kamikaze libanés… fue incesante. Beraja y Avirán pretendían pasarle la investigación al juez Galeano.

“Dicha presión llegó a transformarse, en 1997, en una amenaza pública del embajador Avirán, al entonces presidente de la Corte Suprema, Dr. Julio Nazareno, hecha por televisión, Avirán dijo que pediría el juicio político para los integrantes de la Corte, si avanzaban en la investigación de una posible implosión en el atentado a la Embajada, porque ése sería un acto de ‘antisemitismo’. En esa absurda y maliciosa posición lo acompañó, también públicamente, el entonces presidente de la DAIA Dr. Rubén Beraja.”

Esa amenaza del embajador israelí fue confirmada tiempo después, el 18 de marzo de 2005 por Página/12, diario insospechado de “antisemita”.

La Corte cede

Para tratar de cerrar el molesto tema, La Nación publicó el 6 de febrero de 1998 una nota visiblemente escrita a pedido:

“La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina estaría dispuesta a sostener, antes del 17 de marzo, fecha en la que se cumplen seis años del atentado a la Embajada de Israel, que hay indicios de que fueron integrantes de la Jihad Islámica y ciudadanos de Irán quienes cometieron el ataque terrorista. Esa posición indica el límite de lo que dirá el tribunal ante la insistencia de la colectividad judía para que se pronuncie sobre el tema antes de aquella fecha. Los dirigentes de la colectividad judía reclaman que la Corte sostenga expresamente que la Embajada fue destruida por una bomba colocada en el exterior del edificio, y que sus autores son los iraníes, explicó una fuente del alto tribunal. ‘Nosotros no nos vamos a pronunciar ahora sobre el lugar en el que estaba colocada la bomba”, dijo la fuente. En cambio, la Corte sí estaría dispuesta a satisfacer el reclamo de la colectividad judía, hasta un cierto punto, en cuanto al origen iraní del atentado.”

De acuerdo a lo publicado, en mayo de 1999 la Corte aprobó y difundió una acordada en la que aseguró que en el atentado “se había utilizado un coche-bomba” y que la autora era una presunta “Jihad Islámica” a la que le asignó ser “el brazo armado de Hezbollah”.

En realidad, la Jihad Islámica era sólo un “sello de goma” que usaron distintos grupos para cometer atentados anónimos. En los últimos tiempos suelen utilizarlo los terroristas del llamado Estado Islámico (EI, ISIS o Daesh).

4. La presunción de Fayt: 97 cajas de sanitarios y bolsas de Klaukol descargadas por Juan José Dorronsoro / Un testimonio clave: el de Rubén Sedarri / La falsa pista iraní que sembraron los asesinos / Dalila Dujovne y la verdadera pista iraní (que nadie quiso seguir)


Se acerca un nuevo aniversario del bombazo que demolió el palacete de Arroyo y Suipacha que servía de sede de la Embajada de Israel, el cálido martes 17 de marzo de 1992, con un saldo de entre 22 (los efectivamente contabilizados) y 29 muertos (como casi siempre se cita sin mayor respaldo… hasta ahora, que la cifra la ha hizo suya nada menos que la Embajada de Israel, ver al final), por lo que, por no saberse, ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuantas personas murieron.

Hace un año comencé a publicar el largo capítulo dedicado a este acto terrorista en mi libro El Caso Nisman. Secretos inconfesables / 1. Dije que iba a publicarlo aquí en cuatro entregas, pero no cumplí: sólo subí dos, desanimado por la falta de interlocutores. Dije entonces y repito ahora que ver quienes, cómo y dónde pusieron la bomba, sería muy fácil para cualquier lector atento, y que también podía apreciarse con claridad que fue el propio Shin Beth, el servicio de contrainteligencia de Israel, también conocido como Shabak (que tiene a su cargo tanto el contraespionaje en interior de Israel como los territorios ocupados y en Gaza, y que se encarga de la seguridad de todas las embajadas del estado judío) quien piloteó el desvío de las investigaciones hacia una supuesta Ford F-100 que supuestamente habría sido utilizada como vehículo-bomba cuando todas, absolutamente todas las evidencias confluían en que la explosión había sido interna. Y que esta certeza hacía imposible desechar la hipótesis de que los ejecutores materiales del ataque (el principal sospechoso, con mucho, era y es el traficante sirio Monzer Al Kassar, entonces el hombre más buscado del planeta por interpol, cuya presencia en Buenos Aires –protegido por su lejano primo, el presidente Carlos Menem– se había hecho pública días atrás por el MI-6 británico; el mismo que esa misma noche ofreció una pequeña fiesta a sus amigos de las colectividades sirias de Buenos Aires y de Corralitos, Mendoza, en su piso de la Avenida del Libertador) hubieran contado con su permiso y luz verde.

Los invito a leer con atención. La pasarán también como con Ataúdes tallados a mano, esa magistral nouvelle de Truman Capote, y no por mi mérito personal sino porque se trata de una gran historia y creo no haberla arruinado.

En este capítulo se verá como el camionero Dorronsoro mete lo que el ministro Fayt presumió que eran los explosivos, dentro del edificio y sus insólitas, desmemoriadas declaraciones posteriores. Se tomará conocimiento del crucial testimonio de Rubén Sedarri, que conmocionó al Gobierno de Carlos Menem, y de las primeras acusaciones contra iraníes (que a juicio del Pájaro Rojo solo pudieron levantar los mismos terroristas, que así buscaron naturalizar la presunta existencia de una Trafic-bomba) y de la verdadera pista iraní… que no se siguió porque apuntaba a un persa… que desertó para colaborar con los servicios de inteligencia anglosajones.

Los dejó ahora con el ministro Carlos Fayt, que por entonces disimulaba sus orígenes judíos (naciò en Salta con el apellido Moisés, Fayt era el apellido de su abuela materna, cambió uno por el otro a los 18 años) :


Olvidos y omisiones incomprensibles

Luego de cotejar muchos testimonios, Fayt escribió que “surge incontrastablemente que el día del atentado, aproximadamente a las 8.30, se recibieron en la Embajada 97 cajas de cerámica de aproximadamente 20 x 20 cm cada una, sanitarios y varias bolsas de material ‘Klaukol’ (que) una vez ingresados se acopiaban en el vacum”.

El camionero Juan José Dorronsoro efectuaba repartos para la firma Neuberger Hermanos. Dijo que ese día, cerca de las 7.30, fue con su hijo Pablo Martín al depósito de la empresa (en la avenida Vélez Sarsfield 1891, esquina Australia, Barracas), donde cargaron “104 cajas de baldosas para ser entregadas en el edificio sito en Rivadavia y Callao (en esa esquina estaba y están el Congreso Nacional, la luego cerrada Confitería del Molino y un hotel, encima de un café que se llamó Suárez y El Recinto y se llama ahora Del Carmen) más 97 cajas de sanitarios y bolsas con pegamento, que debían ser entregadas en Arroyo 917”. (sic).

Dorronsoro dijo que llegaron la Embajada alrededor de las 8.30 y que como nunca había ido antes y la Embajada quedaba en Arroyo 910 y 916, al principio no encontró la dirección y “se detuvo sobre la acera izquierda” donde consultó a un policía, quien le indicó que era “en la vereda de enfrente” Y agregó que, subsanado ese error, “seis o siete empleados vestidos con ropa de trabajo” descargaron los materiales, colocándolos en la vereda, mientras otra persona “de chaleco gris claro” acercaba a la mercadería “un aparato tipo detector”.

“A raíz de lo expuesto —escribe Fayt— surgió la presunción de que los explosivos podrían haber sido colocados entre los materiales en la escala previa a la Embajada, motivo por el cual se dispuso ampliar la declaración de Dorronsoro”. En esta segunda declaración el camionero dijo que no había existido el riesgo de que los materiales se hubieran mezclado ni “posibilidad de confusión” porque las baldosas que había dejado “en la calle Rivadavia (sic)” eran de distinta marca, y bolsas solo había llevado a la Embajada.




Vecinos de González Catán, dónde su fábrica, dicen que el polvillo de Klaukol los envenena. Bolsas del producto habrían sido utilizadas para camuflar el explosivo.

Respecto de quién le había entregado los materiales en Neuberger Hermanos, Dorronsoro dijo que “no se trataba siempre de la misma persona”, que solía haber “un señor Emilio y otro señor paraguayo”, y que también trabajaban allí “el muchacho que manejaba la grúa, el guinche” que había cargado el camión “y el que controlaba la entrega, que le daban la factura (sic) y le indicaban si tenía que cobrar y cómo”.

Sobre la escala previa a su llegada a la Embajada, el camionero dijo que creía recordar que había sido en un hotel de Rivadavia y Callao, “sobre Rivadavia de mano izquierda”… un absurdo total ya que sobre esa mano yendo por Rivadavia antes de cruzar Callao está la Plaza Congreso, y después de cruzar, el Congreso propiamente dicho, que ocupa toda la manzana.

Su hijo Pablo Martín dijo que no se acordaba bien del recorrido que había hecho el camión ese día “ni las características de la parada intermedia” y repitió que en la Embajada le había llamado la atención que hubiera personal de seguridad con “un aparato detector de bombas”.

Más tarde —al parecer en 1997— se volvió a citar a declarar a Dorronsoro padre para que identificara in situ el lugar donde habría hecho la entrega de 104 cajas de cerámicos antes de ir a la Embajada. Muy sorprendentemente, Dorronsoro cambió abruptamente de discurso y dijo que, ejem, se había equivocado al decir que había hecho escala en Rivadavia casi Callao; que bien podría haber sido “en un edificio de frente de mármol negro, muy prolijo, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen, a unas tres o cuatro cuadras de la avenida Callao” aunque ¡qué memoria la suya! agregó que aunque creía haber hecho una entrega en ese edificio, no estaba seguro de haberla hecho aquel día aciago. En fin, que o se le había declarado un Alzheimer o se estaba burlando de su interrogador.

En cuanto al hotel al que se había referido repetidamente antes, ubicándolo en la avenida Rivadavia casi Callao, dijo ahora que le parecía que se encontraba “sobre la Avenida de Mayo, entre 9 de Julio y Perú, sobre la mano izquierda”, es decir, a más de un kilómetro de allí. Acto seguido, el desmemoriado camionero fue con un funcionario de la Corte a tratar de identificar el edificio de la calle Hipólito Yrigoyen, para lo que entraron a ella por Matheu y rumbearon hacia el Bajo. Dorronsoro identificó el edificio como el ubicado en el número 1961… donde el encargado les dijo que trabajaba allí hacía aproximadamente dos años, y que su antecesor había fallecido. Fueron entonces a recorrer la Avenida de Mayo, ingresando por Perú, pero Dorronsoro no pudo encontrar el hotel donde supuestamente habría descargado material antes de ir a la Embajada de Israel.

Respecto del edificio de la calle Hipólito Yrigoyen, ubicada su administradora dijo que podía dar fe que desde noviembre de 1987 nunca se habían hecho obras en partes comunes ni comprado materiales para el consorcio. Sin embargo, creyó recordar que para esa época (marzo de 1992) había obras en un departamento, el 3º B. Resultó haber sido así, pero el propietario dijo que los materiales los había comprado allí nomás, en Rincón y Rivadavia, no recordando el nombre de la empresa. Ubicado uno de los plomeros que participó en aquella obra recordó que todos los materiales habían sido comprados en Sanitarios Conesa, de la calle Rincón 25.

“Como se advierte —escribió Fayt con involuntario humorismo— el lugar exacto en que se llevó a cabo la entrega previa a la Embajada no pudo ser establecido de manera fehaciente…”. Lo que no puede sino provocar una pregunta incómoda: ¿Neuberger Hnos. no pudo informar a quién le entregaron ese infausto día 104 cajas de baldosas?



La misma Embajada de Israel que durante 23 años desistió de impulsar la investigación (y la entorpeció todo lo que pudo) ordenó pegar afiches con su firma en las carteleras públicas con la aviesa leyenda “Hace 23 años que llegó el terrorismo a la Argentina”.

Como si la dictadura exterminadora que había apoyado mientras miles de judíos eran secuestrados, torturados y asesinados, no hubiera sido terrorista.

Como si los asesinos hubieran venido de afuera.

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Una hipótesis

Un escrito del 23 de diciembre de 1999 firmado por los ministros de la Corte Enrique Petracchi y Augusto Belluscio fundamentó su voto favorable al sobreseimiento —parcial y provisional— de la prostituta iraní Nasrim Mokhtari, y otro de Fayt, se refirieron al mismo episodio: el 19 de julio de 1998, al cumplirse cuatro años del ataque a la AMIA y a seis años largos del ataque a la Embajada, llamó por teléfono a la Corte Rubén Ignacio Sedarri, quien dijo tener datos que podrían resultar de interés para la investigación.

El día del atentado —dijo Sedarri al dar testimonio— había ido conduciendo una Ford F-100 y en compañía de un peón a entregar artefactos sanitarios a un comercio ubicado en la esquina sur de la calle Libertad con la avenida Córdoba. Al llegar por esta no había podido estacionar en el lugar donde habitualmente lo hacía —sobre la mano izquierda— porque ese sitio estaba ocupado por un “Peugeot 505 de color marrón, con vidrios polarizados de tonalidad medio violeta que permitía visualizar el interior”.

Su conductor estaba fuera del vehículo, de pie junto a la puerta. Le pidió si lo podía mover un poco para hacerle lugar, pero el hombre se negó de plano, hablándole con acento israelí”, aclarando seguidamente —es de suponer que ante preguntas de quien le tomaba declaración— que el acento quizá también podría haber sido árabe, pero que a él le había parecido hebreo. Sedarri dijo que el hombre estaba muy bien vestido y visiblemente nervioso; que detrás de su camioneta estaba estacionado un Falcon celeste ocupado por cuatro personas; que un hombre con impermeable –era un día soleado- llegó corriendo desde el lado de Cerrito —desde la 9 de Julio— y sacó del bolsillo un aparato con antena del tamaño de un grabador de periodista que tenía dos luces, una roja y una verde; que este hombre cruzó unas palabras con quien estaba junto al Peugeot, quien le dio las llaves del vehículo; que el recién llegado se metió en el Peugeot, puso el aparato entre los dos asientos delanteros y arrancó, seguido por el Falcon, y que apenas habían cruzado Libertad cuando se escuchó un gran estruendo. Agregó Sedarri que atinó tomar el número de patente del Peugeot (que ya no recordaba) y a ver que la chapa del Falcon era de la Capital y comenzaba con un “1”. Que los dos automóviles continuaron su marcha hasta la calle Paraná, donde doblaron en dirección a la avenida del Libertador, perdiéndolos de vista.




La esquina de Córdoba y Libertad. En la ochava, el conmercio de sanitarios dónde Sedarri descargó material. A su lado (a la derecha) la principal sinagoga de Buenos Aires.

Sedarri dijo que también perdió al hombre de acento medioriental que se había quedado a pie, y que quedó tan conmocionado por lo que acababa de ver, que luego de enterarse de la voladura de la Embajada de Israel, le contó a su madre lo que había visto, y que ella se lo contó a su hermano Luis Alberto, sargento 1º de la policía bonaerense, quien se desempeñaba en la División Sustracción Automotores de Vicente López. Que su hermano le pidió que fuera para allá y que una vez que llegó lo llevó ante el jefe de la división, el comisario (Miguel Ángel) Garello, y un subcomisario, a quienes les contó lo que había visto y les dio el número de patente del Peugeot.

Sedarri dijo que a las 21 los policías lo llevaron a la Casa Rosada, donde participó en una reunión en la que estaban presentes el embajador de Israel (Shefi), el ministro del Interior, (José Luis) Manzano, el juez federal de San Isidro José Roberto Marquevich, el jefe de la Policía Federal (Jorge Luis Passero), el comisario Garello; un subordinado suyo, un subcomisario, y su hermano. Que en esa reunión se enteró que el Peugeot cuya patente había dado era robado y tenía pedido de secuestro, y que al día siguiente lo llevaron al Departamento Central de la PFA, donde dio información para confeccionar dos identikits.

Pocos días después del atentado a la AMIA, el comisario Garello se puso en contacto con él y le pidió que acudiera a la Brigada de Investigaciones del Tigre, donde era el jefe, y le pidió que repitiera su relato, esta vez en presencia de quien les presentó como personal de la SIDE y del Ministerio del Interior.

Para verificar la veracidad de sus dichos, la Corte se puso en contacto con tres compañeros de trabajo de Sedarri en la época de los hechos, y con un empleado del comercio de Córdoba y Libertad que había recibido las mercancías transportadas por él aquel martes 17 de marzo, todos los cuales ratificaron que Sedarri ya les había contado la misma historia entonces.

Uno de los empleados, Aníbal Candia, dijo que había visto al hombre que estaba junto al Peugeot y que se negó a moverlo para hacerle lugar a la F-100 de Sedarri, que creía haberlo visto discutir poco antes con otro conductor por alguna cuestión relativa al tránsito y que había vuelto a mirarlo cuando Sedarri le contó que se negaba a hacerle sitio para descargar. Dijo que estaba tenso, vestía traje, llevaba anteojos de aumento, tenía los ojos rasgados, un poco achinados, pelo corto negro lacio y algunas canas.

A su turno, Sedarri confirmó que el Peugeot 505 marrón había sido robado “a mano armada… uno o dos días antes” de la voladura de la Embajada, que tenía pedido de secuestro por una denuncia radicada en la comisaría de Haedo y que un comisario había ubicado a su propietario.

Fayt detalló las infructuosas gestiones hechas por la Corte para identificar al automóvil en cuestión, dejando en evidencia la ineficacia de la Policía Bonaerense. También dejó constancia Fayt que la Corte le pidió a los Bomberos de la PFA un informe sobre la factibilidad técnica que podría “haber existido en aquella época de activar los explosivos situados” en la Embajada “a través de un sistema de control remoto” hecho funcionar desde Córdoba y Libertad (aproximadamente a un kilómetro de distancia). El Cuerpo de Bomberos respondió que era posible, aun cuando para ello era necesario “involucrar como nexo… un elemento tan falible como lo es el factor humano, representado por la presencia ineludible de un observador que, basándose en apreciaciones de sus sentidos, a su vez debería transmitirlos (las apreciaciones, no los sentidos) a quien en definitiva desencadenaría a distancia los procesos conducentes a la reacción de la carga explosiva”.

Dicho de otro modo, que como los teléfonos móviles estaban todavía en pañales, parecía imprescindible la participación de alguien dotado de walkie-talkies o aparatos de radio similares a los utilizados por la Policía.
La primera pista iraní








Apenas cuatro días después del 17-M, una denuncia anónima acusó a Walter Bordelli de haber preparado la pick-up Ford F-100 que se habría utilizado como coche-bomba. La carta se encuentra agregada a fojas 2391 y está fechada el 21 de marzo. Fue remitida a la Corte Suprema por la Comisaría 22ª, con jurisdicción en el barrio de San Telmo, el más antiguo de la ciudad. Los policías informaron que les fue entregada por la secretaria de la Iglesia Sueca ubicada en la calle Azopardo 1428, frente al diario Crónica, muy cerca del Parque Lezama, Puerto Madero y la Dársena Sur.

La mujer dijo que había encontrado la carta en el buzón de la iglesia. En ella, un tal “Fabián”, que se manifestaba amigo de Bordelli, aseguraba que este (domiciliado legalmente no muy lejos de allí, en la avenida Patricios) había sido contratado un mes y medio antes del atentado por un tal Kamut Ibrahim, quien le había encargado que hiciera ciertas modificaciones a una pick-up F-100. El tal Ibrahim, puntualizó la carta, utilizaba una cupé BMW y le había presentado a Bordelli a varias personas de nacionalidad iraní, entre ellas a una mujer de 24 años llamada Karina, con la que Bordelli había comenzado a intimar.

La carta de “Fabián” sostenía hasta poco antes de ser utilizada en el atentado, esa F-100 había estado guardada en el garaje de un tío de Bordelli, de nombre “Rubeiro Da Luz”. Como se recordará, el agenciero Roberto Barlassina había dicho que le había vendido la F-100 sospechada de haber servido de vehículo-bomba a un tal “Ribeiro Da Luz”. Según la carta, apenas se produjo al atentado Walter Bordelli se dio cuenta de que el vehículo-bomba utilizado era la camioneta que había reparado y había estado guardada hasta pocos días atrás en un garaje de su tío, así como que en el atentado estaban involucrados sus amigos iraníes.


Al mismo tiempo —continuaba la carta— estos, los iraníes, se habían dado cuenta de que Bordelli los consideraba involucrados en el atentado, por lo que uno de ellos lo había ido a buscar en una motocicleta Kawasaki Ninja de mil centímetros cúbicos de cilindrada y lo había amenazado de muerte para que mantuviera la boca cerrada. Al mismo tiempo —después del palo, la zanahoria— le había ofrecido dinero para que se casara con “Karina”, así como pasajes para ambos a fin de que se instalaran en Kuwait, donde le prometió un trabajo remunerado en 1.500 dólares mensuales, narró el anónimo.

Bordelli, sin otras alternativas, había aceptado el ofrecimiento, afirmaba “Fabián”, que terminaba diciendo que si había escrito la carta era solo porque estaba convencido de que su amigo estaba en grave peligro de muerte. (Curiosamente, Walter Bordelli sería puesto como testigo de la veracidad de sus dichos por un sospechoso de haber intervenido en el atentado a la AMIA, Alberto Jacinto Kanoore Edul. Bordelli era un vendedor de Centro Automotores, un concesionario de la marca Renault de la avenida Córdoba al 5000, podía dar fe de que había preguntado precio por una camioneta Trafic con anterioridad al ataque, alegaría Edul, un comerciante de uniformes e indumentaria de trabajo que llamó a Carlos Alberto Telleldín el domingo 10 de julio de 1994, el mismo día que este traspasó la Trafic de la que se dijo que había servido como vehículo para demoler la mutual judía).

En febrero de 1993, el Departamento de Delitos Federales de la PFA le pidió a la Corte Suprema que le enviara el original de la carta para hacer en ella pericias scopométricas. Argumentó sospechar que “Fabián” era Ernesto Luis Ramellini, uno de los amigos de Bordelli. Y Pedro Foglia, perito de la PFA, dictaminó que, efectivamente, Ramellini era el autor de esa misiva. La Corte citó a Ramellini a prestar testimonio. Este recién acudió a la segunda convocatoria pues, dijo, cuando llegó a su casa la primera cédula, no se encontraba en el país, sino en Colombia.

Ramellini negó vehementemente haber escrito la carta, y le ofreció a la Corte Suprema una hoja de la que, dijo, era su agenda personal, a fin de que pudiera cotejarse su letra manuscrita con la firma de “Fabián”. La Corte aceptó el pedido, y como el cotejo dio negativo, archivó la denuncia.

Más allá de lo formal, y si de fue Ramellini el autor de una carta cuyo contenido no se había encontrado que se correspondiera con la realidad, es decir que era esencialmente falso (jamás pudo comprobarse que el supuesto persa Ibrahim o el tío Rubeiro Da Luz tuvieran existencia física) quedó flotando una obvia pregunta sin respuesta: ¿Quién, más allá de los terroristas, podría estar interesado en desviar las investigaciones hacía un fantasma iraní poseedor de una no menos fantástica camioneta F-100?

La verdadera pista iraní

La posibilidad cierta de que se produjera un atentado contra la Embajada de Israel fue puesta en conocimiento de funcionarios de esa sede diplomática a principios de marzo, 13 o 14 días antes de que ocurriera, es decir con una anticipación de dos semanas. Quien lo advirtió fue Dalila Dujovne, una ciudadana israelí, hija de un prestigioso filósofo, León (especialista en las vidas y obras de Baruch Spinoza y Martín Buber) y prima de Alicia Dujovne Ortiz, una excelente escritora (al menos para mi gusto y a pesar de que abomina de su tío Raúl Scalabrini Ortiz), residente en París. Para más inri (es decir, escarnio, en recuerdo del cartel que los romanos pusieron en la cruz en la que clavaron a Jesús, siglas de la expresión “Rey de los judíos”), tampoco por sus méritos personales Dalila era una persona cualquiera: había sido soldado del Tshal, las Fuerzas de Defensa de Israel, seguía siendo reservista y había sido empleada de la propia Embajada. Además, hablaba farsi y era una entendida en la cultura persa. ¿Qué más podía esperarse?


“No me llevaron el apunte”, repetía, mortificada, una y otra vez en las varias ocasiones que fue a visitar al autor al tercer piso de la agencia Télam a comienzos de 1998. Hacía ya tiempo, posiblemente dos años, que había prestado testimonio en la Corte y acusaba a Rubén Beraja de haberle pedido que mintiera en lo que respecta a las condiciones de seguridad de la sede diplomática, que decía eran prácticamente inexistentes. Dalila se pregunta una y otra vez por qué, por qué razón Israel no había hecho nada para prevenir ambos ataques.

Recordaba con sarcasmo que cuando lo conoció, el abogado de la AMIA, Luis Dobniewski, le preguntó: “¿Así que vos sos la Wilson Dos Santos de la Embajada?”, comparándola con el taxi boy y servicio brasileño que había pasado el aviso de que se venía otro ataque contra un edificio de la colectividad judía en Buenos Aires en los consulados argentino e israelí de Milán sin que le hicieran caso. Dalila repetía que le había avisado dos semanas antes a una alta funcionaria de la Embajada, Shoshana (Susana) Poch, que el jefe de la naviera iraní en Argentina, “Majid Mashadchi (como realmente, pudo averiguarse, se llamaba; ella lo transcribía fonéticamente como “Machani”)” le acababa de comunicar que algo muy grande iba a suceder el 17 de marzo y que el objetivo sería “un blanco judío”.

“No conseguí que me llevaran el apunte”, repetía. “Israel estaba sobre aviso de que podía ocurrir algo como lo que ocurrió, y no hizo nada para impedirlo”. Es más, su advertencia ni siquiera había conseguido que se mejoraran las medidas de seguridad de la Embajada, que “eran prácticamente inexistentes” (no la habían palpado de armas ni revisado con el detector de metales), suponía que a causa de las refacciones que se estaban llevando a cabo en el edificio.

Según dijo en aquella época un vocero oficioso de la Corte Suprema, el de Dujovne era “quizás el testimonio más sólido que relaciona a los iraníes con el crimen”. Dicho vocero también aprovechó para quejarse de que “los servicios secretos israelíes jamás nos hayan hecho saber qué pudieron averiguar acerca de quiénes y cómo cometieron el atentado”.

“Lo que más sorpresa me causó y me sigue causando es que, con posterioridad a la consumación del atentado y hasta hoy, jamás personal de la Embajada de Israel haya intentado siquiera ponerse en contacto conmigo”, razonó Dalila. “Hacen como si ignoraran que yo les advertí con dos semanas de antelación que era posible que sucediera algo muy grave el 17 de marzo”, insistió. Fue a causa de este, “para mí, incomprensible desinterés por parte de Israel”, explicó a continuación Dalila, que recién declaró ante la Corte Suprema cinco años después del ataque, el 3 de abril de 1997, a instancias de Beraja.

En un extenso diálogo con el autor, Dalila Dujovne ratificó las partes sustanciales de aquella declaración, cuya copia presentó, pero en cambio rectificó otras, aun a sabiendas de que podía ser acusada de falso testimonio. “Beraja me insistió mucho para que dijera ante los ministros de la Corte que cuando había ido a la Embajada y me entrevisté con Shoshana Poch, las medidas de seguridad que se tomaban para identificar a las personas que ingresábamos eran meticulosas. Y, la verdad, eran prácticamente inexistentes”, dijo, manifestándose “muy mortificada” por haber mentido en este punto al decir que había entrado al edificio “por una puerta ubicada en el frente, en el costado derecho, bajo control estricto”.

Dujovne recordó que había trabajado años atrás en ese lugar y que lo conocía muy bien en “todos sus recovecos, y que por eso puedo decir con certeza que cuando llegué muy agitada a contar que Mashadchi me había advertido insistentemente que el 17 de marzo ocurriría algo muy grave, me llamó mucho la atención que casi no hubiera medidas de seguridad, puesto que cuando yo trabajé allí sí las había, y muy estrictas”.

“Beraja también me pidió que no dijera que había trabajado en la embajada ni que era reservista del Tshal, pero en estos casos, por suerte, no me vi obligada a mentir… porque no preguntaron al respecto. Me límité a no decirlo”. En cambio, ratificó el resto de su testimonio, e incluso individualizó correctamente por primera vez ante un periodista el nombre y apellido de su informante iraní. Explicó al respecto que ante la Corte lo llamó por error “Machani”, tal como ella lo recordaba, pero que posteriormente encontró un papel en el que lo había anotado correctamente.

Según el relato que hizo ante la Corte, salpicado por algunas pocas precisiones que le pidió el autor, a principios de 1992 Dujovne trabajaba en la Marítima Robinson y en febrero, al regreso de sus vacaciones en la Patagonia, encontró en su contestador telefónico un mensaje en inglés de Mashadchi, a quien no conocía y que le había dejado dicho que quería verla por un asunto de negocios. Tras arreglar una cita con él, acudió a verlo “el 2 o el 3 de marzo” a las oficinas de la (Islamic Republic of) Iranian Martitim Shipping Lines, que se encontraban “pegadas a las de la marítima croata” en el edificio de la naviera J.E. Turner & Co., en Reconquista al 500.

“Resultó ser un señor muy bajito, de entre 40 y 45 años, que me recibió en un despacho decorado por sendos retratos de (Rulloah) Jomeini y (Ali Akbar) Rafsanjani. Al presentarme, le dije que amaba a Irán, país que había tenido la suerte y el honor de conocer, y donde incluso visité la tumba del profeta Alí, en la ciudad de Madhad”. Después de especializarse en filosofía musulmana y judía, en 1978, Dujovne, efectivamente, había recorrido Irán. Por entonces todavía reinaba el Sha Rezha Palevi, un firme aliado de los Estados Unidos e Israel. Un año más tarde el Sha fue derrocado por una insurrección popular que instauró una república islámica bajo la tutela del imam Jomeini.

“Después de estos preámbulos, le pregunté en qué podía servirle, y él me dijo que necesitaba una cotización para que diez adultos y cinco chicos viajaran a Puerto Montt, Chile, antes del 17 de marzo. Me extrañó que no se la pidiera a la agencia de viajes con la que trabajaban habitualmente la embajada y las empresas iraníes. Se lo dije, pero él me respondió que quería comparar precios”, narró. Mashadchi buscaba un viaje en barco que fuera directamente a Puerto Montt, sin atravesar fronteras terrestres. Al día siguiente, Dujovne le informó que no podía ayudarlo, puesto que en cualquier caso los viajeros debían atravesar la frontera por vía terrestre y llegar a Puerto Montt en un ómnibus chileno.

“No, así no me sirve”, dice que le respondió el iraní. “Su respuesta hizo que creciera mi intriga acerca de los verdaderos motivos que lo guiaban y decidí hacerle saber que era judía, a ver qué pasaba. Lo hice ‘al bies’, comentándole que me apenaba mucho haber estado en Irán y no haber podido visitar la ciudad de Jamadam, donde está la tumba de la reina Esther. Y agregué que ese era el nombre de mi madre”.

“Actúa, traiga plata”

Tras cerciorarse de que Mashadchi sabía que era judía, Dujovne comprobó que, lejos de callarse la boca, el iraní se puso más locuaz. Siempre en inglés, le dijo que él mismo iba a ser uno de los viajeros, junto a otros dos compatriotas, sus respectivas esposas e hijos. “Y que el motivo del viaje era que, por razones políticas, ninguno de ellos quería regresar a Teherán ni tampoco permanecer en Buenos Aires, donde creían estar al alcance de posibles represalias del gobierno iraní. Me decía que en Irán estaban matando a mucha gente”.

“Me tengo que ir porque el 17 de marzo va a pasar algo terrible”, dice Dujovne que le dijo el hombrecito. “¿Qué es lo que va a pasar?, le pregunté. Y él me dijo que no me lo podía decir, pero que me grabara una fecha, el 17 de marzo. Lo recuerdo muy bien porque la escena era muuuuuy rara: Mashadchi en ese momento se tendió sobre el escritorio, apoyó la cabeza sobre los brazos y dijo varias veces sin mirarme, para adentro pero en voz alta, seventeen march”. Dujovne dijo que, aunque le insistió a Mashadchi para que le contara qué iba a pasar el 17 de marzo, él le dijo que para decir más, necesitaba dinero. “Me dijo que lo necesitaba para radicarse con su familia en Chile. Y después me despidió diciéndome en un mal castellano: ‘Actúa, traiga plata’”.

Tan pronto salió de las oficinas del edificio Turner, dijo, fue a la Embajada de Israel. “Fui con la rara sensación de que Mashadchi no me había mentido, qué sabía que iba a ocurrir algo muy malo el 17 de marzo y que, efectivamente, quería dinero para irse de la Argentina. Aunque en ningún momento me dijo que sabía que se iba a cometer un atentado contra la Embajada de Israel, yo deduje que se refería a un ataque antijudío, y por eso fui de inmediato a la Embajada”.

Repitió que no tuvo inconvenientes para entrar al edificio solo con mostrar el documento, y que las medidas de seguridad eran inexistentes. Tras decirles a varias personas por encima lo que había pasado, fue recibida en una oficina por Shoshana Poch. “Aunque le conté todo y le insistí en que quería hablar con algún responsable, con alguien de la seguridad, no me llevó el apunte. Decía que estaba harta, podrida de los árabes que ofrecían información a cambio de dinero. Yo protesté. Le dije que Mashadchi no era árabe sino iraní y que era el mismísimo jefe de la Iranian Shipping Lines. Incluso le dije que a lo mejor estaba en preparación un ataque a la propia Embajada. Pero no me hizo caso”.

Para Dujovne, Israel podía esperar una represalia de parte de Irán, porque hacía poco más de dos semanas que tropas israelíes habían matado en el sur del Líbano al secretario general de Hezbolá, Abbas Musawi, a su mujer y a su hijo de cinco años. “Musawi, tengo entendido, era pariente en línea directa de Jomeini”, comentó. También dijo que se había enterado que después del ataque a la Embajada, Mashadchi había participado de la Feria del Libro “al frente de una delegación aluíta, la secta que gobierna Siria”.

Pero lo que Dujovne no podía entender era que “casualmente, Shoshana Poch no fue a trabajar” ese infausto 17 de marzo. Y, menos todavía, por qué nunca había declarado en la causa. “Poco después del atentado, la trasladaron a la embajada en Montevideo. Y tengo entendido que no pasó mucho hasta que se jubiló”. La conclusión de Dujovne fue estremecedora: “Muchas veces pienso que Israel sabía que se iba a producir el atentado. Y que no hizo nada para impedirlo”.

Lo que se investigó

“Cuadra tomar debida nota de que algunas de las sorprendentes revelaciones de la señora Dujovne vienen siendo puntualmente verificadas por el tribunal. Efectivamente, ha sido comprobado… que la compañía naviera iraní… funcionaba… tal como lo declaró la testigo… que dejó de operar tiempo después (y) que el gerente de la empresa era la persona que responde al nombre de Machani (se escribe un poco diferente) también como ella lo indicó (y) que este sujeto fue inquilino de un departamento ubicado en la avenida del Libertador (2254, según especificó el abogado Horacio Lutzky en su libro ya citado) a cuyos efectos firmó un contacto de locación a partir del año 1991, pero que lo rescindió poco después de ocurrido el atentado y salió del país. Existían indicios de que se trataría de un disidente del régimen iraní que actualmente tendría residencia en la ciudad de San Pablo, Brasil, hallándose en curso tareas de inteligencia a estos efectos”. Tal fue la enumeración que hizo el abogado de la DAIA, Rogelio Cichowolski, al presentar su ya mencionado “Tercer informe sobre el estado de las actuaciones judiciales…”.

“Destaco especialmente que la señora Dujovne dijo al tribunal que cuando recibió la advertencia de un inminente ataque concurrió de inmediato a formular la denuncia a la Embajada de Israel, donde fue atendida por la señora Susana Poch, quien le impidió el acceso a algún funcionario de superior jerarquía”, puntualizó Cichowolski. “Consta en la causa que a requerimiento de la Corte, la Embajada de Israel negó conocer el lugar de residencia actual de Susana Poch. Sin embargo, de la declaración testimonial prestada hace pocas semanas por el rabino Mario Rozjman surge que Susana Poch se desempeña actualmente en la Embajada de Israel en la República Oriental del Uruguay”, apostilló.

Cuando por fin, a las cansadas, la señora Poch declaró ante la Corte, dijo no recordar haber recibido a Dalila, a la que reconoció conocer, y agregó que cuando fue secretaria del embajador, entre 1976 y 1989 (es decir, durante toda la dictadura y todo el gobierno de Raúl Alfonsín), era frecuente recibir cartas “dando a conocer conspiraciones”, pero que lo recordaría si hubiera ocurrido poco antes del 17-M, señaló el ministro Fayt.

Mashadchi se había ido del país rumbo a Irán a principios de julio de 1992, época en la que también la naviera iraní se fue de Buenos Aires y se radicó en Río de Janeiro, según informó el DPOC. Al parecer, el destino de los Mashadchi había sido Londres, informó la Dirección Nacional de Migraciones. Consultado, el Reino Unido comunicó que no podía confirmarlo.

Dalila fue convocada por la Corte para ampliar su declaración. Dijo que lo lógico era que los Mashadchi hubieran salido del país en autobús hacia Chile, como le había hecho cotizar, que había podido averiguar que Majid era profesor de inglés y que probablemente hubiera conseguido trabajo en Londres en una cadena especializada en enseñarle el idioma de Shakespeare a chiítas de la India y Pakistán cuyo nombre podría ser “Tabliq”…

Y en ese punto parece haber quedado todo, acaso porque se haya averiguado que el petiso Majid era, efectivamente, un disidente, enemigo del gobierno de Teherán, y que acaso su advertencia, como la de Wilson Dos Santos, haya estado “plantada”.

Lo cierto es que Israel jamás movió un dedo para que esta investigación avanzara.

Publicado por Juan José Salinas

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