Apenas lleva unas hora en el cargo, pero el nuevo gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ya ha anunciado que pondrá en marcha todas las iniciativas para que la isla deje de ser un Estado Libre Asociado a EE.UU. y se incorpore a ese país plenamente.
El anuncio de Rosselló no es nuevo. Durante toda la campaña electoral, el candidato a gobernador dejó claro que, de ser elegido, pondría en marcha todos los mecanismos posibles para cambiar el estatus actual de la isla, al que considera un régimen colonial y la razón última de todos los problemas económicos del territorio caribeño.
El 'Plan Tennessee'
Para conseguirlo, el nuevo gobernador de Puerto Rico utilizará el conocido como 'Plan Tennessee': un mecanismo de presión que utilizaron los ciudadanos del entonces territorio en 1796 para obligar a las autoridades estadounidenses a incluirlos como Estado, aún cuando Washington no estaba muy convencido de ello.
Así, la estrategia consiste en que, sin haber sido reconocido como estado, Puerto Rico escoja a sus representantes en el Congreso estadounidense, a donde acudirán para defender la aspiración de la isla. Con este mecanismo de presión, Tennessee solo tardó tres meses en ser reconocida como estado de EE.UU.
Imagen ilustrativaAlvin BaezReuters
Según explica Colón de Armas, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, en una entrevista a la 'BBC', se espera que el nuevo gobierno de la isla anuncie en los próximos días su plan para designar varios representantes que presionarían a las autoridades federales en Washington.
El analista explica, además, que la actual representante oficial de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense, quien tiene voz pero no voto, también presentará un proyecto de ley pidiendo el fin al estatus colonial.
Todo esto debería plasmarse en un "acta de admisión", mediante la cual el Congreso expresaría en detalle cuáles son las condiciones exactas en las que Puerto Rico entraría a formar parte de EE.UU. como estado 51, y presentaría a los votantes de la isla la oportunidad de aceptarlas o rechazarlas en un referéndum definitivo.
Su inclusión no beneficia a los republicanos
En este sentido, en 2012, y coincidiendo con la celebración de las elecciones generales, se preguntó a los puertorriqueños sobre el estatus político de la isla con dos preguntas.
A través de la primera, el 54% de la población se manifestó en contra de su situación actual.
Y la segunda reveló que el 61,1% de lo ciudadanos estaba a favor de la incorporación a EE.UU., frente al 33,3% que defendió el Estado Libre Asociado Soberano (una variante poco definida del actual estatus), y solo el 5,5% mostró su apoyo a la independencia.
No obstante, el elevado número de votos en blanco provocó que muchos dudaran de la solidez de los resultados.
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Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Jones. Constituido como un Estado Libre Asociado desde 1952, año en que el territorio promulgó su propia Constitución, Puerto Rico cuenta con un Legislativo que le permite cierto grado de autonomía, pero continúa supeditado a Washington en asuntos de fronteras, relaciones diplomáticas o defensa, entre otros.
Así, el poder de ejercer su soberanía recae en el Congreso de los Estados Unidos, y los poderes existentes en la isla, al no gozar de protección en la Constitución estadounidense, son revocables. Además, los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales estadounidenses, a menos que dispongan de residencia en el territorio continental.
Sin embargo, no está claro que Washington esté dispuesto a aprobar que la isla se convierta en el estado 51 de EE.UU., sobre todo, desde la victoria de Donald Trump.
Los puertorriqueños que viven en territorio continental y, por tanto, pueden votar, suelen hacerlo a favor de los demócratas, por lo que la inclusión plena de la isla podría desequilibrar el juego de poderes entre los dos principales partidos políticos.
