El 8 de octubre de 2002, cuando era presidente del país el Ing. Enrique Bolaños, el Estado de Nicaragua cargó con la obligación de pagar al Banco Central de Nicaragua (BCN) los saldos deudores que resultaren en pago por la asunción de compromisos financieros, con el fin de garantizar los depósitos de los cuenta habientes de cada una de las cuatro instituciones bancarias intervenidas y liquidadas en el bienio 2000-2001 por el entonces presidente del BCN, Noel Ramírez Sánchez.
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| Eduardo Montealegre |
Los cuatro bancos liquidados en ese bienio fueron el INTERBANK, adquirido por el Banco de la Producción (BANPRO); el Banco del Café (BANCAFÉ), comprado por el Banco de Finanzas (BDF); el Banco Mercantil (BAMER), comprado por el Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO) y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), comprado por el Banco de la Producción (BANPRO).
Entre mayo de 2000 y agosto de 2001, el BCN emitió Certificados Negociables de inversión Bancarios (CENIS) con un valor precio de US$332.2 millones, con plazos desde 1 año hasta 4 años y con una tasa de rendimiento promedio ponderado de 14.52%, por lo cual el valor facial de dichos CENIS, es decir, el costo total de las liquidaciones bancarias, ascendió a US$492.4 millones.
Debido a la insuficiencia de recursos presupuestarios, en 2003 el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Eduardo Montealegre, recibió la instrucción presidencial de reestructurar el saldo de US$320 millones de esta deuda pública correspondiente a los años de 2003 y 2004.
Con la aprobación del Consejo Directivo del BCN, Eduardo Montealegre, un economista y experto en finanzas, “infló” el valor presente de esas deudas al estimarlo con una menor tasa de descuento que las originalmente pactadas, las cuales, además, son fijas hasta su vencimiento, o sea, no fluctúan libremente como en los mercados financieros organizados.
El caso más crítico en estas reestructuraciones fue el de los CENIS-INTERBANK, cuyo saldo al ser reestructurado tenía una tasa original de descuento “dolarizada” de 21.43% y su valor presente fue estimado con una tasa de descuento de 7.4999%. Sólo esta acción provocó una pérdida de US$23.4 millones al Presupuesto General de la República.
En la reestructuración de la deuda por liquidaciones bancarias, Eduardo Montealegre aplicó plazos de 3 años, 5 años y 10 años; usó dos nuevos papeles que sustituyeron a los CENIS Bancarios, como fueron los Bonos Bancarios y dos Bonos Cupón Cero, estos últimos usados en la reestructuración de los CENIS-INTERBANK; bajó las tasas de interés al reestructurar los CENIS-INTERBANK- BANIC- BANCAFÉ, pero la subió al reestructurar los CENIS-BAMER, cuyo saldo original del 16 de febrero de 2004 era prácticamente igual al saldo reestructurado del 15 de octubre de 2003. La reestructuración de esta deuda pública interna no fue soberana sino comercial, mejor dicho, fue un sainete financiero, o sea, una reestructuración tragicómica, ridícula y grotesca -Montealegre la llamó su “reingeniería financiera”-.
Los Bonos Bancarios, como los CENIS Bancarios, fueron inversiones sin riesgo, porque no estaban sujetos a la creación de ninguna reserva en ninguno de los bancos adquirentes de los bancos liquidados, fueron pagados en córdobas con mantenimiento de valor y no en dólares estadounidenses, fueron emitidos por el ente emisor de la moneda local, el BCN, y gozaron del escudo fiscal de no pagar el impuesto sobre la renta.
Eduardo Montealegre, en su calidad de ministro del MHCP y de miembro del Consejo Directivo del BCN, también participó en la aprobación de las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados, un proceso poco transparente y bastante viciado.
Ninguna subasta de estos bienes fue realizada con la metodología de venta con un “precio base” para proteger el patrimonio público, y no olvidemos que el ministro del MHCP es el cuidador de la cosa pública.
A “sobre cerrado” en tres subastas se vendió el 35% del valor bruto del total de la cartera de préstamos de los cuatro bancos liquidados y cada dólar fue vendido en 3.2 centavos de dólar, en las que participaron no sólo instituciones financieras que rechazaron esos activos cuando adquirieron a los bancos liquidados, sino también otras instituciones que manejaban información privilegiada sobre esos activos.
Saltan a la vista la venta de la cartera cafetalera con sus garantías bancarias a un solo oferente en 11 centavos de dólar por cada dólar, y la venta de la cartera de la tarjeta de crédito y microcrédito a un solo oferente en 2.8 centavos de dólar por cada dólar.
A “sobre cerrado” se liquidaron los bienes inmuebles, que produjeron más de tres veces el valor de las subastas de la cartera de préstamos.
También salta a la vista la venta de los bienes inmuebles de la casa matriz del BANIC en US$5.2 millones, la cual era valorada a precio de mercado por expertos en bienes inmuebles en un poco más de US$16 millones.
“Al martillo” se subastaron 668 obras de arte en 930 mil dólares, entre las cuales figuran pinturas que forman parte del patrimonio nacional, protegidas por la ley, de Orlando Sobalvarro, Edith Grón, Róger Pérez de la Rocha, Omar de León, Alejandro Canales, Rodrigo Peñalba, Bernard Dreyfuss y Leonel Vanegas.
También “al martillo” se liquidaron los vehículos en 152 mil dólares, y en lotes el mobiliario y el equipo de oficina en 95 mil dólares, pero no se conocieron los destinos del software y del hardware utilizados para la automatización de todos los procesos de los 4 bancos liquidados.
Con la ayuda de las matemáticas financieras se puede demostrar que Eduardo Montealegre, cuando fungió como ministro del MHCP, cometió graves daños al erario y al patrimonio de los nicaragüenses, es decir, perjudicó al Estado de Nicaragua. Sin embargo, sin duda alguna, sólo un Juez puede declararlo inocente o culpable.
Estos fueron los principales hallazgos de la reestructuración de esta deuda y las subastas de los activos de los bancos liquidados, parte de la investigación que realicé a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) a lo largo del año de 2006. En el primer trimestre de 2007, con instrucciones de la CGR, presenté esos resultados con más detalles a cada una de las bancadas de la Asamblea Nacional, entre ellas la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que estaba presidida por el diputado Eduardo Montealegre.
Por todas estas razones, Eduardo Montealegre me calumnió e injurió al escribir irresponsablemente y publicar el 31 de julio de 2008 en el diario La Prensa que yo era uno de los más conocidos quiebra bancos del país, me imputó el delito de ser defraudador del Estado de Nicaragua, y que dudaba de la profesionalidad de mi estudio, al escribir que había encontrado muchos errores, además de reiterar esas acusaciones en una supuesta carta de disculpas fechada el 2 de febrero de 2011 que circuló desde la dirección electrónica de la casa de su movimiento político personal, con copia a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Diario La Prensa Sección Política y Medios de Comunicación Social.
Durante ocho años pedí al Poder Legislativo que cumpliera las solicitudes de dos judiciales de levantar la inmunidad al diputado Eduardo Montealegre para poder demandarlo por injurias y calumnias, pero mi solicitud no prosperó. Protegido por este Poder del Estado, Montealegre se convirtió en un impune más al escudarse en la inmunidad que le confería su cargo público.
El 28 de julio de 2016, Montealegre dejó de ser diputado y no tiene inmunidad. El 1 de septiembre recién pasado, dos judiciales nos convocaron –al querellado y a mí- a la audiencia inicial con fines de preliminar programadas para el 5 de septiembre, pero el 2 de septiembre sorpresivamente los dos jueces dejaron sin efecto las convocatorias debido a “reestructuración de las agendas de sus despachos en función de los ajustes relacionados con la reciente implementación del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua”.
Han transcurrido cuatro meses desde la suspensión intempestiva de las convocatorias de los dos jueces. En ese lapso he pedido celeridad procesal a los jueces locales de lo Penal de Managua María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas, y al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, presidido por Marvin Aguilar e integrado por Alba Luz Ramos, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón, pero no me responden, perpetúan la retardación de justicia injustificada, no giran las instrucciones generales de carácter procedimental a los dos jueces antes mencionados, no aseguran una administración de Justicia pronta y cumplida, y violan mis derechos al debido proceso. En esta forma, el Poder Judicial protege a Eduardo Montealegre y avala su impunidad porque, sin tener inmunidad, continúa evadiendo la justicia por su presunta delincuencia.
En julio de 2008, la Fiscalía General de la República acusó, entre 39 personas, a Eduardo Montealegre por coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias, por su presunta delincuencia en la reestructuración de la deuda pública por las liquidaciones bancarias antes mencionadas y en aprobación de las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados en 2000-2001.
Ahora el ex diputado Eduardo Montealegre es uno de los más renombrados y reconocidos impunes de Nicaragua. Aun así, el presunto delincuente Eduardo Montealegre se autonombra y se hace llamar un representante demócrata de Nicaragua. Su actual autocensura o silencio no le esconde su presunta delincuencia ni su impunidad.
El Estado de Nicaragua, a través del Poder Ejecutivo, lo acusó en julio de 2008 y contradictoriamente, a través del Poder Legislativo, lo defendió de mi acusación desde agosto de 2008, y también a través del Poder Judicial lo continúa defendiendo al prolongar injustificadamente la retardación de justicia desde septiembre de 2016. Es preocupante que el Estado de Nicaragua avale la impunidad de un banquero y político, pero tengo confianza que recuperaré mi derecho de tener acceso a la Justicia.
Por Néstor Avendaño
Economista
Economista
