Perjuicio económico al estado ronda 1.200 millones de colones
Empresarios habrían cobrado dinero público por trabajos fantasmas
Por Pablo Rojas
CRHoy
Tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre ellos el exdirector apellidos Acosta Monge, habrían establecido un plan delictivo junto con varios empresarios de construcción para apropiarse de fondos públicos destinados a la ruta nacional 1856, conocida como trocha fronteriza.
La estimación hecha por el Ministerio Público, señala que las arcas estatales habrían sido saqueadas en 1.234 millones de colones.
En total, unas 26 personas figuran como imputadas en la acusación.
¿Cómo fue que ocurrieron los delitos? Los 3 funcionarios del Conavi y los empresarios habrían formado un contubernio para que los segundos presentaran documentación falsa y cobraran por trabajos no realizados.
“En la investigación se logra establecer que, en algunos casos, una empresa presentaba el cobro por realización de obras, pero luego se determina que esa maquinaria estuvo trabajando en otra área”, comentó Jorge Chavarría, Fiscal General.
También fueron señalados 2 inspectores del Conavi apellidos Serrano y Ramírez. El listado lo completan 18 empresarios, 3 falsos inspectores y las esposas de 2 imputados.
Lista de imputados
Los delitos se consumaban cuando la maquinaria trabajaba en una zona determinada para una empresa, mientras otra compañía distinta era la que cobraba por los supuestos trabajos hechos con esa misma maquinaria.
“En otros casos, una misma empresa presenta la misma maquinaria trabajando en 2 lugares diversos a la misma hora. En otros, se presenta el cobro de alquiler de maquinaria que no existe. Todo esto amparado a declaraciones aduaneras falsas”, expuso Chavarría.
Igualmente, se cobró por el alquiler de maquinaria que no fue nacionalizada, es decir que estaba fuera del país al momento de los trabajos. “Se hicieron cobros por maquinaria que nunca trabajó o por tarifas mayores a las establecidas”, dijo.
Los empresarios eran los encargados de solicitar cobros y, al existir un aparente acuerdo con los 3 funcionarios del Conavi, el pago se concretaba.
Andrea Rodríguez, fiscal que participó en la investigación, se refirió al crecimiento económico que podrían haber tenido los imputados.
En el caso del inspector apellido Ramírez, confirmó que se investiga la adquisición de una casa en Heredia. No obstante, en otros casos, se indagan fincas adquiridas en Limón y algunos vehículos.
“Los trabajos en la trocha eran a lo largo de varios kilómetros. Todas las acciones que se llevaban a cabo estaban controladas por estos 3 funcionarios.
Había varias empresas destacadas en diferentes lugares (…) El acuerdo era de cada empresario con los funcionarios”, aseguró la fiscal.
La Fiscalía informó que el 27 de enero es el último día hábil para que la Contraloría General de la República (CGR) presente a la entidad la querella por este caso.
Ese mismo día también vence el plazo para que la Procuraduría General de la República (PGR) remita a la Fiscalía la acción civil resarcitoria.
http://www.trincheraonline.com/2017/01/19/contubernio-entre-empresarios-y-empleados-publicos-en-la-trocha/
