La Conferencia Episcopal evita condenar la carta repartida en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón que compara la ley contra la LGTBfobia de Madrid con el "fanatismo terrorista".
“La ideología de género no es compatible con la doctrina cristiana sobre la persona humana y sobre el matrimonio y la familia. Es una imposición contraria la antropología sobre el matrimonio y la familia”.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha evitado emitir una condena a la polémica carta del director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, que comparó la ley contra la LGTBfobia de Madrid y la llamada “ideología de género” con el “fanatismo terrorista”.
“No entro en valoración de comportamientos concretos, no tengo todos los datos”, comenzó a decir Tamayo, quien remitió a un documento aprobado por la Plenaria en 2012, y pidió poder ofrecer “la visión de la Iglesia, y hacerlo con libertad”.
“Gracias a Dios hemos superado todas las inquisiciones. No pasemos a las inquisiciones laicas” remató Gil Tamayo, quien apuntó que, por supuesto, “hay que respetar que la Iglesia tenga sus convicciones, en respeto exquisito a las personas.
Y hemos de hacerlo con caridad y claridad”. Repreguntado sobre el particular, solo acertó a decir que “hay calificativos y formas que hay que cuidar”.
La polémica carta se ha hecho pública después de que la organización Arcópoli denunciara que el director del centro, que imparte una educación diferenciada mixta (niños y niñas comparten espacios como el patio, pero no las aulas), había repartido la misiva entre el alumnado.
En ella tachaba la ley de “absurda” y apuntaba a que prescinde “de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos”.
Tras la denuncia de Arcópoli, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe “con el objetivo de comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa vigente sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador”.
4 años de cárcel por interrumpir una misa
No ha opinado lo mismo respecto al juicio que este jueves lleva a los tribunales a un grupo de proabortistas que irrumpieron en la iglesia de Sant Miquel de Mallorca, y para los que el Obispado pide cuatro años de cárcel (y uno y medio la Fiscalía).
En este punto, el portavoz episcopal apuntó que “se trata de un atentado contra la libertad religiosa, y las personas tenemos que responder de nuestros actos”.
“Cuando se atacan los derechos de los demás, exigen una respuesta de reponer ese daño realizado. Lo que tipifique la ley. Una sociedad democrática no puede ser juntada con una libertad mal entendida….
Podemos manifestar nuestras discrepancias, pero el respeto a la libertad religiosa tiene que ser tutelada y exigido por los ciudadanos”, afirmó.
El secretario general de la CEE también aportó su visión sobre la crisis en el Partido Socialista.
“Nuestra posición es de respeto a un partido que tiene sus órganos y militantes, y su responsabilidad en la solución de una crisis que también miramos con preocupación, y deseamos que se resuelva satisfactoriamente”.
Para Gil Tamayo, “la estabilidad del PSOE es beneficiosa para toda la sociedad”, por lo que mostró la “preocupación” de los obispos ante el momento que vive el partido.
“Esperamos que cuanto antes solucionen esta crisis, porque eso redundará en bien de toda la sociedad española”.
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