Al menos 50 militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura (1976-1983) recibieron el beneficio de prisión domiciliaria desde que el derechista Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina, en diciembre pasado, informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Más aún, advirtió que los juicios por delitos de lesa humanidad están siendo demorados, mientras subsisten obstáculos en los procesos judiciales.
Entre los favorecidos con prisión domiciliaria destaca el caso del ex general Eduardo Cabanillas, jefe del centro de detención clandestino Automotores Orletti, sede de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur (años 70-80).
Condenado a cadena perpetua, la decisión de que fuera a prisión domiciliaria fue adoptada por la sala de feria de la Cámara de Casación, que adujo razones de salud, a pesar de que las dolencias no son de gravedad extrema ni terminales.
Fue evidente una fuerte presión mediante cartas publicadas en el oficialista y conservador diario La Nación, donde camaradas de Cabanillas pedían que se le concediera el beneficio. Entre éstos figuran el coronel retirado Guillermo Cesar Viola, titular de la Unión de Promociones, que reivindica a la dictadura y en la que participa la activista Cecilia Pando, y el capitán retirado Rodrigo Caro Figueroa.
“Cuando la justicia, ese aparato costosísimo que sostenemos los contribuyentes, se usa para impartir injusticia, estamos en problemas…
Ni un solo diputado o senador nacional ha hecho sentir su voz para denunciar la persecución política y la denegación de justicia que sufren los ciudadanos (los militares detenidos) que son acusados, encarcelados y/o condenados por delitos de lesa humanidad.
Más bien, miran para otro lado o actúan como cómplices”, señalaba una de estas cartas en La Nación.
Además, existe la posibilidad de que cumpla condena en su casa Miguel Etchecolatz, el temible jefe de la policía bonaerense en la pasada dictadura y responsable de una cantidad de delitos de lesa humanidad y de desapariciones forzadas.
Al analizar los primeros seis meses de este año, la procuraduría señaló que si bien las barreras puestas a los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad ya habían sido identificadas en informes anteriores resulta preocupante su persistencia y en algunos casos su intensificación, luego de una década de juicios.
En este sentido destaca la reducción de sentencias este año.
En 2016 sólo se dictaron nueve. En este contexto, menos de 30 por ciento de los condenados tienen sentencia firme y sólo nueve de 112 causas elevadas a juicio tienen fecha de inicio de debate, agregó la procuraduría.
Hay otros signos graves, como el nombramiento de Alejandro Saint Jean, a cargo de la seguridad de la empresa estatal que gestiona todas la líneas de trenes urbanos y provinciales, llamada Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado, lo que causó severas protestas de los trabajadores ferroviarios.
Alejandro Saint Jean, teniente egresado del Colegio Militar, es hijo del fallecido general Ibérico Saint Jean, quien fue gobernador bonaerense en la última dictadura y murió en 2012, y recordado con horror por sus frases de 1977, cuando dijo: primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos.
En una entrevista reciente del presidente Mauricio Macri con la agencia de noticias mexicana Notimex, se le preguntó si le había molestado la presencia del ex militar carapintada Aldo Rico en el desfile por el Bicentenario de la Independencia el pasado 9 de julio, y si no le molestaba que sectores que defienden el terrorismo de Estado y la teoría de los dos demonios se sientan amparados por su gobierno.
“No, no –respondió Macri–, yo trato de que la gente acá se exprese con libertad; cada uno tiene distintas visiones”.
Consultado sobre el informe de la Organización de Naciones Unidas que cuestionó la evidente lentitud de los juicios de lesa humanidad en Argentina, el presidente opinó: la justicia es un poder independiente; ellos actúan.
Stella Calloni | La Jornada
