Resulta extraña la actuación de la justicia ecuatoriana en el conocido “Caso Chevron”, pues la demora injustificada en al menos tres procesos que se ventilan en el país lleva a preguntarse si la mano sucia de Chevron sigue contaminando, ya no solo con el derrame de desechos tóxicos en la Amazonía, sino con acciones que hacen temblar la mano, o los bolsillos, de quienes están a cargo de estos procesos.
La situación se complica cuando se sabe que el Estado ecuatoriano ha perdido en los procesos instaurados por Chevron en su contra, pues ya logró una primera resolución, en un tribunal arbitral en el que Chevron invocó el Tratado Bilateral de Inversiones, que obliga al Ecuador a pagar casi 100 millones de dólares, antes del 20 de julio de este año.
El juez Juan Salazar bajo la lupa
Como se recordará, la gigante petrolera Texaco, ahora Chevron, para ahorrarse dinero, construyó basureros tóxicos y derramó 15.834 millones de galones de agua tóxica en los ríos y vertientes de agua de las actuales provincias de Sucumbíos y Orellana, entre 1972 y 1990, tiempo en el que extrajo petróleo en el Ecuador. Frente a esto, indígenas y campesinos afectados por la contaminación presentaron en Nueva York (Estados Unidos), en 1993, una demanda buscando la reparación de daños ambientales y humanos. 10 años después, la justicia estadounidense se declaró incompetente para llevar adelante este juicio y concluyeron que la demanda debía ser presentada en Ecuador, argumentando que los daños habían sido provocados en este país.
Durante los 9 años que duró el juicio en Ecuador, Chevron puso una serie de obstáculos, incluso la recusación de jueces y varias demandas contra los abogados y principales líderes de los demandantes, todo esto con la intención de demorar una sentencia que ya se veía venir y que finalmente fue dictada el 14 de febrero del 2011, por el juez Nicolás Zambrano, de la Corte de Nueva Loja (Lago Agrio).
La sentencia obligaba a Chevron a pagar 9 mil 500 millones de dólares, suma que podría duplicarse en caso de que la empresa no presentase excusas a los damnificados en los días posteriores a la sentencia.
La Corte Provincial de Sucumbíos, el 3 de enero de 2012, ratificó la condena emitida por el juez Zambrano; igual decisión tomó la Corte Nacional de Justicia, el 12 de noviembre de 2013; sin embargo esta última decidió dejar sin efecto el pago adicional, pese a que la empresa no pidió las debidas disculpas a los afectados.
Culminados estos procesos, la sentencia en contra de Chevron quedó en firme y llegó la hora de buscar como cobrar lo adeudado. Para eso, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), inició algunos procesos de homologación de la sentencia y embargos en países en donde Chevron tiene activos, incluyendo en el Ecuador.
Para evitar un embargo en Ecuador, Chevron retiró todos sus activos y bienes del país, por lo que los afectados debieron abrir procesos en Brasil, Argentina y Canadá. En meses pasados la Corte Suprema de Canadá emitió un dictamen mediante el cual aceptó la jurisdicción para que se tramite la homologación de la sentencia ecuatoriana, lo que abrió el camino para el cobro del total de la sentencia en ese país.
En el Ecuador, la Corte Provincial de Sucumbíos dispuso el embargo de los bienes que pudiese tener Chevron en el país, esto implica que también están embargados los posibles pagos que deba hacer el Ecuador a esta empresa; y precisamente uno de esto pagos es el que Ecuador debe hacer luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegara un pedido para dejar sin efecto el veredicto de un tribunal de arbitraje de La Haya (Holanda) que determinó que el tratado bilateral de inversiones, en vigor desde 1997, también protege las inversiones que Chevron tiene en el país.
Ecuador debe pagar 96 millones de dólares, más los intereses que se hayan generado durante el tiempo que duró el conflicto, antes del próximo 20 de julio.
Es aquí donde viene la extraña actuación del juez Juan Salazar, pues desde junio de 2013, fecha en que se dispuso el embargo, este juez, que funge como Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, no ha emitido los oficios con los que se notifica del embargo impuesto a los activos y bienes de Chevron en Ecuador; estas notificaciones deben darse especialmente al Ministerio de Finanzas, a la Procuraduría General del Estado, a la Presidencia y a la Secretaría Jurídica de Presidencia, instancias que al ser notificadas deberán trasladar el pago pendiente a Chevron hacia las comunidades miembros de la UDAPT.
Una mera formalidad, como es el hacer un oficio de notificación, puede ser la causa de que Ecuador pague a Chevron una suma que se puede invertir en la reparación de los daños ambientales provocados por esta empresa. La pregunta es por qué, en tres años, el juez Salazar no ha podido escribir este oficio.
“Si el Estado llega a pagar a Chevron por falta de notificación, los culpables de este acto en contra del país serán el Juez y de la Corte Superior de Sucumbíos”, ha manifestado Humberto Piaguaje, Presidente de la UDAPT.
Por su parte, Donald Moncayo, miembro del Comité Ejecutivo de la UDAPT, ha calificado como un hecho muy grave si el Estado acuerda el pago a la petrolera Chevron.
“No podemos permitir que se pague casi 100 millones de dólares a la petrolera que ha sido la culpable de muerte de ciudadanos ecuatorianos, graves problemas ambientales, económicos, sociales y culturales en contra de pobladores indígenas y colonos de las provincias de Orellana y Sucumbíos”, dice Moncayo
El fiscal de Lago Agrio también está perdido
“El Caso Chevron ha adquirido reconocimiento mundial por haber sentado en el banquillo a una de las empresas multinacionales más grandes del mundo.
Este juicio ha logrado poner en evidencia las estrategias que utilizan este tipo de empresas y destapar la estructura de impunidad mundial que favorece el cometimiento de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones donde operan”, afirma Humberto Piaguaje.
Una de esas estrategias con las que Chevron quiso quedar impune de los crímenes ambientales cometidos en Ecuador fue el utilizar a un juez de Nueva York, Lewis Kaplan, para iniciar un proceso en contra de los demandantes ecuatorianos, utilizando una ley anti mafias de los Estados Unidos, denominada Ley Rico.
Chevron argumentó que la sentencia era producto de un fraude en el que habían participado los abogados de los demandantes y los principales líderes de la UDAPT, para eso se valió de un testimonio de exjuez ecuatoriano Alberto Guerra, quien aseguró que la sentencia de Lago Agrio fue escrita por los demandantes.
Guerra se reunió en Quito con delegados de Chevron y aceptó dar este testimonio a cambio de ser trasladado él y su familia a Estados Unidos, en donde reside bajo la protección de la petrolera, que hasta el momento ha trasladado a Guerra cerca de 2 millones de dólares para su estadía en ese país.
El testimonio de Guerra fue clave para el proceso en contra de los afectados por Texaco y sus abogados, pero luego, en el marco del litigio internacional que involucró a Chevron y el Estado ecuatoriano, este ex juez admitió haber mentido en el estrado de Lewis Kaplan y que no tiene evidencia para corroborar las denuncias del supuesto soborno al juez que dictó la sentencia en contra de la petrolera y que los testimonios juramentados que sirvieron en el Caso Rico, fueron exagerados y, en otros casos, simplemente no fueron verdad, como el hecho de que había llegado a un acuerdo entre los demandantes y el juez Nicolás Zambrano, autor de la sentencia en contra de Chevron, para que Guerra sea el escritor fantasma del veredicto y que Zambrano lo firme, para luego los dos compartir un presunto soborno de $ 500.000 dado por los demandantes.
La UDAPT inició un proceso en contra de Guerra, pues existen varios delitos cometidos en el falso testimonio, dado bajo juramento y notarizado en el Ecuador, con un previo acuerdo de Chevron y Guerra llevado a efecto en el domicilio de Guerra, en el norte de Quito, cuyo primer pago para mentir lo recibió en el Ecuador; delitos que no solo van en contra de los indígenas y campesinos que demandaron a Chevron, sino en contra del propio Estado ecuatoriano. Guerra no tenía fondos en su cuenta bancaria cuando el abogado de Chevron, Andrés Rivero, y el investigador de Chevron, Yohi Ackerman, le dieron 20.000 dólares, como primer pago a cambio de su colaboración.
¿Esto no es enriquecimiento ilícito?
La demanda interpuesta por miembros y abogados de la UDAPT no prospera en Sucumbíos porque el fiscal Carlos Jiménez no encuentra motivo para acusar a Guerra. ¿Este fiscal ha recibido amenazas o le tiembla la mano? El fiscal Jimenez se defiende argumentando que es “un caso delicado” ¿Esto justifica el haber llevado a la congeladora la demanda en contra de Guerra?
¿Y qué de la Corte Constitucional?
Y hablando de congeladoras, la Corte Constitucional tampoco se ha pronunciado sobre el pedido que hiciera Chevron para dejar nula la sentencia ratificada ya en todas las instancias de la justicia ecuatoriana.
El proceso en contra de Chevron ha seguido todos los procedimientos legales establecidos en la justicia ecuatoriana, no hay un indicio de ilegalidad o irregularidades que deba considerar la Corte Constitucional, la denuncia en contra de los demandantes de haber hecho fraude se ha caído al revelarse las mentiras del ex juez Guerra; con todos estos antecedentes, la Corte Constitucional debe desechar el pedido de Chevron: ¿qué espera para hacerlo?
Cuando Chevron aceptó en Nueva York someterse a la justicia ecuatoriana, pensó que podría evadir su responsabilidad, pero aquí se encontró con jueces que no se dejaron intimidar ni tentar, y prefirieron que se imponga el debido proceso; pero después de estas actuaciones honorables que beneficiaron a la justicia, la demora en los otros procedimientos siembran dudas sobre la permeabilidad de jueces, fiscales y magistrados frente a la capacidad de influir que puede tener Chevron sobre la justicia ecuatoriana.
Foto: el19digital.com
