Fue la propia Bullrich la que lo explicó: “La emergencia nos permitirá reorganizar y planificación los aspectos de gestión, potenciar las í reas Operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad”.
Una de las noticias “fuertes” del gobierno nacional, de la mano de la devaluación, fue el anuncio de que el presidente Mauricio Macri decretará la “emergencia en seguridad nacional” en todo el país. La encargada de decirlo fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, al término de la primera reunión de la actual gestión del Consejo de Seguridad Interior. En el traspaso de gestión, cobró relevancia el papel de las fuerzas represivas para las fuerzas políticas en pugna. Sin ser menos que sus antecesores, el kirchnerismo fortaleció la figura de las instituciones “del orden” , con un saldo de más de 3.000 asesinados por el aparato represivo estatal. En el transcurso de las primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri, nuevos nombres e historias se suman a ese lúgubre listado escrito por el brazo armado del Estado.
De la reunión participaron los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales (PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA) y los ministros de Seguridad de todas las provincias, más las autoridades de Interpol, el Sedronar, y, naturalmente, el ministerio de Seguridad de la Nación en pleno. Todos, así como el único gobernador presente, el puntano Alberto Rodríguez Saá, manifestaron su acuerdo con la iniciativa, que tiene como primera y fundamental consecuencia que el poder ejecutivo puede disponer medidas sin seguir los trámites normales en materia de controles y formalidades. Es decir, se “legaliza” el recurso a contrataciones directas, cambios de destino de partidas presupuestarias, etc.
Fue la propia Bullrich la que lo explicó: “La emergencia nos permitirá reorganizar y planificación los aspectos de gestión, potenciar las í reas Operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad”.
Tal como ocurrió con la declaración de emergencia en seguridad que declarara el ex gobernador Daniel Scioli, todo se reduce al libre acceso a la caja, sin restricciones siquiera formales, para incrementar el poder de fuego del aparato represivo estatal.
Pero no fue ésta la única noticia posterior a la reunión del Consejo de Seguridad. La ministra también anunció que la Secretaría de Seguridad Interior deje la órbita ministerial para acceder al status de Secretaría de estado, que dependa directamente de la presidencia.
No es una decisión menor, sobre todo si se recuerda la historia del organismo, creado en 1994, al día siguiente del atentado a la sede de la AMIA , por el entonces presidente Carlos S. Menem. Su primer jefe fue el brigadier Antonietti, que concentró el mando de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal (no existía aún la Policía de Seguridad Aeroportuaria). la excusa del atentado apenas si encubría el verdadero objetivo, que era instrumentar en forma centralizada la represión del descontento popular, con un jugoso presupuesto que produjo, como primeras medidas, el violento desalojo de las familias humildes que ocupaban la abandonada bodega Giol y la gestión para construir el vergonzoso aeropuerto de Anillaco. Anecdóticamente, Antonietti también fue el encargado de desalojar a Zulema Yoma de la residencia de Olivos, algo mucho menos penoso que lo de Giol. Ella tenía adónde ir a dormir…
Esa Secretaría de Seguridad, que en los materiales de la época llamábamos “SS” , pasó del ministerio del Interior al de Justicia, Seguridad y DDHH, después del 20 de diciembre de 2001, y al ministerio de Seguridad, después de la represión y los asesinatos en el Parque Indoamericano, en diciembre de 2010. Ahora, la idea macrista es elevarla a la jerarquía de secretaría de estado, lo que habla del rango prioritario que tendrá el comando unificado de las fuerzas represivas federales en el futuro inmediato.
A organizarnos y resistir en unidad, compañeros, porque son sólo dos anuncios, dos botones de muestra de lo que ya empezó, y que dijimos que venía, enancado en el escenario que sus predecesores prepararon.
Los nombres de una nueva etapa, los asesinatos de cada día
En el traspaso de gestión, cobró relevancia el papel de las fuerzas represivas para las fuerzas políticas en pugna. Sin ser menos que sus antecesores, el kirchnerismo fortaleció la figura de las instituciones “del orden” , con un saldo de más de 3.000 asesinados por el aparato represivo estatal. En el transcurso de las primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri, nuevos nombres e historias se suman a ese lúgubre listado escrito por el brazo armado del Estado.
Lucas Fuentes (20) es, quizás, el primer nombre que de la era Macri en materia de política represiva (Según lo denunció la Agencia Para la Libertad). Asesinado en la Comisaría 3ª de General Mosconi, Chubut, su muerte se ve atravesada por tantas otras historias similares de nuestra Patagonia. Lucas se encontraba preso desde 2013 por un robo en Comodoro Rivadavia, pero estaba terminando la escuela secundaria y había recibido salidas transitorias, en las que visitaba a su familia y con las que proyectaba su vida a partir de febrero, momento en que iba a recuperar su libertad.
En la mañana del 10 de diciembre, declaró ante un juez y dos fiscales y señaló a los agentes que lo sometían y torturaban en la comisaría; horas después había escrito una carta dirigida a Pablo Jaramillo, Jefe de la comisaría de Mosconi, por las malas condiciones en las que se encontraba, ya que lo habían mandado a la celda de aislamiento, sin baño, luz, ni agua. Por la noche, los policías llamaron a su mamá, María Egea, y le informaron que se había suicidado, colgándose de una frazada. Las constantes agresiones a Lucas llegaron a su límite el día que expuso ante la justicia a sus verdugos, y casualmente, el día en que le otorgarían una extensión de sus salidas transitorias, en las que se preparaba para conseguir un trabajo y formar una familia con su novia.
El lunes 7 de diciembre, el efectivo de la Policía Local de Lomas de Zamora, Luis Damián Almeyda (24) le pidió a su compañero Sergio Alejandro Salazar, también efectivo de la Policía Local, que lo acompañara a comprar materiales de construcción. Al momento de bajar las cosas del auto en el que se trasladaban, una bala de la pistola reglamentaria de Salazar terminó con la vida de Almeyda. El efectivo fue desafectado y quedó detenido hasta que se concrete la investigación del hecho.
El martes 15 de diciembre, Jorge Torralba (30) apareció muerto en su celda del penal Almafuerte en Mendoza. De acuerdo a la versión oficial, se habría colgado con una soga hecha manualmente y luego fue encontrado por efectivos del servicio penitenciario. El asunto particular es que Torralba cumplía una condena por la cual iba a recuperar su libertad en sólo 5 meses. Ahora, el propio personal de la penitenciaría es el que tiene que investigar otro caso de “suicidados” bajo su guarda. Otro gesto irónico de las instituciones represivas.
Tan sólo horas después, el 16 de diciembre, en Andagalá, provincia de Catamarca, Ariel Fuenzalida (17) fue asesinado por el policía Ariel Vergara de un escopetazo que impactó en su hombro y cabeza. Según trascendió en los medios locales, el joven se había escondido debajo de un auto, escapando por un supuesto intento de robo a una vivienda, pero en el intento de atraparlo, Vergara disparó con su escopeta, lo hirió de gravedad y le causó la muerte poco antes de que pudiera ser atendido por los médicos del Hospital San Juan Bautista.
El viernes 18, en horas de la mañana, Carmen Alvarado Díaz (48) fue encontrada asesinada de un disparo en la nuca y otro en la espalda en su domicilio en la localidad bonaerense de Tres Arroyos. El autor resultó ser el policía Manuel Arce, de 55 años, con quien la víctima tenía una relación conflictiva hacía 9 años atrás, y que una vez denunciado como posible perpetrador del asesinato, se suicidó de un disparo en la sien en un camino vecinal apartado.
Ese mismo viernes, en Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Reynada (30) fue asesinado de tres disparos por un efectivo de la Policía Federal del que no trascendió la identidad, que entregaba notificaciones de cédulas judiciales en el barrio Illia. De acuerdo a algunos testimonios, el efectivo disparó tras agredir verbalmente al joven. Reynada no tenía ningún arma de fuego al momento de ser ejecutado.
Tan sólo una semana después, en la algarabía de las fiestas de fin de año, las instituciones de encierro volvieron a ser foco:
En la noche del 24 de diciembre, la comisaría de la seccional 7ª de Villa Luján, en Tucumán, fue el lugar de muerte de Ruben Alejandro Medina (23). Encerrado en un calabozo superpoblado con 19 personas, un confuso hecho entre discusiones, quejas por la situación de los detenidos y la incursión de efectivos de Infantería y del Servicio Penitenciario, culminó con Medina con los brazos cortados y con golpes en la cabeza, que, según las fuentes policiales, el mismo joven se habría ocasionado. Siguiendo el relato policial, en horas de la madrugada, empezó a escupir sangre, por lo que fue trasladado al Hospital Padilla, donde murió. Allí, le encontraron una hoja de afeitar en la boca.
El 25 de diciembre, por la tarde, fue encontrado el cuerpo sin vida de Cristian González (45) en un descampado cercano a la localidad chaqueña de Cote Lai. Horas antes había sido detenido por la policía por daños a un auto en la vía pública y llevado a la Comisaría 11ª del Barrio España, en Resistencia. El fiscal Roberto Villalba caratuló la causa como “muerte dudosa” y ordenó la detención de diez agentes de la comisaría en la que estuvo detenido González, incluyendo al jefe de la unidad, al tiempo que se investiga el GPS de uno de los patrulleros de la dependencia, que hizo un recorrido por la zona donde fue hallado el cuerpo.
Correpi.
Boletín informativo nº 774, 31 de diciembre de 2015.
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