EL TELEGRAFO – Mauricio Macri está en una carrera contrareloj para evitar convertirse en el primer presidente procesado de la historia argentina.
El 10 de diciembre recibirá las riendas del país de manos de Cristina Fernández de Kirchner, pero todo hace prever que no podrá evitar asumir sin esa pesada carga sobre sus espaldas. Y en esa lucha es capaz de culpar hasta a su propio padre.
El país austral ostenta el triste privilegio de tener un vicepresidente procesado, Amado Boudou, actualmente en funciones, en dos causas por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por un lado y falsificación de documento por otro.
Este doble procesamiento derivó en un sinfín de críticas y pedidos de renuncia desde la oposición “macrista”. Ahora, el nuevo Jefe de Estado superará este récord.
Macri está procesado por la justicia argentina por una red de espionaje ilegal montada en Buenos Aires, ciudad que gobernó en los últimos ocho años.
Allí espiaba a políticos y referentes de la comunidad judía local que se oponían al nombramiento como jefe de la policía metropolitana de un hombre acusado de tener nexos con el atentado a la mutual judía AMIA, que en 1994 causó 85 muertos.
Pero esa red no se limitaba a espiar a dirigentes, sino que llegó a escuchar las conversaciones del excuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo, por entonces en proceso de divorcio de su ya fallecida hermana Sandra.
“Es imposible” que Macri se libre del proceso en su contra, dijo a EL TELÉGRAFO Sergio Burstein, miembro de la comunidad judía cuyo teléfono fue “pinchado” por esa red clandestina de espionaje financiada con fondos públicos.
Burstein, titular de la agrupación 18J (18 de julio) de Sobrevivientes, Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, estimó que “las pruebas alcanzan para llevarlo a juicio oral”.
El presidente electo, a través de sus abogados, pidió el lunes pasado a la justicia su sobreseimiento definitivo de la causa. No quiere de ningún modo asumir como procesado.
El juez federal Sebastián Casanello cerró la instrucción después de que el Departamento de Justicia estadounidense se negara a colaborar en la investigación luego de que el mandatario electo atribuyera a su padre, el empresario Franco Macri, estar detrás de esa red a través de la contratación de una firma norteamericana para espiar a su exyerno.
El magistrado, en un escrito anterior, sostuvo que la asociación ilícita encargada de conformar una red de escuchas ilegales en la capital argentina se armó a través del “espía” Ciro James, un hombre muy vinculado al policía Jorge “El Fino” Palacios, a quien el mandatario electo intentó sin éxito colocar al frente de la policía metropolitana en medio del rechazo de un sector de la comunidad judía que lo relacionó con el atentado a la AMIA.
James, según la justicia, había sido contratado por el Ministerio de Educación, pero jamás concurrió a trabajar a ese despacho. Su verdadero rol, según las sospechas, era el de “espía”.
Macri se defendió afirmando que el escándalo fue responsabilidad de agentes de inteligencia y que él quedó en medio de una lucha familiar protagonizada por su padre, quien habría contratado a la empresa de seguridad estadounidense Ackerman para espiar al entonces esposo de su hija.
La relación entre el presidente electo y su padre ha sido muy conflictiva, tanto que el anciano empresario de origen italiano se declaró “kirchnerista” cuando su hijo ya se había lanzado como candidato a la presidencia.
Pero tras el balotaje del 22 de noviembre, ambos se reconciliaron con un abrazo.
Ante la negativa del departamento de Justicia estadounidense de ayudar a recabar datos sobre esa empresa de seguridad, el juez Casanello cerró la etapa de pruebas. Entonces le pidió opinión a las partes en causa: la defensa de Macri, su ex cuñado Burstein y el fiscal Jorte Di Lello, el encargado de acusar al mandatario electo.
Los cuatro deberán pronunciarse sobre dos alternativas: juicio oral o sobreseimiento.
“Sin duda (tiene que ir a juicio oral), la justicia determina que ante la existencia de pruebas que ameriten una gran duda sobre la responsabilidad de la persona (acusada), tiene que ser el tribunal en juicio oral y público el que determine si esa persona es responsable” del delito que se le acusa, explica Burstein.
Las partes involucradas tienen seis días para definir su postura o pedir una prórroga. Luego Casanello tomará finalmente una decisión, por lo que todo hace prever que Macri asumirá como procesado el 10 de diciembre. Todos los demás acusados irán a juicio oral en 2017.
La causa tiene ribetes oscuros. La red de espionaje, según la acusación, utilizó a dos jueces de la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil, para armar causas falsas contra el entonces cuñado de Macri y Burstein, entre otros.
Esos magistrados le ordenaban entonces a la Secretaría de Inteligencia intervenir sus teléfonos.
El espía Ciro James –con vínculos probados con Palacios- retiraba en persona los CD de la sede de ese organismo. “Ciro James retiraba las grabaciones e iba a un lugar en Barrio Parque, a 50 metros de la casa de Macri”, dice Burstein.
Pero habrá que ver ahora si la responsabilidad política de Macri en el armado de esta red de espionaje implica también una responsabilidad penal. El juez Casanello, en el 2014, dijo que carecía de elementos para ello.
“La decisión de Casanello no es jurídica, es política. Espero que este (nuevo) gobierno comience como corresponde y no con una justicia arrodillada ante el poder político. Sería una vergüenza”, concluyó Burstein.
