LA RAZON – A 12 años de las acciones violentas de octubre de 2003, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), principal sindicado por esos hechos, se sentó solo una vez en el banquillo de los acusados, ante la Justicia estadounidense, en un juicio civil por la crisis que causó su renuncia.
El 14 de mayo de 2015, Sánchez de Lozada por primera vez estuvo por siete horas sentado frente a frente con sus víctimas. La Justicia norteamericana le abrió un proceso por su participación en asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos durante la denominada “guerra del gas”.
El abogado de familiares y de las víctimas de Octubre (al menos 64 muertos y 400 heridos), Rogelio Mayta, indicó que ese hecho fue muy emotivo y simbólico, ya que Sánchez de Lozada se vio obligado a declarar sobre su responsabilidad en la masacre.
“De alguna forma ese acto, uno más dentro de un largo proceso, mostraba que él no está del todo impune, que sus víctimas reclaman justicia y que sus millones y millones de dólares no le han servido”.
Víctimas. El presidente de la asociación de víctimas, Juan Quispe, dijo que está firme la esperanza de que en algún momento se pueda encontrar justicia, aunque reclamó que el Gobierno los haya abandonado y no les dé ningún apoyo jurídico ni humano.
“El caso se maneja políticamente, porque mientras no le sirva políticamente, no le interesa lo que pasa”.
El proceso civil actualmente se encuentra a punto de ingresar a la etapa denominada “descubrimiento”. En esta fase las partes se muestran recíprocamente sus pruebas.
Sin embargo, la Justicia norteamericana debe responder a apelaciones que presentaron Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Se tiene prevista una decisión del Tribunal de Apelación hasta fin de año, aunque en este tipo de procesos no se tiene un plazo específico, según la norma jurídica de ese país.
Mayta señaló que las declaraciones de Sánchez de Lozada no son muy reveladoras, aunque dijo que sí presentó mucha información y pequeños datos que confirman las acusaciones. Dentro de las afirmaciones, el abogado destacó que el expresidente manifestó no haber tenido ninguna responsabilidad en la masacre y que todo fue culpa de los militares.
“Esto resulta llamativo porque en el juicio de responsabilidades que se realizó entre 2009 y 2011 se conoció abundante prueba de su participación y responsabilidad”, acotó.
Esta demanda tiene tres objetivos: primero, que las víctimas puedan confrontar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en un juicio. En segundo lugar, que un juez, cuya neutralidad no pueda ser cuestionada, establezca la responsabilidad y participación en la masacre. Tercero, que ese fallo sirva de prueba para que Estados Unidos acepte el pedido de Bolivia de extraditarlo.
Sin embargo, Mayta sostuvo que la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague no prosperará porque el Gobierno estadounidense se opone, ya que se trata de un tema “absolutamente político”, pese a la existencia de una base legal sólida.
Sobre ambos procesos, el Ministerio Público tiene su opinión. El fiscal superior Juan Gutiérrez expresó que el juicio civil no es vinculante con el pedido de extradición, aunque dijo que hay elementos comunes que beneficiarán a ambos procesos.
Pero, en su defensa, Sánchez Berzaín, en un artículo que lleva el título de Doce años de impunidad de Carlos Mesa y Evo Morales, afirma que no se aclararon los hechos y las responsabilidades que llevaron al derrocamiento de Sánchez de Lozada porque los autores son acusadores, testigos, jueces y verdugos.
“Las víctimas siguen siendo utilizadas por los conspiradores como medio de persecución política contra los derrocados”.
La condena judicial por el caso
Sentencia
El 30 de agosto de 2011, el Tribunal de Sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, presidida por Ángel Irusta, dictó sentencia en contra de los procesados por el caso Octubre.
Ministros
El tribunal sentenció con tres años de prisión, en el penal de San Pedro, a los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Cuajara.
FFAA
El tribunal sentenció con 15 años y seis meses de prisión a los exjefes militares Roberto Claros Flores y Juan Véliz Herrera; con 11 años a Osvaldo Quiroga y Luis Aranda Granados; y a diez años de presidio a Gonzalo Rocabado.
La Guerra por el gas en El Alto y La Paz
En septiembre y octubre de 2003, Bolivia vivió una rebelión popular. El Alto y La Paz fueron los escenarios de la denominada “guerra del gas” que terminó con la vida de al menos 64 personas y con un saldo de 400 heridos, tras la represión de tropas militares a pobladores que exigían la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada por pretender vender gas natural a través de puertos chilenos.
El movimiento popular, integrado por sectores sociales como campesinos, mineros, maestros y vecinos de El Alto, se articuló en contra de la posición del gobierno de Sánchez de Lozada (MNR) de vender gas natural licuado a Estados Unidos, vía puertos de Chile, país con el que Bolivia mantiene una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que aquél negocie una salida soberana al mar sobre la base de propuestas unilaterales que no se cumplieron.
La negativa del MNR de convocar a una Asamblea Constituyente, para crear un nuevo pacto social en Bolivia, fue otro de los factores que influyó en los movimientos sociales, que radicalizaron sus protestas con bloqueos de caminos que asfixiaron a La Paz y El Alto, dejándolas desabastecidas de alimentos y combustible.
Cada día iba en aumento la violencia y también el número de víctimas fatales, en un ambiente de guerra que se vivía en las calles paceñas llenas de piedras, escombros y barricadas.
Una La Paz bloqueada, con un aeropuerto cerrado y aislada del resto del país, soportó duras jornadas de protesta que marcaron un antes y un después en la política boliviana. Sánchez de Lozada, asediado por la imparable movilización popular, renunció y dejó el mando del país a su vicepresidente, Carlos Mesa, quien gobernó Bolivia por cerca de dos años.
Juicio de víctimas, paralizado
El juicio instaurado en Sucre por al menos 150 víctimas que piden la reparación de daños y perjuicios en el caso Octubre está trabado porque todavía no se pudo realizar un estudio médico-técnico que establezca el monto de un posible resarcimiento económico a cada una de las víctimas.
Este proceso fue abierto en contra de los generales Juan Véliz Herrera, Gonzalo Rocabado, Osvaldo Quiroga, Luis Alberto Aranda y Roberto Claros, quienes cumplen su condena en el penal de San Roque, en Sucre.
Esta demanda fue planteada contra el exministro Erick Reyes Villa, quien junto a los militares fue sentenciado en el juicio de responsabilidades llevado adelante por la extinta Corte Suprema de Justicia.
Las víctimas de Octubre plantearon a la Justicia un resarcimiento de Bs 1 millón para las familias que perdieron a sus seres queridos, Bs 400.000 para los heridos graves y Bs 100.000 para los con lesiones leves.
