El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero negaba en público que redujera el coste de las rescisiones de contratos mientras lo defendía ante el organismo internacional
El Gobierno español, a través de su director ejecutivo en el FMI, calificó de “revolución” la reforma laboral que aprobó en 2010, según reflejan las actas de las reuniones del Fondo que se acaban de desclasificar.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que entonces negaba en público que esta normativa supusiese un abaratamiento del despido, exhibió ante el organismo presidido en ese momento por Dominique Strauss-Kahn que su reforma, que le costó una huelga general, sí significaba en la práctica un menor gasto para las empresas por las indemnizaciones de los trabajadores, según defendió el representante español en una reunión en el organismo celebrada el 14 de julio de 2010.
En 30 años, España lleva una cincuentena de reformas laborales, entre las de mayor calado y las más parciales, pero todas ellas guardan un elemento en común: sus gobiernos siempre han intentado que el abaratamiento del despido, cuando estaba incluido en la ley, pasara lo más desapercibido posible en su discurso público.
Es lo que ocurrió con la reforma que el Gobierno de José Luis Rodríguez aprobó en 2010. Sin embargo, el Gobierno sí exhibió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) ese recorte de las indemnizaciones y aseguró que en la legislación laboral española se habría producido una “revolución” y se había abaratado el despido, según consta en las actas recién desclasificadas de la reunión del consejo ejecutivo del Fondo para analizar la evolución de la economía española (en cumplimiento del llamado Artículo IV).
La economía española vivió en 2010 una suerte de falsa tregua entre una recesión económica y otra y aún era vista como un país plagado de riesgos en el FMI. El Gobierno de Zapatero había puesto en marcha una reforma financiera —que luego se descubrió corta— y aprobó una reforma laboral.
Entre otras medidas, casi se generalizaba la posibilidad de firmar contratos laborales con un despido improcedente de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades —algo restringido hasta entonces— y se permitía la rescisión procedente —20 días por año trabajado con un límite de 12 meses— si la empresa esperaba tener números rojos en el futuro. La expresión “pérdidas actuales o previstas” se incluyó en 2010 en el Estatuto de los Trabajadores.
Estas medidas le costaron una huelga general. Zapatero quitaba hierro a los cambios: “La reforma es sustancial y equilibrada porque mantiene básicamente la red de derechos de los trabajadores y favorece las expectativas de que el empleo precario se transforme en indefinido y a los empresarios les da oportunidad de adaptarse a la situación económica”, decía el entonces presidente.
En esta misma línea, el exministro de Trabajo, Celestino Corbacho, negaba el abaratamiento del despido alegando que se mantenían las tres modalidades de indemnización (20, 33 y 45 días). Es más, un año antes había dicho que la patronal debía dejar de pedir un despido más barato porque podía “afectar al diálogo social”, e hizo una “llamada a la responsabilidad”.
En cambio, el director ejecutivo del Fondo por España, Ramón Guzmán, defendía lo trascendental de la medida y sí resaltaba el abaratamiento del despido. “El segundo propósito de la reforma es intentar extender contratos con menores costes de despido.
Las indemnizaciones han sido menores y los despidos por motivos económicos se han extendido de forma que los juzgados no puedan bloquearlos”, señaló la reunión con el Fondo que tuvo lugar el 14 de julio de 2010, según recogen las actas del encuentro.
Una huelga general
“Esto es una revolución, he vivido con este mercado durante 25 años y puedo atestiguarlo”, destacaba Guzmán. El director ejecutivo exhibió incluso la huelga general llevada a cabo como muestra de que sí se había tocado puntos críticos del mercado laboral ante una comisión ejecutiva del FMI que era muy recelosa de las promesas reformas de España en materia de empleo.
“Hay buenas razones para los escépticos, pero no las hay para poner en duda que las autoridades han tocado puntos clave del sistema y que se ha llevado a cabo una huelga general por ese motivo”, enfatizó.
“La reforma recién probada es bienvenida y lidia con algunos problemas, aunque hacen falta medidas más radicales para reforzar el mercado de trabajo", habían dicho por ejemplo Klaus Stein y Stephan von Stenglin, directores ejecutivos por Alemania. Estos apoyaban la propuesta de los técnicos para permitir una mayor flexibilización de salarios y de los acuerdos relacionados con estos en la negociación colectiva.
En aquel encuentro de dos horas y 44 minutos, Guzmán habló crudamente.
“El mercado laboral español es un desastre en términos de eficiencia, no tengo ningún problema en admitir esto ni tampoco ante mis autoridades”, apuntó, para añadir que este sistema “ha producido un fenómeno que se puede describir de muchas formas pero que, básicamente, en los últimos 20 años, entre el 40% y el 50% [de la mano de obra] ha estado o desempleada o con empleos precarios con contratos temporales”.
Esto había ido cambiando con el tiempo, dijo, dependiendo de la fase del ciclo económico, pero la reforma que el Gobierno había llevado al Parlamento había finalmente entrado en los puntos clave.
