Hace ya muchos años que los nicaragüenses conocemos que para que una Ley Electoral produzca conformidad y seguridad electoral, es preciso “que tenga voto todo el que deba tenerlo, que el voto dé por resultado la aprobación exacta de las fuerzas sociales, que la elección no pertenezca a las minorías, sino a todos los electores y que la elección no pueda alterar la voluntad soberana de pueblo”
Hoy en nuestro país, aunque es indudable el muy alto grado de libertad, transparencia, limpieza y corrección del proceso electoral, no dejan de ser necesarios múltiples mecanismos que prevengan conductas tramposas, ilegales, violentas y manipuladoras de ciertos politiqueros que viven del llamado “negocio electoral”.
Desde el funcionamiento de la inspectoría electoral, la fiscalización electoral, la aplicación padrones de conveniencia, hasta la presentación de candidaturas por formaciones ilegales, pasando por la regularidad del voto, la capacitaciones electorales, imparcial cobertura informativa de los medios de comunicación o los ajustes al mecanismos del proceso eleccionario en plena campaña electoral, sin olvidar la depuración de los errores que pueden producirse en un recuento llevado a cabo por partidarios de los partidos políticos que faltos de formación o no siempre son conocedores de los detalles del derecho electoral.
Por ello resulta más que oportuna una campaña pre-electoral que en conjunto con las autoridades competentes y todos los partidos políticos aborden el cumplimiento de la Ley Electoral y los mecanismos de control que han de impedir la manipulación violenta de las Elecciones 2016, tanto los aspectos de naturaleza administrativa o represiva puestos a disposición de la ciudadanía, las Juntas electorales, como los jurisdiccionales que ejercen los tribunales electorales, ordinarios y constitucionales.
Mi propuesta es que bajo el título “Estado democrático, Elecciones libres y Voluntad popular”, todos los ciudadanos junto a los líderes comunitarios, académicos, empresariales, políticos y funcionarios electorales de diversa procedencia y del máximo nivel jurídico, catedráticos de Derecho, legisladores, judiciales y magistrados del Consejo Supremo Electoral, debemos abordar un estudio sistemático de los problemas más relevantes y de actualidad del derecho electoral.
Entre ellos destacan su organización, presupuesto básico, el derecho fundamental a la participación política, con cuestiones como la discutida legitimidad de las listas probas de las candidaturas electorales o la importante jurisprudencia electoral, hasta la organización y control de las elecciones, analizando temas tan significativos como los actos violentos en contra del sistema electoral en Nicaragua, promovidos por un grupo radical minoritario de la fracción PLI-DE Eduardo Montealegre, que al no tener posibilidad de ganar con votos por sus pistolas quiere imponer su propia ley electoral.
Los partidos políticos responsable con su proyección directa sobre la estabilidad nacional, institucional, o las campañas electorales, fuente siempre de tensiones entre los participantes.
Tienen la responsabilidad histórica a la sujeción del ya cuantioso caudal de fuentes normativas, Estatutos, Ley de Partidos Políticos, Ley electoral, jurisprudencia y Constitución Política.
Expuesta a la comunidad nacional e internacional, el estado de confrontación y división dentro la oposición política en Nicaragua, se hace necesario evitar que esa problemática interna de estos partidos políticos, se trasladen al CSE, afectando su funcionamiento, o en el peor de los casos algunos de los miembros de estas organizaciones políticas recurran a la violencia electoral callejera como mecanismo de solución a sus graves problemas internos.
Toda la población espera de manera elegante y clara, a la par que minuciosa, imprescindible el estudio de los temas electorales y aplicación de la Ley Electoral con rigor a quienes tratan de desestabilizar las Elecciones de Nicaragua en el 2016.
Víctor Boitano Coleman, Ex candidato a Diputado, Managua 1 agosto 2015.
