Por Alejandra Ríos--El miércoles 15, el gobierno presentó el proyecto de ley sindical, una serie de propuestas draconianas que afectará las condiciones laborales, los derechos sindicales y un cambio en la relación de fuerzas a favor de los patrones.
La nueva ley representa el mayor golpe a los derechos sindicales en los últimos años, desde que Margaret Thatcher presentara su leyes antisindicales en los años 1980.
El proyecto de ley fue presentado por el secretario de Negocios Sajid Javid, y apunta a criminalizar los “piquetes ilegales”, y hacer aún más difícil realizar huelgas “legales” y aportar fondos al Partido Laborista. También se espera que la legislación restrinja y controle los derechos de los afiliados a organizar piquetes.
La propuesta del secretario de Negocios incluye el cambio de las reglamentaciones actuales bajos las cuales solo se necesita una mayoría simple para votar una huelga. Pero la nueva legislación establecería la participación obligatoria del 50 %; además, y en las huelgas del sector público necesitarían el respaldo de al menos el 40 % de los votantes.
Para poner un ejemplo, el nuevo plan establece que en caso de que 100 docentes propongan realizar una huelga, la acción solo sería legal si al menos si 50 docentes votaran y 40 de ellos apoyaran la moción.
El mismo porcentaje deberá alcanzarse en cualquier huelga en los sectores de salud, educación, bomberos, transporte, seguridad de frontera y energía, incluyendo las fuerzas de Frontera y desmantelamiento de armas nucleares.
La propuesta impondría a los sindicatos notificar la huelga con 14 días de anticipación, y permitiría contratar trabajadores durante las huelgas, es decir, rompehuelgas. De aprobarse, establecerá un límite de cuatro meses entre la votación de la huelga y la acción en sí misma, y restringirá los piquetes de huelga para asegurar que los trabajadores que no están haciendo huelga puedan continuar trabajando “sin miedo e intimidación”.
La nueva ley otorgará nuevas protecciones para aquellos trabajadores que no quieran hacer huelga. Pero la medida también apunta a impedir que los sindicatos se manifiesten frente a las casas de los gerentes o directivos, como ocurrió durante un conflicto en la Refinería Grangemouth, en Escocia.
Bajo la nueva ley los sindicatos deberán detallar sus planes a la Policía, e indicar cómo utilizarán las redes sociales (incluyendo Facebook, Twitter, páginas de internet y blogs) para coordinar y organizar la huelga. Los planes de Javid le permiten al gobierno establecer un límite en la proporción de tiempo que puede destinar un trabajador público a tareas sindicales.
El polémico proyecto también solicitará a los sindicatos que sigan el modelo utilizado en Irlanda del Norte, que requiere que la “cuota política” de los afiliados (destinada a contribuciones al Partido Laborista o a fondos de huelga y campañas) se abone solo cuando un trabajador lo solicita específicamente (esta cuota es diferente a la cuota sindical).
En la actualidad, todo miembro de un sindicato tiene la opción de no aportar para dicho fondo político, y con la nueva ley deberá solicitar expresamente que quiere hacer abonar esta “cuota política”. Esta reforma llevó a una reducción del 50 % de los fondos de los sindicatos.
Los políticos del Partido Laborista y representantes sindicales han reaccionado con enojo a las duras propuestas. Las respuestas de los líderes sindicales incluyeron a Mick Whelan, secretario general de Aslef, sindicato de conductores de trenes. Dijo que el nuevo proyecto “tenía olor a Alemania de los años 1930”, y acusó al gobierno de intentar “castrar a los sindicatos”. Len McCluskey, secretario general de Unite –el sindicato más grande de Gran Bretaña– dijo: “Unite no va aceptar pasivamente leyes injustas que lo dejen indefenso e inofensivo.
Si los Tories quieren dejar al sindicalismo más allá de la ley, deben aceptar las consecuencias”. El dirigente de la federación sindical TUC, Frances O’Grady, dijo que el proyecto “haría casi imposible que los trabajadores ejerzan sus derechos democráticos y libertades civiles”.
Los cuatro parlamentarios que compiten por la dirección del Laborismo han condenado el proyecto. El veterano Jeremy Corbyn dijo que el proyecto es un “ataque directo a los trabajadores” y que lo derogaría si estuviera al frente de un gobierno laborista.
No hace falta decir que las propuestas recibieron la bienvenida de las organizaciones empresarias. La Confederación Británica de la Industria (CBI, por sus siglas en inglés) descrita por el Financial Times como “el lobby de negocios más grande de Gran Bretaña”, respaldó los pisos mínimos de las votaciones de huelga. En la misma línea, Adam Marshall, director ejecutivo de política y relaciones exteriores de la Cámara de Comercio Británica, dijo que el derecho a huelga “debe ser ejercido con el mayor de los controles”.
No sería difícil argumentar que la nueva legislación tiene motivos políticos. Cuando Margaret Thatcher introdujo sus leyes antisindicales fue contra la ola de descontento entre los trabajadores. Hoy, el poder de los sindicatos está debilitado y las huelgas están en los niveles más bajos.
De acuerdo con las cifras oficiales, en el año 2011 hubo grandes protestas por las pensiones del sector público, con 1,4 millones de días de trabajo perdidos por conflictos laborales, y en 2018, 788.000 días de trabajo perdidos en Gran Bretaña debido a huelgas.
El proyecto está en la etapa de presentación formal ante el Parlamento, y todavía no fue debatido. Los Tories llevarán el proyecto al parlamento en el otoño. Las implicancias sobre los derechos sindicales son más grandes de lo esperado. De ser aprobado, representará un ataque directo al movimiento sindical en Gran Bretaña, y haría casi imposible realizar acciones de huelga significativas.
Este es un ataque a los derechos de los trabajadores. Representa un ataque al derecho a afiliarse a un sindicato y a ejercer el derecho a huelga. No es una coincidencia que el conservador proponga estas duras leyes antisindicales después de anunciar su nuevo paquete de recortes por 12 mil millones de libras.
La movilización contra la austeridad del 20 de junio en Londres, y las huelgas en el subterráneo de Londres y de los sindicatos de ferrocarriles en la línea First Great Western de la semana pasada fueron una tremenda demostración de la fuerza de la clase obrera organizada.
Será necesario organizarse en los lugares de trabajo para enfrentar las nuevas leyes y preparar la respuesta unificada contra los brutales recortes.
