Un fiscal peruano ha ordenado reabrir y ampliar una investigación penal por la presunta esterilización forzada de casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres durante la década de 1990 bajo programa del gobierno del expresidente Alberto Fujimori para reducir la tasa de natalidad.
2.073 mujeres han realizado declaraciones a grupos de derechos humanos locales e internacionales, sosteniendo que fueron intervenidas con o sin su consentimiento, informa Reuters.
De acuerdo con la agencia, el programa se centró en mujeres indígenas y de pocos recursos de las zonas rurales de Perú, de las cuales por lo menos 18 murieron como resultado de la cirugía.
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En el 2003, tras la huida del país del exmandatario Fujimori, las nuevas autoridades reconocieron los abusos que se cometieron en la aplicación del programa de planificación familiar y firmaron el acuerdo de solución amistosa, que preveía investigar y castigar a los responsables, sin embargo, en el 2010 el proceso fue archivado por la Fiscalía debido a que las esterilizaciones fueron tipificadas por el organismo como "homicidio involuntario"y no como violación de los derechos humanos.
Solo en enero del 2014, los grupos de derechos humanos presentaron una denunciaexigiendo la reapertura de la investigación y el 29 de abril el fiscal estatal superior, Luis Antonio Landa Burgos, informó a los demandantes que la investigación se amplió para incluir nuevas declaraciones orales de otras presuntas víctimas de esterilizaciones forzosas en otras áreas de Perú.
El funcionario dio a los fiscales estatales tres meses para realizar todas las pesquisas necesarias.
"Hemos esperado el tiempo suficiente para que el Gobierno investigara estos 2.073 casos y haga al expresidente Fujimori y su gobierno responsables de estos abusos contra los derechos reproductivos", aseguró María Cedano, jefa de la organización feminista peruana DEMUS, uno de los grupos de derechos que presentó la denuncia.
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