MARCO A. GANDASEGUI HIJO – La Universidad de Panamá organizó esta semana un seminario sobre los retos que enfrenta Centroamérica y Panamá donde fueron discutidos, entre otras cosas, el colapso de la política de ‘Guerra contra las drogas’.
Se espera que circule a corto plazo una memoria del evento, organizado por el Observatorio de las Drogas y el Departamento de Sociología de la primera casa de estudios del país.
Según la Organización de Estados Americanos (OEA), hay más de 3.5 millones de personas encerradas en las cárceles del hemisferio (la mayor parte en EE.UU. y el resto en América Latina).
Un tercio de ese total está en la cárcel por delitos, generalmente menores, relacionados con las drogas.
La OEA señala que la región debe reducir ese número de privados de libertad que ‘vulnera los derechos humanos’.
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en una reunión reciente llegó a la conclusión de que todos los planes para combatir el flagelo han arrojado resultados desastrosos.
El informe, que se presentó en el seno de la reunión de CICAD, destacó el aumento sistemático del consumo de drogas ilícitas entre los sectores más jóvenes de la población.
También informó sobre el incremento del número de jóvenes encarcelados por las políticas represivas absurdas que se han aprobado en los últimos lustros.
El CICAD recomienda ahora que es necesario hacer énfasis en la perspectiva de la salud pública, en lugar de centrarse en la persecución criminal. Este enfoque es el presentado por el procurador general de EE.UU. el año pasado. Washington, la OEA y el CICAD coinciden en que el sistema de justicia y de encarcelamiento vigentes están en crisis.
El sistema colapsó y buscan fórmulas para reconstruir una política que enfrente los errores cometidos en el pasado. En EE.UU. la mayoría de los presos son jóvenes.
Además, más del 50 por ciento de éstos son casos relacionados con las drogas.
EE.UU. reconoce ahora que la política de la ‘Guerra contra las drogas’, formulada por Nixon en 1972, solo empeoró el problema. A su vez, cuando Reagan ‘globalizó’ esa línea de acción lo que hizo fue internacionalizar la crisis.
Durante más de 40 años, la ‘Guerra contra las drogas’ le permitió al crimen organizado participar en forma más activa en el sistema financiero de EE.UU.
Como consecuencia, logró penetrar el sistema financiero mundial. Se calcula que cerca de mil millones de dólares producto del negocio de las drogas ilícitas se lavan anualmente en el sistema bancario norteamericano y sus ramificaciones a escala global.
En la actualidad, los gastos que representa la ‘Guerra contra las drogas’ superan las ganancias que se producen en el sistema financiero. EE.UU. busca la fórmula para convertir el consumo de drogas en un negocio lícito, poniendo fin a la política de criminalización fracasada.
La OEA felicita a países con los niveles más altos de violación de los derechos humanos por sus esfuerzos en esta materia.
Un poco en serio y otro poco en broma, la OEA dijo que EE.UU. y Colombia están trabajando en un plan para mejorar las condiciones carcelarias de sus países.
Sorprendió a todos cuando agradeció a Colombia por su liderazgo en la exploración de alternativas al encarcelamiento desde un enfoque de derechos humanos. México y Colombia tienen los peores antecedentes en materia de derechos humanos de América Latina.
La Casa Blanca no tardó tampoco en felicitar a Bogotá.
La Casa Blanca dijo que ‘no debemos confiar en las fuerzas de seguridad y hay que buscar una perspectiva de salud pública’.
El CICAD agregó que ‘las prioridades no deben ser la reducción de la oferta y el control de estupefacientes, sino la prevención del consumo y de los daños asociados’.
Mientras que el tráfico de drogas ilícitas sea un negocio, los discursos de los políticos se los llevará el viento. La única manera de acabar con la criminalización de la droga es mediante la regulación de su comercialización.
Este paso se enfrenta a una oposición de los sectores que controlan los hilos financieros en los más altos niveles bancarios de EE.UU. y sus ramificaciones globales.
También se opondrán a una regulación los fabricantes de armas y las instancias militares y policiales que se benefician del negocio de la ‘Guerra contra las drogas’.
Forman parte de una red global de venta y contrabando de armas que se legitima reprimiendo a los consumidores y adictos.
