La carretera construida por Costa Rica a lo largo del río San Juan para conectar una veintena de comunidades asiladas del resto del país “carece de plan de impacto medioambiental y precisa enormes cambios para evitar que el cauce fluvial se llene de sedimentos”.
En estos términos se ha expresado Paul Reichler, experto en Derecho Internacional Público y representante de Nicaragua, al presentar sus alegatos en el litigio fronterizo que enfrenta a ambos países ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ).
La ruta discurre a lo largo del río, frontera natural para los dos, y el jurista ha arremetido contra el Gobierno costarricense por “dañar el ecosistema y la calidad de las aguas, amén de dificultar la navegación”.
El jurista estadounidense ha cifrado en tres los problemas presentados por la carretera: sus puentes no son tradicionales, sino levantados con materiales baratos como contenedores de barco, y taponan el río al dejar sedimentos en época de lluvias; las pendientes que forman parte de la ruta son inestables porque la tierra no es compacta y causa corrimientos, y no hay un sistema apropiado de drenaje.
Esto último erosiona la propia carretera y el entorno, según el experto.
“Costa Rica admite los problemas y aseguró en 2013 que lo arreglaría.
El propio Tribunal no consideró necesario imponer entonces medidas cautelares para paralizar las obras, pero los retoques son temporales. No es que se engañara al TIJ, porque ha habido reparaciones, pero una cifra mínima (solo 28 de los 82 puentes endebles que necesitan arreglos, y 24 de las pendientes).
Lo que ocurre es que la carretera se derrumba mucho más deprisa de lo que nuestra vecina puede contener.
Solo una decisión del TIJ ordenando que la carretera se aleje del río y cumpla estándares internacionales de calidad resolveré el diferendo”, ha añadido Reichler.
La demanda nicaragüense contra sus vecinos se remonta a 2011 y llegó en respuesta a otra similar, presentada por Costa Rica en 2010.
Nicaragua abrió un caño artificial para facilitar la salida del agua al mar Caribe, y fue señalada de la supuesta violación de soberanía.
Las dos causas se han unido en una y la decisión de los jueces puede tardar varios meses en llegar.
La semana pasada, y en respuesta a la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua, el doctor Carlos Argüello, afirmó que San Juan “no puede impedir a su país que trabaje en su propio territorio”.
Aseguró que los mapas oficiales no reflejan la realidad sobre el terreno, “y el canal separador no es una delimitación clara; ha ido variando por causas naturales”.
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