La historia del 27 de infantería, que tiene su base en Iguala, es la de uno de los batallones involucrado en las peores atrocidades cometidas durante la “guerra sucia” de los años 70 en Guerrero.
Su “fama” quedó registrada tras implementar operaciones para sacar por la fuerza a pobladores de áreas rurales en la zona serrana del estado donde varios pueblos fueron bombardeados por el ejército.
Esta táctica contrainsurgente puesta en marcha por tropas norteamericanas en el sudeste asiático, e implementada por el ejército mexicano en territorio guerrerense se le conoció como “aldea vietnamita”.
Ahora el batallón aparece como actor de reparto en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, mientras en su jurisdicción se ha descubierto que proliferan las “narco-fosas”.
México, 4 de noviembre.- Solía aparecer en los poblados rurales de la sierra de Atoyac acompañado siempre de dos oficiales. Un poco atrás los seguía un pelotón de soldados alertas ante cualquier orden de su comandante. Cuando el coronel Alfredo Cassani Mariña llegaba con su comitiva a los pueblos de esta zona del estado de Guerrero, se sabía que todo podía pasar.
Desde incendios de viviendas, saqueos, amenazas y fusilados en la vía pública. En el verano de 1973 el entonces comandante del 27 batallón de infantería, se había convertido en una “celebridad” entre sus colegas que participaban en la campaña militar contra el grupo guerrillero encabezado por Lucio Cabañas. Se hablaba de él no solo por el empleo de todo tipo de tácticas contrainsurgentes contra campesinos guerrerenses, de quienes sospechaba servían de parapeto a los guerrilleros, sino por el empleo de un método que marcaría por siempre al ejército mexicano.
Por esos días estaba fresco en la memoria de los habitantes de esa región, enclavada en las montañas que se elevan tierra adentro de la zona conocida como la Costa Grande, los bombardeos que la fuerza aérea había realizado en comunidades que de manera previa habían sido evacuadas por las tropas del 27 de infantería al mando del coronel Cassani Mariña.
Un par de años antes esta táctica había comenzado para desaparecer los poblados donde el ejército creía que se ocultaba el maestro normalista, egresado de Ayotzinapa, Genaro Vázquez Rojas. Sería el líder guerrillero quien denunciaría tiempo después el empleo de este método, evacuar poblaciones y someterlas a fuego aéreo, conocido como “aldea vietnamita”.
Los detalles de la participación del 27 de infantería en tácticas de “aldea vietnamita”, entre los años 1970 a 1973, se encuentran en el borrador del informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSP), que elaboró al final de los cinco años que estuvo en funciones en la PGR durante la administración del panista Vicente Fox.
Ahí se registró el testimonio de pobladores y líderes sociales alzados en armas como Genaro Vázquez, quienes identificaron al coronel Cassani Mariña como uno de los oficiales del ejército que estuvo al frente de esas operaciones.
Cassani era el prototipo del militar sanguinario y abusivo, no solo con sus subordinados, sino con la población en general. A finales del año 1973, cuando se presentó el relevo en la comandancia de la 27 zona militar, con cuartel en Acapulco, el nuevo mando recayó en el general de división Salvador Rangel Medina, con quien tendría varios desencuentros que desembocaron en su cese al frente del batallón.
Rangel contaba que el coronel Cassani era el típico militar jactancioso, quien presumía de “comerse la lumbre con las manos”, tenía no solo la animadversión de las autoridades civiles, pobladores y policías, sino que sus tropas cometían todo tipo de tropelías que dejaban mal parado a otros oficiales del ejército que no actuaban de esa manera. En junio de 1974 el general Rangel solicitó al secretario de la Defensa Nacional que relevara al coronel por abusar de pobladores de la sierra, había denuncias por casos donde ordenó “fusilar gente” delante de mujeres y niños.
Su relevo al frente del 27 de infantería sería otro militar no menos sanguinario. El entonces teniente coronel Juan López Ortiz, egresado en tácticas de infantería por la Escuela de las Américas, y quien años después sería recordado por la masacre de indígenas en el mercado de Ocosingo, Chiapas, en los días de enero de 1994 durante el alzamiento zapatista.
A López Ortiz lo relevó tiempo después en el mando del 27 de infantería otro egresado de la Escuela de las Américas, el coronel Javier Escobedo Corvera, quien condujo las operaciones en la parte última que terminó por dispersar a los sobrevivientes de la emboscada de aquel 4 de diciembre de 1974, cuando cayó abatido Lucio Cabañas.
Escobedo Corvera, de acuerdo a contemporáneos suyos con los que compartió vivencias en Guerrero, se quitó la vida durante una visita a la tumba de su padre en los primeros años de la década de los 80 cuando ya ostentaba el grado de general brigadier. Los motivos no quedaron claros, algunas versiones referían que quedó afectado emocionalmente por todo lo que vivió primero como oficial, y después como comandante del 27 de infantería.
El batallón de las ‘narco-fosas’
A principios de los años 70 el batallón 27 de infantería había sido adscrito a la comandancia de la 27 zona en Acapulco, de donde fue enviado al puesto de mando en la base de operaciones militares de Atoyac, donde estuvo en los años de la “guerra sucia”. A finales de los años 70, con la reasignación territorial de las unidades que habían participado en la campaña contra la guerrilla de Lucio Cabañas, el batallón fue enviado a la jurisdicción de la 35 zona militar en Chilpancingo.
El 27 de infantería se estacionó en Iguala en sustitución del batallón 49, que fue enviado al norte del país. A partir de los años 80 sus objetivos se ampliarían ante el crecimiento exponencial del tráfico de drogas, el surgimiento de derivaciones de la guerrilla y el crecimiento de las poblaciones del norte del estado de Guerrero donde quedó delimitada su jurisdicción.
En el año 2012 el batallón 27 estaba al mando del coronel Juan Antonio Aranda Flores, un oficial de infantería con formación en fuerzas especiales, quien llegó en octubre del 2011 a relevar a su colega el coronel Alfredo Aponte Carranza, quien antes había estado comisionado en Ciudad Juárez, como director administrativo de la policía municipal, en los años 2009 a 2010 cuando la violencia se desbordó y convirtió a este punto fronterizo en la urbe más peligrosa del mundo.
Al coronel Aponte Carranza, quien ocupó el mando del 27 de infantería del 2 de mayo del 2010 al 3 de octubre del 2011, se le adjudicó el haber encabezado con sus elementos 16 enfrentamientos con “39 bajas de la delincuencia organizada” durante su gestión.
Desde que arribó a Iguala en los meses en que la ciudad se convirtió en el centro de operaciones de la banda criminal autodenominada “Guerreros Unidos”, sus efectivos pasaron por alto la proliferación de fosas donde eran arrojados cadáveres dentro de su área de responsabilidad en los municipios aledaños de Taxco de Alarcón, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón. En estas dos últimas ciudades, la delincuencia organizada sentó sus reales en caminos, carreteras, y controló cuerpos de seguridad y las presidencias municipales.
Cuando el coronel Juan Antonio Aranda Flores llegó a Iguala, tras haber estado en la guarnición de Nuevo Laredo, Tamaulipas y después al mando del octavo batallón de fuerzas especiales en Guadalajara, la situación empeoraba cada día más en Iguala y municipios aledaños.
La pugna entre el grupo criminal autodenominado La Familia, quien disputaba a “Guerreros Unidos” Apaxtla y Teloloapan, dejó una estela de sangre y desapariciones donde el batallón 27 de infantería parecía solo un espectador. El coronel Aranda Flores, conocer del sistema de inteligencia militar, tenía reportes de fosas clandestinas algunas de las cuales fueron encontradas en la antigua zona minera que comunica Iguala con Taxco de Alarcón.
Relevado a principios del 2013 por el coronel José Rodríguez Pérez al frente del 27 batallón, los reportes de los grupos de comando y las compañías referían que “Guerreros Unidos” había hecho de los cerros que rodean a Iguala un cementerio clandestino. Pese a ello, el coronel Rodríguez Pérez y su superior inmediato el comandante de la 35 zona militar, el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, poco hicieron por investigar.
El escenario para la cadena de mando que llegaría al general de división Martín Cordero Luqueño, comandante de la novena región militar, y superior jerárquico del general Saavedra y del coronel Rodríguez Pérez, se complicó a raíz de los testimonios de los alumnos de la normal de Ayotzinapa, quienes señalaron que la noche del 26 de septiembre, cuando fueron atacados a tiros y 43 de sus compañeros fueron secuestrados para quedar en calidad de desaparecidos, el ejército y la policía federal “acordonaron” el área para evitar la presencia de testigos mientras el grupo criminal y los policías municipales cargaban contra los estudiantes.
De acuerdo a testimonios recogidos por la prensa local y nacional, los estudiantes de Ayotzinapa fueron blanco de ataques a tiros en dos ocasiones, y los militares del 27 de infantería retuvieron a quienes huyeron, los amenazaron y pese a que la comandancia estaba a menos de cinco minutos del sitio del ataque, no respondieron los llamados de auxilio.
Tras el plagio y la desaparición de los estudiantes, el coronel Rodríguez Pérez declaró que la comandancia del batallón se enteró “al último”.
Tras conocerse los testimonios, legisladores federales que integran la comisión especial para darle seguimiento al caso Iguala, señalaron que solicitaran a la PGR que investigue la actuación de los mandos del 27 de infantería, el batallón que era conocido por su participación en tácticas de “aldea vietnamita” en los setenta y ahora es señalado como el de “las narco-fosas”.
Juan Veledíaz
@velediaz424
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