Es necesario un Instituto Nacional de Pensiones (autónomo, universal y descentralizado) que modifique el régimen actual de pensiones en México, en el que 76 por ciento de las mujeres no cuentan con esta prestación después de los 60 años de edad.
Así lo propuso la economista feminista Carmen Ponce Meléndez, quien participó en la “Semana de la Seguridad Social”, al que convocó el Senado del 27 al 30 de abril.
La experta explicó que actualmente existe una “polarización” de pensiones según el sexo de la población, ya que 60 por ciento de las personas de más de 65 años de edad en México carece de una pensión, pero en el caso de las mujeres la cifra asciende a 76 por ciento.
Esta situación prevalece por las características del mercado laboral (como empleos temporales, por horas o parciales), en el que se insertan las mujeres por falta de políticas públicas adecuadas.
Ponce Meléndez explicó que ellas interrumpen constantemente su ciclo laboral por la maternidad o las cargas de trabajo no remunerado en sus hogares, lo que hace imposible que a los 65 años de edad cumplan con las mil 259 semanas de cotización que exige el actual régimen de pensiones.
Además, ese régimen promueve un acceso muy limitado de pensiones para la población femenina, toda vez que la tasa de reemplazo (porcentaje final del salario con el que se jubila) en México es de tan sólo 40 por ciento, criticó la experta.
Esto deriva en que una mujer que cotizó toda su vida con un salario de 6 mil pesos (que es el promedio nacional), durante su vejez podrá acceder como máximo a una jubilación de 2 mil 400 pesos.
La especialista criticó que a esto se suma que los empleadores registran a las y los trabajadores con un sueldo menor de lo que en realidad están percibiendo a fin de eludir el pago obrero-patronal, lo que al final resta prestaciones sociales.
Carmen Ponce afirmó que de seguir las condiciones laborales actuales para las mujeres (trabajo informal e inestable, de dos a cinco salarios mínimos, pago por hora y contratos a prueba o temporales), serán ellas quienes enfrenten principalmente la exclusión social, ya que –según las proyecciones de la economista– en un futuro sólo 16 de cada 100 trabajadoras podrán acceder a una pensión trabajando hasta 38 años.
Para disminuir esta segregación es necesario crear un sistema universal de pensiones que cuente con una mayor contribución cuota patronal y aumente el financiamiento público, sugirió la experta en representación de la Red de Mujeres Sindicalistas y la Unión Nacional de Trabajadores.
Este sistema deberá estar integrado en un Instituto Nacional de Pensiones que tendría un pilar para las aportaciones de los trabajadores formales, otro para las y los trabajadores informales, y uno más para los ahorros en cuentas individuales como las Afores.
Este instituto deberá ser autónomo, descentralizado, con recursos propios, tener personalidad jurídica y contar con una junta de gobierno que garantice los principios de universalidad, no discriminación y enfoque de derechos y de género.
El nuevo esquema deberá cubrir riesgos de trabajo, derecho a guardería, vivienda, seguro de desempleo, retiro e invalidez.
Además, deberá promover un nuevo esquema de administración de pensiones que sea focalizado y que determine el aumento anual de la pensión de acuerdo con el costo de la canasta básica real.
La economista lamentó que en el caso de las pensiones no contributivas (apoyos públicos para las personas que no cotizaron en un sistema de pensiones formal), éstas no tengan mayor financiamiento público, por lo que actualmente son de 500 pesos.
Y advirtió que el recorte presupuestal de 2015 afectó directamente a los programas de apoyo para personas adultas mayores, los cuales subsanan la falta de una pensión jubilatoria para las miles de mujeres que no perciben remuneración por el trabajo de cuidado en sus hogares o las que se encuentran en la informalidad.
Cimac
