TELAM – “México es un enorme cementerio de fosas clandestinas y el gobierno en vez de resolverlo se ha puesto en una estrategia de ir de engaño en engaño”, afirma Renee Fuentes Acevedo, uno de los docentes que acampan desde hace más de dos meses en el zócalo de Chimpalcingo en reclamo de justicia para los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y todos los asesinatos originados en una violencia de la que responsabiliza en primer lugar al gobierno mexicano.
Fuentes Acevedo es docente rural de la región de Alta Montaña. Acampa desde hace semanas en el zócalo de “Chilpo”, como abrevian aquí el nombre de la capital del estado de Guerrero, uno de los más violentos de este país minado por el crimen organizado de los cárteles de la droga, que cobran peajes a todos los que trabajan y en muchos casos están confabulados con los poderes políticos y las fuerzas de seguridad.
“Damos nuestros nombres porque no somos delincuentes, estamos cansados de que el gobierno le haiga (sic) dado el pueblo la militarización como respuesta a reclamos que son justos”, agrega.
Atiende a Telam parado en un gazebo blanco que oficia de sala de reuniones en medio de la plaza, rodeado por cientos y cientos de carpas multicolores con forma de hongo. afuera hay bidones de agua, un rancho donde humean las planchas para cocinar las tortillas para los tacos con salsas imposibles de picantes.
“Primero dijeron que había una fosa que descubrieron con confesiones de participantes confesos de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero les cayó la treta. Después descubrieron otra cosa con los restos carbonizados y también se les cayó porque resultaron que eran de otras matanzas, y ahora quieren criminalizar la protesta y reprimirnos”, se queja.
El docente, que integra la conducción del sindicato docente de Guerrero, afirma que en el afán de criminalizar la protesta el CISeN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) difundió listas “llenas de inexactitudes” para endilgarles intereses políticos por fuera del sistema democrático.
“Pusieron que un compañero nuestro al que llamaron Pedro Cabaña, pero sin ponerle su primer apellido, es hermano de Luis Cabaña Barrientos, un guerrillero de los años ’60 que fundó el Partido de los Pueblos, y que fue asesinado”.
“Hoy pretende hacer lo mismo el gobierno, lejos de solucionar los problemas, para lo que se requiere de justicia y de seguridad, quiere aprobar reformas y reprimir la protesta”, señala en alusión a las iniciativas que trata el Parlamento mexicano para reglamentar las manifestaciones, luego de los incidentes violentos que coronaron varias marchas multitudinarias por los 43 estudiantes desaparecidos, por los que los organizadores responsabilizan a infiltrados de fuerzas de seguridad a los que incluso han detenido y entregado a las autoridades.
“¿Qué hacen el Ejército y la Gendarmería aquí, custodiando a los que reclamamos, en lugar de estar investigando y buscando a los desaparecidos?”, se preguntó Fuentes Acevedo, y se contestó: “Esto es el terrorismo institucional. No es el crimen organizado, es el crimen institucional”.
En este punto, aseguró que “los que realmente controlan lo que pasa en el interior de los cárteles son del Ejército, por eso decimos que el presidenta (Enrique) Peña Nieto, como máxima autoridad institucional también tiene la máxima responsabilidad por esta situación”.
Además, destacó que “todos sabemos que la política se financia con el aporte de los cárteles, está probado; (el renunciado gobernador de Guerrero, Ángel) Aguirrre fue financiado por el cártel de Beltrán Leiva”.
Por otra parte, el docente rural responsabilizó a Peña Nieto porque cuando estalló el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, por orden del ex alcalde de esa ciudad,Jose Luis Abarca, “el Ejercito lo primero que hizo al llegar fue decirles a los estudiantes que si no dejaban de protestar y reclamar por sus compañeros los iban a desaparecer a todos”.
“Esto es porque esa siempre fue la norma. Por eso nosotros decimos que a los 43 normalistas, no a los 42, a los 43, los tiene el Ejército. Pero investigar eso requiere de una decisión política y de acciones que no vemos”, agregó.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas para evitar la purga social que está proponiendo Peña Nieto en contra de los más desprotegidos, que somos principalmente los indígenas, que somos el 60 por ciento de la población y con sus reformas nos están despojando de nuestros derechos y recursos naturales”, aseguró.
“Lo que propone el gobierno no son reformas, son imposiciones, nosotros nunca fuimos consultados”, concluyó.
