Dos juristas, con solidez académica y expertos en temas de justicia son los pesos pesados que, aunque no aparecen abiertamente, aportan conceptos que tienen especial significado en la mesa de negociaciones.
Son expertos en temas de justicia y forman parte de las corrientes innovadoras, conocidas como el nuevo derecho penal. Ambos, desde perspectivas contrarias, coinciden en la necesidad de buscar salidas para el tema de las penas frente a los delitos cometidos por la guerrilla, que es el nudo gordiano de la negociación.
Kai Ambos, quien bordea los cincuenta años, se graduó en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, especializado en derecho penal y procesal en Munich Alemania y es de la misma escuela del Fiscal Eduardo Montealegre quien también realizó su especialización en derecho penal en la Universidad de Bonn y es gran conocedor del Derecho penal internacional.
Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz también estudió en Alemania, doctor en filosofía en Cambridge y candidato a doctor en griego en Hildelberg. Kai Ambos formó parte del equipo que redactó el Estatuto de Roma que le dio vida a la Corte Penal Internacional.
Conoce la realidad colombiana desde hace años, la ha estudiado académicamente y ha vivido en el país en distintos períodos de su vida.
Entre las recomendaciones públicas que ha hecho Kai Ambos está intentar buscar las salidas dentro del orden jurídico nacional sin consideraciones de la legislación internacional y ha insistido en que la Corte Penal no puede vetar los acuerdos de paz que se firmen.
Las Corte penal solo tendría competencia para genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre del 2002 y para crímenes de guerra cometidos desde el 1 de noviembre del 2009.
Enrique Santiago Romero es un jurista de cincuenta años, miembro del Partido Izquierda Unida de España y ha sido desde su juventud militante del Partido comunista español.
Es secretario del movimiento refundación del mismo grupo político que aglutina distintos frentes de la izquierda española de línea más radical. Formó parte del equipo jurídico que inició la querella contra Augusto Pinochet y que junto al juez Baltasar Garzón consolidaron la acusación que mandó a la cárcel al dictador chileno.
Ha sido asesor de distintos procesos de víctimas de la dictadura franquista y opera en el ámbito de la Audiencia Nacional en Madrid, así como con la organización que protege a los refugiados políticos en España. Lleva uno de los procesos contra el expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional y es experto en Derecho internacional humanitario.
Ambos juristas visitan periódicamente el país y Enrique Santiago está aceptado formalmente por el gobierno colombiano, lo cual le permite mantener una interlocución permanente con los negociadores de las Farc en La Habana.
El jurista Enrique Santiago junto al juez Garzón, colegas en el caso contra Pinochet
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