Para el senador y exjefe del gobierno de la Ciudad de México Alejandro Encinas la crisis reciente del PRD tiene dos fechas clave: 2008, “cuando el gobierno de Felipe Calderón le entrega la dirigencia a Jesús Ortega” –su excontendiente por la presidencia de ese partido–, y poco antes de las elecciones federales de 2009, “cuando el narcotráfico cambia su política de ‘plata o plomo’ para privilegiar el cobro de derechos y empieza a definir las candidaturas” en el sol azteca y otros partidos.
Encinas ubica el cambio fundamental en las relaciones del narcopoder y los partidos justamente cuando se expande “el modelo zeta” a buena parte de los municipios del país: “Para ellos es más importante garantizar el cobro del derecho de piso y el control de los cuerpos de seguridad municipales. Ellos son los que comienzan a imponer a los candidatos”.
La definición de muchos alcaldes en Michoacán, Morelos, el Estado de México y Guerrero “fue decidida por los narcos, no por los partidos. Sus ramificaciones están por todas partes”, advierte.
Entrevistado días antes de que Cuauhtémoc Cárdenas renunciara al PRD el pasado 25 de noviembre, Encinas también es muy claro en su diagnóstico sobre ese partido y la crisis por la penetración del narcopoder.
Sentencia: “El PRD está herido de muerte”, y si “quisiera revertir este deterioro de su relación con la sociedad, el punto de partida es saber cuál ha sido el nivel de penetración de estos grupos delictivos en su estructura y si financiaron algunas campañas a algún grupo o algún dirigente”.
Encinas conoció bien del fenómeno de penetración del crimen organizado en las estructuras del PRD desde su campaña por la gubernatura del Estado de México en 2011. En esa época, recuerda, “había más presencia de La Familia Michoacana en municipios como Luvianos, Tlatlaya o Amatepec”.
Por ese vínculo con el Estado de México Encinas emprendió una investigación propia sobre la matanza de los 22 jóvenes en Tlatlaya, perpetrada el 30 de junio último, que fue ignorada por el presidente en su mensaje del 27 de noviembre.
“Hay un gran vacío en la investigación sobre estos hechos. El Ejército ha reconocido que no se respetaron los protocolos y falta aclarar muchas cosas. No se sabe si fueron Los Rojos o Guerreros Unidos. No veo indicios claros de que fueran guerrilleros”, puntualiza Encinas.
Al senador también le ha pegado el costo de la crisis de Iguala. El pasado 10 de noviembre, durante una visita a Xalapa, fue agredido por manifestantes del Frente Popular Revolucionario, cercano al PRI, quienes le gritaron “¡asesino, asesino!” y lo rodearon mientras daba una conferencia de prensa en el café La Parroquia.
Héctor Yunes Landa, senador del PRI por Veracruz, dijo lamentar lo sucedido y ofreció disculpas al legislador perredista. El caso fue discutido en el pleno del Senado y las distintas bancadas se manifestaron contra las agresiones a Encinas y a otros legisladores.
Municipios intervenidos
Hay 16 municipios “intervenidos” por las fuerzas federales a raíz de la crisis de Iguala en la zona conocida como Tierra Caliente. Ocho son gobernados por el PRD, siete por el PRI y uno por el PAN.
Para Encinas la penetración de los cárteles de la droga en esas localidades es “una crisis del Estado mexicano, no sólo de los partidos”, y más allá de las siglas lo delicado es que las autoridades estatales y federales “han sido incapaces e ineficaces en su respuesta”.
De los municipios guerrerenses intervenidos, Encinas menciona como importantes los casos de Coyuca de Catalán y Teloloapan. El primero, gobernado por Rey Hilario Serrano, del PRD, se identifica desde hace años como territorio de los Beltrán Leyva. En el segundo gobierna Ignacio de Jesús Valladares, del PRD también, con presuntos vínculos con La Familia Michoacana.
Los otros municipios investigados también por organismos de inteligencia y de seguridad son Cuetzala del Progreso, Apaxtla de Castrejón, La Unión, Tlacotepec y Leonardo Bravo, gobernados por perredistas. Están asimismo los casos de Taxco, Zihuatanejo, Chilapa de Álvarez y Chilpancingo, gobernados por priistas.
En Cuetzala del Progreso, el edil Feliciano Álvarez Mesino ha sido señalado por sus posibles vínculos con La Familia Michoacana. Durante su gestión, al menos ha sufrido un ataque de un grupo armado.
En el caso de Apaxtla de Castrejón, el Congreso local y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) sostienen que el acalde Efraín Peña Damacio tiene vínculos con Guerreros Unidos. Antes dominaba la zona La Familia Michoacana.
En Tlacotepec, gobernado por Mario Alberto Chávez Carbajal, denunciaron ante la prensa local la presencia del cártel de Los Rojos. Miembros de este grupo criminal han sido detectados en municipios que administra el PRI, como en Chilapa de Álvarez, cuyo alcalde, Francisco Javier García González, es acusado por el Frente de Defensa Popular de incluir a miembros de la delincuencia en la policía rural. Al edil de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, se le señala por sus presuntos vínculos con Los Rojos.
En cuanto a Taxco, el alcalde priista Salomón Majul González ha sido acusado por sus posibles vínculos con Guerreros Unidos. Sólo en 2014 se han descubierto ahí varias fosas con 32 cadáveres.
En 2013 habían hallado otras siete.
