Los ataques aéreos contra edificios emblemáticos perpetrados en Gaza en agosto de 2014, en el último tramo de la operación militar israelí “Margen Protector”, fueron ataques directos y deliberados contra edificios civiles y constituyen crímenes de guerra, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Un grupo de palestinos alrededor del Centro Comercial de Rafá destruido por la fuerza aérea israelí en la operación Margen Protector.© REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
En “Nothing is immune”: Israel’s destruction of landmark buildings in Gaza se exponen indicios de que los ataques contra cuatro edificios de múltiples plantas cometidos en los cuatro últimos días del conflicto fueron contrarios al derecho internacional humanitario y se pide que se sometan a investigaciones independientes e imparciales.
“Tanto los datos tomados sobre el terreno como las declaraciones que hicieron portavoces del ejército israelí en ese momento indican que los ataques eran un castigo colectivo contra la población de Gaza y tenían como fin destruir sus ya maltrechos medios de sustento.”
Aunque antes de destruirlos los militares israelíes avisaron a los residentes de los edificios para que los desalojaran, decenas de personas que vivían en edificios colindantes resultaron heridas y varios cientos quedaron deshechas al perder sus casas, enseres y negocios.
Presas del pánico, los residentes de los cuatro edificios que iban a ser atacados los desalojaron a toda prisa y no consiguieron salvar sus pertenencias en la mayoría de los casos, incluidos documentos importantes, joyas y ahorros.
El Centro Comercial Municipal de Rafá, que albergaba un centro comercial, un aparcamiento, varias oficinas y un consultorio médico, quedó reducido a una maraña de vigas y hormigón. Los comercios instalados en el recinto eran el medio de vida de cientos de familias, que ahora están pasando apuros para salir adelante.
Aparte de insinuar que en uno de los edificios destruidos había un centro de operaciones de Hamás y en otro unas “instalaciones vinculadas a extremistas palestinos”, las autoridades israelíes no han dado ninguna información sobre sus motivos para arrasar cuatro edificios enteros.
“Aunque las autoridades israelíes tuvieran buenas razones para pensar que una parte de un edificio se estaba dedicando a fines militares, su obligación era decidirse por medios y métodos de ataque que redujeran al mínimo los daños a civiles y bienes civiles”, ha dicho Philip Luther. “El ejército israelí ha ejecutado ataques aéreos contra apartamentos concretos en edificios de gran altura en otras ocasiones sin llevar a cabo su destrucción completa.”
Amnistía Internacional envió sus conclusiones sobre los ataques aéreos a las autoridades israelíes y pidió aclaración de por qué se había efectuado cada uno de estos ataques y qué o quiénes habían sido sus objetivos, qué precauciones se habían tomado para reducir al mínimo el riesgo de causar daño a civiles y si se había realizado o había en curso alguna investigación.
Se recibió respuesta del interventor del Estado, cargo público que también desempeña funciones de mediador, quien se limitó a describir el enfoque de su investigación sobre la operación Margen Protector. No respondió ninguna de las autoridades que realmente podrían haber dado respuesta a las preguntas planteadas sobre estos ataques.
Amnistía Internacional ha documentado y condenado sistemáticamente las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas tanto por Israel como por Hamás y los grupos armados palestinos durante el conflicto. Mientras que en éste y otro informe publicado en noviembre –Familias bajo los escombros: ataques israelíes a viviendas habitadas– se examinan los ataques israelíes, otro documento que se está preparando actualmente se centrará en las violaciones de derechos humanos cometidas por Hamás.
Hasta ahora, las investigaciones de presuntas violaciones del derecho internacional cometidas por fuerzas israelíes o palestinas en la Franja de Gaza e Israel no han sido independientes, exhaustivas ni imparciales.
Amnistía Internacional ha pedido que se permita a la comisión de investigación establecida por la ONU realizar su investigación sin impedimentos, y que las autoridades israelíes levanten la prohibición de entrar a Gaza impuesta a Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.
“Los crímenes de guerra se deben investigar con independencia e imparcialidad y los responsables deben ser detenidos y juzgados con las debidas garantías. Las personas cuyos hogares y medios de sustento han sido destruidos de manera ilegítima merecen justicia y una reparación plena”, ha dicho Philip Luther.
Fuente: Amnistía Internacional
