Por Patrick Martin / Global Research--
El presidente Barack Obama pronunció un discurso televisado la noche del jueves, dando una vista previa a la orden ejecutiva que fue firmada y hecha pública el viernes.
Al igual que con la mayoría de los discursos de Obama, los comentarios del jueves emanaban hipocresía y cinismo. La propuesta de Obama es implementar una “reforma” derechista.
Sus comentarios combinaron homilías vacías que describían a los Estados Unidos como una “nación de inmigrantes”, con proclamas de que los aproximadamente 11 a 12 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados deben “cumplir las reglas” y ser “responsables”.
El programa esbozado por Obama cubrirá a menos de la mitad de los 11 a 12 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados y niños que viven ahora en EE.UU., mientras que el resto seguirá siendo sujeto a arrestos y deportaciones como “ilegales”.
En sus seis años en el poder, el gobierno de Obama ya ha deportado a más inmigrantes que cualquier otro gobierno en la historia de Estados Unidos.
A pesar de los gritos de “amnistía” del Partido Republicano, y la alabanza a la Casa Blanca de los medios de comunicación en castellano y grupos latinos afiliados al Partido Demócrata, la orden ejecutiva de Obama es todo menos una luz verde para los trabajadores inmigrantes que buscan un estatus legal, una seguridad económica y el reconocimiento de sus derechos humanos.
Como Obama explicó en su discurso, el grueso de los 5 millones o menos que califican para no ser deportados y recibir permisos de trabajo debe haber vivido en los Estados Unidos más de cinco años y tener hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Deben registrarse en la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas, parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pasar una verificación de antecedentes penales, y pagar los impuestos atrasados. A cambio, van a “ser capaces de permanecer temporalmente”, dijo Obama.
El discurso de Obama fue totalmente dentro del marco de la política derechista estadounidense, en la que los trabajadores que vienen a Estados Unidos huyendo de la pobreza y las dictaduras —por las cuales el imperialismo estadounidense es el principal responsable desde hace décadas— y tomar los empleos más arduos y peor pagados, son demonizados como criminales que debe “rendir cuentas”. Mientras tanto, la verdadera clase criminal estadounidense, la aristocracia financiera que controla tanto los partidos Demócrata y Republicano, acumula una riqueza inmerecida e incalculable.
Refiriéndose a los trabajadores inmigrantes, Obama dijo, “Todos nosotros nos ofendemos de cualquiera que cosecha recompensas viviendo en Estados Unidos, sin asumir las responsabilidades de vivir en Estados Unidos”.
¿De quién o quienes está hablando? ¿Quiénes han cosechado recompensas sin asumir ninguna responsabilidad?
Estos términos se aplican con mucha mayor justicia a la élite gobernante parasitaria que Obama y los republicanos y demócratas en el Congreso representan. Estos señores fueron rescatados por una suma de miles de millones a raíz de la crisis financiera del 2008.
Pero ningún magnate de los bancos o fondos de cobertura ha tenido que pagar por esas infusiones de dinero de los contribuyentes o rendido cuentas por las manipulaciones financieras y el fraude que acabó con los puestos de trabajo y los niveles de vida de decenas de millones de personas.
“Los trabajadores indocumentados violaron nuestras leyes de inmigración, y creo que ellos deben rendir cuentas”, declaró Obama.
El gobierno de Obama se ha negado a aplicar esta norma a los banqueros y los especuladores que violaron las leyes contra la estafa, o los agentes de la CIA que violaron las leyes contra la tortura, o los altos funcionarios de la administración Bush que libraron guerras ilegales y mintieron al pueblo estadounidense.
Y, por supuesto, al mismo gobierno de Obama que opera fuera de la ley, pisoteando la Constitución de Estados Unidos, en su afirmación de los poderes presidenciales ilimitadas para espiar, detener, encarcelar e incluso asesinar a ciudadanos estadounidenses.
Bajo el plan de Obama, la mayoría de los trabajadores que han entrado en el país sin documentos legales aún serán tratados como criminales, para ser expulsados del país tan pronto como son descubiertos.
Y los cuatro hasta cinco millones cubiertos por la orden ejecutiva se convertirán en una mano de obra barata regimentada por el gobierno federal.
Aquellos que se registren con el DHS sólo ganarán una seguridad temporal, sujeto a las decisiones del próximo presidente, o del propio Obama si las circunstancias cambian en los próximos dos años, en cuyo caso la base de datos del DHS se convertirá en un recurso inestimable para la reanudación de redadas masivas, detenciones y deportaciones.
Obama elogió como modelo el reaccionario proyecto de ley de inmigración aprobado el año pasado por una mayoría bipartidista en el Senado de Estados Unidos, mientras se quejó de que la Casa de Representantes controlada por los republicanos se negó a llevarlo a votación.
Este proyecto de ley pone su énfasis principal en la seguridad fronteriza, mientras que establece un proceso draconiano de legalización, de hasta 17 años de duración, a través del cual algunos trabajadores indocumentados podrían obtener la ciudadanía.
El gobierno ya ha puesto en práctica muchas de las medidas de seguridad en las fronteras del proyecto de ley del Senado. Obama se jactó del número récord de agentes federales, sensores y aviones no tripulados utilizados en la frontera México-Estadounidense e, incluso, anunció, como la primera parte de su orden ejecutiva, una mayor militarización: “Vamos a proveer con recursos adicionales a nuestras fuerzas del orden para que puedan detener el flujo de cruces ilegales, y acelerar el retorno de aquellos que cruzan”, dijo.
Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que algunas disposiciones del proyecto de ley del Senado, como el proceso de ciudadanía y las disposiciones especiales para los trabajadores agrícolas temporales, están más allá de la autoridad legal del presidente para promulgarlos en una orden ejecutiva.
La medida de inmigración fue redactada bajo la rúbrica de “discreción procesal”, en la que el presidente, como jefe ejecutivo, puede decidir dar prioridad a la aplicación de leyes de inmigración en contra de determinadas categorías de inmigrantes, dado que el gobierno federal carece de los recursos para arrestar inmediatamente hasta 12 millones de personas.
Obama pasó una gran parte de su discurso definiendo cuan estrecha sería la orden ejecutiva, incluyendo la negación del Medicaid, los cupones de alimentos u otros beneficios a los inmigrantes que recibirán permisos de trabajo.
“Esta acción no se aplica a cualquier persona que haya venido a este país hace poco”, dijo. “No se aplica a ninguna persona que pudiera venir a Estados Unidos de manera ilegal en el futuro.
No otorga la ciudadanía, o el derecho a permanecer aquí permanentemente, ni ofrece los mismos beneficios que los ciudadanos reciben —sólo el Congreso puede hacerlo posible. Todo lo que estamos diciendo es que no vamos a deportarlo”.
Como en muchas de sus declaraciones de política, Obama trató de presentar su pedido de inmigración como una solución temporal en medio de dos extremos. “Una amnistía masiva sería injusto”, afirmó. “La deportación masiva sería a la vez imposible y contrario a nuestro carácter (como nación).
Lo que estoy haciendo es responsable —una medida de sentido común, una solución intermedia: Si cumple con los criterios, puede salir de las sombras y estar bien con la ley”.
“Una amnistía masiva” es, de hecho, la única política compatible con los principios democráticos. Todos los trabajadores deben tener el derecho de vivir en cualquier país que elijan con plenos derechos de ciudadanía. Pero bajo el sistema capitalista, sólo el capital tiene la libertad de movilizarse por todo el mundo, mientras que la clase obrera está encarcelada dentro de las fronteras del Estado-nación.
La afirmación de Obama de que la deportación masiva es “contraria a nuestro carácter” esconde una contradicción. Ciertamente, para la gran mayoría de los trabajadores, se requerirían medidas de una estado policial para arrestar y deportar a 12 millones de personas, destrozando a millones de familias, sería aberrante. (Según una estimación, el 13 por ciento de todos los niños en edad escolar en California y Texas tienen al menos un padre indocumentado).
Pero para la élite gobernante de Estados Unidos, y para la administración de Obama, en particular, “arrestar millones” es perfectamente concebible.
En sus seis años en el cargo, la administración Obama ha detenido a casi tres millones de inmigrantes. Grandes sectores del Partido Republicano abogan por la detención y la expulsión de millones más.
La disputa entre los partidos, en la medida en que existe, refleja las divisiones dentro de la élite gobernante sobre cuán políticamente explosivo y perturbador sería la operación y el funcionamiento de grandes sectores de la economía de Estados Unidos que dependen de la mano de obra inmigrante súper-explotada.
Secciones del Partido Republicano, en particular los vinculados a los grupos de la ultraderecha del Tea Party, han utilizado durante mucho tiempo los ataques demagógicos sobre los inmigrantes como un arma política.
El senador republicano Tom Coburn, de Oklahoma sugirió que cualquier acción de Obama percibida como pro-inmigrante podría desencadenar acciones como milicias en las fronteras.
“El país será una locura, porque van a verlo como una acción fuera de la autoridad presidencial, y será una situación muy grave”, dijo USA Today. “Ya lo verá —esperemos que no—, pero se podía ver casos de anarquía. Se podía ver (actos de) violencia”.
Obama hizo repetidas apelaciones al sentimiento de la ultra-derecha en el transcurso de su intervención televisiva, suplicando a los republicanos que el desacuerdo sobre la inmigración no debe impedir que una colaboración en otros ámbitos de la política, una vez que ellos tome el control total del Congreso en enero.
Existe una preocupación especial en el sector corporativo estadounidense, de que el tema de la inmigración podría interrumpir el paso de un presupuesto federal para el resto del año fiscal en curso, que comenzó el 1 de octubre.
Una resolución continua para financiar al gobierno expira el 11 de diciembre y los líderes Republicanos de la Cámara y el Senado se esforzado para tranquilizar a Wall Street de que no habrá una repetición del 2013, cuando hubo cierre temporal del gobierno, y no se hicieron los pagos de la deuda federal.
El diario Los Angeles Times, en uno de los pocos comentarios de prensa que no creen en los supuestos desacuerdos entre los dos partidos, señaló el jueves que “la fuerte reacción de los líderes republicanos tiene menos que ver con la oposición a los aspectos prácticos de la (acción de) inmigración del presidente y más con el miedo y la ira que podría causar el descarrilamiento de la agenda de la nueva mayoría republicana, antes de que se convoque el próximo Congreso”.
Esto incluye hacer tratos con Obama sobre las medidas favorables a las empresas en materia de impuestos, el comercio y la política energética.
Texto original: http://www.globalresearch.ca/obama-announces-right-wing-immigration-reform-in-national-address/5415355
Traducción: A. Mondragón
