El martes, un Alto Tribunal del Reino Unido falló que Nasser bin Hamad al Jalifa, príncipe de la familia real que gobierna Bahrein, no tiene inmunidad y puede ser procesado por una demanda dirigida contra él y que se refiere a las torturas presuntamente infligidas a manifestantes en Bahrein, alguno de los cuales tenía la nacionalidad británica.
Tras dos años de batalla judicial, el Alto Tribunal ha determinado que Nasser no es inmune desde el punto de vista legal.
Esta decisión permite a la policía británica actuar en base a las denuncias de que el príncipe estuvo implicado en la tortura a presos políticos y aquel puede ser detenido y procesado. El fallo del Alto Tribunal recibió una amplia cobertura en el Reino Unido y fue recogido por los grandes medios, incluyendo la BBC, Reuters, Associated Press y otros.
El fallo supone la anulación de una decisión del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), que otorgó este especial privilegio al hijo del rey de Bahrein, que es también jefe de la Guardia Real. El caso contra el príncipe Nasser fue iniciado en los tribunales británicos en 2012 por parte de un superviviente de las torturas, que le fueron infligidas presuntamente por el príncipe Nasser.
Los abogados del demandante pedirán ahora el procesamiento del príncipe, que visita regularmente el Reino Unido.
La decisión del tribunal fue elogiada por el Instituto por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahrein. “Es una victoria para el pueblo de Bahrein”, dijo Sayyed al Wadai, director del grupo.
El régimen de la familia Al Jalifa ha negado las acusaciones y las ha calificado de “políticamente motivadas”.
Por otro lado, un nuevo informe ha revelado que Bahrein gasta unos 95 millones de dólares al año en su represión contra los manifestantes pacíficos, que reclaman reformas democráticas. El periódico árabe Al Maidan ha señalado también que el régimen de Bahrein ha contratado a 21.000 hombres como personal de seguridad, incluyendo a mercenarios pakistaníes.
El régimen, apoyado por tropas saudíes, ha gastado más de 2.500 millones de dólares al año en la adquisición de armas desde que las protestas contra la familia real dieron comienzo hace tres años. Reino Unido ha sido uno de los países que han vendido armas a Bahrein en estos años.
Recientemente, Amnistía Internacional ha emitido una alerta sobre un joven manifestante bahreiní, Maher Abbas Ahmad, que ha sido condenado a muerte por el régimen de la familia Al Jalifa. Él ha agotado su última apelación ante un tribunal del país y corre el riesgo de ser ejecutado.
La organización ha emitido otra alerta en el caso de Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahrein, al que considera un preso de conciencia y que fue encarcelado por manifestar opiniones contrarias al régimen en Twitter.
