Ya no se sabe qué hacer, si reventar de la rabia o estallar en sonora carcajada como un loco ante las perversas maniobras de la clase política guatemalteca, camarilla de auténticos pillos pasados y presentes y sin atenuantes de ninguna clase, que ha gobernado al país en los últimos 60 años y que han transformado la legalidad en mero papel limpia traseros.
El escándalo que se ha desatado a raíz del amañado proceso de elección de los magistrados a las Cortes de Apelaciones del país y en el que han intervenido personajes ligados al crimen organizado coordinados desde las altas esferas del gobierno, no hace más que poner de manifiesto una vez más que la democracia guatemalteca no es más que una grotesca fachada del Estado que ha sido asaltado por las mafias políticas y financieras con el fin de que las ruedas de la corrupción, el crimen y la impunidad no dejen de rodar en este Estado mafioso construido por ellas.
Por Luciano Castro Barillas
El partido en el poder, el mal llamado Partido Patriota, y la primera fuerza de oposición, un partido signado por la exacerbada demagogia, el Lider (Libertad Democrática Renovada, o algo así), pretenden asegurarse la impunidad. Tanto el que se va del poder, como el que posiblemente llegue, y para tal cometido, se hacía necesario implementar el sucio negocio de repartirse las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones utilizando para ese cometido comisiones de postulación para dar la apariencia de independencia e imparcialidad en la selección de los abogados seleccionados.
Pero eso no es exactamente así. Las mafias politiqueras y financieras empezaron su trabajo gansteril desde el momento en que se seleccionan a los integrantes de las comisiones, en su gran mayoría abogados de derecha identificados de un modo otro con el nefasto proyecto político que hoy gobierna a Guatemala.
La perversa trama empezó a tejerse a partir de ese momento y era totalmente previsible sus resultados, que entre otras cosas se pasó por el arco del triunfo la Ley Orgánica del Organismo Judicial que establece que se debe respetar la carrera judicial.
O el caso de la omisión descarada de la doctora Claudia Paz y Paz a la cual no se le incluyó en la nómina de seis, pese a su experiencia y capacidad.
La Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, había hecho la recomendación, pero fue desoída, alegando como siempre los sectores de la ultraderecha su falta de competencia.
Fue necesario que la relatora de las Naciones Unidas relacionada con la justicia se pronunciara y requiriera la anulación de ese proceso viciado para que la Corte de Constitucionalidad tomara con más pena y prontitud la resolución de los amparos interpuestos contra las cortes espurias.
Ni lerdo ni perezoso Otto Pérez Molina, tratando de minimizar la importancia de lo declarado por la funcionaria, dijo que lo dicho por la relatora no era una opinión de las Naciones Unidas, sino la de una funcionaria de esa entidad internacional.
¿O acaso esperaba una resolución de la Asamblea General? Lo dicho por la relatora tiene la totalidad representatividad, legalidad y legitimidad. Pero como dijo Sócrates: “Déjalos hablar y así los conoceréis”. La señora Baldetti afirmó que la actitud digna de la magistrada electa Claudia Escobar Mejía responde a algún interés.
No cabe, pues, en su cabeza de muy buena condición para un exquisito revolcado, que haya personas que tengan dignidad, un bien escaso sino inexistente en ese partido de espanto que dio por llamarse Partido Patriota.
Todo esto que ocurre en Guatemala era lo que iba acontecer por la mala elección de los ciudadanos de llevar al poder a un hombre que se acomodaba bajo su brazo un expediente de subordinación programática dictada por el poder económico de este país que la derecha los está reduciendo a escombros, con una institucionalidad débil, agónica, donde la palabrademocracia día a día pierde sentido, excepto para los ambiciosos politiqueros de ambos partidos tranceros, que gustan, por simple retórica, hablar del “respeto al Estado de derecho”, tal lo afirmara el político tránsfuga, desertor del FRG de Ríos Montt y consumado inescrupuloso Arístides Crespo.
Y con este estado de cosas, que amenaza en primer lugar con una paralización de las actividades del organismo judicial, todavía se atreve el señor Otto Pérez Molina a afirmar que ya no es necesaria la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas, como si el Estado guatemalteco fuera un modelo de corrección y propiedad en el ejercicio de los poderes públicos.
Estamos al borde del abismo y a la derecha no parece importarle. Ya lo decía Lenin hace muchos años: “Dale a un capitalista una soga y se ahorcará solo”.
Publicado por LaQnadlSol
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