Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las personas infectadas por el virus ébola podría superar las 20 mil en todo el mundo.
Hasta ahora el número oficial de víctimas mortales del virus supera las mil 500 en Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria. Mientras esta situación se profundiza en África Occidental, el ébola engorda los bolsillos de unas cuantas empresas farmacéuticas.
El valor de las acciones de la compañía canadiense Tekmira se ha incrementado notablemente desde comienzos de 2014, pues esta corporación anunció que tenía la primera prueba en seres humanos de un antídoto contra el ébola, luego para “acelerar las investigaciones”, se hizo público la acogida de un contrato “rápido” de 140 millones de dólares, provenientes del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Pero, ¿qué interés tiene la cúpula militar norteamericana en extinguir esta enfermedad?
Una de las respuestas consiste en que las propias características del virus ha hecho que el Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) de EE.UU. lo considere un “agente de bioterrorismo de categoría A”.
La versión que EE.UU. defiende consiste en la tan llevada y traída cuestión de “seguridad nacional”; cuando, en realidad, el ébola refleja los poderosos y estrechos lazos existentes entre la industria farmacéutica y el Complejo Militar Industrial en ese país.
Al Departamento de Defensa le conviene invertir en tratamientos y medicinas que pudieran o no curar el ébola, pues la especulación y las campañas de propaganda de por sí generan cuantiosos beneficios.
El dinero al final circula y, de paso, reparte dividendos para la industria mediática que coloca sus altavoces. Aunque también a Washington le convendría descubrir el antídoto de la enfermedad, ya que en el mercado mundial la monopolización de patentes resulta uno de los mayores negocios y armas políticas que puede tener una nación.
La guerra biológica a la luz del siglo XXI pudiera ser otro método o mecanismo no convencional que aplicaría el imperio estadounidense para derribar gobiernos “no democráticos” o calificados de “dictaduras”, borrando con ello la presencia directa del Departamento de Defensa en terreno
