En un periodo donde la política extranjera y de seguridad de Washington hacia Latinoamérica y el Caribe se ve fuertemente incidida por la guerra contra las drogas, vale la pena reflexionar acerca de las circunstancias actuales en que se desarrolla la política exterior de Centroamérica.
La política exterior de Centroamérica está íntimamente relacionada con su diversidad cultural, su historia y sus carencias, que han estado marcadas por una dependencia estructural a economías más poderosas, donde la influencia Estados Unidos ha delineado una parte importante de las limitantes, los retos y, también, de las oportunidades de la subregión.
La heterogeneidad de los Estados nacionales que componen a Centroamérica impide una mirada unilineal a la historia y la proyección exterior de esta subregión, de manera que una precisión obligada de estas letras radica en precisar las amenazas y ventajas que se aprecian en el horizonte, sin desconocer que en la práctica pueden existir variaciones ajustadas a las peculiaridades de cada país.
Han sido precisamente la heterogeneidad y las precariedades económicas las que obligan a realizar esfuerzos conjuntos para buscar estrategias de desarrollo que provean a la subregión de una mejor situación económica, comercial, financiera y de seguridad social. Para ello, debe buscarse la concertación de una serie de acuerdos en materia económica, político-diplomática y de seguridad, que propicien un futuro más sustentable a esos pueblos.
Considerando esas condicionantes, la política exterior y de seguridad de Centroamérica ha tenido como ejes centrales, las relaciones con EE.UU., la Unión Europea (UE), China-Taiwán y con el resto de Latinoamérica y el Caribe. Todo ello ha debido configurarse de manera conjunta, en aras de lograr mayor coherencia y peso económico para incentivar el comercio y las inversiones de actores internacionales de importancia. En ese interés han resultado fundamentales los esfuerzos encausados desde el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)ii.
El SICA tiene como objetivos fundamentales lograr la unión económica, fortalecer el sistema financiero centroamericano y consolidar la autodeterminación en sus relaciones exteriores. Pero estos retos se han visto perjudicados por los efectos de la crisis económica y los grandes problemas de violencia e inseguridad en los que tiene una enorme responsabilidad EE.UU., debido a las consecuencias de los flujos ilícitos de drogas e inmigrantes que acogen a la subregión como ruta para llegar a ese país.
Con el fin de la guerra fría, Washington reconfiguró los instrumentos del poderío nacionaliiihacia Nuestra América, con una serie de recetas económicas que fueron esbozadas mediante el Consenso de Washington. Este “proponía” políticas económicas que perpetuaban la dependencia estructural a la economía estadounidense e incrementaban la explotación hacia la región. En ese sentido, fueron promovidos acuerdos económicos-comerciales como el fracasado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y otros más efectivos como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (CAFTA-DR).
El CAFTA-DR creó una zona de libre y desproporcionado comercio entre los países firmantes; acentuando las asimetrías existentes, que deformaron más la estructura económica-comercial de los miembros más débiles; lo que dejó en una posición desventajosa a Centroamérica. El atractivo mercado estadounidense, dificultó la búsqueda de alternativas que diversificaran el comercio y fortalecieran la economía de la subregión, de manera que le permitiera encaminarse hacia estrategias de desarrollo verdaderamente sustentables.
Con ello se perjudicaba también los esfuerzos que pudieran realizarse desde el Mercado Común Centroamericano (MCCA), los cuales se veían soslayados por los montos comerciales provenientes del primer mercado mundial, a lo que se suman las lógicas asimétricas del comercio con la Unión Europea (UE).
Entre las perspectivas económico-comerciales a futuro se destaca la posibilidad de construir un canal interoceánico por Nicaragua, lo cual fue aprobado en 2012, por una ley que admite su construcción, con un valor estimado entre los 35.000 y los 40.000 millones de dólares. El proyecto incluye también la construcción de pistas aéreas, un oleoducto y puertos. Un canal alternativo al de Panamá, dinamizaría el comercio en la subregión, que de concertarse correctamente los acuerdos de comercio e inversión, pudieran resultar favorables para el crecimiento económico-comercial de Centroamérica.
Tomando en consideración que el 90 por ciento del comercio mundial se realiza mediante el transporte marítimo y que la región de Asia Pacífico cobra mayor importancia económica-comercial, las expectativas resultan alentadoras. No obstante, deben considerarse los recientes peligros de consolidación de acuerdos de libre comercio que pudieran acentuar las asimetrías que hoy padece la subregión.
Al CAFTA-DR se le suma ahora la amenaza de la Alianza del Pacífico (AP), la cual fue anunciada en Lima, el 28 de abril del 2011, por el expresidente peruano Alán García. Ello refuerza los TLC, extendiéndolos sobre todo el continente con Costas al Pacífico y un creciente número de gobiernos regionales y extraregionales que se irán incorporando a la Alianza, por las perspectivas que ofrece el comercio por este océano. A ello se suma el fortalecimiento del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP).
Todo ello genera un clima de inseguridad para los proyectos integracionistas regionales de mayores perspectivas geopolíticas, ante el atractivo de la Alianza del Pacífico (AP), la cual pudiera lograr -con métodos más mesurados- la resurrección del ALCA. La adhesión de los gobiernos de México, Colombia, Perú, Chile, y la posible incorporación de Panamá y Costa Rica, con la presencia de los presidentes de estos países, en calidad de Observadores Candidatos para ingresar al bloque ya formalmente solicitada.
En el caso de Panamá, el gobierno de Ricardo Martinelli ya ha iniciado negociaciones con México para firmar un Tratado de Libre Comercio y con ello cumplir con los requisitos para incorporarse a la Alianza. Costa Rica, por su parte, suscribió el protocolo marco que establece la hoja de ruta para ingresar a la Alianza del Pacífico. El documento por Laura Chinchilla y Juan Manuel Santos, este último, en calidad de presidente Pro-tempore de la Alianza del Pacífico, en el marco de la VIII Cumbre.
Según el Acuerdo suscrito en la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico relazada en el mes de febrero de 2014, se permitirá una vez que entre en vigor, “(…) que el 92% de los productos que se comercian entre los cuatro países queden libres de aranceles. El 8% restante se desgravará progresivamente.” ( “En la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico: Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, firman el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.” , 2014). En esta Cumbre, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó la declaración que oficializa el interés de ese país por formar parte de ese proceso.
Estas incorporaciones pudieran conllevar a la recaída en un TLC ampliado a ritmos acelerados, el cual arrojaría efectos perjudiciales para la configuración geopolítica de Nuestra América. Las implicaciones a futuro de esta alianza irán definiendo competencias contra el MERCOSUR y la UNASUR, de importantes implicaciones geoestratégicas, que van mucho más allá del plano económico-comercial y financiero.
Independientemente de las teorizaciones, lo cierto es que la Alianza del Pacífico ya engloba la Alianza del Pacífico una población de 212 millones de personas, lo que representa un tercio de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe (LAC); siendo la sexta economía del mundo (concentrando un 3,5% del PIB mundial); la segunda economía del Latinoamérica y el Caribe con el 36% del PIB, y representa el 52% del comercio de América Latina. (“En la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico: Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, firman el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco”, 2014)
Entretanto, la permanencia de la crisis del sistema-mundo, según la teorización Immanuel Wallerstein, y la necesidad de lazos comerciales que den mayor capacidad de inversión, redistribución social y mejoramiento de las políticas públicas de la subregión, pudiera llevar a medidas apresuradas que acentuarían, de una forma sin precedentes, la dependencia estructural de las economías centroamericanas a EE.UU. y otras potencias centrales.
Ante esta situación, crecen los intereses de EE.UU. y sus aliados estratégicos por consolidar sus TLC en la zona del Pacífico, intentando cortar Latinoamérica entre el eje Atlántico y el Pacífico. El desarrollo que va tomando la Alianza del Pacífico (AP) y su normativa interna, diseña un escenario de contrapunteos donde el SICA puede verse atraído por una Alianza que parece revitalizar los intereses del fenecido ALCA, mediante fórmulas más sutiles.
Respecto al comercio de Centroamérica con la Unión Europea (UE), en 2010 concluyeron las negociaciones para un Acuerdo de Asociación, entrando en vigor al año siguiente el Acuerdo de Asociación Unión Europea-América Central (Costa Rica, El Salvador,Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Ello ha diversificado el comercio de la subregión, que tradicionalmente se había concentrado con Estados Unidos. No obstante, la crisis económica en varios países de la UE no posibilita grandes beneficios.
El impacto que pueden tener la Alianza del Pacífico y la proyección de seguridad de Washington a la usanza de la Huella Ligeraiv en la política exterior y de seguridad hacia Latinoamérica y el Caribe, pudieran perjudicar los esfuerzos por la seguridad y la soberanía que hacen los países desde la UNASUR, el ALBA y la CELAC. Con esta proyección, la subregión más afectada es la centroamericana por la difícil situación que presenta hoy su seguridad.
Los proyectos militaristas de EE.UU. han resultado un fracaso para la subregión. En los últimos años, la Conferencia de Caminos de la Prosperidad ha sido un foro relevante para la actualización de las relaciones, con una creciente importancia en cuanto a los aspectos de seguridad, por la crítica situación de violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana que vive la subregión, como resultado del tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.
En el plano de la seguridad, existen antecedentes en la integración de Centroamérica, que si bien han tenido aspiraciones loables, sus resultados no han sido los esperados. En diciembre de 1995 se suscribió el Tratado Marco de Seguridad Democrática en San Pedro Sula, Honduras, el cual instituyó el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, para el fortalecimiento democrático e institucional, que debe velar por el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en estos países.
Sin embargo, esta aspiración ha enfrentado grandes limitantes con el auge del tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos (tráfico de personas y armas de fuego). En el año 2008 fue aprobada la Iniciativa Mérida por el Congreso estadounidense, para la seguridad de México y Centroamérica, con lo cual se ha acentuado la militarización de la guerra antidroga. Al año siguiente (2009) fue creada la Unidad de Seguridad Democrática, con el fin de apoyar a la Comisión de Seguridad del SICA en la ejecución de los proyectos de seguridad regionales y en junio de 2010, se aprobaba la Iniciativa se Seguridad para la Cuenca del Caribe, que consolidaba la estrategia de seguridad de Washington hacia el Gran Caribe.
La proyección estadounidense hacia Centroamérica se consolida con la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) que coordina países con instituciones financieras internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). La misma cobra gran importancia, al punto que en un momento de reducción del presupuesto de seguridad de EE.UU. para la región, crecen los fondos canalizados para la CARSI.
Los objetivos declarado de la CARSI, según la hoja informativa del Departamento de Estado, centra en: “Los cinco objetivos de CARSI en América Central son: Crear calles seguras para los ciudadanos de la región. Desbaratar el movimiento de los criminales y el contrabando en y entre los países centroamericanos. Apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes, capaces y responsables en América Central. Restablecer la presencia efectiva del Estado, los servicios y la seguridad en las comunidades en peligro; y Fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre los países de la región, otros asociados internacionales y donantes para combatir las amenazas a la seguridad regional.” (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central:Gobiernos capaces, 2012)
En las partidas de estos fondos se registra un incremento de la canalización aprobada por el Departamento de Estado para el año 2015, así como en las Audiencias sobre el presupuesto de Defensa de 2015 realizadas en el Senado. Llama la atención que en medio de una coyuntura de recorte presupuesto de defensa. En estas partidas puede apreciarse así la importancia concedida al uso de las Fuerzas de Operaciones Especiales y el uso de las Tecnologías de la Informática y las Telecomunicaciones (TICs) en función de los objetivos geoestratégicos.
La tendencia a fortalecer en el plano de seguridad la subregión de Centroamérica y el Caribe como zona de mayor inseguridad, se expresa en los diferentes documentos emitidos por el gobierno de EE.UU. en el año 2014. Tanto el Reporte Cuadrienal de Defensa, como el Informe del Comando Sur (Southern Command, 26 february, 2014), así como el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) de la Oficina de Narcóticos y Aplicación de la ley Asuntos Internacionales de este año, evidencian la prioridad que se establece en la lucha antidroga y la apuesta por el uso de la Huella Ligera a partir de la mayor coordinación entre las diferentes Agencias del gobierno para las operaciones en estos territorios.
Para ello se reforzarán las acciones político, diplomáticas y de seguridad, en lo cual tendrá un papel primordial, la CARSI, apreciándose también la reactivación de la ruta del Caribe entre los principales corredores de la droga hacia Estados Unidos y de flujos ilícitos de armas hacia las Américas.
En el caso del informe del Comando Sur se definen por el jefe de este Comando Sur como cuatro prioridades para las operaciones del comando: la detención “humana y digna” estadounidenses en: Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo; Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC); la creación de capacidad de los asociados, inter-operatividad, alianzas inter-institucionales, socios inter-agencias y la planificación de contingencias.
Conforme a las prioridades se proyecta el trabajo de este Comando hacia el incremento de la seguridad pública, la estabilidad política, el estado de derecho, el fortalecimiento institucional, la eficiencia de los programas antidrogas y contra el trasiego ilegal de armas de fuego. Asimismo se enfatiza en el trabajo en la seguridad fronteriza, clave para la subregión centroamericana. Además se aprecia la corrupción en la región como amenaza a los intereses de seguridad nacional de EE.UU.
El Departamento de Estado, por su parte, según declaraciones del subsecretario de Estado para temas de narcotráfico internacional, William Brownfield, dijo que Centroamérica se convirtió en la “mayor amenaza” de seguridad en el Hemisferio Occidental por cuenta del narcotráfico.
El enfrentamiento al flagelo de las drogas liderado por Washington, mediante la militarización de la guerra antidroga, ha conllevado a que Centroamérica sea la subregión más afectada. Ante tales circunstancias, la política exterior centroamericana debe pugnar por una cooperación internacional que supere los renglones militaristas y atienda las limitantes del desarrollo; promoviendo la esfera de la prevención y atención a adictos.
La carencia de una voluntad política por parte de EE.UU. para reconocer la responsabilidad compartida y diferenciada en los problemas de seguridad que afectan a la subregión, ha limitado las opciones. Las mismas han estado guiadas por la visión unidireccional de Washington, que concentra los recursos en la militarización de la guerra contra los cárteles y las operaciones de interdicción de estupefacientes; obviando los problemas estructurales de las sociedades centroamericanas.
Las políticas excluyentes y la criminalización de las protestas sociales han acentuado las vulnerabilidades ya existentes en la subregión. La Conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamérica de junio de 2011 dio paso a un ámbito regional de lucha contra el crimen organizado al que se sumaron actores regionales y extra-regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alemania y España. En todo momento, EE.UU. ha intentado potenciar el liderazgo mexicano, para la cooperación regional con Centroamérica, en aras mitigar la pujanza de Brasil.
Esta situación ha alentado por parte de gobiernos y movimientos sociales centroamericanos, el reclamo de nuevas políticas, proclives a la inclusión social; otorgándole protagonismo a la sociedad civil de los pueblos de Centroamérica. Las posibilidades de avizorar soluciones estructurales y cortoplacistas a los problemas vigentes, están un tanto alejadas de la objetividad. La falta de voluntad política del gobierno estadounidense, la corrupción, inestabilidad política y debilidad institucional centroamericana, necesita cambios profundos que deben partir de políticas más autónomas; pero las fuerzas que apoyarían tal tendencia carecen de los recursos para llevarla a cabo.
La violencia y criminalidad que padece el triángulo norte de América Central (Guatemala, Honduras y el Salvador) se ha arreciado; extendiéndose también al triángulo sur (Nicaragua, Costa Rica y Panamá) con efectos perjudiciales para los derechos humanos, el Estado de derecho y la convivencia democrática de estos países. Su cercanía a la frontera mexicana incrementa las vulnerabilidades para la seguridad, siendo las principales rutas del trasiego ilegal de drogas y otros delitos conexos (tráfico y trata de personas, trasiego ilegal de armas de fuego, precursores químicos y lavado de activos).
“El triángulo norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) probablemente es la región más afectada en términos de violencia, debilitamiento de las instituciones públicas e infiltración del crimen organizado en la economía, la sociedad y el sistema político”. (Kruijt, 2011)
Ante esta situación, varios gobiernos y movimientos sociales de la región han promovido un cambio de política, con tendencia a la paulatina despenalización y legalización de algunas drogas, fundamentalmente el cannabis (marihuana). Los debates han ganado fuerza en los foros regionales; destacándose la posición del presidente Uruguay, José Mujica y la del mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, junto a los gobiernos de México, Colombia; lo cual pudo apreciarse en la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, 2012. Además se solicitó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon una Conferencia Internacional Antidroga.
Estas posiciones han contado con la férrea oposición de Washington, que ve en estas tendencias un freno a las políticas militaristas que impulsa en su cruzada contra las drogas. Paradójicamente, al interior de Estados Unidos, también se está avivando el tema, liderado por los Estados de Colorado, California y Washington.v
Varios gobiernos centroamericanos tienen una visión distinta sobre la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos donde resaltan, el tráfico de personas y el de armas de fuego desde Estados Unidos. La seguridad de Centroamérica amerita un cambio de política ante el manifiesto fracaso de la guerra antidroga. Las experiencias de Países Bajos y Portugal en la despenalización y legalización, arrojan resultados positivos en cuanto a la disminución de la violencia e inseguridad.
Para afianzar la disminución de los flujos de ilícitos y sus lamentables consecuencias para la seguridad y la convivencia democrática, se reclama que la Reforma Migratoria estadounidense tome en cuenta la situación actual que viven los países de Centroamérica y sus inmigrantes en EE.UU. El incentivo de medidas que puedan alentar la legalización de los flujos migratorios, regularizar la situación de los inmigrantes y utilizar las remesas en los sectores productivos de estos países, pudiera corregir de forma paulatina, la crítica situación que viven los pueblos de Centroamérica en la actualidad.
La Operación Rápido y Furioso y las acciones del Pentágono, con el creciente uso de aviones no tripulados (drones) y de Fuerzas de Operaciones Especiales para el control de este delito, son algunas de las tendencias más negativas que se aprecian para la paz y la seguridad de Centroamérica.
Por otra parte, la corrupción y la debilidad institucional gana espacio con la militarización del enfrentamiento antidroga. En Centroamérica, “(…) los políticos de mano dura dan prioridad en cuanto a seguridad a la persecución de criminales de poca monta. Esto también distrae la atención de fiscales, jueces y magistrados. Además, crea silencio y espacio libre para los miembros del mucho más despiadado crimen organizado.” (Kruijt, 2011)
Los vínculos del negocio ilegal de drogas, con el tráfico de precursores químicos, el trasiego ilegal de personas y el lavado de dinero; constituyen aspectos básicos para conocer las dimensiones político-diplomáticas, socioeconómicas y de seguridad del flagelo de las drogas.
Habida cuenta de que Estados Unidos es el principal mercado de estupefacientes a nivel mundial y tomando en consideración la ampliación de las rutas de tráfico de Centroamérica, México y el Caribe hacia ese país, se valora este problema como un tema fundamental en la agenda de seguridad estadounidense hacia la subregión, por las peculiaridades que ha adquirido durante la Administración de Barack Hussein Obama.
En la actualidad EE.UU. es el líder indiscutible de los fallidos programas que delinean y definen las acciones antidrogas en Centroamérica y el Caribe. La Iniciativa Mérida y la CARSI han denotado la incapacidad de ese gobierno para impedir las consecuencias del tráfico ilícito de drogas en la subregión. Tal ineficacia, refleja la carencia de una estrategia que enfrente ese flagelo, con una visión integral sobre las esencias que lo promueven.
El incremento del poderío militar de EE.UU. en Centroamérica, bajo el pretexto de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, le confiere una mayor relevancia al tema, no sólo por las consecuencias directas que acarrean, sino también por los intereses y amenazas que implican en las políticas impulsadas por ese gobierno.
El enorme impacto económico-social y de seguridad que causa este flagelo, afecta en la actualidad a toda la subregión. Por tal motivo deben considerarse, además de los daños a las inversiones extranjeras y el turismo, los efectos negativos sobre la violencia, la seguridad ciudadana, la pobreza, la marginalidad y la exclusión social. Estas consecuencias suelen propiciar una mayor cobertura, para que EE.UU. y sus aliados en Centroamérica, puedan demonizar y criminalizar las protestas sociales que ocurren en su contra.
Ante este panorama, se incrementa el uso de servicios privados de seguridad y protección por los sectores de poblacionales económicamente fuertes. Este fenómeno, unido al creciente empleo de contratistas y subcontratistas por el gobierno estadounidense para la lucha antidroga, aumenta la privatización de la seguridad en América Central. La crítica situación que vive la subregión, se ve acentuada por la corrupción, estimulada por las cuantiosas sumas de capitales de los carteles de la droga, que lesionan la eficiencia y credibilidad de instituciones cívico-militares.
CONCLUSIONES
En el actual escenario internacional se aprecia una recomposición del sistema de dominación de EE.UU. con la expansión del espíritu del Plan Colombia hacia México y Centroamérica; consolidando su control sobre el área del Gran Caribe en el plano de seguridad y complementando los acuerdos de dominación económica-comercial y financiera con el CAFTA-DR y la Alianza del Pacífico (AP).
El panorama de la integración regional, presenta enormes retos para Centroamérica y, a la vez, grandes potencialidades por su posición geoestratégica. De cualquier manera, los proyectos a los cuales deba adecuarse, tienen que priorizar su consolidación como bloque subregional; analizando las amenazas y posibles oportunidades de un nuevo canal interoceánico por Nicaragua, y el incremento de la colaboración en materia de seguridad, donde se exija la responsabilidad compartida y diferenciada de EE.UU. y la UE; pero que deje márgenes claros para el respeto de la autodeterminación y la integridad territorial de los pueblos de América Central.
En este sentido, resulta un pilar básico el rechazo de los proyectos de integración con el influjo del neoliberalismo de nuevo título -La Alianza del Pacífico- que intenta rediseñar el ALCA, proyecto que recibió su estocada final en noviembre de 2005, en Mar del Plata, por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y Venezuela.
Pareciera que el futuro más favorable para los países centroamericanos pudiera estar marcado por el desarrollo de los vínculos económico-comerciales y financieros con el MERCOSUR, del que ya forma parte Venezuela. La ampliación de este esquema de integración resultaría más favorable y seguro a mediano y largo plazo
En el plano político-diplomático pudieran acentuarse las posiciones centroamericanas desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La aceptación de la Alianza del Pacífico (AP) se traduciría en la profundización de las asimetrías existentes, donde las economías más débiles sufrirían la re-deformación de sus mercados; acentuando la dependencia estructural a las potencias económicas centrales, donde EE.UU. mantiene su liderazgo.
Por otra parte, para pensar la integración de Centroamérica en términos de prosperidad debe analizarse, en todo caso, cuáles son los proyectos y alianzas que otorgan fortaleza a las Instituciones; dan oportunidades para el mejoramiento de las políticas públicas; reducen las brechas entre ricos y pobres; mejoren los índices de seguridad ciudadana, y mitiguen los niveles de corrupción político-administrativa, todo lo cual propicie la convivencia democrática de los pueblos centroamericanos.
La desregulación estatal y el afianzamiento de tratados de libre comercio, no ofrece una alternativa viable para el futuro centroamericano. Los procesos de emancipación, las grandes luchas realizadas por estos pueblos contra el ALCA, pudieran verse frustradas por los alientos comerciales de la Alianza del Pacífico (AP). La gobernabilidad, la promoción de la seguridad ciudadana y un comercio sustentable, desde acuerdos que reconozcan las asimetrías existentes, resultan premisas básicas para el fortalecimiento de la integración centroamericana.
Como limitantes fundamentales para estos objetivos se destacan: la ausencia de voluntad política por parte de los Estados centroamericanos para fortalecer el SICA como entidad supranacional; la carencia de recursos financieros y humanos para el funcionamiento adecuado de la institucionalidad y el respeto de los acuerdos establecidos; la pérdida de los intereses nacionales con la transnacionalización de las inversiones de sectores importantes de las élites del poder en Centroamérica, que se oponen a un mayor desarrollo de la integración; la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones; la trasparencia en las gestiones gubernamentales y la eficiencia de las políticas públicas y de los programas de inclusión social.
Así las cosas, en el panorama de la política exterior y de seguridad de Centroamérica, que sin menos retos y amenazas presenta también nuevas oportunidades que esperemos lleven a un camino de respeto a la diversidad, y capacidad de concertación político-diplomática de estos Estados-nacionales, en favor del desarrollo sustentable para el mejor porvenir de la Madre América.
Notas:
ii El SICA se constituyó el 13 de diciembre de 1991 con la firma del Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de 1962. El bloque de integración está conformado por los estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. También se adhirió la República Dominicana como país asociado y México, Chile y Brasil, en calidad de Observadores Regionales; mientras que España, Alemania, la República de China (Taiwán) y Japón, lo hacen como observadores extra-regionales, a lo cual se ha sumado, producto de la crítica situación de inseguridad, la solicitud de EE.UU. como observador.
iiiVéase al sobre este término el trabajo: Perdomo, A. (18 de octubre de 2012). El poderío nacional de los EE.UU y la diplomacia contra las drogas en Latinoamérica, en:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157811
ivUtilización de Fuerzas de Operaciones Especiales y medios no tripulados (drones) y contratistas en el despliegue militar hacia Nuestra América.
v En noviembre de 2012, fue aprobada a través del voto general, la iniciativa 502 (I-502) la cual fue elaborada por la Legislatura del Estado de Washington, por medio de la cual por primera vez se eliminan las sanciones criminales para cualquier mayor de 21 años que porte 28.5 gramos o menos de la droga para uso recreativo personal, dicha norma también legaliza la posesión de hasta 0.45 kilogramos de cannabis sólido para consumo y hasta 2.4 kilogramos en forma líquida, aunque siguen existiendo restricciones a conducir bajo la influencia de cannabis, el consumo en lugares públicos y el consumo de esta droga en lugares donde la ingesta de alcohol también está prohibida.
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Alejandro L. Perdomo Aguilera, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) adscrito al Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de Cuba
alejandro.perdomo91@gmail.com
Twitter: @AlejandroLPerdo
