JUSTICIA // EL GOBIERNO NIEGA INDEMNIZACIONES A VÍCTIMAS DE LOS GAL
Sólo unas pocas víctimas del terrorismo de Estado han sido reconocidas. Ahora, el Ministerio del Interior las vincula con “organizaciones violentas”.
Xicu Ariza. Bilbao
Declaración de Aiete, en 2011. / DANI BLANCO
El 17 de octubre de 2011, un grupo de prestigiosas figuras internacionales encabezadas por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan hicieron pública la Declaración de Aiete.
En ella se proponían unas bases encaminadas a la resolución del conflicto político existente en Euskal Herria. Entre los cinco puntos figuraba el de adoptar “pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas”.
La reacción de Antonio Basagoiti, expresidente del Partido Popular de País Vasco, fue escribir una carta a Annan donde expresaba que “ETA ha asesinado a 857 personas y los que defendemos la unidad de España, cero”.
La frase ejemplifica la actitud de los poderes del Estado ante una parte de las víctimas del conflicto.
Lejos de profundizar en las recomendaciones de Aiete, el Gobierno español ha dado un nuevo paso atrás en el reconocimiento a algunas de las víctimas.
Acogiéndose a un convenio europeo y a la Ley de Víctimas de 2011, el Ministerio del Interior ha denegado indemnizaciones económicas a, al menos, 35 casos de afectadas por el GAL y otros grupos paraestatales. La justificación esgrimida: estas víctimas tenían “relación con organizaciones que perpetran delitos violentos”.
“Se basan en unos informes meramente policiales, cuando esas personas nunca han sido juzgadas ni condenadas.
No hay ninguna sentencia firme que diga que eran miembros de ETA, incluso en algunos casos la respuesta ha sido que eran cercanos a Herri Batasuna.
Y sin sentencia firme y sin ninguna prueba, solamente con la declaración de Guardia Civil y Policía Nacional, se agarran a esta normativa europea”, explica Ainara Esteron, integrante de Egiari Zor, fundación para el reconocimiento y la reparación de un sector de las víctimas del conflicto vasco.
Esteron subraya que las respuestas que está dando Interior son “gravísimas” y que “parece que, de alguna manera, se justifican esas muertes”.
Un ejemplo: “Asesinada en el 81 porque era una persona relacionada con HB y HB fue ilegalizada en el año 2006”.
Las críticas van más allá de las directamente afectadas. Tras el conocimiento del caso, el Gobierno vasco encargó un informe al Instituto Vasco de Criminología, dependiente de la Universidad del País Vasco.
El documento explica que los argumentos de Interior hacen una interpretación “arbitraria” del convenio europeo y que vulneran el derecho a la presunción de inocencia y a las debidas garantías jurídicas.
Según planteó ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco uno de sus autores, el catedrático de Derecho Penal Ignacio Muñagorri, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, puede haber cometido un delito de prevaricación por el procedimiento desarrollado.
Negación del conflicto
Los hechos no son nuevos para las organizaciones de víctimas y de carácter memorialista. Iñaki Egaña, presidente de Euskal Memoria, expone que “hay una filosofía basada en el no reconocimiento de que el Estado ha causado víctimas mortales, heridos, amenazas, torturas…”.
Para Esteron, el objetivo de Interior, con actitudes como ésta, es claro: “Dejar fuera a todas las víctimas del terrorismo de Estado para cerrar el camino del reconocimiento al resto de víctimas que aún a día de hoy están sin reconocer”.
“Para nosotros el Estado necesita negarnos porque negándonos a nosotros niega la existencia del conflicto”, argumenta la integrante de Egiari Zor. Sus palabras aluden a que el Gobierno español está construyendo el “relato oficial de lo que ha ocurrido” y, para ellos, “el único relato posible será el que niegue cualquier otra violencia que no sea la de ETA y el que niegue la victimización múltiple del contexto del conflicto político”. La razón principal: “Eso exime al Estado de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido”.
Para Ainara Esteron, “se ataca una vez más a la memoria de la dignidad de las víctimas del terrorismo de Estado”. Es una actitud de “no reconocimiento e impunidad que crea desasosiego”, como expone Iñaki Egaña.
El historiador y presidente de Euskal Memoria ve un camino difícil: “A estas alturas y en estas circunstancias políticas, en el Estado español es prácticamente imposible que se dé cualquier paso de este tipo. Podrá haber algún tipo de excepciones, que algún tribunal las pueda avalar en un momento determinado, pero hay una estrategia muy evidente de no reconocimiento de ninguna de las víctimas causadas por el Estado”, sentencia el historiador.
Más allá de indemnizaciones
Las reacciones a la decisión de Interior ya están en marcha. Aparte del citado informe encargado al Instituto Vasco de Criminología y de estudiar el posible delito de prevaricación de Fernández Díaz planteado por el catedrático Muñagorri, Amaiur ha llevado el tema al Congreso y el PNV al Senado.
Por parte de las víctimas, Esteron afirma que “ya hay varias vías que empezaron el trámite contencioso-administrativo y la intención es llegar hasta el final”. Según el experto en Derecho Penal de la UPV-EHU, el asunto podría llegar al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.
“Nuestro día a día será el salir públicamente, decir que estamos aquí y que, por mucho que haya gente que nos niegue, existimos, porque nuestros familiares han sido asesinados con una intención muy clara y en un contexto muy claro, que es el del conflicto político”.
Ése es el camino planteado por Egiari Zor. Para Esteron, el asunto va más allá de denunciar la retirada de indemnizaciones económicas. “Las indemnizaciones no son ni nuestro objetivo ni nuestra batalla; estamos luchando por el reconocimiento de las víctimas de las violencia de los Estados y para que el Estado reconozca que efectivamente utilizó esa violencia contra estas personas”.
Cifras de torturas y de guerra sucia
“En los últimos 50 años, hemos catalogado unas 350 víctimas mortales”, expone Iñaki Egaña en base al trabajo realizado por Euskal Memoria.
Él habla también de “10.500 casos de tortura en los últimos años”. Sobre las víctimas reconocidas, Ainara Esteron aclara que “tampoco hay un dato exacto de cuántas fueron reconocidas en su día y en base a qué criterios.
Son datos que maneja el Ministerio de Interior y ni el Gobierno vasco ni grupos como nosotros tenemos acceso a esa información”.
En el ámbito oficial, sólo unos pocos informes y decretos del Gobierno vasco abarcan el tema.
En más reciente, el Informe-base de vulneraciones de Derechos Humanos en el caso vasco (1960-2013), cinco expertos en la materia cifran 94 muertes y 746 heridas por las fuerzas de seguridad, además de 73 muertes y 426 heridas por grupos parapoliciales y de extrema derecha.
