En coincidencia con una operación militar del gobierno golpista de Ucrania contra la población sublevada en el sureste, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció hoy su intención de abrir una investigación sobre crímenes en ese país.
La jueza Fatou Bensounda sería la encargada de indagar sobre los hechos violentos ocurridos entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero pasado, cuando fuerzas ultranacionalistas tomaron el poder en Kiev, tras un ruptura del orden constitucional.
El órgano internacional, cuyo tratado fundador ya fue firmado por 122 países, señaló que deberá estudiar si procede la aplicación del artículo 53 del Estatuto de Roma, por el cual fue creado, sobre competencias, administración e intereses jurídicos.
La creación del CPI tuvo como objetivo investigar a personas relacionadas con casos de genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad, aunque la televisión capitalina destaca que nunca se ocupó de casos como las agresiones contra Afganistán o Irak.
El posible inicio de las pesquisas responde a lo estipulado en el acuerdo firmado el pasado día 17 en Ginebra, por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Ucrania que acepta la jurisdicción del CPI en los sucesos en suelo ucraniano.
Lo acordado en el arreglo ginebrino retoma un punto pendiente sobre la necesidad de realizar una investigación independiente incluido en un acuerdo firmado el 21 de febrero de este año entre el derrocado presidente Viktor Yanukóvich y la oposición.
El arreglo, rubricado con Polonia, Alemania y Francia como garantes, fue violado horas después con la ocupación por parte de paramilitares neofascistas de las sedes del Gobierno, el Parlamento y la Presidencia, lo cual forzó la salida de Yanukóvich.
La indagación podría concentrarse en la muerte de un centenar de personas durante los violentos enfrentamientos entre paramilitares de ultraderecha y manifestantes con las fuerzas antimotines, entre las que se registró parte de los fallecidos.
Medios de prensa locales recuerdan que en su momento se filtró una comunicación entre dirigentes europeos sobre el uso de francotiradores de la ultraderecha para asesinar a personas y crear el caos en la capital ucraniana.
El anuncio del CPI se conoce cuando en la suroriental ciudad ucraniana de Slaviansk, el ejército lanza una ofensiva contra la población y grupos de autodefensa a favor de federalizar al país y de más autonomía para las regiones de mayoría rusoparlantes.
Moscú calificó tal acción de grave crimen del gobierno ucraniano contra su propio pueblo y advirtió que ello puede tener consecuencias.
