Amnistía Internacional presentó el 1 de abril de 2014 el informe titulado Venezuela: los derechos humanos en riesgo en medio de protestas1 .
Hasta ahí todo normal.
Ingenuamente esperaba encontrar lo siguiente: una cantidad indeterminada de denuncias, un análisis de las mismas, una contextualización y, finalmente, afiladas críticas dirigidas a los poderes públicos.
Sobretodo esto último.
Al fin y al cabo, el gobierno y el sistema judicial-penal son los responsables de salvaguardar el estado de derecho.
De hecho, como bien sabemos, sus acciones y omisiones pueden tener consecuencias fatales para los derechos humanos. Así que, una vez mentalizado, me pongo manos a la obra.
Lo abro, comienzo la lectura y, de repente, no me puedo creer lo que estoy leyendo.
Llego hasta el final, vuelvo a la portada, reviso los créditos hasta que al final me doy cuenta de lo que pasa.
El informe de Amnistía va en otra dirección.
Es más –y cuidado con lo que voy a decir- el texto en sí es un ejercicio de instrumentalización del discurso sobre los derechos humanos.
Un empeño deliberado para proteger del escrutinio público al bando que está impulsando la crisis de violencia que atraviesa Venezuela...
