El Senado mexicano aprobó un paquete de reformas penales contra el terrorismo, que establece penas desde 15 a 40 años de presidio a quien fomente o ejecute estas prácticas, informaron fuentes legislativas, reportaron agencias.
Según la reforma, aprobada con 83 votos a favor, cero en contra y 22 abstenciones, la condena podría aumentar en 50% para quienes atenten contra edificios, vehículos y demás bienes públicos, instalaciones de órganos internacionales o representaciones de Gobiernos extranjeros, o por actos que impliquen la toma de rehenes.
De acuerdo con la iniciativa, enviada al Ejecutivo por el presidente Enrique Peña Nieto, el uso de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, así como material radiactivo o nuclear en acciones que atenten contra la seguridad nacional también se considera acto terrorista.
Las reformas serán aplicadas a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como a las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio, con el fin de fortalecer el combate a este delito y adecuar la legislación al marco internacional en la materia.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, explicó en tribuna que con los nuevos ordenamientos: “México atenderá tres recomendaciones del Mecanismo Internacional, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, en materia de combate al terrorismo (GAFI), que se reunirá esta misma semana para evaluar las acciones de nuestro país en la materia”.
En el dictamen aprobado, igualmente se castigará a quienes adquieran, administren, reciban o transporten dentro del territorio nacional y hacia el extranjero, o viceversa, recursos o bienes procedentes de actividades ilícitas y también desmovilizar fondos o activos a requerimiento de los órganos del Estado.
“(Se castigará a quien) intencionalmente realice actos (…) en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional”, señala el texto.
Omisión peligrosa denuncian legisladores
El punto más controversial de la reforma aprobada por el Congreso mexicano es el artículo 139, dentro del cual fue suprimida una disposición en la que se establece que las protestas sociales no podrán ser equiparadas con los actos terroristas, según denunciaron senadores de las organizaciones políticas Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajador (PT).
Afirmaron que no existe situación de terrorismo en México y que la eliminación de este punto, es un pretexto para acusar de delitos políticos a los ciudadanos que se manifiesten, sobre todo si en dichas protestas existen disturbios, como ha ocurrido recientemente por las reivindicaciones de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de los docentes y empleados del sector educativo que lidera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Además, “se restablece el delito de disolución social, principal elemento con el que el Gobierno mexicano persiguió a la oposición en décadas pasadas”, alertó el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez.
