EFE – La defensa del exministro salvadoreño de Defensa Carlos Eugenio Vides Casanova, acusado de abusos a los derechos humanos entre 1979 y 1989, argumentó ayer ante un tribunal estadounidense que su cliente no debería ser deportado porque Estados Unidos apoyó las prácticas del Ejército de El Salvador en ese período.
La Junta de Apelaciones de Inmigración, la más alta corte de inmigración en Estados Unidos, celebró ayer su única audiencia por la apelación de Vides Casanova a la orden de deportación en su contra, emitida por un juzgado de Orlando (Florida) en febrero de 2012, sin la presencia del general retirado pese a que reside en el país desde 1989.
Le representó su abogado Diego Handel, quien alegó que Estados Unidos no puede pretender deportar a Vides Casanova por las violaciones cometidas por sus subordinados cuando el Gobierno estadounidense estuvo “activamente implicado” en las actividades de los militares salvadoreños durante el conflicto.
“Estados Unidos estuvo involucrado hasta el punto de la microgestión, estuvo allí en todos los pasos del camino”, afirmó Handel ante el tribunal, formado por tres jueces.
El abogado del general añadió que “no hay pruebas de la implicación directa” de Vides Casanova en las ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por sus subordinados, y que el hecho de que no abriera investigaciones al respecto no es relevante dado que el sistema judicial del país estaba aquejado de una “corrupción rampante”.
La apelación de Vides Casanova, quien fue ministro de Defensa entre 1983 y 1989, trata de detener una orden de deportación emitida en febrero de 2012 por el juez migratorio James Grim, quien determinó que era “inverosímil que el acusado no tuviera conocimiento de la implicación de sus subordinados en al menos una de las muertes”.
Esa decisión se basó en una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2004, en la que se prohíbe la residencia en el país de personas que hayan cometido abusos a los derechos humanos o no hayan investigado apropiadamente las violaciones cometidas bajo su mando.
Handel alegó además que en el caso de su cliente “se mezclan cuestiones de política exterior” porque el gobierno del expresidente Ronald Reagan (1981-89) concedió una distinción militar conocida como Legión del Mérito a Vides Casanova, en la que premiaba expresamente su labor en la “promoción de los derechos humanos” en El Salvador.
“Cuando el mismo Gobierno de Estados Unidos le dio crédito, queda por determinar si el general Vides fue propiamente condenado en este caso”, indicó el abogado defensor, y alegó que esas cuestiones “de política exterior” no deberían dirimirse en una corte de inmigración.
La Junta de Apelaciones de Inmigración no tiene un plazo determinado para emitir una decisión sobre el recurso, y en el caso de que rechace la apelación, la defensa de Vides Casanova tendría la opción de apelar a la corte federal de apelaciones del Distrito 11, y en última instancia, incluso al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Preguntado a la salida de la audiencia si planea seguir apelando en caso de perder este recurso, Handel dijo a Efe que “eso está por ver” y evitó hacer comentarios porque “el caso sigue aún abierto”.
Un representante del Departamento de Seguridad Nacional de EUA, David Lander, pidió en la audiencia que se proceda a la deportación porque “un solo caso de violación de derechos humanos es suficiente” bajo la ley de 2004 para expulsar a alguien de ese país, y se ha demostrado que Vides Casanova “estuvo en la habitación” e interrogó a uno de los torturados, Juan Romagoza.
También estuvo en la audiencia Patty Blum, asesora legal del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), que ha representado a Romagoza y otras presuntas víctimas de Vides Casanova.
“Vides Casanova tuvo una implicación íntima con la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, estaba completamente al tanto de lo que estaba ocurriendo y obstruyó todas las oportunidades de investigarlo”, dijo Blum a Efe.
