Сolombia aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su responsabilidad en hechos de violación de derechos humanos en varios hechos registrados en su territorio.
Algunos de los hechos sucedieron tras la recuperación del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985. Allí miembros de las Fuerzas Militares detuvieron ilegalmente y torturaron al menos a dos de los sobrevivientes de la sangrienta toma perpetrada por la hoy desaparecida guerrilla del M-19.
Esos hechos son los que el Estado ya reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este lunes instalará en Brasilia, la última audiencia de esa demanda internacional, la cual tiene al país ad portas de su condena número 15 en el Sistema Interamericano de Justicia.
El pasado 17 de octubre, la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, notificó a la Corte la decisión de Colombia de aceptar "responsabilidad internacional en la violación a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y las garantías judiciales" contra Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson.
Ellos eran dos estudiantes de derecho que el 6 de noviembre estaban en el Palacio de Justicia cuando fue asaltado por el comando guerrillero. Los dos jóvenes fueron torturados porque los militares creyeron que eran miembros del M-19.
En los expedientes judiciales y en el informe de la Comisión de la Verdad está probado que fueron detenidos en la Casa del Florero, lugar donde llevados los sobrevivientes de aquellos hechos y luego conducidos al Batallón de Inteligencia Charry Solano.
El informe final de la Comisión de la Verdad recogió la versión de Yolanda Santodomingo sobre esos momentos: "Todos se sentían con derecho a patearme.Las botas negras pegaban durísimo, y se ensañaron con mi riñón derecho (...) Me decían "perra guerrillera", me preguntaban en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato".
Los dos estudiantes fueron liberados luego de que los militares comprobaron que el tío de Matson era el gobernador de Bolívar. Un oficial les advirtió: "Recuerden que no ha pasado nada, estaban retenidos, no detenidos". En su comunicación oficial a la Corte, el Estado dice que "lamenta profundamente los hechos ocurridos y expresa su absoluto respeto y consideración por las víctimas y sus familias".
La Fiscalía investiga la responsabilidad de tres generales retirados –Carlos Alberto Fracica, Rafael Hernández y Jesús Armando Arias Cabrales, por las torturas a los sobrevivientes del Palacio. Ellos estaban al frente de unidades que tuvieron relación directa con quienes salieron de las ruinas de la sede de la justicia.
Colombia también reconoció responsabilidad internacional parcial, por omisión, en el trato que recibieron otros dos sobrevivientes: Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis.
Quijano fue enviado de la Casa del Florero al Cantón Norte y liberado horas después. Según contó a la Comisión de la Verdad, lo introdujeron en una camioneta y pensó que lo sacaban para matarlo.
También les advirtieron que no debían hablar de lo que les pasó y que además olvidaran todo, ya que ellos tenían sus datos y los de su familia.
En círculos oficiales se da casi por hecho que el lunes en Brasil habrá una nueva condena contra la Nación. Lo que se está intentando hacer es minimizar el impacto de esa decisión, y por eso la estrategia que busca reconocer un hecho indefendible: que en efecto hubo torturas, responsabilidad por omisión en las desapariciones, ya que no se ha podido aclarar qué pasó con los once desaparecidos.
Uno de esos casos es el de la guerrillera Irma Franco, desaparecida en manos de agentes del Estado.
radio/lj
Manuel González Moscote (Corresponsal en Colombia)
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