ANDES – El hecho ocurrió en Kororó, una estancia ganadera ubicada en la localidad Tacuatí, en el departamento San Pedro, que según el diario asunceño Última Hora pertenece a un empresario brasileño.
El capataz, el jefe de seguridad y cuatro guardias recorrían la estancia en una camioneta, ayer por la tarde, cuando fueron “interceptados y reducidos” por tres hombres armados y vestidos con uniforme militar camuflado, describió un comunicado policial.
Los atacantes liberaron al capataz y llevaron a los guardias hacia una zona boscosa, mientras policías que acudieron a la estancia fueron tiroteados, lo que dejó a un agente herido en una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital de Asunción.
El capataz condujo a los policías a la zona donde habían sido llevados los custodios, donde encontraron “cuatro cuerpos tendidos en el suelo, con heridas de arma de fuego, sin signos de vida”, según el parte.
El quinto cuerpo fue encontrado esta mañana a unos 50 metros de donde aparecieron los otros cuatro, mientras éstos eran retirados y efectivos especializados de la policía estaban en el lugar “levantando evidencias”, explicó De Vargas en declaraciones radiales citadas por la agencia noticiosa estatal IP Paraguay.
“Se presume que el hombre intentó huir y fue alcanzado”, agregó el ministro, que asumió su cargo el jueves pasado, tras la investidura de Cartes, reportaron las agencias ANSA, DPA y EFE.
Los primeros informes divulgados anoche indicaban que los atacantes eran entre 10 y 15, y que incendiaron la camioneta donde se trasladaban los empleados de la estancia.
Durante su discurso inaugural, Cartes dijo el jueves que entre las prioridades de su gestión figuran la seguridad y la lucha contra la violencia, y advirtió, sobre el EPP, que “hay que utilizar estrategias e impedir que esta organización criminal y terrorista marque la hoja de ruta”.
De Vargas sostuvo este domingo que “el objetivo” del ataque de ayer “parece ser marcar presencia” y admitió que “se esperaba, en cierta forma, que le dieran un alerta al nuevo gobierno”.
“Pero el mensaje real que debe entender la ciudadanía es que estos criminales están matando a pobres y trabajadores”, y que “asesinaron a cinco personas con el solo objetivo de generar la presencia policial en el lugar”, añadió.
El ministro, que ayer declaró “alerta máxima” en la zona, no descartó que sea militarizada, pero advirtió que “el gobierno no debe caer en el error de solamente reaccionar enviando personas porque ocurrió algo”.
El EPP es un pequeño grupo armado, de unos 30 integrantes, pero con ramificación logística entre la población pobre de zonas boscosas de los departamentos San Pedro y Concepción, en el noreste del país.
Fue formado en 1998 y sus principales dirigentes provenían de Patria Libre, entonces una corriente marxista escindida del Movimiento Democrático Popular (MDP, nacionalista de izquierda) y que en 2002 adquirió personería como partido político.
Los organismos de seguridad le atribuyen secuestros, ataques a puestos policiales y establecimientos agrícolas, y uno de sus hechos más sonados fue el rapto, en 2005, de María Edith Bordón, esposa de un empresario.
Uno de los últimos hechos imputados al EPP fue el ataque a una comisaría en el norte del país, que dejó siete policías heridos, en abril pasado.
Poco después se le atribuyó el asesinato, ocurrido el 31 de mayo en Tacuatí, del ganadero Luis Lindstron, quien había estado secuestrado por el EPP entre julio y septiembre de 2008 y había sido liberado tras el pago de 300.000 dólares.
El hermano de la víctima, Aníbal Lindstron, culpó a las fuerzas de seguridad por desproteger a Luis y aseguró que éste pagaba desde hacía años una “cuota revolucionaria” al EPP para seguir con vida.
