(PL) Un pacto nacional entre diferentes partidos con miras a impulsar una reforma política en Brasil constituye hoy un desafío para la presidenta Dilma Rousseff, quien desea responder a las voces de las protestas en las calles.En su pronunciamiento a la nación, realizado anoche, Rousseff destacó que las movilizaciones de esta semana trajeron importantes lecciones.
Las tarifas del transporte público bajaron y los pedidos de los manifestantes ganaron prioridad nacional, por lo cual llamó a representantes de los poderes del Estado a cambiar el país en beneficio de la mayoría de la población.
Respaldó la construcción de una amplia y profunda reforma política con amplia participación popular y reconoció que el viejo sistema político necesita oxigenarse y encontrar mecanismos que hagan sus instituciones más viables y más transparentes.
"Es la ciudadanía, no el poder económico, la que debe ser escuchada en primer lugar", enfatizó.
Se trata de una respuesta de la mandataria al amplio descontento popular mostrado en multitudinarias manifestaciones en 100 ciudades brasileñas de millones de ciudadanos que protestaron contra el alto costo de la vida, la corrupción y la inseguridad reinante en este país, la séptima economía del planeta.
Tras reiterar que escuchó las demandas de los movilizados, la dignataria adelantó que su Gobierno priorizará tres objetivos fundamentales, que constituyen peticiones de la mayoría de los participantes en las movilizaciones de los últimos días
Lo primero será la elaboración de un Plan Nacional de Movilidad Urbana, que priorice el transporte público, y la segunda medida asignará el ciento por ciento de las regalías que se obtienen por la explotación de petróleo para la educación, una propuesta -dijo- en debate en el Congreso.
Como tercer punto anunció la contratación de médicos extranjeros para ampliar el servicio del Sistema Único de Salud (SUS).
La jefa de Estado ratificó su combate a la corrupción e instó a todas las instituciones públicas a tomar de ejemplo la transparencia del Gobierno y abrir sus cuentas.
Sobre el gasto público empleado en la remodelación de estadios de fútbol y organización de Copa del Mundo de 2014, aclaró que el dinero será reintegrado por las empresas y los gobiernos que explotan esas instalaciones.
La Presidenta condenó asimismo la violencia y actos vandálicos de una minoría que destruye el patrimonio público y privado, ataca templos, incendia carros y apedrea ómnibus e intenta imponer el caos en los centros urbanos.
Medios políticos destacan en tal sentido la necesidad de que Rousseff abra un diálogo directo con los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, estudiantes universitarios y gente de clase media que sufre las limitaciones de una desproporcionada distribución de la renta.
Brasil -según estadísticas regionales- figura entre las naciones más desiguales del continente, donde el salario mínimo no supera los 330 dólares y el sueldo de un magistrado alcanza los 12 mil dólares mensuales.
